¿Cómo operaba la maquinaria de corrupción en el Meta?

En 2014, tres cartas anónimas que denunciaban actos de corrupción en los que presuntamente incurrieron los magistrados del Meta fueron enviadas a diferentes instituciones de la región. Una de ellas llegó a la Dirección Seccional del Meta de la Fiscalía que la remitió a la Unidad Delegada ante la Corte, quien tomó conocimiento del caso. Durante un tiempo, las acusaciones reposaron en un despacho de la Fiscalía hasta que una nueva investigadora lo retomó a mediados de 2016.Después de seis meses de investigación, el 16 de junio de 2017, la Fiscalía solicitó la imputación de los tres magistrados de la sala penal, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño porque consideró que existía inferencia razonable de autoría de los implicados en los diferentes delitos que se investigaron. En particular en los de concierto para delinquir, prevaricato por acción e omisión y cohecho propio.



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De acuerdo con su teoría, los abogados William Cardona y Juan José Velázquez Florez eran socios de los magistrados. William iba a las prisiones a visitar a los reos para proponerles un “paquete” en el que se les ofrecía el traslado a una prisión que estuviera bajo la competencia territorial de los magistrados de Villavicencio para que estos les puedan otorgar la sustitución de la cárcel intramural por una pena domiciliaria a cambio de una suma de dinero. Velázquez realizaba la entrega de dinero a los togados.

A lo largo de los años, el negocio supuestamente se realizó bajo tres modalidades:

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Primera modalidad:

Segunda modalidad:

Tercera modalidad:

Para demostrar su teoría, la Fiscalía se basó en 5 eventos de ex paramilitares o narcotraficantes que se beneficiaron de este sistema. Estos son los 3 casos más relevantes en la línea de investigación que evidenció el negocio que presuntamente se hizo con miembros del ERPAC y la Oficina de Envigado:

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Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio esperaban a que hubiera una vacante de juez de ejecución de penas en el juzgado en el que se encontraba el preso para nombrar a uno de sus allegados.

A cambio de su nombramiento y del de sus familiares, este juez tenía que otorgar casa por cárcel a los acusados bajo el pretexto de que eran padres de familia cabeza de hogar.

Si las víctimas o la procuraduría denunciaban la decisión, se creaba un proceso disciplinario que era a su vez archivado por el magistrado Consejo Seccional de la Judicatura del Meta que obraba en su favor.

Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio esperaban a que hubiera una vacante de juez de ejecución de penas en el juzgado en el que se encontraba el preso para nombrar a uno de sus allegados.

En caso de que el juez se negara a otorgar la casa por cárcel.

El detenido apelaba la decisión. Esa apelación llegaba a los magistrados en segunda instancia y estos revocaban la decisión.

Luego trataban de presionar al juez para que cambie su decisión con el aporte de nuevos elementos entregados por el Bienestar Familiar. En caso de que el juez se negara nuevamente a cambiar su decisión, cambiaban al preso de cárcel en espera de que se libere una nueva vacante y puedan nombrar a otro juez de su conveniencia.

Los condenados buscaban un pre acuerdo con la Fiscalía en el que una de las clausulas del pre acuerdo era la sustitución de la pena de cárcel intramural por una detención domiciliaria.

Los jueces nombrados por los magistrados daban su aval para que se realizara el acuerdo.

En caso de que incluso los otros magistrados de la sala penal se negaran a participar en la maniobra, el magistrado que gestionó el negocio tenía que hacer un salvamento de voto para demostrar que cumplió con lo acordado con los criminales.

Caso 1 Bacalao (Danit Darío Doria Castillo):

Bacalao fue capturado una primera vez en abril de 2008 en Córdoba por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Fue condenado en noviembre de 2010 a 101 meses y 23 días de prisión y 4.2 salarios mínimos vigentes sin prisión domiciliaria. Reconoció ser parte de las autodefensas del Meta y Guaviare y trabajar directamente con Herbert Veloza García, H.H.

En noviembre de 2011, el juez Raúl Hernán Ardila Baquero del juzgado cuarto penal especializado de Villavicencio otorgó prisión domiciliaria a Bacalao en su casa de San Juan de Arana en el Meta.

Aprovechando esta situación, Bacalao se fugó del lugar y fue capturado en Medellín en febrero de 2012. Su caso regresó al juzgado 4 especializado, en el que ya no estaba en puesto Raúl Hernán Ardila Baquero, por lo que fue condenado a una pena de retención intramural y condenado por fuga de presos por un nuevo juez en diciembre de 2014.

Entonces, el abogado de Bacalao apeló la decisión de revocar la prisión domiciliaria y el caso llegó a la Sala Penal en la que se encontraba Fausto Rubén Díaz Rodríguez, quien revocó la sentencia del nuevo juez en mayo de 2012. Se la devolvió, pero el juez nuevamente falló en su contra en enero de 2013, lo cual presuntamente fue el motivo para que Fausto hiciera un salvamento de voto respecto a la detención en junio de 2013.

Caso 2 Cesarín (Hernán Darío Giraldo Gaviria)

En septiembre de 2010 Cesarín fue condenado a la pena de 20 años de prisión, 9 meses y 18 días en el juzgado 5 penal de Medellín por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Cesarín fue integrante del bloque Cacique Nutibara de las autodefensas y jefe de la banda delincuencial El Chispero. También fue un reconocido líder de la organización criminal los ‘Paisas’ y miembro de una facción de la ‘Oficina’ de Envigado.

En alguna de las visitas que realiza a lo largo de 2013, al parecer Willliam Cardona le ofreció un paquete que consistió en trasladarlo a una zona bajo la influencia de los magistrados del Meta en la que existía una vacante de jueces de ejecución de pena.

Siguiendo ese plan, lo mandaron de la prisión de la Picota (alta seguridad) a una de Acacías (mediana seguridad) en septiembre de 2012. Poco antes de que el magistrado Fausto nombrara a Álvaro Carrillo como juez de ejecución de penas de Acacías en mayo de 2012.

Sin embargo, Alvaro Carrillo negó la prisión domiciliaria a Cesarín en marzo de 2013. Por lo que Cesarín interpuso una tutela sin agotar los recursos de reposición y de apelación -según la Fiscalía-, lo cual justificó que Álvaro Carrillo le negara el reconocimiento de la tutela en mayo de 2013.

A pesar de eso, los magistrados resolvieron la tutela y decretaron la nulidad de la decisión del juez Alvaro Carrillo en junio de 2013 con el argumento de que el juez no había tomado en cuenta las pruebas presentadas por la defensa para justificar que Cesarín era padre de familia cabeza de hogar, con ponencia del magistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez.

Nuevamente volvieron a trasladar a Cesarín a una prisión de Villavicencio en octubre de 2013 porque iba a haber una vacante de juez de ejecución de penas. Y resulta que coincidencialmente, en noviembre de 2013 Joel Trejo Londoño postuló a Ronald Floriano Escobar como juez 2 de Ejecución de Penas de Villavicencio de Descongestión.

A su vez, Ronald Escobar otorgó prisión domiciliaria a Cesarín en diciembre de 2013 y este se fugó en febrero de 2014.

Caso 3 Manopicha y Marbelly (Smith Bayardo Parra Rincón y Marbelly Sofía Jiménez de Parrado):

Ambos fueron condenados en enero de 2012 a 39 años de prisión por homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Pero se les absolvió de los delitos de de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado en las personas Oscar William Parrado Rojas, Ivan Rodrigo Parrado y Jorge Enrique Mora Clavijo

Marbelly fue beneficiada con detención domiciliaria en marzo de 2011 por la Juez 2 Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio.

En 2012, el abogado José Velázquez Flores, socio de William Cardona a quien conocía hace tiempo puso a la pareja en contacto con los tres magistrados.

Ese mismo año se efectuó la primera reunión con los tres magistrados en la cabaña de Palo Verde, en la vía a Apiay, en la que se propuso el negocio. Un mes después se volvió a hacer otra reunión en la que José Velázquez Florez, el abogado de Smith Bayardo les entregó 150 millones en efectivo. Además de una promesa de mil millones ofrecidos en dos pagos, uno primero cuando Alcibíades Vargas Bautista sacara el proyecto en el que debían estar las firmas de Fausto Rubén Díaz Rodríguez y Joel Darío Trejos Londoño y el otro cuando sacaran el proyecto de exoneración.

En una fecha indeterminada, mientras esperaban que el caso se enfríe, el programa de televisión séptimo día sacó un programa sobre el tema y retrasó el negocio. Eso enfadó tanto al magistrado que este trató de imputar cargos al programa en julio de 2016 por actos de irrespeto contra la justicia y por falta grave a la verdad.

Fausto Rubén Díaz Rodríguez se pensionó en agosto de 2016, lo que preocupó a Smith Bayardo Parra Rincón, quien ofreció a los jueces el triple de dinero para que resuelvan pronto su caso. Según declaraciones de Bayardo, debían sacar la plata de las empresas que mantenían con Marbelly. Pero los magistrados fueron capturados antes de que expirara el vencimiento de los términos del juicio en contra de la pareja Bayardo-Jiménez y se cayó el negocio. El 7 de julio de 2017, después de que la vicefiscal comunicara el adelanto de las investigaciones en contra de los magistrados, la pena de prisión de Marbelly Jiménez fue aumentada a 52 años de prisión por los otros homicidios y tentativas de homicidios de los que había sido absuelta en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.

Presuntamente, la escala de corrupción en el Meta abarcó desde el rango más pequeño de funcionarios del Inpec que autorizaban y realizaban el traslado de reos a trabajadores del Bienestar Familiar que aportaban falsas pruebas en los juicios y médicos legales que falseaban sus dictámenes para justificar las penas de casa por cárcel. Pasando por la colaboración de investigadores del CTI que archivaban procesos y fiscales que avalaban la maquinaria de corrupción. Pero lo que podría dar relevancia al caso, mucho más allá de los 27 "pequeños funcionarios" capturados sería la presencia de magistrados de mayor nivel en los casos señalados.

Además de los tres magistrados de la sala penal del Meta imputados- en la que solamente quedó en funciones la togada Patricia Rodríguez Torres-, indirectamente han resultado imputados otros funcionarios judiciales de la misma relevancia.

Uno de ellos es el magistrado Christian Eduardo Pinzón del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, quien es señalado de archivar sistematicamente los procesos disciplinarios abiertos en contra de los jueces encargados de atribuir la casa por cárcel a los condenados.

Entre 2012 y 2017, Cristian Pinzón Ortiz archivó al menos 22 investigaciones disciplinarias que cursaban en contra de los jueces acusados de corrupción. Por ello se abrió una compulsa de copias en su contra.

Otro actor relevante que apenas está apareciendo en escena es el juez de control de garantías Antonio Merchán Gutiérrez, quien en su actividad oficial rechazó aceptar la prueba de las interceptaciones realizadas durante meses al magistrado Alcibiades Vargas para demostrar el delito de prevaricato. Lo cual podría resultar ilegal si se tiene en cuenta que Vargas y Merchán son concuñados a través de la hermana del segundo, María Claudia Merchán, quien está casado con el hermano del primero, Carlos Alberto Vargas. Motivo por el que se podrían abrir pronto pruebas en su contra.