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Bogotá es frontera

Bogotá es frontera - Especiales Semana

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Fotos: Esteban Vega La-Rotta

Textos: Laura Campos Encinales

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La presencia en un parque del sector de El Salitre de 300 venezolanos, que después de cuatro meses serán trasladados a un campamento humanitario, plantea la pregunta de si Colombia está preparada para responder a la crisis migratoria.

E n cuestión de un año, Bogotá, a 400 kilómetros de Venezuela, se convirtió en el mayor receptor de migrantes de ese país en Colombia. Tiene casi 90.000 más que Norte de Santander, el departamento fronterizo con más flujo migratorio del vecino país.

De ahí que a mediados de noviembre esta ciudad propuso, por primera vez en el ámbito nacional, asumir una política integral de atención a los venezolanos para garantizarles servicios básicos de educación, salud, empleo y primera infancia. Detrás de la medida hay argumentos de peso: en la capital, según cifras de Migración Colombia, hay casi 240.000 migrantes de ese país, el 23 por ciento del total nacional; casi el 50 por ciento de los que la Cruz Roja ha encuestado en los puntos fronterizos y a lo largo de las carreteras viene para Bogotá; y, en promedio, cerca de 350 venezolanos llegan diariamente al terminal de transporte de Salitre, sin contar los que lo hacen a pie.

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La primera caracterización que la Secretaría de Integración Social hizo de los habitantes de este asentamiento arrojó que, de 391 personas, el 42 por ciento eran mujeres y el 11 por ciento niños.

El fenómeno obedece a una razón: la capacidad adquisitiva de los venezolanos que han llegado en el último año es mucho menor y los ha hecho emprender una migración sin logística en la que esta ciudad ofrece una parada clave para conseguir algún dinero y continuar su camino hacia Ecuador, Perú o Chile. Pero, en muchos casos, como el de los habitantes de ‘El Bosque’, el asentamiento informal formado en el Salitre, la parada se volvió eterna. Por eso, ahora el Distrito planea trasladarlos a un campamento humanitario transitorio en Engativá, que, si bien alivia tensiones, deja muchos interrogantes sobre el desafío socioeconómico que plantea esta crisis migratoria.

‘El Bosque’ es un parque de 680 metros cuadrados, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que queda a unas tres cuadras del terminal de transportes de Salitre (sobre la carrera 68D entre las calles 21 y 22). Así lo llamaron los primeros venezolanos que se asentaron allí en junio de este año y, desde entonces, no solo es el primer alojamiento de muchos de los que llegan a la ciudad sin dinero, sino el punto de recepción informal de ayudas humanitarias para venezolanos más popular entre los bogotanos.

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Legalmente, el Distrito no tiene ninguna responsabilidad frente a estos migrantes. Sin embargo, en 2016 el alcalde ordenó acogerlos y en septiembre de este año creó la primera política de atención integral a venezolanos en Colombia.

Cada domingo los habitantes de este asentamiento informal (que ahora son 145, pero que en septiembre alcanzó a 391 personas), los de sus alrededores (hay unos 150 venezolanos más ubicados en la carrilera en diagonal al parque) y decenas que vienen de otros sectores, se abalanzan sobre los camiones y carros particulares que llegan con comida preparada, mercados, ropa, elementos de aseo e incluso fajos de billetes que sospechosos donantes lanzan desde las ventanas.

La entrega de ayudas humanitarias generó un caos tal que a finales de septiembre el Distrito decidió cercar el parque e identificar a sus habitantes con una manilla azul para evitar que anduvieran todo el tiempo sobre la carrera 68D con riesgo de accidente. Sin embargo, los habitantes del sector se incomodaron a tal punto que interpusieron una acción popular y comenzaron a aflorar otros problemas.

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Así de caótico es el panorama los domingos en los alrededores de 'El Bosque' cuando los bogotanos llevan ayudas humanitarias. Por eso las autoridades recomiendan no entregarlas directamente.

Surgieron rencillas (que a veces terminaron en violencia) entre ‘los de afuera’ y ‘los de adentro’ del cercamiento. Nacieron mafias que, bajo el mando de una venezolana y un colombiano, decidían quién merecía más comida o mejor ropa. Y hasta se habló de que esas mismas personas vendían cupos en el cercamiento.

La abundancia de ayudas humanitarias en la zona ocasionó que algunos migrantes las vendieran y los incentivó a permanecer en ‘El Bosque’, que dejó de ser un lugar de paso. Dentro del cercamiento había tanta comida que antes del 21 de septiembre, cuando el Distrito decidió redireccionar las ayudas a la Cruz Roja para distribuirlas en toda la ciudad, los migrantes tuvieron que conseguir una carpa de bazar para almacenarla.

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La situación de los menores es preocupante, pues, aunque la Alcaldía les garantiza un cupo escolar, ninguno estudia. Algunos, como estas niñas, mendigan sobre la carrera 68D.

Desayunaban con dos tamales y dos gaseosas, almorzaban doble ración y algunos le decían a la prensa que ya no necesitaban más de eso, que la prioridad era el trabajo. En septiembre, cuando los caracterizaron, de los 391 que había, solo 12 estaban tramitando o tenían el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el documento que les permite ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país.

A estas problemáticas sociales se sumaron las precarias condiciones de salubridad y la incomodad. Poco a poco los migrantes pasaron de tener cambuches de palos y plástico a contar con carpas que la gente les iba donando. Sin embargo, algunas en vez de colchón solo tienen cartones y en las noches el frío y las ratas del caño los atormentan.

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El mal manejo de las basuras fue otro de los aspectos que agravó las condiciones de salubridad del campamento.

No tienen baños. Solo espacios delimitados con plástico o polisombra que sirven a la vez de ducha. Y hasta la semana pasada, se bañaban con el agua de una alcantarilla que, de la noche a la mañana y sin un responsable claro, amaneció soldada, al parecer para evitar una emergencia sanitaria, pues algunos de ellos posiblemente preparaban con ese líquido el tinto que les venden a los taxistas de la zona.

En los últimos días los conflictos se agudizaron, ha habido puñaladas entre ‘los de adentro’, ‘los de afuera’, y ‘los costeños’, unos barranquilleros que según cuentan los migrantes se hacen pasar por venezolanos para robar en las inmediaciones y recibir ayudas humanitarias. Y el asunto pasó a mayores: “Hace dos semanas amenazaron con quemar nuestras carpas y desde entonces hacemos guardia toda la noche porque ya los cogimos tratando de entrar con machete”, le dijo a SEMANA uno de los venezolanos.

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Así como los venezolanos de adentro del cercamiento, 'los de afuera' se bañan con agua de alcantarilla y tienen que hacerlo a la intemperie, sin privacidad alguna.

A esta caótica situación se sumó otra amenaza: según cuentan los migrantes, en varias ocasiones han ido personas que dicen ser de nacionalidad estadounidense y rusa a ofrecerles apartamentos en Soacha y otras zonas periféricas de Bogotá. SEMANA corroboró esta información con las agencias de cooperación internacional que hacen presencia en Bogotá y ninguna reconoce tales ofertas por lo que puede tratarse de intentos de trata de personas.

De otro lado, cuentan los migrantes, cada tanto llegan empleadores con rasgos y acento asiáticos a la carrera 68D para ofrecerles trabajos en los que deben permanecer 13 horas de pie, por un pago inferior a lo que establece la ley. Hasta la embajada venezolana hizo presencia en dos ocasiones en los últimos 15 días: “Llegaron a ofrecernos devolvernos a nuestras casas, hasta la puerta, no a la frontera, pero a muchos nos da susto que luego de que nos devuelvan nos hagan algo, pues tomaron todos nuestros datos y tienen nuestras direcciones”, contó otro migrante. SEMANA contactó a esta embajada, pero nunca obtuvo respuesta.

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La única fuente de agua que los venezolanos del Salitre tenían era esta alcantarilla, ubicada a una cuadra del parque que ocuparon, pero hace unos 10 días apareció soldada y sin responsable alguno.

Todas esas problemáticas llevaron al Distrito, la autoridad competente, a evaluar opciones. Trasladarlos a un albergue no lo era, pues en Bogotá hasta el momento solo existen tres y tienen 150 cupos por noche (hace dos semanas el Distrito anunció otro con 50 cupos diarios). Además, el albergue es transitorio y el migrante debe abandonarlo a los tres días, una condición difícil de aplicar a los de Salitre, ya que estos se acostumbraron a permanecer en un solo sitio para recibir ayudas en abundancia.

De ahí que la administración, por intermedio de la Secretaría de Integración, haya decidido trasladar voluntariamente a estos migrantes a un campamento humanitario transitorio, en el que podrán estar máximo tres meses, en un predio distrital ubicado en la carrera 69 con calle 47. Allí ya funcionan un hogar geriátrico y un centro de rehabilitación para ex habitantes de calle. Se trasladarían el próximo martes 13 de noviembre, e inicialmente irían 285 personas: 145 del ‘El Bosque’ y unas 140 que pertenecen a ‘los de afuera’ del cercamiento. Durante su paso, los migrantes recibirán raciones de comida perecedera y no podrán obtener ayudas humanitarias en los alrededores.

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En el nuevo campamento hay 40 carpas de tamaño distinto. Algunas serán solo para hombres, otras solo para mujeres y otras para familias enteras.

Cristina Vélez, responsable de esta cartera, anunció que “la idea es que hasta enero de 2019 ellos [los venezolanos] puedan conseguir una ubicación laboral y decidan dónde quieren asentarse”. Sin embargo, no especificó qué incentivos utilizarán para que los migrantes busquen integrarse a la economía de la ciudad, algo que puede resultar complejo, pues el campamento podría volverse permanente.

Jozef Merkx, representante para Colombia de Acnur, la agencia de refugiados de Naciones Unidas, tiene muy claro ese riesgo: “Antes de acá trabajé dos años en Iraq y tuvimos 43 campamentos de refugiados. Es muy fácil concebir un campamento, pero cerrarlo es casi imposible. Allí la vida es muy asistencialista y conflictiva”.

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Muchos ciudadanos llegan los domingos a la carrera 68D cargados de almuerzos y comidas para los venezolanos que incluyen mensajes de solidaridad.

A partir de lo que arrojan las cifras nacionales de venezolanos empleados, no resulta fácil lograr que los de este nuevo campamento consigan trabajo de ahora a enero. Según el Ministerio de Trabajo, hasta el momento solo hay registro de los venezolanos que trabajan formalmente y únicamente tienen para medirlo el indicador del pago de la seguridad social. Con base en eso, hasta el momento, de 344.855 venezolanos en edad de trabajar (18 a 60 años) que tienen PEP, solo 17.753 cotizan seguridad social. Un panorama nada alentador. Y como si fuera poco, en el país solo 7.146 empresas aportan seguridad social correspondiente a trabajadores con PEP, un número reducido si se tiene en cuenta que, según Confecámaras, solo este año se han creado 271.582 compañías.

En Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico activó una ruta de empleo para venezolanos, y de los casi 240.000 que hay, solo 2.480 la han iniciado, 416 están en proceso de vinculación laboral y apenas 20 han sido contratados. La Cruz Roja, por su parte, recientemente inició un programa para ayudarlos a vincularse laboralmente o para apoyar sus emprendimientos; de las 60 personas que han comenzado el proceso de selección, solo 20 están trabajando.

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Estos venezolanos todavía no conocen bien sus posibilidades de regularización en el país y caen fácilmente con estafadores que les prometen un PEP a cambio de 250.000 pesos cuando en realidad es gratis.

Regularizarlos, sin embargo, al parecer no es la salida. Si bien algunos creen que problemáticas como la de Salitre se evitarían si los venezolanos que llegaron después del 8 de junio (cuando se cerró la posibilidad para estos migrantes de acceder al PEP) pudieran tramitar este permiso, la situación es más compleja. De momento, según Felipe Muñoz, gerente para la frontera, “a través de Migración Colombia estamos evaluando algunas medidas de flexibilización migratoria ya existentes y la creación de unas nuevas, pero con la seguridad de que cuando las abramos tengamos la capacidad institucional de hacer efectiva la garantía de los derechos que estas les ofrecen a los migrantes: salud, educación y empleo, por ejemplo”.

Ahí está el quid del asunto: ¿qué tanta capacidad tiene Colombia para enfrentar la crisis migratoria? De acuerdo con el informe que el Banco Mundial publicó esta semana al respecto, Colombia tendría que destinar entre el 0,23 y el 0,41 por ciento de su producto interno bruto (PIB) para atender las necesidades básicas de esta población (educación, salud, primera infancia y empleo). En pesos ese 0,41 se traduce en unos 3,9 billones anuales, el equivalente al presupuesto que el gobierno le acaba de asignar a las universidades públicas para el año entrante.

Y si bien la cooperación internacional ha llegado –en más de un 60 por ciento de Estados Unidos–, no alcanza frente al reto fiscal que representa esta crisis migratoria: en el último año se han pactado ayudas provenientes de cooperación por unos 370.000 millones de pesos (no ejecutados en su totalidad), menos del 10 por ciento de lo que el Banco Mundial estima que Colombia deberá destinar anualmente al tema. El informe incluso advierte que el cálculo resulta conservador en tanto no incluye gastos en infraestructura.

‘El Bosque’ y sus alrededores solo muestran uno de los efectos de la llegada masiva de venezolanos a Colombia, pues los que componen este asentamiento representan el 0,2 por ciento de los que hay en la ciudad y el 0,03 por ciento del total nacional. Sin contar que la problemática tiene lugar en la capital del país, el ente territorial con más recursos en la nación. Un indicador del reto al que se enfrenta Colombia, en el que la cooperación internacional será crucial.

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Aunque muchos habitantes de este asentamiento se negaban a salir de allí, otros no aguantaron las difíciles condiciones de vida y optaron por regresar a Venezuela caminando.