61 * Rodrigo Marín, d irector del departamento de Geociencias d e la Universidad de los Andes. Idael B lanco, profesor asociado del departamento de Geociencias d e la Universidad de los Andes. ECONOMÍA En 2006, diferentes sectores eco-nómicos y el medio geocientífico colombiano se vieron agitados por una noticia: tras una amplia campaña de exploración, la empresa multinacional minera AngloGold Ashanti anunció que había encontrado el mayor yacimiento de oro de Colombia, y sin duda uno de los más importantes del mundo. La zona del yacimiento de la mina La Colosa está ubicada en la cordillera Central, al noroeste del municipio de Cajamarca, 30 kiló-metros al oeste de Ibagué, en el departamento del Tolima. Se trata de una zona montañosa cubierta por una densa vegetación, a una altitud aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El depósito es del tipo pórfido. El oro se encuentra en pequeñas cantidades en la roca del depósito. La cantidad de oro por tonelada de roca se conoce como la ley del depósito. El primer reporte JORC (Joint Ore Reserve Committee) de mayo de 2008 estimaba un recurso inferido de 12,4 millones de onzas de oro, de un volumen total de roca de 468,8 millo-nes de toneladas con una ley de 0,86 gramos de oro por tonelada de roca (habría que remover y procesar una tonelada de roca del yacimiento para obtener 0,86 gramos de oro). Para diciembre de 2011, el recurso inferido del proyecto aumentó a 16,2 millones de onzas y, mediante datos obtenidos por perforación, en marzo de 2012 aumentó a 24 millones de onzas de oro, con una ley cercana a un gramo de oro por tonelada de roca. Un senci-llo cálculo permite estimar que el valor de ese recurso en el mercado interna-cional sería de aproximadamente 93 billones de pesos (suponiendo un pre-cio de 1.334,05 dólares americanos por onza de oro y a una tasa de cambio de 2.901,29 pesos colombianos por dólar estadounidense). El método de explotación suge-rido es mediante una mina de cielo abierto, justificado por la baja ley en que se encuentra el oro. La extracción se realizaría por medio de un proceso de trituración y lixiviación de la roca en tanque (mezcla de la roca tritu-rada con agua y cianuro para extraer el metal de oro contenido en la roca). El proyecto se encuentra en una fase de exploración y factibilidad. Si sucede, la fase de explotación tar-dará aún varios años en iniciarse. En ese caso la mina se explotaría por 20 años o más. Sin embargo, su explota-ción se debería llevar a cabo de forma que genere beneficios, pero también con responsabilidad. La primera medida de respon-sabilidad es de tipo ambiental. El proceso de explotación mencionado requiere la remoción, transporte y trituración de enormes cantidades de roca, así como ingentes cantidades de agua para su procesamiento. Esto genera grandes riesgos ambientales sobre el suelo, el agua y el paisaje de la región. Esos riesgos deben ser correcta y objetivamente evaluados para decidir si el proyecto pasa o no a una fase de explotación y, en caso tal, usar todos los recursos técnicos nece-sarios para mitigar los riesgos ambien-tales causados. El proyecto se debe desarrollar con responsabilidad social. No se deben repetir los errores de proyectos como El Cerrejón, o de los proyectos petroleros, en los que la participación de la comunidad local está limitada a labores de bajo valor económico y con pocas posibilidades de movilidad social. En un plazo corto, con un plan formulado desde el inicio del proyecto, miembros de la comunidad deben tener la oportunidad de ser no solo los conductores y vigilantes del proyecto, sino también sus ingenieros, técnicos y gerentes. Esto aliviaría muchos de los conflictos que históricamente se han dado entre las comunidades locales y los empresarios y autoridades encar-gadas de organizar y llevar a cabo los proyectos en las regiones. El proyecto también debe lle-varse a cabo de manera económica-mente responsable. No se deben repe-tir los errores en el aprovechamiento económico de nuestros recursos naturales. Debemos apartarnos del modelo de explotación extractivista y rentista con el que siempre hemos tra-bajado. Proyectos como este son una oportunidad para movernos hacia un modelo de explotación de nuestros recursos basados en la transferencia y la apropiación de la tecnología involu-crada, incluyendo el uso y la genera-ción de conocimiento que permitan la transformación del recurso mediante procesos que generen valor agregado, y por tanto un beneficio económico y social mucho mayor. Finalmente, el proyecto se debe desarrollar con responsabilidad jurí-dica y legal. No se deben repetir los errores en cuanto a la inseguridad jurídica que anteriormente han afec-tado a proyectos como este. Esa inse-guridad la han generado la falta de claridad en la delimitación de zonas ambientalmente protegidas, los con-flictos de jurisdicción y autoridad entre entes municipales, departamen-tales y nacionales, la falta de claridad en la legislación ambiental, y el abuso o distorsión, de lado y lado, de instru-mentos como las consultas populares. El marco legal y jurídico no debería percibirse como una amenaza y un obstáculo para el desarrollo de pro-yectos como este, sino como una garantía para todos los involucrados de que se respetarán sus derechos y se harán cumplir sus obligaciones con la comunidad local y con el país. Si cumplimos con esas respon-sabilidades, tendremos una industria minera de clase mundial, que gene-rará bienestar económico y social para muchas generaciones de colom-bianos por venir. POR Rodrigo Marín e Idael Blanco* No se deben repetir los errores de proyectos como El Cerrejón, o de los proyectos petroleros, en los que la participación de la comunidad local está limitada a labores de bajo valor.
ESPECIAL TOLIMA ESPANOL
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