LA PUERTA DE SALIDA
Después de la cárcel, hay cadenas que no se rompen. Presos del olvido y de la falta de oportunidades, la sociedad les cierra las puertas a quienes ya pagaron su condena en prisión.
|||| Capítulo 6 ||||
||||| LA EXCEPCIÓN A LA REGLA |||||
Jorge Iván Guzmán escucha voces. Le dicen que alguien lo quiere matar y hace quince años lo orillaron a cometer un asesinato. Hace apenas un año terminó de pagar su condena pero la sociedad no estaba lista para recibirlo. Estaba destinado a terminar deambulando por las calles o a reincidir, pero dos mujeres cambiaron su historia.
Jorge Iván padece esquizofrenia paranoide. Y aunque su enfermedad no tiene cura, cada 15 días le aplican pipotiazina en inyección, un medicamento genérico que va reduciendo poco a poco sus alucinaciones auditivas y la idea de que alguien lo persigue.
A los 19 años Jorge Iván hirió a otro hombre bajo los efectos del alcohol. En venganza, los paramilitares que dominaban Salgar, Antioquia, asesinaron a su papá, su mamá y sus seis hermanos. Jorge Iván no tuvo más remedio que desplazarse.
Jorge Iván terminó como recolector de café en el viejo Caldas. Una mañana, mientras recogía los granos creyó que otro de los jornaleros era un paramilitar que venía a asesinarlo. Cogió su machete y se lo enterró en la cabeza. No huyó. Se sentó y esperó a que llegara la policía.
Jorge Iván fue condenado a 41 años de cárcel por homicidio. En su encierro confundía a los guardias con los verdugos de su familia, por lo que constantemente los atacaba y los insultaba. Ellos le respondían con gases lacrimógenos y malos tratos.
Jorge Iván estuvo detenido en varias cárceles del país, pero los patios comunes de La Modelo fueron los más difíciles. “Vives con miedo y la comida es muy poquita, puro arroz y papa. En el anexo psiquiátrico, en cambio, la comida es bastante”, cuenta.
En 2009 Jorge Iván empezó a cambiar su rumbo de vida. Dejó de pelear con los guardias y se sometió a tratamiento psiquiátrico. Fue trasladado de la cárcel en La Dorada, Caldas, a la Unidad de Salud Mental en La Modelo, en Bogotá.
Allí pasaba sus días dando vueltas, una y otra vez, alrededor del patío. Según Jorge Iván, “patinar”, como le dicen los internos a esta actividad, era lo único que lo mantenía despierto y relajado.
Mientras Jorge Iván estuvo preso no recibió ni una sola visita. Tampoco le consignaban dinero. Por eso aunque un juez le dio libertad condicional, no pudo reunir los dos salarios mínimos que debía pagar de fianza y siguió preso.
Hasta el 6 de marzo de 2014 el juez decidió darle la libertad sin pagar un solo peso. Entonces la doctora Olga Lucía Gaitán, coordinadora de la Unidad de Salud Mental de La Modelo, empezó a tocar puertas. No podían dejar a Jorge Iván a su suerte, sin un techo y sin medicamentos; la historia podría repetirse.
La doctora Olga primero buscó apoyo en la Secretaría de Integración Social, pero había una lista de espera de más de 100 personas. Era el 2014 y apenas estaban atendiendo los casos de 2012. Solo la pastoral católica de Colombia aceptó recibir a Jorge Iván por unos días.
Finalmente la doctora Olga recurrió a doña Mercedes Lyton de Romero, famosa no solo por las delicias que cocina en el restaurante tradicional El Capitolio, sino también por su trabajo incansable por los internos de las cárceles de Colombia.
Doña Mercedes le abrió a Jorge Iván las puertas de su casa y de su restaurante. Ella lo describe como un niño de 4 años al que hay que darle mucho amor.
Cuando llegó a El Capitolio Jorge Iván no sabía distinguir las monedas, ni siquiera podía hacer un mandado. Hoy es la mano derecha de María Claribel Valbuena, la jefe de cocina del restaurante.
Jorge Iván ayuda en la barra, trae la leña, lava los cubiertos, pone los puestos y apoya a los meseros cuando el lugar se llena.
Jorge Iván dice que cuando no le aplican el tratamiento se siente estresado y triste. “En las noches las voces me dicen que van a venir por mí y que todos me van a dejar solo”, relata.
Jorge Iván aún está en proceso de afiliación al Sisben y por eso no tiene cómo acceder a los medicamentos. Para que no entre en crisis, la firma GIH, que atiende a los internos en la Unidad de Salud Mental, le ha regalado las dosis y una psiquiatra del Inpec aún lo atiende.
Jorge Iván está aprendiendo panadería con doña Mercedes. También le ayuda en las jornadas que hace su ONG, Las Mercedes al servicio humano. Hace poco prepararon ocho mil hamburguesas y las llevaron a La Picota.
Doña Mercedes sueña con tener una casa de paso para acoger a los presos que recuperan la libertad. También quiere que los empresarios le donen materiales de trabajo para que los presos los usen en sus talleres.
Doña Mercedes quiere que Jorge Iván sea el administrador de las bodegas de su ONG: “No conozco a alguien más honrado y solidario. Dicen que está loco, pero más loca está la sociedad que lo juzga por su enfermedad y por un error que ya pagó”.
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“De no ser por ellas, estaría deambulando por las calles”
||||| LA RECETA |||||
Estas son algunas de las estrategias del gobierno para superar la actual crisis carcelaria y penitenciaria del país. La resocialización de los presos sigue siendo uno de los retos más grandes.
||||| LA SALUD DE LAS PRISIONES |||||
Por: Manuel Iturralde - Director del Grupo de Prisiones - Universidad de los Andes
¿Qué sucedería si el sistema de salud público no cumpliese con el fin de proteger la salud de los ciudadanos? O peor aún, ¿que fuese en contra de tal fin al generar o empeorar problemas de salud de sus usuarios? Probablemente habría un escándalo, debate público y se llegaría a la conclusión de que hay que hacer grandes reformas al sistema.
Algo similar sucede con el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Con una diferencia importante: la crisis estructural de las prisiones, que desafía su razón de ser, a pocos importa, y solo ocupa un lugar tangencial en el debate público. La completa ineficacia de las prisiones para cumplir con sus fines declarados (que no se reducen a castigar, sino también a tratar, resocializar y proteger la integridad de los condenados) a nadie escandaliza.
Si se mira con distancia estos dos casos, no es difícil concluir que no tiene explicación lógica que el caso del sistema de salud propicie, al menos, un debate público, mientras que en el caso del sistema penitenciario y carcelario, hay una completa despreocupación, política y social, por la eficacia o adecuación del sistema, y qué decir de la suerte que corren quienes son procesados por este. Esto no quiere decir que las cárceles no generen debate en Colombia; pero este gira alrededor de problemas (y posibles soluciones) que realmente no cuestionan su finalidad y eficacia, como el hacinamiento (más cárceles); los delitos que se cometen en éstas (más disciplina); su ineficacia para reducir el delito (endurecer las penas).
Un buen ejemplo de lo anterior es el derecho a la salud de los reclusos, una de las problemáticas más serias del sistema y tal vez la forma más frecuente de violación de los derechos humanos de quienes están privados de la libertad. No requiere mayor argumentación sostener que la inmensa mayoría de personas que ingresan a un centro de reclusión colombiano, salen peor de lo que entran en términos de salud, y particularmente de salud mental, al tener que enfrentar condiciones de vida deplorables y angustiantes que pueden causar estrés, ansiedad, agresividad y depresión, por mencionar los trastornos más comunes.
El índice de hacinamiento en los establecimientos carcelarios y penitenciarios supera el 50%.
En Colombia hay más de 120.000 personas tras las rejas. De estas, 38% son sindicadas
Todos estos aspectos, aunque conocidos por el sistema y quienes lo operan, son apenas discutidos o tratados. Los funcionarios penitenciarios y carcelarios, quienes deben trabajar en condiciones precarias (salarios bajos, escasez de personal, carencia de equipos, infraestructura y presupuesto, y especialmente de una política que los guíe) apenas pueden tratar de evacuar, de forma rutinaria y desinteresada, situaciones más apremiantes, como epidemias, realización de exámenes, provisión de medicinas y tratamientos, como para ocuparse de la salud mental de los internos.
La inercia del sistema hace que la mayoría de sus operadores, a pesar de saber que no se trata adecuadamente a sus usuarios, y que de hecho se les perjudica y enferma, hagan poco o nada al respecto. El fin del sistema se convierte en mantenerse a sí mismo, a pesar de su fracaso. Esta es una mala política pública y un desperdicio de los recursos con que cuenta el Estado.
Pero es más que eso; en su afán de perpetuarse, el sistema penitenciario y carcelario colombiano viola de forma sistemática y masiva los derechos de las personas detenidas, especialmente su integridad física y mental. Por esto se puede concluir que la institución de la prisión, en las condiciones en que funciona actualmente, y lo ha hecho por mucho tiempo, es inaceptable en una comunidad política que se proclame humanitaria.
Todo este razonamiento puede sonar ingenuo o incluso cínico pues, dirán sus detractores, estamos hablando de criminales y no de ciudadanos de bien. No obstante, en una sociedad que se precie de respetar unos mínimos estándares de dignidad para todos los seres humanos, que una persona sea considerada delincuente no justifica, bajo ningún punto de vista, que sea despojada de su humanidad.
La sociedad colombiana parece pensar de forma diferente pues el trato infame que se les de a las personas privadas de la libertad es tolerado e incluso celebrado como justa retribución por buena parte de la población, los políticos y funcionarios públicos. Mientras esto no cambie, las prisiones colombianas sólo lograrán que los presos salgan peor de lo que entraron, lo cual no resuelve problema alguno. Todo lo contrario, constituye una forma perversa de responder a un mal social, el delito, con males aún peores.
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