JEREMY MCDERMOTT Director ejecutivo y cofun-dador de InSight Crime y corresponsal durante 12 años para la BBC en Co-lombia. Durante 21 años fue corresponsal de guerra con un interés especial en crimen organizado en los Balcanes, el Oriente Medio y América Latina. Desmovilización de las AUC en el Magdalena Medio, febrero 7 de 2006. divisiones una permanece intacta en Norte de Santander, profundamente involucrada en el tráfico de drogas. En el caso de las AUC, después de 2006, por lo menos el 20 por ciento de sus miembros pasaron a conformar las bacrim. Es posible esperar entonces que una cantidad similar de los miembros de las Farc vaya a hacer lo mismo de llegar a de-finirse un acuerdo final de paz –y los disidentes del primer frente son el mejor ejemplo de ello–. Esto es inevitable y no significa que el acuerdo de paz sea deficiente. El señuelo de 1.000 millones de dólares es una enorme tentación. La solución para el problema de estas economías crimi-nales no se encuentra en la simple represión. A largo plazo consiste en que el Estado ocupe el espacio que dejarían las Farc, ofreciéndoles a los ciudadanos en las regiones más remotas acceso a justicia, salud y educación, asegurándoles una subsistencia digna. Esta sería la oportunidad para so-cavar para siempre las economías criminales que han sos-tenido la violencia en el país y cobrado la vida de cientos de miles de colombianos. Si se aprovechara esta oportunidad en toda su extensión, Colombia podría realmente disfrutar la paz, y el nuevo capítulo de la criminalidad en el país sería uno de decadencia inexorable para las economías ilícitas. InSight Crime, por encargo de la emba-jada británica en Bogotá, ha analizado las economías criminales que por más de 50 años han sostenido a las Farc. Sus tres principales fuentes de finan-ciamiento –el tráfico de drogas, la ex-torsión y la minería ilegal– representan un botín de más de 1.000 millones de dólares anuales, del cual se quieren apoderar los grupos criminales de toda Colombia. En el último año hemos visitado más de 60 municipios en donde se concentran la mayor parte de los ingresos de las Farc. He-mos intentado cuantificar dichas economías. Les hemos formulado al gobierno colombia-no y a la comunidad internacional recomen-daciones concretas sobre el tipo de inver-siones que podrían socavar esas economías ilegales y fortalecer la legal. Y continuamos haciéndolo. Las primeras representan quizá el mayor desafío para la paz en Colombia. Ya han financiado el conflicto por décadas y, si permanecen intactas, pueden hacerlo por muchas décadas más. Colombia debe evitar a toda costa la reincidencia en estas economías criminales que permitieron el surgimiento de las ba-crim tras la desmovilización de las Auto-defensas Unidas de Colombia (AUC) y po-drían financiar el surgimiento de una nueva generación de actores criminales como las Farcrim, o bien fortalecer al Ejército de Li-beración Nacional (ELN) y a las bacrim. Luego de los anteriores procesos de paz en Colombia, un porcentaje de los comba-tientes ha permanecido en el campo de ba-talla. En 1991, fue el 20 por ciento del Ejér-cito Popular de Liberación (EPL), de cuyas CONTRA EL CRIMEN De firmarse la paz definitiva con las Farc, se reducirían considerablemente las economías ilícitas. FOTO: NATALIA BOTERO La visita y La paz
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