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chos en los territorios, los que están haciendo pedagogía y los que facilitan que la paz se pueda implementar”, dice. Ante la alarmante situación, la embajada le apuesta este año a la Mesa Nacional de Garantías, un espacio legítimo de diálogo entre las organizaciones de la socie-dad civil y el Estado en el que se analizan los riesgos y se buscan soluciones a las problemáticas que enfrentan los defensores. MANOLO BELLÓN Presentador musical. Ante la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en el país, el Reino Unido le apuesta a la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. ¿QUÉ CANCIÓN BRITÁNICA LA DEDICARÍA A COLOMBIA? “SIN DUDA DEBE ser Give Peace a Chance, de John Lennon. En 1969 habló de darle una oportunidad a la paz, en el momento máximo de las protestas contra la Guerra del Vietnam. La coyuntura colombiana se adapta perfectamente a la idea de Lennon que convierte a esta canción en un duradero himno a la paz entre hermanos ”. El Ministerio del In-terior preside esas mesas. Guillermo Rivera López, viceministro de esta cartera, destaca la importancia del programa en el marco del posconflicto. “La paz signifi-ca en gran medida garantizar los derechos humanos de todos los colombianos y, por lo tanto, blindar a los defensores es fun-damental para ese propósito”. El PNUD acompaña al ministerio al ejercer la se-cretaría técnica de las mesas, es decir, es el encargado de coordinar, organizar y llevar la logística de los encuen-tros. “Decidimos financiar un proyecto con el PNUD para hacer siete mesas regionales. De esta manera, las necesidades de los defensores locales son transmitidas a las instituciones, inclu-yendo a la Unidad Nacional de Protección, porque aunque el sistema que tiene la unidad es robusto, muchas veces las medidas no son las más adecuadas”, asegura Calvo. El objetivo es que todos estos espacios estén insta-lados en marzo de 2017 en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Sucre, Antioquia y Valle del Cauca. Los recursos de la embajada no solo se dirigen a apoyar al PNUD en su misión dentro de la mesa, pues también se transfieren a tres plataformas sociales dedicadas a la defen-sa de los derechos humanos: Techo Común, Coordinación Europa-Colombia-Estados Unidos y Sisma Mujer. Más allá de la responsabilidad social corporativa El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Uni-das se acogió, en 2011, a los Principios Rectores de Na-ciones La visita y La paz Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, que buscan generar compromiso de los Estados en pro-teger los derechos de las comunidades impactadas por las actividades empresariales. En ese sentido, el Reino Unido busca garantizar que sus empresas cumplan los estándares internacionales para proteger y respetar los derechos humanos. Por su parte, el gobierno colombiano, consciente de que el sector privado jugará un rol clave en la consolidación de la paz en las regiones, también ha manifestado su interés por adherirse a los principios, integrándolos a su política pública. Y la embajada británica lleva varios años trabajando para brindarle apoyo en ese objetivo. “Estos principios es-tán enmarcados por tres pilares –explica Ma-ría Paula Calvo–: proteger, respetar y remediar. La principal función del Estado es proteger, el respeto aplica para todas las instituciones, pero especialmente para las empresas, y el tercero es el derecho que tienen las comunidades para que se remedien las consecuencias negativas que han su-frido por entornos empresariales”. Enfocada en el pilar del remedio, la em-bajada apoya algunos proyectos del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (Creer). Por ejemplo, el año pasado Creer realizó un análisis cofinanciado por el Reino Unido en el que analizó los conflictos alrededor de la minería de oro, de carbón, y de la producción de materiales de construcción. También investigó de qué manera se resuelven. “Encon-tramos que en muchos escenarios, especialmente de oro, que coin-ciden con territorios importantes en la construcción de paz, la resolución de conflictos la estaban asumiendo actores no estata-les: organizaciones armadas o de crimen organizado”, explica Luis Fernando de Angulo, director de la organización. A partir de conclusiones como esa, se transmitieron recomendaciones puntuales al gobierno para que el diá-logo Estado-empresa-comunidad sea más efectivo, y tam-bién se propuso fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos no judiciales. Los resultados han sido tan bien recibidos que este año la embajada está apoyando una nueva estrategia de Creer para asesorar a la Consejería Presidencial de Derechos Hu-manos en el proceso de crear un Sistema Nacional de Re-medio, que hará parte del Plan Nacional de Acción.


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