Diez años después de perder a sus hijas a manos de paramilitares, Nieves Meneses encontró sus cuerpos en una fosa. Solo ha recibido parte de la reparación.

 

A doña Nieves Meneses se le secaron las lágrimas, pero no el dolor. Tiene 53 años, vive en arriendo en los extramuros de Bogotá, vende perfumes por catálogos a vecinas y con los 350.000 o 400.000  pesos que gana al mes cuida a su hijo menor, pero especialmente a los cuatro nietos adolescentes a quienes la violencia arrancó de sus mamás hace 12 años. Por si fuera poco, lucha contra un tumor en un oído y sobrepeso. Las únicas sonrisas se las arrancan las visitas ocasionales de su hija mayor y un puñado de matas que cultiva con devoción en un rincón de su patio, añorando el hogar en el que fue feliz hasta 2001 en La Dorada, San Miguel, en el Putumayo.

 

El primero de enero de  ese año sus hijas Yenny Patricia (23 años), Mónica Liliana y Nelsy Milena (gemelas, de 19), y María Nelly (13 años) fueron sacadas a la fuerza por el comandante paramilitar Raúl, señaladas de “ser novias de guerrilleros”. Su hija mayor, Nancy, se salvó, porque vivía en otra casa.

 

Doña Nieves, viuda desde hace 20 años, huyó a Sandoná, Nariño, con su hijo menor y los cuatro nietos que habían dejado sus hijas desaparecidas, todos menores de 5 años.

 

En 2007 volvió a La Dorada, tras el rastro de sus hijas, pero volvió a ser amenazada y se desplazó por segunda vez.  Su lucha no cesó hasta que finalmente, en febrero de 2010, los cuerpos de las niñas fueron encontradas en una fosa común. Los estudios forenses revelaron que fueron abusadas sexualmente, torturadas y desmembradas aún vivas.  Nieves por fin pudo darles sepultura.

 

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​Fueron sacadas a la fuerza por el comandante paramilitar Raúl, señaladas de “ser novias de guerrilleros”

 

El trámite de la reparación ha sido otro camino difícil. En 2008 solicitó la reparación administrativa por la desaparición forzada de sus hijas. Durante año y medio no obtuvo respuesta, entonces envió 12 derechos de petición, hasta que en septiembre pasado de 2012 la Unidad de Víctimas ordenó que se le reparara por  la desaparición forzada de dos de ellas. Recibió 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (algo más de 20 millones), que se repartieron entre doña Nieves (el 50 por ciento) y los hijos huérfanos de las víctimas.

 

Ella además es beneficiaria de un subsidio de vivienda en su calidad de desplazada, pero aún no se ha hecho efectivo porque según el gobierno “el pago está sujeto a disponibilidad presupuestal”.

 

A Nancy no le ha ido mejor. Después de desplazarse con su esposo y dos hijos, fue inscrita como desplazada, pero la incluyeron en el núcleo familiar de su mamá, y por tal motivo Acción Social le negó las ayudas humanitarias. Su abogada asegura que desde 2009 han enviado 35 derechos de petición y una acción de tutela, además de la intervención del ICBF.  Pero solo hasta 2012 la Unidad de Víctimas hizo efectiva la división del núcleo familiar.

 

Para la Justicia, este es un caso en el que ha cumplido a cabalidad. La fiscal 27 de Justicia y Paz, Luz Elena Morales dice: “La Fiscalía les dio protección y condiciones de seguir sus vidas adelante, encontró la fosa común de las víctimas, hizo la presentación de los restos con Medicina Legal, y en la audiencia de imputación logró que se declarara como crimen de lesa humanidad (…) Se les ha dado una parte de la reparación económica, que seguirá en trámite. Hasta el momento no ha habido negligencia de la Justicia”.