Después de casi cuatro años de negociaciones en La Habana, apenas ahora la mesa escuchó a las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y rom. Desde hacía varios meses venía creciendo el clamor por este encuentro, pues no pocos temas inquietan a las minorías étnicas. Y aunque ya están cerrados temas sustanciales de la agenda de paz, el punto seis, que trata sobre la implementación, es clave para los territorios.

La tardanza en recibirlos fue absurda. Los pueblos indígenas y los afrocolombianos han sido víctimas directas de la guerra y, en tal sentido, demandan verdad y reparación.

La guerrilla asedió como a nadie a los pueblos del norte del Cauca, habitados por los nasas. Masacres como las del Nilo y Naya en Cauca, la de los awas en Nariño, son apenas algunos ejemplos. Los afros del Chocó también sufrieron el rigor de las masacres, como la ocurrida en Bojayá, y resultaron víctimas del desplazamiento y del despojo de sus territorios. Uno de cada tres desplazados en Colombia es afrodescendiente. Gran parte de la tierra despojada corresponde a los consejos comunitarios constituidos en el Pacífico del país, y algunos pueblos indígenas han sido masivamente afectados por el destierro, como los emberás y los nukaks. Los indígenas también han sufrido fuertemente los campos minados y explosivos abandonados en sus territorios. Y en ambos grupos étnicos los grupos armados han reclutado a sus jóvenes y niños.

En el acuerdo para crear un sistema integral de justicia transicional quedó consignado un párrafo según el cual habrá un enfoque étnico en materia de verdad, justicia y reparación. Seguramente habrá que seguir de cerca este punto luego de firmados los acuerdos de La Habana.

También preocupa a los grupos étnicos lo que ocurrirá con sus territorios en el posconflicto. Primero porque en La Habana han pactado fortalecer Zonas de Reserva Campesina en regiones donde hay fuerte presencia de las Farc. En el país hay 710 resguardos indígenas y por lo menos el 30 por ciento del territorio pertenece a estas comunidades. Algo similar ocurre en muchas regiones donde ya se han creado o están en proceso consejos comunitarios con títulos colectivos de tierra. De hecho, en departamentos como Chocó gobiernan el 96 por ciento del territorio consejos comunitarios que aspiran a la titulación o que ya son resguardos. En Nariño, por ejemplo, hay una fuerte tensión entre algunos de ellos y los mandos medios de la guerrilla alrededor del reconocimiento de la autonomía de estas comunidades. Por eso habrá que poner en marcha los acuerdos con la precisión de un relojero para no crear nuevos conflictos y fricciones.

La preocupación se extiende a asuntos como las zonas de ubicación temporal de la guerrilla durante el desarme. Si bien las 23 zonas y los 8 campamentos no tocan a sus comunidades, sí hay claridad en que los programas agrarios propios del posconflicto y también de la reincorporación pueden extenderse a ellas. Por eso en este punto y otros que los afectan, las comunidades étnicas piden la consulta previa. Hasta ahora no se conocen detalles sobre cómo serán los Terrepaz, las zonas donde aspiran los guerrilleros a permanecer un tiempo de transición mientras se adaptan y preparan para la vida civil. Por esta razón el intercambio de La Habana resultó tan conveniente.

También es necesario contemplar las circunscripciones electorales especiales de paz, que permitirán a los excombatientes, ya sin armas, tener alguna ventaja política que les permita competir por el poder local. Allí la autonomía y el reconocimiento de los grupos étnicos y sus formas de gobierno estarán en tensión.

Finalmente está el tema de la reintegración. Hay frentes de las Farc enteros que son indígenas (como algunos del Vichada y Guaviare) o mayoritariamente afros. Algunas organizaciones indígenas consideran que sus muchachos deben volver a sus comunidades y no quedarse a vivir en proyectos colectivos farianos. De igual manera ronda el interrogante sobre quién juzgará a los excombatientes indígenas, ¿la justicia especial o la étnica?

Todas estas preocupaciones son legítimas y tendrán que tratarse con filigrana en La Habana. Pero por encima de las dificultades, los pueblos afro e indígenas serán altamente beneficiados por el fin de la guerra. Por un lado, tendrán por fin la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida sin la injerencia de los fusiles que tantos sufrimientos les han causado. Con la paz se verá fortalecida su autonomía.

En segundo lugar, su papel en el trabajo de construir la paz tendrá que ser vital y protagónico. Muchas de estas comunidades han tenido valiosas experiencias de resistencia civil, de autogestión y de pacifismo. Es el momento de expandir sus valores, su cultura e instituciones al resto de la sociedad.

Pero, sobre todo, sus jóvenes ya no irán a la guerra. Aunque está latente la posibilidad de que otros grupos armados sigan reclutándolos, es posible que si el Estado y las instituciones llegan con éxito a las regiones, baje la presión sobre la juventud.

Acuerdos como el de la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos pueden tener un impacto positivo en sus territorios. La sustitución implica que lleguen proyectos serios y que intervenga la empresa privada y la cooperación internacional para generar una economía legal, que tendrá que incluirlos necesariamente.

Finalmente, el clima democrático que debe empezar a cultivar el país debe hacer que las comunidades étnicas dejen de ser altamente estigmatizadas por cuenta del conflicto armado y social. La inclusión, el pluralismo y la tolerancia deberían ser, en el más optimista de los escenarios, los grandes activos para construir la paz en zonas donde hasta hoy han dominado la tensión, el sometimiento y la violencia.