Alas tres y media de la tarde del 23 de noviembre Juan José Pérez, de 13 años, caminaba con su abuela y su tío cuando de un taxi alguien arrojó lo que ellos creyeron era una pelota verde de forma extraña.

Antes de que vieran rodar el artefacto por sus pies, iban camino a la casa de unos familiares en el barrio Santa Rosa de Lima, en el borde oriental de la comuna 13 de Medellín. Juan José había salido a vacaciones unos cuantos días antes.

En un rapto de perspicacia, el tío del niño supo que eso que rodaba era una granada, entonces volteó la cara para ver al sobrino y a la abuela y sólo pudo gritar, “¡mamá!”.

Vino el estallido, la inconsciencia, las sirenas. Juan José llegó a la Unidad Intermedia de San Javier con la pupila perdida en los adentros del cráneo y rápidamente se dictaminó que estaba muerto.

La explicación de la muerte de un niño que camina por la calle con su familia, quizá pensando en su próximo año escolar o en un balón de fútbol para jugar bajo ese sol canicular, fue de una simpleza atroz a la que están acostumbrados en Medellín hace tanto y que acabó con una generación.

El ataque vino de un grupo de pandilleros que pretendían atacar un expendio de drogas del que se habían apropiado algunos enemigos y para eso lanzaron una granada y dispararon. Federico Gutiérrez, el alcalde, explicó que los hombres eran de la banda criminal La Agonía y que estaban cazando a los integrantes de El Coco.

Juan Pablo Pérez Cano, 32 años, padre de Juan José, tiene los ojos estallados en sangre mientras habla pero no llora y hay una razón: cree en Dios y en sus propósitos, guarda la esperanza de un futuro celeste en el que se reunirá con su hijo.

También espera la justicia de los hombres. “En el momento no nos han dicho de qué murió. Hemos preguntado en Fiscalía, en el Palacio de Justicia: ‘venga díganos de qué murió el niño’. En el momento nadie nos ha manifestado absolutamente nada. Mi madre sufrió heridas en las dos piernas. En la derecha la operaron de tibia y peroné, en la izquierda de tibia. En el momento está en recuperación, le reconstruyeron las piernas. Mi hermano perdió una falange del dedo de la mano izquierda. A mi hermano le quedaron muchas esquirlas y una esquirla en el brazo le quitó la sensibilidad de los dedos. Está en terapia, las terapias las hemos hecho particularmente. Hemos hablado para que nos ayuden con las terapias. En algún momento nos dijeron que nos podían ayudar pero absolutamente nada. Nos ha tocado pagar para poder mantener estable la salud de mi mamá y de mi hermano”.

Dice que su hijo era el centro de una familia donde no había otro nieto y que no encuentra una explicación, ¿una granada perdida? ¿Qué tipo de ciudad es esta donde una familia no puede caminar en un barrio a plena tarde? No tiene respuesta. Y alza los ojos mostrando su consternación cuando supo que La Agonía justificaba la muerte de Juan José con un comunicado en el que decían:

“El mismo culpable del conflicto es el alcalde y el Estado propiciando más guerra y apoyando a más pandillas para que se metan en nuestro barrio y en contra de la voluntad del mismo pueblo”. ¿Qué ciudad es esta donde un grupo armado envía comunicados, se justifica?

“Es increíble, nosotros decíamos ¿es en serio? Nosotros nunca habíamos vivido esto, mi hijo no vio esto nunca. Nosotros no veíamos esto. Hace 7 años que no pasábamos por esa calle y mi mamá ese día salió temprano del trabajo, mi hermano descansaba del trabajo”, trata de explicar Pérez y dice que para canalizar esa ansiedad y darle alguna vocación a los sueños que tenía con su hijo —enviarlo a estudiar a Australia, pasear— está creando con su esposa una fundación que llevará el nombre de Juan José.

Tendrán una colección de ropa con mensajes de paz y con ese dinero apoyarán a madres cabeza de hogar, muchas de ellas viudas de la guerra. “Es increíble que en el exterior uno vea gente con camisetas de Pablo Escobar, por eso queremos hacer una colección de ropa que muestre el otro lado, el lado de quienes lo perdemos todo en un instante”.

Cerca de donde murió Juan José, en el barrio El Salado de la comuna 13, una mañana del 14 de octubre de 2007, un hombre llegó a la tienda La Guasca y pidió un refresco. María Marleny Espinal lo saludó con los buenos días y se volvió del mostrador hacia la nevera para buscar la botella, en ese momento entró un hombre al que nunca nadie le vio la cara y disparó contra el cliente, una de las balas le atravesó la cabeza a María Marleny, que en ese momento sacaba la mitad de su cuerpo de la nevera: murió al instante.

Francisco Valencia cuenta la historia de la muerte de su esposa con las palabras contadas, medidas, como si no fuera un tendero sino un forense y se equivoca todas las veces hablando del año, dice que murió en 1907, como si 1907 hubiera pasado ayer. Se le nota un poco el miedo, la prevención. “No, eso aquí no pasa nunca”. “Aquí vino la Policía pero nunca nos dijeron nada”. Francisco no ha conocido la justicia, no habla con los policías porque les teme y cuenta que el hombre al que le dieron los tiros, esa mañana, sigue vivo, en silla de ruedas, pero vivo.

El Centro de Recursos para el análisis de conflictos (CERAC) es la única entidad que lleva registro de las personas asesinadas o heridas por balas perdidas en el país. Entre 1990 y 2018 la cifra de víctimas —fatales y no fatales— es de 1.693. El 17,6 por ciento de los casos, en el histórico nacional, han ocurrido porque los grupos de crimen organizado se disputan el dominio del territorio, al interior de los barrios, víctimas de un conflicto no reconocido, el urbano: grupos delincuencias armados que se reparten rentas ilegales de negocios como el microtráfico, el fleteo y la extorsión.

Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cartagena son las ciudades donde más balas perdidas acaban y hieren vidas. La capital caleña ocupa el primer puesto desde hace más de una década y Barranquilla el segundo. Mientras que las otras tres se rotan su posición, aunque la diferencia de casos entre ellas, es mínima. “Las riñas entre pandillas, seguido por las acciones sicariales y disparos al aire son una tendencia nacional en los contextos de las balas perdidas”, dice Sebastián Uribe, investigador del CERAC.

En los últimos treinta años, el 53 por ciento de las víctimas por balas perdidas han sido menores de edad, el 33 por ciento adultos, la diferencia del 14 por ciento se desconoce. Todos estos casos son una sumatoria de impunidad, pues el victimario se desconoce el 57 por ciento de las veces. O como en muchas ocasiones, como le sucede a Francisco Valencia, saben de cuál grupo delincuencial vino la bala pero prefieren callarlo para no sumar muertos.

“Hace falta un registro de quiénes poseen armas en el país así y una investigación exhaustiva de quiénes son los causantes de las balas perdidas, debería ser un trabajo en conjunto; la Fiscalía debería hacer el seguimiento y la Policía debería tener el inventario de armas”, dice Uribe.

Pero el trabajo adelantado de las autoridades no concluye de la mejor manera. Según las cifras del CERAC, en el 67 por ciento de los casos sucedidos en 2013, no se supo qué pasó, la bala llegó por un azar temible. El 14 por ciento fue investigado y solo en un 8 por ciento hubo capturas. Tendencia que se repite en el tiempo y que deja a las familias sin el derecho a la justicia. El 52 por ciento de los fallecidos eran hombres y, el 43 por ciento, mujeres.

Mauricio Ospina fue asesinado el 28 de diciembre de 2018 a poco menos de dos cuadras del comando de Policía del barrio Laureles, en Medellín. A esa hora, un centenar de policías permanecían en el cuartel y, sin embargo, no llegó nadie a atender un tiroteo que en segundos dejó cuatro personas heridas. La escena fue así: Mauricio Ospina estaba con su amiga Daniela García que recién regresaba de Estados Unidos. Después de pasar la tarde juntos decidieron ir a tomar unas cervezas. Llegaron al bar La Fania. Cuando ya la cerveza se acababa, a las 11:27 de la noche, una moto llegó al bar y abrió fuego asesinando a Hernán Darío Rayo, de 49 años; a John Fredy Acevedo Roldán, de 50 años, y a Mauricio, de 35 años.

Daniela García cuenta la historia: “Yo estaba comiendo, me tomé una soda, él estaba muy feliz porque allá se encontró con otra amiga. Cuando ya se estaba terminando la cerveza llegó una moto directo a la mesa donde estaban unos señores y Mauro me tiró al piso y empezó a arrastrarse tratando de buscar resguardo en un muro; yo no supe nada más porque cerré los ojos y cuando me paré, juré que se iba a parar conmigo y vi que él estaba inconsciente, tuvimos que esperar mucho rato para que llegara el carro de la Policía. Una hora después supimos que Mauro había perdido mucha sangre”.

Mónica Betancur, la mejor amiga de Ospina, se pregunta por qué no llegó nadie, por qué las autoridades se demoraron tanto si estaban tan cerca; no sabe si Ospina murió por una bala perdida o si los sicarios decidieron dispararle a sangre fría. “Queremos saber cuál fue el accionar de las autoridades esa noche, porque llegaron 13 minutos después. Por qué si fue a escasos 250 metros de la estación de Policía por qué no hubo un mayor despliegue. Hasta el momento lo único que tenemos es preguntas, incertidumbres”.

El documento habla de otras tres víctimas femeninas en los municipios cercanos. Sin embargo, no se registran hombres en las estadísticas de la zona urbana de Medellín, solo en otros corregimientos se mencionan dos casos. Sumando así, nueve víctimas en el departamento de Antioquia: siete mujeres, dos hombres. El observatorio estima que 135 colombianos quedaron lesionados en 2018: 43 mujeres y 88 hombres. El Cerac sí especifica que hubo dos víctimas fatales el año pasado en Medellín. Uno de ellos, Mauricio Ospina. El compilado de datos del CERAC muestra que 52 personas perdieron la vida en Medellín en los últimos ocho años, la mayoría por el enfrentamiento entre bandas criminales.

Cali tiene 299 víctimas por balas perdidas desde 1990. Más del sesenta por ciento fueron menores de edad. El 7 de febrero de 2019, a las 7:40 de la noche, Doris empujaba el coche en el que iba su sobrina Gabriela, se dirigían a la casa cuando ella escuchó un cruce de disparos muy cerca. Entró a una vivienda para resguardarse y al escuchar el llanto desesperado de la bebé se percató de que estaba llena de sangre.

“Mi hermana casi se vuelve loca. Entró en pánico y no soltaba a Gabriela”, recuerda William, el papá. Llegó un vecino, reaccionó y se la quitó de las manos. Junto a otro hombre, la llevaron en una moto al centro médico de Calimio Desepaz —un barrio en la comuna 21 de Cali— pero fue trasladada a la clínica Valle del Lili por la gravedad de la herida. La bala entró por su espalda y le atravesó la clavícula del lado izquierdo. El proyectil quedó entre la piel y la blusa de Gabriela.

Felipe no tiene más de veinte años. Estudió con Natalia, la hija mayor de Doris. El muchacho, también herido, estaba en el mismo hospital de la pequeña, pero a diferencia de ella, era custodiado por la Policía. Él había disparado la bala perdida que lastimó a Gabriela y con tan mala suerte, que su compañera de colegio lo reconoció y lo denunció a las autoridades.

“Si la cosa hubiera sido más grave, o de pronto a la niña la hubieran matado, yo no habría puesto demanda. No hubiera contado con la ley. Ya habría cobrado venganza”, dice Natalia. La joven no podía creer que Felipe andara en malos pasos, pero sin importar las amenazas que le hizo la familia de él, decidió acudir a la Fiscalía.

Gabriela Bermúdez Díaz tiene once meses de edad. “Es gordita, de ojos achinados, poco cabello y muy risueña”, cuenta Ángela, su otra tía. Adora la música y no duda en ponerse a bailar. Pero desde el pasado 7 de febrero de 2019 -cuando resultó herida- no ha podido volver a moverse con la misma facilidad. Aunque ya salió de la clínica, los padres de Gabriela no superan el gran susto. “Hace un año falleció mi otro hijo por negligencia médica y por eso en esta ocasión yo pensé: Dios mío, ¿otra vez? ¿Otra vez pasar por ese mismo dolor? No”, dice William.

La Policía del barrio Potrero Grande informó que alias ‘Wilifiqui’ (Felipe) estaba sentenciado a casa por cárcel cuando disparó contra la bebé. “Existe una frontera invisible en el barrio. Ese día, el sector cuatro atacó al cinco y ahí resultó herida la niña”, explicó el comandante del cuadrante. Felipe quería dispararle a su liebre —un enemigo del sector cuatro—, pero le falló el tiro. Hugo Montoya, personero de Cali, repudió el crimen: “La bebé es un ser humano que se encuentra en total indefensión y por eso estamos prestos a brindar asesoramiento jurídico a estas víctimas. Contamos con personeros delegados en la Fiscalía”.

El caso de Gabriela, que con excepción ha encontrado justicia, ilustra la realidad del conflicto urbano: familias presas de las balas que muchas veces disparan los más cercanos: familiares, amigos, vecinos, los mismos que no se hacen responsables cuando terminan vidas por el azar de un balazo.