El cementerio
del horror

El soldado Buitrago recordó que una vez el sargento Pedraza* les dio una orden que se salía de toda proporción. Habían acabado de matar a un joven al que pretendían hacer pasar como guerrillero. Les pidió que le volvieran a disparar al cadáver, esta vez en la cabeza y con una ametralladora M60 que lanza balas del tamaño de un dedo. Así ningún familiar lo podría reconocer después. La idea era borrar toda huella de la identidad de la víctima, eliminar cualquier vestigio de su existencia de un solo tajo.

—Aquí fueron enterrados dos a los que no les dieron ataúd—, dijo el soldado Buitrago mientras caminaba por entre las tumbas del cementerio católico Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia. Entró a ese lugar el lunes pasado después de una década larga, e intentó hacer memoria sobre el punto donde él y su unidad militar, según dice, sepultaron a decenas de jóvenes inocentes que convirtieron en falsos positivos.

Sus declaraciones destaparían un capítulo de ejecuciones extrajudiciales desconocidas y con características inéditas en la historia del conflicto colombiano. El hecho de que hayan permanecido ocultas en un mismo lugar plantea un montón de interrogantes sobre el papel del aparato judicial al rededor de los peores crímenes cometidos por el Ejército colombiano.

—¿O sea que los enterraron en bolsa?—le preguntó a Buitrago el magistrado Alejandro Ramelli, quien lleva el caso número 003 de la JEP, en el que se investigan las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. El caso que él y sus colegas Gustavo Salazar y María del Pilar Valencia están empezando a indagar daría cuenta de cerca de medio centenar de ejecuciones extrajudiciales supuestamente cometidas entre 2006 y 2007; según los primeros indicios. Y podrían ser más.

—No, así, fueron enterrados sin nada.

Los muertos de los que habla Buitrago no pasaban de los treinta años.

—¿Y recuerda los impactos?— continuó el interrogatorio.

Buitrago, quien luego de haber comenzado a colaborar con la Justicia ha recibido amenazas de muerte, caminó a paso firme entre decenas de cruces blancas y tumbas. El cementerio Las Mercedes está ubicado en una loma, y a la vez en un valle bordeado de montañas en las que se ven algunas vacas esporádicas y una que otra antena de telecomunicaciones.

Buitrago señaló con el dedo hacia lo alto para indicar el punto donde asesinaron a tal joven, donde simularon un operativo que nunca pasó y con el que inflaron los resultados de este batallón. Así los soldados cobraron permisos de descanso y se ganaron felicitaciones a sus hojas de vida.

Buitrago dio unos cuantos pasos y se paró sobre la tierra que escondería otras tumbas: muchas de las víctimas que pueden estar ahí debajo, según aseguró este soldado, eran muchachos que traían de Medellín. Ejecutarlos tan lejos de casa libraba a los militares de reclamos y denuncias de familiares.

—Desde acá se ve donde fueron los hechos —señaló hacia una montaña—. Allá donde se ve esa cerca de matarratones, ahí abajito por esa faldita, cerca a una casa donde vivían dos ancianitos—son las descripciones que hace de algunas de las escenas de los crímenes.

El soldado habló de asesinatos de inocentes con la impasibilidad de quien conversa de cualquier trivialidad. Ni su gesto ni su cuerpo mostraron alguna alteración. Mientras hablaba, un sol picante calentaba a más de 30 grados. Un viento iracundo refrescó un poco a los asistentes a la diligencia. A Buitrago le bajaron unas cuantas gotas de sudor por la nuca que le empaparon la espalda. Ese fue el único esfuerzo físico suyo en esa correría en la que hizo un inventario de las ejecuciones extrajudiciales cometidas, según el relato, por su unidad militar.

Buitrago dice que su batallón pudo haber cometido hasta 75 casos de falsos positivos en dos años que estuvo allí. Él dice haber participado en al menos 20. Casi todos estos casos han pasado de agache para la justicia. Pedraza -el suboficial que un día ordenó desfigurar un cadáver con una M60- es el único que lleva a cuestas una condena por uno de estos casos de Dabeiba. La víctima era un habitante de la calle que estaba sumido en las drogas y que fue mostrado como un guerrillero dado de baja en combate. Pero esta es una excepción, la mayoría de uniformados vinculados con estos hechos nunca fueron procesados. Son casos impunes.

En el cementerio de Dabeiba reposan 32 necropsias de cuerpos que el Ejército registró como muertos en combate pero que hoy por los testimonios de Buitrago y Pedraza podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales. De ese número solo 10 tienen actuaciones en la Justicia Penal Militar. Y la mayoría no ha avanzado.

Aunque la diligencia tuvo lugar el lunes pasado, este proceso lleva en marcha varios meses en la justicia transicional. De hecho, en septiembre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le pidió a la JEP que decretara medidas cautelares sobre el cementerio Las Mercedes, tras considerar la importancia de la verdad que allí podría estar enterrada.

Los magistrados escucharon las versiones que entregó Buitrago en diligencias previas y la Jurisdicción mandó una avanzada para estudiar el lugar. Finalmente el lunes, los magistrados viajaron con la misión de contrastar en el terreno las declaraciones del soldado y de conseguir más evidencias. Hasta el viernes en la tarde y tras incesantes excavaciones, los funcionarios judiciales habían recuperado restos de nueve cuerpos.

Buitrago había salido de su lugar de reclusión y llegó a Debeiba muy temprano en la mañana del lunes, escoltado por agentes del INPEC. Con gafas de sol, un reloj deportivo y botas ajustadas hasta medio tobillo entró al camposanto. Se trata de un espacio en circunferencia. En el centro está emplazado un atrio donde se ofician las ceremonias religiosas. Alrededor, en los bordes del cementerio, hay tres bloques con cientos de osarios. Estas tumbas contrastan con las que están en la tierra, que aparecen extrañamente uniformes. Esta podría ser una de las señales que apuntan a que hubo una operación para alterar el lugar, y así evitar que se conociera la verdad del camposanto.

Aunque estas anuncian fechas de fallecimientos muy distantes -de hasta 50 años de diferencia- la mayoría de las cruces de concreto se ven recién pintadas con el mismo tono de blanco. Esas mismas cruces están marcadas en su mayoría con pintura negra y una caligrafía similar, como si la misma mano las hubiera marcado con letra cursiva. En el cementerio han pasado cosas raras. Y hay varios testimonios que así lo corroboran.

Buitrago también tuvo la sensación de que el lugar era distinto al que visitó con frecuencia doce años atrás. Fue tal su sorpresa que, al entrar, buscó al sepulturero para preguntarle por las modificaciones. Y así supo que las cruces las habían cambiado de sentido. Ya no apuntaban al sur, como hace una década, sino al oriente. A lo largo de la diligencia empezarían a aparecer otros indicios de un capítulo de ocultamiento de pruebas.

Un batallón criminal

La compañía del Ejército a la que pertenecía Buitrago actuó en Dabeiba como una verdadera organización criminal. De ello quedaron registros. En su momento algunos campesinos hicieron denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas a los civiles que poblaban las montañas colindantes al nudo del Paramillo y al Cañón de la Llorona, en el occidente de Antioquia. La mayoría de investigaciones, sin embargo, nunca prosperaron. Nadie los escuchó.

En los folios en los que se reseñan estas muertes hay todo tipo de irregularidades y actos que evidencian la manipulación de los elementos materiales probatorios. “Nos encontramos con el cadáver NN, el cual no se encontraba con su respectivo rótulo ni cadena de custodia (…) constancia del juez indica diferencias de reporte de heridas descritas en necropsia y las registradas en las actas de inspección”, dice en uno de los expedientes.

Al momento de llevar los cadáveres al cementerio, los militares se aseguraban de que los cuerpos quedaran enterrados sin ningún tipo de reseña. En otro de los archivos quedó esta constancia: “El jefe de los obreros del municipio informa que en el cementerio se destina un lugar para inhumar todos los cadáveres NN, convirtiéndose en un sitio conocido como fosa común, en que se inhuman quince o veinte cadáveres sin rótulo, nombre ni fecha”. Esta declaración la firma la inspectora de Policía de la época.

Además de los testimonios de Buitrago y Pedraza, hay más indicios de los asesinatos a manos de esta unidad. Cuando corría el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puso en conocimiento de la Presidencia que aquel batallón del cual eran orgánicos estos militares estaba infringiendo los mínimos humanitarios y que estaba ubicando como blancos de actuaciones criminales a mujeres, menores de edad y personas que se habían reincorporado a la vida civil tras haber desertado de la guerrilla.

Se trata de un informe que detalla varios hechos de horror. Entre ellos, una ejecución extrajudicial de un hombre discapacitado que nunca se investigó y de la cual el soldado Buitrago, parado en la mitad del cementerio, dio esta semana pistas por primera vez en doce años.

—El discapacitado de la mula. Ese sí pueden buscar el registro acá en el municipio porque las personas sí lo reconocieron y le decían Mollejo—dijo Buitrago. También mencionó que la víctima vivía en un caserío llamado Cuchillón.

Esto coincide con un caso que encontró SEMANA y que fue registrado por la Comisión Intereclesial en su momento. Según la denuncia que cayó en saco roto, el domingo 11 de noviembre de 2007, hombres del batallón al que pertenecía Buitrago llegaron al caserío Cuchillón, del corregimiento La Balsita, de Dabeiba, preguntando por Gabriel Everto Pérez, un hombre de 50 años que vivía de la caridad de sus vecinos porque no podía valerse por sí mismo; tenía parálisis en todo el costado izquierdo de su cuerpo y sufría de ataques de epilepsia.

Según testimonios recibidos durante aquel año, los militares sacaron a Gabriel a la fuerza de su casa, lo montaron en una mula y se lo llevaron para una cancha de fútbol ubicada en la parte alta del caserío, a unos cinco minutos del poblado. A eso de las doce del mediodía, se escucharon dos tiros y a los pocos minutos tronaron varios disparos de fusil como si hubiesen simulado un enfrentamiento. En horas de la tarde, los militares le informaron a la comunidad de Cuchillón que Gabriel había muerto en un combate con el Ejército. Una semana antes unidades de contraguerrilla habían llegado a la vereda a ocupar viviendas que estaban habitadas por familias campesinas, entre ellos mujeres y menores de edad.

En Dabeiba era difícil que las denuncias traspasaran las montañas. Varios investigadores del conflicto consultados por SEMANA coinciden en decir que la lejanía de este municipio hizo que la verdad terminara silenciada. A diferencia de otras regiones como el Oriente antioqueño, en Dabeiba no surgieron con tanta fuerza liderazgos que visibilizaran a las víctimas. Según el Registro Único de Víctimas, en Dabeiba 18.914 personas declararon haber sufrido delitos relacionados con el conflicto, siendo el desplazamiento forzado el de mayor afectación, seguido por homicidios, desaparición forzada y amenazas. La cifra es demoledora si se tiene en cuenta que el pueblo tiene 23.000 habitantes. Al 82% de la población le tocó alguna parte de la guerra.

Los años en los que ocurrieron los crímenes que relató Buitrago coinciden con los picos más altos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en todo el país. Es un momento en el que comienza a configurarse una sistematicidad de este delito en Colombia. En meses pasados, la Fiscalía le entregó un informe a la JEP que da cuenta de 470 casos en 2006; y 733, en 2007. Hechos como los de Dabeiba evidenciarían que estas cifras podrían más crudas.

Jóvenes reclutados en Medellín

Poco menos de una hora duró el recuento de entierros que hizo el soldado Buitrago. Además de señalar posibles tumbas, contó detalles de la estrategia específica de su unidad para asesinar inocentes. Según su relato, a la mayoría los reclutaban en Medellín, con el fin de que en Dabeiba, a 174 kilómetros, no hubiera quién los reclamara. En la capital antioqueña se habrían instalado un par de soldados de la unidad de Buitrago con la única misión de reclutar falsos positivos.

Luego los llevaban hasta la zona de operación de su unidad y simulaban combates en las montañas que rodean el pueblo. Los ejecutaban con disparos de fusil, casi siempre en la cabeza y en el pecho. Los vestían con sudaderas, camisas y buzos negros y botas de caucho. Reportaban los asesinatos en zonas altas de difícil acceso y riesgosa seguridad, para que la Fiscalía no pudiera entrar al lugar y permitiera que el Ejército hiciera los levantamientos de los cadáveres. Un soldado verificaba que no se les pasaran irregularidades muy visibles: que los orificios de entrada de las balas coincidieran con los huecos en la ropa, que el calzado estuviera puesto en el pie que corresponde. Se encargaba de blindar la farsa.

Luego los llevaban al laboratorio de las necropsias, ubicado a un costado del cementerio. Un cuarto blanco de 5 x 5 metros que huele a mortecino. Adentro hay tres mesones para poner los cuerpos y una plancha en concreto central para practicar las necropsias. Ahora las losas están manchadas de una especie de grasa amarillenta y pegajosa que desprenden los muertos. Allí, en ese lugar, los mismos soldados interferían en las diligencias y manipulaban sus resultados, según Buitrago.

Mientras en el laboratorio hacían la operación de convertir a los inocentes en guerrilleros, afuera, a pocos metros, el sepulturero iba cavando la fosa. A veces, el municipio donaba ataúdes sencillos, unas cuantas tablas juntas para meter al muerto. Pero en ocasiones no había caja, entonces los tiraban en la tierra apenas cubiertos por una bolsa plástica, o sin bolsa, sin nada. Luego de reportar los resultados venían las recompensas, los permisos. Según Buitrago, las órdenes de todo este aparato de muerte las daban dos mayores que comandaron la unidad mientras él estuvo allí.

SEMANA se abstiene de revelar los verdaderos nombres de estos oficiales y de los batallones a los que pertenecían para no entorpecer las investigaciones. El sargento Pedraza, comandante inmediato de Buitrago, se sometió a la JEP y allí puso en conocimiento varios casos de falsos positivos que cursan en su contra, en distintos lugares del país. Tiene una condena de la justicia ordinaria por el asesinato de dos campesinos en Nariño, lo que demuestra cómo los soldados que se especializaron en estos crímenes iban regando estas prácticas criminales como un virus por todo el país. Además tiene once procesos en la justicia penal militar que están apenas en etapa de instrucción, pese a que los hechos investigados ocurrieron entre 13 y 16 años atrás.

El comandante de la brigada a la que pertenecía Buitrago fue capturado en 2009, pero por otros hechos. La Fiscalía ha investigado presuntos vínculos suyos con el Bloque Calima de las autodefensas, y también lo acusó por la masacre de 24 personas en Buga, perpetrada por paramilitares en 2001. El mayor que comandaba el batallón de Buitrago ascendió hasta coronel. Se retiró de las filas el año pasado y hoy en día es un consultor privado en temas de seguridad.

Los restos que encontraron

Buitrago narraba todos los crímenes con tanta velocidad y desparpajo que los magistrados tenían que frenarlo para que fuera más preciso en su relato. Hacia el final de la diligencia, el soldado dio alrededor de 50 pasos largos para delimitar un área rectangular en donde dice que su unidad enterró a todos los inocentes. Los forenses de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas acordonaron el área señalada con una cinta amarilla amarrada entre cruces y tumbas.

Al terminar su versión, Buitrago fue a guardarse del sol en el atrio del cementerio. Se puso a revisar su celular mientras los forenses comenzaban las excavaciones. El primer punto fue donde el soldado dijo que habían enterrado a seis. Con ayuda de cuatro ancianos campesinos del pueblo, los funcionarios arremetieron con picas y palas contra la tierra bajo un calor soberbio. Durante dos horas, lo único que extrajeron fueron piedras, raíces y gusanos.

Las exhumaciones del cementerio habían llamado la atención en Dabeiba, donde no es común el desfile de funcionarios. Quienes llegaban a visitar a sus muertos tenían que quedarse a la entrada, frente a un Jesucristo colgado en lo alto de la reja que anunciaba su mensaje: “Yo soy la resurrección y la vida”. Ahí mismo, cuatro soldados custodiaban el lugar sin atreverse a pasar el límite de la entrada y respondiendo cortantes a los curiosos que preguntaban por lo que ocurría allí adentro: “nosotros solo estamos a cargo de la seguridad”, contestaban.

En esas, algunos voluntarios empezaron a llegar al cementerio a entregar información. Uno de ellos señaló un área donde hace décadas habrían enterrado desaparecidos. Otro dijo que a su hermano lo sacaron a la fuerza de una fiesta, lo montaron en una camioneta y que luego terminó sepultado ahí como un NN.

Al cementerio también llegó una persona que puede ser clave en esta investigación porque trabajó allí durante veinte años, incluido el periodo en que ocurrieron los hechos que denuncia Buitrago. Entró caminando muy despacio y se encontró con él. Se reconocieron y se saludaron con calidez. Luego, esta persona indicó una zona en la que recuerda que enterraron cuerpos sin identificar. Es la misma área que según el soldado usaron para sepultar los falsos positivos.

A esta persona le hicieron un atentado hace un mes, cuando estas investigaciones de la JEP ya estaban en marcha. Un hombre con la cara cubierta con un casco entró a su casa y le dio cinco tiros en un brazo, sin decir nada, sin una razón aparente.

Los forenses excavaron durante dos horas hasta que llegó el primer hallazgo. Justo donde el soldado dijo que fueron enterradas seis personas, apareció un cráneo a medio metro de profundidad. A pocos centímetros encontraron restos de huesos largos. Por un análisis preliminar entendieron que el cuerpo no estaba completo ni articulado. Daba la impresión de que ya habían removido una parte de los restos.

Fue entonces cuando empezó a notarse lo titánico de esta labor. Si las declaraciones de Buitrago son ciertas, y en esta zona hay civiles que fueron asesinados por el Ejército, es probable que estén revueltos con otros restos. Y las señales de alteración del cementerio abren espacio a una teoría que volvería aún más grandes las dimensiones del esfuerzo de los investigadores.

Las estrategias de silenciamiento han quedado patentes en otros casos. SEMANA reveló a mediados de este año todo un andamiaje ilegal para callar a los militares que están confesando en la JEP su participación, y la de otros, en falsos positivos. Este año, a un coronel le apuntaron con un arma justo después de rendir versión libre ante la jurisdicción. Esta revista ha documentado casos de once amenazados que están compareciendo ante la justicia especial. El mismo Buitrago y su familia han sido hostigados.

Para la noche del jueves los forenses habían desenterrado ocho cuerpos en Dabeiba. Algunos presentaban muestras de muerte violenta; otros, por la edad de los sujetos, fueron descartados preliminarmente como de los falsos positivos relatados por Buitrago. Los jueces ya habían vuelto a Bogotá para continuar las investigaciones. La diligencia, sin embargo, continuaba en Dabeiba. Hacia las 6:00 de la tarde, el magistrado Gustavo Salazar recibió una llamada cuando estaba en su despacho, desde cuya ventana se veía la carrera Séptima atestada de carros al atardecer. Desde el cementerio le confirmaron un último hallazgo: eran los restos de una persona que fue enterrada con un uniforme del Ejército. Su respuesta fue: “muy bien, hay que seguir”.

*Todos los nombres de los soldados y los militares han sido cambiados por razones de seguridad, y para no afectar las investigaciones en curso.