Kennedy, entre la pandemia y la supervivencia

En la diagonal 38 del barrio María Paz, cualquier esquina, cualquier andén, cualquier pared sirve como local improvisado, como mostrador donde se exhiben ropa, alimentos y objetos que la mayoría desecharía, pero que aquí tienen una segunda vida útil, para todo hay comprador. El transeúnte se las arregla para no pisar los productos, esquivar las carretas de los coteros y no dejarse atropellar por los camiones que salen de la central de Corabastos. Tapabocas se ven, pero el distanciamiento social no existe en uno de los epicentros comerciales más complejos de la localidad de Kennedy.

Mientras se acerca el pico de la pandemia y se instaura de nuevo una cuarentena estricta del 23 de julio al 6 de agosto, esta pequeña Bogotá —a la que llega el 80 por ciento del reciclaje de la ciudad y desde donde se distribuyen los alimentos al mismo porcentaje del territorio colombiano— lucha por hacerle el quite al coronavirus mientras levanta una economía informal tan amplia y diversa que cada nueva administración no termina por comprenderla.

Kennedy registra el 16,9 por ciento de los contagios de covid-19 en la capital del país, bordeando los 6.000 casos activos de la enfermedad y los 264 muertos. Sin embargo, bajar los indicadores es una preocupación del Distrito que riñe con las necesidades de 1.230.539 habitantes, que buscan oportunidades laborales para sostener a sus familias y no morir de hambre. Es más letal el hambre que el virus.

“Las mayores cadenas de abastecimiento están en nuestra localidad y alrededor de ellas hay economías de sobrevivencia: compras, recompras que generan aglomeración y eso, a su vez, (provoca) un mayor número de contagios”, dice Yeimy Carolina Agudelo, alcaldesa de Kennedy. Para aliviar la necesidad, ya se está tramitando que más de 60.000 familias reciban ayudas alimentarias y económicas. “La localidad ha generado más de 21.000 millones de pesos para estas transferencias monetarias (...) La tarea es nuestra y es de todos para garantizar la vida”.

Bogotá aumentó la incidencia de la pobreza multidimensional en tres puntos porcentuales, pasando de un 4,1 por ciento en 2018, frente a 7,1 por ciento en 2019, según el Dane. Mientras que, en comparación, Kennedy llegó a un 5,25 por ciento, de acuerdo con la caracterización hecha por la subdirección de la Secretaría de Integración Social. Pero el panorama oscuro no para ahí, la tasa de desempleo en la localidad es del 7,8 por ciento y como consecuencia hay 4.352 vendedores informales caracterizados por el Instituto para la Economía Social (IPES).

María Cristina Duque tiene 55 años, de los cuales veintidós ha trabajado como vendedora en el sector conocido como ‘cuadrapicha’, entre la avenida Primera de Mayo y la avenida Boyacá. Con libreta en mano, señala que durante el encuentro ciudadano para definir el plan de desarrollo local, propondrá “la articulación con otras instituciones para que capaciten a los vendedores informales en temas de bioseguridad y protección de nuestra salud”. Pero además, esta mujer tiene anotados los beneficios anunciados con la famosa Ley de la empanada, aprobada en 2019, que garantiza formación educativa con el Sena, capacitación en artes y oficios, y un ahorro para la vejez, del que todavía no goza.

Aunque vive cerca de la funeraria El Apogeo, el peso de la carreta —donde carga gafas, aretes y otros accesorios femeninos hechos en acero— sobrepasa su capacidad física. María Cristina tiene problemas de columna y, a pocos días de que la cuarentena vuelva a regir en Kennedy, ella, su hijo y nuera salen cada uno por su lado a vender estos productos porque como dice, “el arriendo no da espera”.

La jornada de esta vendedora comienza a las nueve de la mañana y termina once horas después. Se conoce de memoria los horarios de cada grupo de comerciantes que frecuentan el sector y dice que los vendedores informales son más de los que figuran en el listado oficial: “Cubro doce UPZ en Kennedy y en todas hay un estimado de 6.000 vendedores”.

El cálculo no está desfasado, incluso podría ser mayor. Libardo Asprilla, director del Ipes, detalla que hay 39.620 vendedores informales en la ciudad, registrados durante las jornadas de caracterización, no obstante, “existe una cifra de 83.000 registros adicionales que se obtuvieron de forma virtual a raíz de la pandemia, son personas que se autodenominan como vendedores informales”. De estos, 9.434 registros se hicieron en Kennedy, lo que llevaría a un total de 13.786 personas trabajando en el espacio público de la localidad.

En otras palabras, esto se traduce en que serían muchos más los que estarían por fuera de las métricas y medidas contempladas por el Gobierno para apoyar a las familias vulnerables, de ahí las críticas de personas como María Cristina, que se inscribieron en las bases de datos de la alcaldía y no han recibido los bonos o mercados del programa Bogotá Solidaria en Casa.

Además, en las cifras no aparece la totalidad de migrantes que están en el llamado “rebusque”. “Desde el IPES sentimos impotencia porque regularlos es una labor que debe encarar Migración Colombia. Cerca del 40 por ciento del comercio informal que hay alrededor de la central de Abastos lo ejercen migrantes de Venezuela y de Ecuador”, añade Asprilla.

Xinia Navarro, secretaria distrital de Integración Social, resalta que los migrantes venezolanos han sido atendidos —al igual que otras poblaciones vulnerables— de forma virtual a través de los servicios sociales que se prestaban con anterioridad en Kennedy, “dando prioridad a los niños y niñas y madres gestantes como población más vulnerable en estos momentos de pandemia”. Sobre la cifra exacta de los ciudadanos venezolanos que habitan en la localidad y que entran en los programas de atención, la funcionaria responde que son alrededor de 300 personas.

Aunque en Kennedy los delitos de impacto se han reducido durante la cuarentena, las bandas dedicadas al hurto de bicicletas se aprovechan con mayor frecuencia de los habitantes que recurren a este medio de transporte para evitar la propagación de covid-19 en la troncal Américas de TransMilenio, donde las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 fueron cerradas a finales de junio porque no había condiciones de bioseguridad para operar.

Las personas que captura la Policía, van a parar a la estación de la localidad octava, que desde antes de la pandemia está en hacinamiento. “Esas celdas son para 20 personas. Nos ha tocado utilizar vehículos oficiales para mantenerlos ahí afuera, además de carpas”, explica el teniente coronel William Alfonso Arias, comandante de la estación.

El pasado 18 de julio, la Cárcel Distrital habilitó 120 cupos para descongestionar las unidades de reacción inmediata, así como las estaciones de Policía que no dan abasto. “El hacinamiento en las estaciones y las URI supera el 210 por ciento”, denunció la Personería en un comunicado. Si bien, todavía está por establecerse qué unidades podrán evacuar personal, lo cierto es que los cupos anunciados por la Secretaría de Seguridad se acabarían con solo llevar a los reclusos de Kennedy.

Cuarenta hombres, mal contados porque las cabezas y brazos se confunden entre las camas improvisadas, permanecen dormidos a las diez de la mañana en la estación de la localidad octava. Además del calor infernal que hace, y de que tienen el baño en la misma celda, el aire solo circula por una pequeña ventanilla ubicada en la puerta, hay que empinarse para verlos. Los artículos personales de cada preso cuelgan del techo, al igual que unas cuantas hamacas que hacen parte del segundo nivel del dormitorio.

Afuera, la situación no cambia mucho. Esposados en parejas, otros tantos hombres rondan por un patio que se volvió su lugar de paso ante el hacinamiento. Algunos privilegiados, si así se les puede llamar, están debajo de una carpa de la Policía, igual de apretados entre sí, pero por lo menos sienten el viento en su cara. Los demás habitan en una patrulla móvil. “Comida no les falta. Les llegan cinco raciones al día”, menciona uno de los uniformados que los custodia.

“De los 130 que hay, una gran cantidad de ellos son condenados. Es una población muy sensible la que nos toca atender. Tenemos aproximadamente veinte cuadrantes prestando servicios en los turnos de seguridad de celdas. Es muy desgastante”, dice el comandante Arias.

Kennedy tiene 850 efectivos para operar en las doce UPZ que cubren casi 500 barrios. Doscientos cincuenta de los policías brindan apoyo permanente en Corabastos, TransMilenio y en los llamados puntos calientes de barrios como María Paz y el barrio El Amparo, que están rodeados de bodegas de reciclaje, expendios de droga y alta afluencia de habitantes de calle.

Con este panorama, las sospechas de positivos para coronavirus se incrementan a diario. Policías ya han contraído la enfermedad y no se ha determinado si el contagio ocurrió en la parte externa de la estación o si hay personas asintomáticas dentro de los privados de la libertad. “Caracterizaron a la población y estamos a la espera de los resultados (...) Lo que sucede en la estación también está pasando en la URI de Kennedy, ahí tenemos 116 personas. Hubo un tope de hasta 90 con contagio de covid-19”, agrega Arias.

El emprendimiento, la capacitación y la alianza con el Distrito han hecho que los vendedores que comercializan bienes esenciales incluidos en las excepciones del gobierno, se mantengan a flote.

Desde el 20 de marzo hasta la fecha, 835.318 toneladas de alimento han ingresado a Corabastos, según cifras de la alcaldía local. Pese a una gran cantidad de contagios y a los cierres preventivos para controlar el brote dentro de la central, Bogotá no ha sufrido desabastecimiento en ningún momento y en un trabajo de equipo, la Plaza de Kennedy también se ha visto fortalecida en estos meses, aunque haya tenido que modernizar la forma de comercialización de los productos.

Con 51 años de historia, “esta plaza no tenía la costumbre de hacer domicilios y ha tenido, prácticamente a la fuerza, que adaptarse —dice Julián Moreno, administrador de la plaza de mercado en la localidad—. Hemos tenido que sumergir a los comerciantes en el marketing digital y la publicidad para que puedan llegar a la clientela que solían tener”. De las casi 1.500 personas que la frecuentaban en un día normal, la afluencia de visitantes ha bajado a 500 y hasta 350 personas desde que se prohibió comer en los restaurantes.

Néstor Pulido asegura que su local de comestibles y accesorios para mascotas no ha sufrido afectaciones. En los veintiséis años de trayectoria del negocio, de la mano de su padre y hermanos, los domicilios fueron incorporados y ahora son un punto a su favor en tiempos de pandemia. “Incluso se ha aumentado la venta, marchamos todos los días sin interrupción”, dice.

Pero ese no es el caso de Rosa Helena Fagua y su hija Érica. Ambas desconocían qué era hacer un domicilio y nunca tomaron el contacto de sus clientes para ofrecer el tradicional ‘ejecutivo’ a la hora del almuerzo. “No es como antes que la gente llegaba y se sentía satisfecha al salir almorzados. Estamos graves”, señala Rosa.

Durante cinco años, esta cocinera experta en hacer cocido boyacense trabajó de local en local hasta que reunió el dinero y el valor para independizarse de sus patrones y crear en la Plaza de Kennedy su propio restaurante llamado Doña Rosita. La crisis la llevó a despedir a cuatro de sus empleados y a valerse de su hija de 18 años para entregar los pedidos puerta a puerta. “La situación no da para más. Desde los 15 años trabajo en restaurantes. Hace un año me salió el puesto, pero toda la vida he sido cocinera, tengo 60 años”, añade.

Con su avanzada edad, teme por el coronavirus, pero resalta que ha perdido la ida a tres puntos de la ciudad para practicarse la prueba. El Distrito habilita entre 70 y 150 fichas para quien madrugue a hacer la fila, y Rosa no ha tenido la fortuna de alcanzar en ninguna de las jornadas.

Los fruvers están en un punto intermedio, porque el Ipes y la alcaldía de Claudia López han potenciado los programas de ‘De la Plaza a tu casa’ y ‘De la Plaza a tu conjunto’, que han permitido mejorar las ganancias de más de 800 personas en la ciudad. “Se han entregado 200.000 domicilios en toda Bogotá”, menciona Libardo Asprilla, director del Ipes. Y de este modo, personas como Hernán Macías pueden mantener en pie su puesto luego de tres décadas donde se gana lo necesario pero no lo suficiente: “Se trata de sobrevivir, porque la competencia es mucha”, dice.

Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, estuvo presente en la reunión de las agremiaciones de la salud junto a Claudia López y aunque no lograron una cuarentena estricta total de Bogotá, las cifras que expuso la alcaldesa tranquilizaron de algún modo a los profesionales de la primera línea contra la covid-19.

“A la gente hay que creerle y ella (la alcaldesa) muestra que con esas intervenciones que hizo logró tener una disminución —dice Baquero—. Los resultados de RT, que es la transmisión de la infección de uno a uno, en Kennedy, muestran que ha disminuido la velocidad de contagio”, esto tras poner a varias UPZ en cuidado especial. Aunque cabe señalar que una de las gráficas sí muestra que después del primer día sin IVA hubo un repunte en el riesgo de transmisibilidad en la localidad.

La mandataria de los bogotanos insiste en que el sistema de salud no ha colapsado ni colapsará en los próximos meses porque a medida que aumentan los contagios también se adecúan nuevas UCI y se capacita al personal médico y aunque estamos en números rojos, esto por ahora se ha cumplido.

“Lo que siento yo es que el Gobierno decidió ir a buscar el pico, no quiere empezar a retrasarlo tanto como lo hizo inicialmente. La alcaldesa es una persona muy preparada y con carácter. Ella dice ‘si esto se me dispara, yo cierro la ciudad, pero si logro mantener oferta de UCI, yo voy a seguir en esto’”, resalta Baquero. “Es interesante ver cómo las sedes Kennedy y Fontibón solo tenían dos colaboradores incapacitados por contagio (según las cifras mostradas por la alcaldesa). Mientras que la sede Simón Bolívar (subred hospitalaria norte) tiene 88. Si eso es así, quiere decir que las personas están teniendo los implementos de bioseguridad a pesar de todo”, añade.

Hablar con el personal médico es un reto, hay hermetismo en la red hospitalaria de la capital y más, en la subred de suroccidente que tiene ocupación de UCI al 100 por ciento. No obstante, hace unos días la Secretaría Distrital de Salud compartió una historia que resume la valentía y el temple que tienen los héroes ocultos de la pandemia. Fredy y Camilo Rodríguez son padre e hijo. El primero trabaja como auxiliar de enfermería de las salas de cirugía del antiguo Hospital de Kennedy y su descendiente es médico internista de la UCI en la misma sede. Aunque están en riesgo, como otros tantos actores que conviven con el virus en la localidad, su mensaje aplica para todos. “En estos tiempos difíciles no se puede dejar de sentir miedo: por mis pacientes, por mis compañeros y por mi familia” —explica Fredy— pero hay que seguir, “siempre le pido a Dios que lo proteja por encima de mi salud”.