Las ovejas negras

“El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”. Esta frase fue pronunciada por el general Eduardo Quirós, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), el pasado 7 de junio en el auditorio del batallón de ingenieros militares, ubicado en el sector de Puente Aranda, al occidente de Bogotá.

Estaba reunido con sus hombres de contrainteligencia, muchos de los cuales quedaron impactados por lo que acababa de decir su comandante. “Al comienzo pensamos que era un chiste porque nosotros como funcionarios públicos no podemos recibir ese tipo de recompensa”, contó a SEMANA uno de los uniformados que estuvo presente y que tiene más de 15 años de servicio. “Sabíamos que estaban desesperados por saber de dónde está saliendo la información que está apareciendo en los medios, pero quedamos sorprendidos cuando dijo eso en la reunión. ¿De dónde iba a sacar esa plata?, ¿cómo la iba a legalizar?”, dijo otro de los uniformados con más de 50 felicitaciones y varias condecoraciones en su hoja de vida. Otros tres militares ratificaron a SEMANA la polémica frase.

Quince días antes, el pasado 22 de mayo, Quirós fue el mismo oficial que estuvo en la sede de la Segunda División en Bucaramanga, donde citaron a 15 militares con el fin de realizar algunas entrevistas y pruebas de polígrafo como parte de una cacería para saber quiénes dentro de la institución están contando lo que ocurre. Ese episodio, revelado por SEMANA, fue negado por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, y otros altos oficiales.

No obstante, esta revista tiene en su poder audios, videos y fotografías que demuestran que eso ocurrió, y varios uniformados alcanzaron a ser interrogados antes de que se filtrara lo que estaba ocurriendo a la prensa y tuvieran que suspender abruptamente.

Estos dos episodios reflejan el ambiente interno que desde hace varios meses se vive dentro del Ejército, y que ha llegado a extremos como seguimientos y amenazas contra aquellos que entregan y reciben la información. “Todo comenzó por saber quién contó y entregó los famosos formatos para duplicar los resultados, pero el fondo de esa persecución es sobre todo para evitar que se conozcan casos de corrupción de todo tipo en los altos niveles”, contó a SEMANA un oficial adscrito al Comando del Ejército.

En efecto, la divulgación de las polémicas órdenes para doblar los resultados, incluidas las bajas, desató un escándalo internacional hace un mes. Esto sin tener en cuenta que solo hasta ahora se conocen los formatos firmados de puño y letra de los altos oficiales, como lo revela SEMANA.

“Cuando el superior pierde la vergüenza, el subalterno pierde el respeto. Y eso es lo que lamentablemente está pasando. Lo triste es que por cuenta de muy pocos mandos se mancha la imagen de la institución más importante y grande que tiene el país, que es el Ejército Nacional”, afirma un uniformado que trabaja en el Comando de esa fuerza.

En efecto, es justo reconocer que lo que dice este militar es verdad. La situación que hoy atraviesa esa institución no es un tema generalizado; es indudable que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que lo conforman y arriesgan sus vidas a diario lo hacen con honestidad y transparencia. Es por eso que, aun corriendo inmensos riesgos, algunos optaron por contar lo que ocurre a las entidades de control como la Fiscalía y la Procuraduría. Lo hicieron porque les duele que unos pocos con poder pongan en entredicho a la que sin duda es una de las instituciones más queridas y respetadas por los colombianos, según todas las encuestas.

Lo cierto del caso es que SEMANA obtuvo en la Fiscalía y la Procuraduría partes del acervo de pruebas, testimonios y evidencias que hacen parte de las investigaciones en las cuales están comprometidos altos oficiales de la actual cúpula militar.

Uno de estos casos, que está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema, involucra al general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército. Varios militares, que trabajaron con él y fueron sus hombres de confianza, les contaron a los investigadores cómo debían sacar dinero para entregarle a este oficial para gastos personales y viajes de su familia al exterior.

Mucho más complejas y delicadas son las denuncias y pruebas que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, donde reposan evidencias, videos, audios y testimonios en contra del general Jorge Horacio Romero, cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral. Empresarios de Antioquia declararon ante los investigadores cómo el general, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada en Medellín, les solicitó dinero a cambio de autorizar la expedición de salvoconductos para el porte de armas. La Fiscalía, incluso, tiene denuncias que señalan que, a cambio de gruesas sumas de dinero, esos permisos para porte de armas también habrían sido entregados a integrantes de la temida banda criminal conocida como la Oficina de Envigado.

Estos dos altos oficiales llegaron a formar parte de la actual cúpula del Ejército. Sin embargo, las denuncias en su contra no son nuevas y eran bien conocidas dentro de las propias filas. De hecho, varias fueron radicadas en la propia Inspección del Ejército cuando el encargado de esa área era el propio Nicacio Martínez, cargo que ejerció hasta diciembre pasado antes de ser nombrado comandante de esa institución.

Esto no es lo único que está bajo investigación. “Yo si lo voy a decir de frente, la voy a coger y le voy a decir: o usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada, y me colocan en la Brigada 25 de aviación donde supuestamente yo iba a estar, porque usted me hizo el cajón; o yo paso la baja, pero antes de irme de baja voy a salir en un noticiero contando todo, y digo qué es lo que usted quería hacer y qué era lo que estaba haciendo y qué hicimos para que mi general Martínez llegara (a ser comandante del Ejército) y qué es lo que busca realmente”.

El anterior es un fragmento de una conversación que está en poder de las autoridades, en la cual un coronel activo le cuenta a un mayor lo que piensa decir si no es nombrado en la unidad militar que quiere. En la conversación, el coronel se refiere a una mujer llamada María Nohemy. Se trata de una abogada que, según confirmaron en el Comando del Ejército, es muy cercana a varios de los generales, debido a las relaciones que maneja con importantes políticos y abogados. “Ella entra como Pedro por su casa al Ejército, y todos los generales le corren”, confirmaron a SEMANA desde la Ayudantía del Comando. El asunto no tendría mayor relevancia de no ser porque esta abogada, a quien llaman la Mata Hari o María de los Guardias, se dedica a la consecución de millonarios contratos para diferentes empresas, a cambio de jugosas comisiones para ella y sus amigos generales. Pruebas y declaraciones al respecto también están en la Fiscalía y la Procuraduría.

Todo lo anterior es un pequeño panorama de lo que muchos no querían que saliera de las paredes del Comando del Ejército y menos a la luz pública, lo cual explica el nerviosismo y la cacería que se desató. Aunque estos casos son graves, realmente implican a muy pocas personas dentro de la institución. La lucha diaria de más de 200.000 hombres y mujeres no puede, ni debe, verse empañada por las acciones de un puñado, que aprovechando los puestos de poder terminan salpicando la reputación del Ejército; y menos el valor y honestidad de una inmensa mayoría que trabaja y se sacrifica por la tranquilidad y convivencia de todos los colombianos.

SEMANA conoció las declaraciones que están en Fiscalía y en la Procuraduría, de varios uniformados, entre ellos un oficial que trabajó durante un año con el general Adelmo Fajardo Hernández cuando él era el comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), cargo que ocupó entre 2016 y diciembre de 2017. En estas, el testigo describe un esquema en el que él mismo participó, dentro de esa unidad, para conseguir dinero destinado a gastos personales del alto mando militar y de su familia. El general Fajardo salió de ese puesto en diciembre pasado, para convertirse en el actual segundo comandante del Ejército. Cargo del que salió a comienzos de julio, cuando el ministerio de Defensa lo llamó a calificar servicios junto a otros cuatro generales, tras conocerse estas investigaciones de SEMANA.

El oficial –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por seguridad– cuenta que fue tan fuerte la presión que recayó sobre él, orientada a que consiguiera y camuflara sumas millonarias para el general Fajardo, que terminó enfermándose. “Me fui hospitalizado; de tanta maricada me dio un hp patatús y me hospitalizaron. Todos los signos vitales me bajaron, casi me infarto”.

El militar relata que el general Fajardo le pedía dinero para costear gastos de viajes suyos y de su familia. “El general me decía: ‘hermano, me voy pa Estados Unidos, necesito 5 millones de pesos’ (....) Uno lo piensa, hp, bueno, y busque y haga papeles para legalizar esa mierda. ‘Hermano, que mi señora se va para Estados Unidos y necesita 1 millón de pesos y asignarle un hp carro por allá, para que ande con los hijos’, en no sé dónde, en Orlando creo que era. Bueno, corra hp a buscar esa mierda”.

Más adelante, el oficial asegura que durante su cargo, bajo el mando de Fajardo, el general viajó una vez a Estados Unidos, y que, en esa ocasión, tuvo que entregarle irregularmente alrededor de 2.500 dólares para sus gastos. También relata que cuando la familia de su comandante viajó a ese mismo país, les consiguió un millón y medio de pesos para que alquilaran un carro.

“Y si usted no cumple qué… ¿A dónde cree que estaría yo trasladado, ah?”, se pregunta el oficial que entregó su testimonio, hoy en poder de los entes de control.

Según su declaración, tuvo que conseguir dinero asimismo para comprar celulares para los hijos del general. “Una cosa es que era plata y la otra es que ‘cómpreme el celular del chino’”, cuenta. Más adelante agrega: “Me manda a unas maricadas porque los hijos son, trabajan con sistemas (...) Que unos aparatos, tocaba pagarlos con unos PIN. Él (otro oficial) me mandaba el PIN. ¿Que sería? Ni idea. Y pagaba 200.000, 300.000, 600.000 pesos, pero era para los hijos”.

El oficial cuenta que incluso recibió órdenes de sus jefes dentro de esa unidad para comprar tapetes de las instalaciones, aun cuando eso no estaba dentro del presupuesto. “Mañana deben amanecer estos pisos con tapetes, como 20 millones en tapetes. Qué cambalaches cree que le toca hacer a usted hp, por lado y lado, para cumplir esa orden; cuando no está planeado, no hay presupuesto para esa mierda. Ahí le toca: ‘colabóreme usted, señor, con un tapete aquí’… No, marica, entonces yo me agarré tanto a pelear, a pelear con el jefe de Estado Mayor, hasta que me quitó ese hp cargo de ahí”.

En su declaración, el oficial dice que, en total, calcula que le habría entregado entre 45 y 50 millones de pesos al general Fajardo. Pero no solo cuentan los supuestos destinos de ese dinero, sino también sus orígenes. Dice que conseguía la plata “de los proveedores y del que subiera; del que me ayudara. ¿Porque qué hacía yo? Porque él me pedía cuentas, me subía a la oficina: muestre un cuadro con todas las partidas, número de proveedores, saldo, por cuánto fue, cuánto queda. Me controlaba, tenía el cuadro y me llamaba a la oficina, a veces me daba la una de la mañana allá encerrado. Que tal cosa, que de aquí podemos sacar para no sé qué. Eso, hijueputa. ‘Yo, ¿este man qué, mano? Lo que ordene, mi general’. Sí, qué más le iba a decir yo. Mandarlo a comer mierda no se podía”.

Para darle apariencia de legalidad a esos gastos, cuenta el militar, se camuflaban entre otras ocupaciones. “Con todas las actividades que se hacían, porque se hacían buenas actividades también. Que el día de la familia, que el día de la madre, que el día del padre, que el día de la secretaria, que el día del psicólogo, que el día del... Aparte de eso, la cafetería funcionaba con su aromática, el café, el azúcar, la panela, el maní; lo que pidan para esas reuniones hay. Los consejos directivos, las reuniones...”.

El militar asegura que la presión para conseguir dinero lo agobió tanto que se enfermó y pidió la salida de su cargo administrativo dentro del Cedoc. “Entonces dije: de aquí para adelante, yo no le ayudo a más nadie en esta mierda. Coman mierda, tanto problema y usted qué, lleno de deudas no más. Entonces ahí le dije al jefe de Estado Mayor: ‘no, mi coronel, solicito reléveme de ese cargo ya, yo no quiero trabajar más ahí’”.

Estos cuestionamientos que reposan en la Fiscalía y la Procuraduría en contra del general Fajardo no son los primeros que caen sobre el hoy segundo al mando del Ejército. En enero de 2014, Daniel Coronell reveló en su columna de SEMANA que el general, entonces comandante de la Décima Brigada, le prestó un helicóptero Black Hawk a Eduardo Campo Soto, el entonces procurador delegado para las Fuerzas Militares. Se trataba del mismo funcionario que por ese tiempo lo investigaba en un supuesto caso de corrupción.

“El general Fajardo no encontró inconveniente en poner la aeronave al servicio del procurador que hace un tiempo le archivó –provisionalmente– una investigación por ‘actos de corrupción cometidos por el coronel Adelmo Fajardo, comandante de la Brigada 14, por mal uso y destinación de bienes del Estado’, de acuerdo con los registros de la entidad. (...) El procurador Campo reconoció que en su despacho cursan dos investigaciones –por presunto homicidio y nexos con paramilitares– contra el general Fajardo”, escribió el periodista hace cinco años.

Después de pasar por el Cedoc, el general Fajardo estuvo a cargo del Comando Conjunto del Suroriente Número 3, en el que tenía alrededor de 50.000 hombres bajo su tutela, en varios de los departamentos más convulsos del país. Finalmente, el 21 de diciembre pasado, el Ministerio de Defensa lo anunció como nuevo miembro de la máxima cúpula del Ejército.

SEMANA conoció las declaraciones en poder de la Fiscalía y la Procuraduría de un importante empresario antioqueño, de un militar y de una civil sobre supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero Pinzón cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Sus denuncias no son los únicos señalamientos sobre el militar. La Fiscalía investiga posibles malos manejos que sumarían alrededor varios miles de millones de pesos. Contratos amañados, dineros destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, habrían sido desviados mediante maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo.

En los círculos castrenses se especulaba que al no ser llamado al curso de ascenso para mayor general, Romero saldría de las filas. Sin embargo, en enero, con la llegada de la nueva cúpula del Ejército, terminó designado en la jefatura del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que maneja un abultado presupuesto para proyectos en el país. Romero fue llamado a calificar servicios por el Ministerio de Defensa a comienzos de julio, cuando SEMANA reveló esta investigación. Un mes después la Fiscalía lo capturó y permanece preso en una guarnición militar mientras avanza su juicio por supuestos actos de corrupción de los que se declaró inocente.

La declaración del empresario –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad– apunta a una de esas líneas de investigación sobre el general. Se trata de una dinámica que Romero habría montado en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.

En su declaración, el empresario advierte: “¿Hasta dónde puede repercutir mi versión? Si de pronto él tiene un papá (padrino) y lo único que van a hacer es que archivan, yo voy a quedar con un enemigo poderoso. Pero, como ciudadano, pienso que personas como él surgen por el miedo, porque nadie los enfrenta”. Entonces relata que conoció a Romero porque la misma esposa del general les arregló una cita. Allí, en la sede de la brigada, el general le pidió que organizara un encuentro con la plana mayor del empresariado paisa, porque a ellos había que protegerlos.

“En tres días convoqué y le llevé a todos los industriales de la ciudad, Fábrica de Licores, Tanques y Camiones; o sea, los industriales grandes (...), transportistas, comerciantes...”. Según la declaración, esa reunión no fue atendida por Romero, sino por un mayor del mismo apellido. Al final del encuentro, el general habló con el empresario. Fue entonces que se refirió a los permisos para el manejo de armas que los empresarios piden para protegerse.

“Me dice: ‘lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’”. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, [pensé]: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”. Cuenta que en el momento en que se le vencieron los permisos para las cuatro armas que manejaba, envió a la brigada las solicitudes para renovarlos, acatando el trámite regular. Le negaron uno de ellos.

El empresario se enteró, según cuenta, de que el general Romero buscó información en la Policía sobre sus empresas. “Veíamos la mala intención de él y como el querer buscar cosas que de pronto, realmente... Para ser honestos, si uno se pone a buscar, él sí las tiene. Nosotros no. O sea, las cosas oscuras creo que las maneja él”. Más adelante, el empresario dice: “Uno se dio cuenta, por muchos contratos y muchas cosas, de que el hombre se lucró”. Y agrega: “No sé quién será el padrino de él o el que está detrás. Pero yo veo que sigue ascendiendo, que está en mejores cargos o con más poder”.“Pero, inmediatamente, en la brigada le dijeron que por qué está negando el permiso, si reunía todas las condiciones. Entonces me lo aprobó. Me hizo ir a la oficina (...) y me puso a esperar como cinco horas (...) Luego me hizo pasar. [Me dijo]: ¿Yo qué le dije a usted? ¿Usted por qué presenta los permisos? Le dije: señor, yo hago el trámite”. Romero le alegó: “Yo le dije a usted cómo era esto”.

“Once millones por arma”

En poder de la Fiscalía hay otro soporte que amplía ese supuesto modus operandi basado en la venta de salvoconductos. Es la versión de una mujer que llegó a la brigada a tramitarle un permiso a un tercero para quien trabajaba. Allí, contrario a lo que ella esperaba, y como al parecer había acordado con un alto oficial retirado, la recibió un militar que no estaba al tanto del ilícito, y quien termina interrogándola: “¿A usted cuánto le colaboran por cada arma?”, le pregunta él. Y ella, preocupada por haber quedado en evidencia, intenta explicar la situación: “Eso viene desde arriba. A mí simplemente me dijeron ‘tenga la plata’ para que la trajera acá. Quiénes [estén] untados, no sé qué. Con decirle que conozco a mi general Romero; diga que va de su parte y que él llamó. Así, si ellos ya saben. Sí me entiende desde dónde empieza la mentira”.

La mujer luego explica que acordó ese pago con un coronel retirado. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dice ella. Al parecer, el pago no era la única irregularidad en ese fraudulento trámite. El oficial que la atiende le explica que “el señor (quien solicitaba el arma) tenía un problema de narcotráfico”. En este punto, la mujer le insiste al oficial que le devuelva la documentación del hombre que la mandó hasta la brigada, en un intento por borrar el rastro de ese fraude y por volver a intentar la misma movida, pero en otra ciudad. “Me dijeron: ‘esto es tan sencillo que si le entrega la carpeta, ellos se van para otra ciudad”’.

En agosto del año pasado, siete meses después de que el general Romero abandonó la Cuarta Brigada para escalar a la comandancia de la Tercera División del Ejército, se desató un escándalo en Antioquia. La Policía capturó a alias Pichi Belén, el jefe máximo de la Oficina, la organización criminal más poderosa de Medellín. Hubo revuelo cuando se supo que el capo tenía un arma con un salvoconducto que había conseguido en Neiva, pese a que llevaba a cuestas una orden de captura y tenía antecedentes criminales. “Es materia de investigación el por qué el hombre más buscado de Medellín tenía un arma de fuego con permiso”, dijo en su momento Claudia Carrasquilla, la fiscal contra el crimen organizado.

El lío del combustible

En los expedientes reposa una declaración de un oficial que trabajó bajo el mando de Romero en Medellín, y que agrega detalles sobre el presunto cartel de los permisos de armas. “Los empresarios antioqueños se han venido quejando por lo del manejo de permisos especiales y mi general, supuestamente, los está reuniendo para colaborarles (...) Mandaba a mi mayor Romero y al sargento Echavarría a que los reuniera y les hablaran de una situación a mejorar la inteligencia y una colaboración especial (...) La gente se ha venido cansando de eso y ya hay comentarios”.

El oficial luego hace referencia a un trino del abogado antioqueño Jaime Restrepo, que se autodenomina como El Patriota en sus redes sociales y allí mismo ha mostrado que tiene varias armas. “La firma de los permisos para armas de fuego y permisos especiales se convirtió en la caja menor de la Cuarta Brigada. ¡Corrupción!”, publicó el 25 de noviembre de 2016.

El oficial, además, habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Mi general cuando le expusimos el trabajo él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten varios altos oficiales... El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible era para costear el acompañamiento de su esposa.

“También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento en agosto y septiembre. Resulta que la partida (...) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Él se trajo su cúpula. Puso los mismos que tenía en la Séptima Brigada en Villavicencio. Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”, dijo en una declaración que está en poder de la Procuraduría y la Fiscalía. Tras dejar el cargo en la Cuarta Brigada, el general Romero fue designado para un puesto superior, como comandante de la Tercera División.

En 2018, cuando no fue llamado a curso de ascenso para mayor general, se dio por descontado que pasaba a retiro. Sin embargo, con los cambios del año pasado fue ascendido a la cúpula militar, al frente del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo en el país. Allí estuvo hasta que, a raíz de las denuncias de SEMANA, estalló el escándalo. El 8 de agosto fue capturado y permanece preso en una guarnición militar mientras avanza su juicio por corrupción, de lo que se declaró inocente.

SEMANA conoció las investigaciones que cursan contra el brigadier general César Augusto Parra León, las mismas que generaron su salida del Ejército. Las evidencias están en manos de la Fiscalía y de ellas hacen parte testimonios de personas que trabajaron de cerca cuando comandó la Brigada 12, que opera en Caquetá. Estos testigos aseguran que el alto oficial, nombrado en enero jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación de las Fuerzas Militares, participó en irregularidades que van desde el desvío de millonarias partidas de combustible de sus unidades hasta la adjudicación de contratos amañados.

Una mujer que trabajó como asesora jurídica de la Brigada 12, en 2017, cuando Parra estaba al mando, entregó uno de los testimonios que comprometen al alto oficial. En el expediente, ella dio su versión de las irregularidades en las que tuvo que incurrir por orden del general. “Yo me encargo de hacer lo legal, de lo ilegal se encargan ellos”, dice en su declaración. También asegura: “Yo hice muchos proyectos para San José del Fragua (municipio al sur de Caquetá) ordenados por mi general Parra, yo no hago nada sin que él me ordene. Porque era mi jefe”.

La mujer explica su papel en este supuesto entramado de corrupción: “Yo hacía un proyecto para la Alcaldía de San José del Fragua que fuera para publicidad, pero entonces el material publicitario, yo no sé si ya estaba y era verdad que ya estaba el material o se debía esa plata de otras cosas. Yo hago el proyecto, no hago absolutamente nada más. Es decir, monto el proyecto, amarro el proyecto y hago que se lo gane alguien”.

La testigo entra en detalle: “Entonces yo qué hacía, le decía a la señora: venga regáleme tres cotizaciones. Obviamente usted es la que va a ganar, entonces haga las otras más altas. Lo amarro, hago las especificaciones técnicas, amarro el valor y se lo gana ella. Eso hacía yo, cuántas veces en San José del Fragua, como tres o cuatro veces“. La testigo asegura que solo en este caso, en 2017 estructuró tres proyectos y una adición, que sumaron 40 millones de pesos. Explica que, además de que la adjudicación era amañada, el objeto de los contratos no se cumplía en todos los casos. En un caso de un trabajo publicitario, explica que con el material de uno solo de esos contratos, legalizaban el resto.

La mujer relata que intentó advertir acerca de las sospechas que generarían esos movimientos, y que el general Parra le ordenó continuar. “Yo le podía decir a mi general: venga, no pidamos una adición, eso va a generar sospechas, no pidamos esa mierda”. Y según ella, Parra le respondió: “Yo estoy dando la orden. Hágale, listo”.

SEMANA se comunicó con el general Parra para conocer sus respuestas a estos cuestionamientos. El alto oficial aseguró que “los recursos que maneja la institución están centralizados por el Centro Nacional de Contratación, además existe un comandante del Batallón de servicios, y un ordenador del gasto que intervienen en este proceso y estos trámites de contratación son de conocimiento público, ya que se colocan en la página web correspondiente. De igual manera, yo no tengo ningún tipo de injerencia en el proceso de contratación con las alcaldías”. La mujer habla de otros contratos que ella ayudó a estructurar, y de los que no tiene certeza de que hayan sido ejecutados. Esa misma testigo menciona el desvío del dinero de una partida de combustible.

Y sobre ese caso profundiza un coronel que estuvo bajo las órdenes de Parra y cuyo testimonio también tienen los entes de control. Según la declaración del oficial, parte del dinero destinado en 2016 para el combustible de la Fuerza de Tarea Júpiter se perdió.

En ese entonces, el general Parra comandaba esa unidad militar. “Sí, 30 millones de combustible, póngale cuidado del año pasado, antepasado, se robaron el combustible de la Júpiter. Mi general Parra era el comandante de la Júpiter. Él se consiguió una partida especial de 15 millones, la desaparecieron”, cuenta el testigo.

Al año siguiente, Parra ascendió al comando de la Brigada 12 y el nuevo jefe de la Fuerza de Tarea cuestionó la ausencia de ese dinero. Por lo mismo, Parra habría tenido que desviar dinero que la Alcaldía de Florencia le destinó a su nueva unidad para tapar ese hueco, según relata el testigo: “Cuando llegó el nuevo comandante se armó el escándalo, eso quedó dentro del informe de inspección y abrieron una investigación y llegaron a organizar todo lo de combustible de vehículos (...) Como tocaba recuperar esos 15 millones, de los 30 millones que dio la alcaldía”.

Ante las denuncias por las irregularidades en las partidas de combustible, el general le dijo a SEMANA que “en octubre de 2017 fue enviado un anónimo al comandante del Ejército aduciendo presuntas irregularidades sobre mi comando y actuar en la administración, por lo cual se ordenó una revista de inspección donde se pudo establecer que lo dicho en el anónimo no era cierto. Sin embargo, ordenaron abrir una investigación disciplinaria por los mismos hechos que inició el 25 de octubre de 2017 y terminó el 18 de mayo de 2018”.

Ahí no terminan las posibles irregularidades por las que investigan al general Parra. Los entes de control también indagan por la supuesta pérdida de al menos 20 millones de pesos destinados a la adecuación de una zona veredal de las Farc. También hay cuestionamientos sobre dineros dirigidos a pagar cuñas radiales y publicidad de los proyectos que adelantaba la brigada.

¿Pelea de generales?

Otra de las declaraciones en poder de las autoridades describe una supuesta pelea entre generales por una multimillonaria suma que Ecopetrol le entregó al Ejército. Esa disputa involucraría al general Parra, cuando comandaba la Brigada 12, y al general Francisco Cruz Ricci, quien se desempeñaba hasta esta semana como jefe del Departamento de Implementación y Estabilización. Al igual que a Parra, el Ministerio de Defensa llamó el jueves a Cruz Ricci a calificar servicios

El testigo que cuenta la supuesta disputa, sin embargo, fue señalado por otro militar de ayudarle a Parra “a hacer todas esas cosas”, refiriéndose a las irregularidades denunciadas. El general, por su parte, asegura que no supo de esos dineros de Ecopetrol.

El testigo cuenta que llegó en 2017 al Batallón Especial Energético y Vial 19, que opera en Caquetá. Esa unidad forma parte de la Brigada 12, que en ese entonces comandaba Parra, y a su vez de la Sexta División, bajo el mando de Cruz Ricci. Allí, dice el oficial, se dio cuenta de que faltaban 17.000 milllones de pesos de convenios con Ecopetrol destinados años atrás a su batallón.

Según el relato, él informó la ausencia del dinero al comando del Ejército. La institución había usado la plata para llenar otros huecos financieros y, por eso, el comando reunió la gruesa suma para reponerla al batallón. Entonces, dice él, por orden de Parra armó un plan para invertir el dinero.

“Cuando tuve el plan que me lo pidieron a lo último, que ya mi general Parra me dijo presénteselo a mi general Cruz Ricci a ver qué. (Cruz Ricci) me lo quitó y me dijo: ‘Yo lo reviso, y yo digo qué hacen, y no es lo que usted quiera hacer’”. El oficial asegura que empezó una pugna entre los dos generales por manejar ese dinero. “Primero fueron como unos ocho mil y pico (millones), y dentro de eso él (Cruz Ricci) quería meter un poco de asesoras jurídicas donde mi batallón no maneja civiles y él quería meter diez jurídicas, mujeres, a la división pero que las pagara el batallón con esa plata. Mi general Parra dijo: hermano, cómo va usted a hacer eso si es que en su batallón ni siquiera tiene civiles, ni siquiera usted tiene jurídico”. A esa pelea se habría sumado otra por los conceptos que los altos oficiales daban sobre el ascenso de coroneles a su cargo.

De hecho, el general Parra le dijo a SEMANA que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución. Sin embargo, los entes de control tienen en su poder las declaraciones de militares y civiles que trabajaron con Parra, que denuncian varias prácticas corruptas. En todo caso, al menos para el Ministerio de Defensa, las denuncias contra Parra son tan serias como para desencadenar su salida del Ejército.

Un exitoso rescate de un secuestrado dejó al descubierto algo más oscuro: lo habían privado de la libertad las propias autoridades encargadas de combatir ese delito. El caso sucedió hace tres semanas, pero los detalles de lo ocurrido, que implican a integrantes del Gaula Militar, hasta ahora se han mantenido en secreto y con extrema discreción. Y no es para menos. Se trata de un grave y escandaloso episodio que algunos miembros del Ejército han tratado de ocultar ante la opinión pública.

El hecho ocurrió el sábado 20 de julio a las 9:40 de la noche, cuando Estiven Beltrán, de 22 años, salía de un local de autoservicio al sur de Bogotá. Allí lo abordaron varios hombres con uniformes del Gaula Militar que le dijeron que debía acompañarlos y le enseñaron una supuesta orden de captura por delitos sexuales. Desconcertado, Beltrán subió a la camioneta en la que iban los uniformados. Le permitieron hacer una llamada para informar a su familia que iban a trasladarlo a una fiscalía a la ciudad de Bucaramanga para, supuestamente, ponerlo a disposición de las autoridades. Todo era parte de una farsa con el fin de ganar tiempo.

A la mañana siguiente, la familia se enfrentó a su peor pesadilla. Recibieron la llamada de un hombre que se identificó como comandante de las autodenfensas y les dijo que si no pagaban 800 millones de pesos, asesinarían a Estiven. Presentaron la denuncia en la Fiscalía, por lo cual investigadores de esa entidad e integrantes del Gaula de la Policía asumieron las pesquisas.

Un par de días después, los curtidos sabuesos vieron con sospecha que un sargento retirado del Gaula Militar, amigo de la madre de la víctima, se había ofrecido a ayudarla. De inmediato le advirtió que no buscara a las autoridades y que consiguiera el dinero para pagar. Por eso, los investigadores empezaron a seguir al hombre.

Los días iban pasando y las llamadas intimidatorias para presionar el pago aumentaban. Tanto, que incluso los secuestradores amenazaron con cortarle un dedo a Estiven para enviarlo a su familia.

Mientras un grupo de los investigadores vigilaba al sargento retirado, otros adelantaban labores que arrojaron un dato sorprendente. Por medio de las cámaras de seguridad identificaron el vehículo en el que secuestraron al joven. Se trataba del carro asignado al director de los Gaulas Militares, el teniente coronel César Augusto Martínez, sobrino del comandante del Ejército Nicacio Martínez.

Los seguimientos y las interceptaciones legales a las líneas del sargento retirado arrojaron otra información interesante. Allí descubrieron que este hombre se comunicaba con dos militares activos adscritos a la dirección de Gaulas Militares, quienes habían perpetrado el secuestro. Los investigadores, que no le perdían el rastro al sargento retirado, lo habían seguido hasta una vivienda en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El hombre salía poco del sitio, escasamente a hacer llamadas desde teléfonos de la calle. Estaban seguros de que la víctima podía estar en esa casa.

En la mañana del 25 de julio allanaron el lugar, aprovechando una de las salidas del sargento. En uno de los cuartos encontraron amarrado a Estiven, así como esposas y prendas del Gaula Militar. En medio del impacto, Estiven contó que los militares lo habían secuestrado. Solo cuando el público conoció el rescate, el director de los Gaulas Militares buscó a las autoridades para decir que el carro usado en el delito estaba asignado a él, y que los dos militares secuestradores estaban bajo su mando. No obstante, negó cualquier relación con los hechos con el argumento de que llevaba poco tiempo en ese cargo.

En el Ejército conocen bien el caso, pero lo han tratado con extrema discreción. “Ahí no va a pasar nada. El señor oficial es el sobrino de mi general Martínez. El año pasado hubo unas investigaciones en su contra por supuesta corrupción, que sencillamente no avanzaron porque en ese momento el inspector era mi general Martínez. Ahora, siendo comandante del Ejército, pasará menos”, dijo a SEMANA un oficial de la inspección que en el pasado tuvo que detener algunas investigaciones en contra del sobrino del comandante del Ejército. Este caso reviste la máxima gravedad por tratarse de un secuestro en el que están involucrados militares. Sin embargo, no es la única irregularidad presentada en esas unidades.

Resultados inflados del Gaula Militar

El 20 de marzo pasado, el Gaula Militar de Cundinamarca, por medio de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, registró el balance de una extraña operación. Se trataba de la captura de 11 personas que harían parte de una banda de extorsionistas. “Se les imputa el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos”, dice el parte de comunicaciones interno de esa unidad. En ese mismo documento, el resultado aparecía enmarcado en la operación mayor Pedro Pascasio Martínez. Se trata de una redada que el Ejército adelanta en el ámbito nacional, enfocada especialmente en combatir la extorsión, delito que, junto con el secuestro, es la especialidad de las unidades Gaula del país.

Sin duda, las 11 capturas representaban un buen resultado, pero algo no cuadraba. Dos días antes de la operación, la Fiscalía solicitó las órdenes de captura a una jueza de Bogotá, y ella las autorizó. Sin embargo, estas daban cuenta de un caso totalmente distinto, pues los delitos por los que se solicitaba la detención de los supuestos delincuentes incluían, además de concierto para delinquir, “corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales”. Es decir, los sospechosos formarían parte de una red de venta ilegal de medicinas. Una conducta que nada tiene que ver con los señalamientos de extorsión descritos por el Gaula Militar de Cundinamarca.

Este no ha sido el único caso de ese estilo. SEMANA pudo contrastar documentos de la Fiscalía y los papeles internos de esa importante unidad militar, y encontró al menos 12 situaciones similares ocurridas entre febrero y julio. En otras operaciones, personas capturadas por clonar tarjetas bancarias o por hurto terminaron presentadas ante el Ejército como extorsionistas. Estas irregularidades aparecen en los radiogramas de operaciones de ese Gaula, firmados la mayoría por su comandante, el coronel Yeison Calvo Gómez.

Uno de los resultados más extraños se produjo el 7 de marzo. Un hombre y una mujer fueron detenidos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando intentaban abordar un vuelo con destino a Madrid. Llevaban consigo una consola de videojuegos dentro de la que las autoridades encontraron 16 kilos de cocaína. Al día siguiente, la Fiscalía los imputó por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. No obstante, en el reporte operativo del Gaula apareció, además, el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos. ¿Cómo graduaron de extorsionistas a dos mulas capturadas en flagrancia?

Detrás de estos casos habría una estrategia para inflar los resultados del Gaula Militar con varios objetivos. Por un lado, responder a las exigencias de la cúpula militar en cuanto a resultados. Los medios de comunicación han venido documentando durante el año cómo distintas unidades se han comprometido a duplicar sus mediciones de todo tipo, pasando por bajas, capturas y desmovilizaciones. Incluso las presiones que habría ejercido la cúpula para lanzar operaciones y entrar en combate.

Pero detrás de los resultados irregulares asimismo habría una estrategia para cobrar recompensas y gastos por operaciones infladas, o incluso inventadas. De hecho, oficiales inconformes ya pusieron estas denuncias en conocimiento del general Nicacio Martínez. En mayo pasado le enviaron un documento que hablaba del aumento, frente al año anterior, del dinero destinado a los gastos reservados de esta unidad, con los que pagan las labores de inteligencia. Y de los presuntos cobros irregulares de estos dineros por parte de oficiales del Gaula, quienes se estarían apropiando de los recursos. Varios militares habrían recibido presiones de sus superiores para firmar las misiones ficticias.

SEMANA conoció los libros de las minutas de esa unidad que contienen la relación del personal de servicio. Llama la atención que militares que aparecen firmando de puño y letra, como si estuvieran de servicio en Bogotá, también figuran el mismo día con viáticos y misiones de trabajo en otros lugares. Esos libros hoy están desaparecidos.

Esta revista tuvo acceso al audio de una conversación entre el coronel Calvo y otros militares de la unidad, que se produjo luego de que se enteraron del documento enviado al comandante del Ejército. En esta, el oficial se refiere a las denuncias y dice: “Independiente de cualquier cosa, de lo que digan, yo no estoy preocupado porque sé que he hecho las cosas bien, buscando al enemigo. Que hace uno peculados... que ninguno me vaya a grabar... Sí, marica, lo he hecho. ¿Pa qué? Pa tramar un poco de bandidos que traigo acá para ver cómo cambia la vaina. Sí lo he hecho, pero en busca de inteligencia”.

El documento causó una revista de inspección realizada por la Brigada 13 que junto con la dirección de Gaulas nacionales son las unidades a las que responde el Gaula Cundinamarca. En ese momento, el coronel Martínez, sobrino del general Nicacio Martínez, era el segundo comandante de esa brigada. De ese cargo pasó al que ahora tiene, de comandante de los Gaulas nacionales.

Según le dijeron a SEMANA fuentes que ejecutaron esas pesquisas, en la inspección ratificaron las presuntas malversaciones de los dineros de las operaciones. Sin embargo, la diligencia quedó en un saludo a la bandera, pues las irregularidades no pararon y tampoco comenzó ningún tipo de investigación contra los señalados. De hecho, SEMANA pudo comprobar que, al menos hasta julio, siguieron reportando resultados inflados en esa unidad. Sin duda alguna, todo esto huele muy mal.