Explotación al migrante: empleos que destrozan vidas en Colombia

Lunes 4 de marzo de 2019. Eran las dos de la tarde y Mayra casi daba por terminada su jornada de trabajo en la fábrica Frito Rico. Había limpiado cada rincón de la empresa; la planta de producción, la oficina de la dueña Erminda Méndez y la de su esposo Víctor Bautista. Después de once horas de fregar el piso y limpiar cada utensilio del lugar, solo hacía falta dar la última pasada a ciertas máquinas que todavía estaban en uso.

“Me puse a limpiar el molino de yuca y no me percaté de que estaba enchufado. Yo usaba unos guantes hasta aquí (señala el codo). Y en lo que yo agarro el molino de este lado, con la esponja en la mano, la máquina me agarra el guante y me jala. Me comió todo”, cuenta Mayra.

En medio del relato, su hijo Daniel de 24 años saca el celular y reproduce el video de la cámara de seguridad de la fábrica que grabó el accidente laboral. En la cocina hay dos mesones metálicos, una gran cantidad de masa lista para preparar y una trabajadora que empaca las empanadas para ir a venderlas. Mayra entra a escena vestida con un traje blanco, un gorro desechable azul y trae puestos los guantes verdes que le llegan al codo.

Ella va directo a la máquina. Pone su mano izquierda sobre la boca del molino y en un descuido las cuchillas le agarran el guante y trituran sus dedos. Aunque la grabación no tiene sonido, se observa que Mayra pide ayuda a su compañera, quien en medio del pánico corre una bolsa blanca, que está justo al lado del molino, para que Mayra, con la mano derecha, consiga desenchufarlo.

Otras tres empleadas se acercan a ver lo sucedido, mientras la mujer de 41 años sigue intentando librarse de la máquina.

Lo que sucedió después la indignó. Los dueños de la fábrica, para los que ella trabajó por tres años, negaron que el accidente ocurrió en su empresa. No se presentaron para llevarla al hospital y se excusaron en que ella metió la mano en el molino para “sacarles plata”.

Víctor, para quien Mayra era una persona de confianza, solo le llevó tres batas y algunas medias durante su estancia en La Samaritana. A las tres semanas de escaparse del centro médico, ella lo enfrentó en la fábrica con una abogada conciliadora para que respondiera por los daños causados y le ayudara a pagar la deuda de la cirugía. El hombre quiso transar el accidente laboral con 3 millones de pesos, una cifra que no alcanza para resarcir a la víctima y mucho menos para continuar el proceso de recuperación de su mano, a la cual todavía le hace falta dos operaciones.

En Colombia hay 1.641.000 venezolanos según el Dane. Cientos ellos, como Mayra, han sido contratados sin prestaciones legales y ante un accidente fueron despedidos y abandonados por sus empleadores. No hay una cifra exacta de cuántos son porque el ministerio de Trabajo afirma que “no cuenta con una herramienta que permita cuantificar el número de personas venezolanas laborando de manera informal”, como lo hacía ella. Aunque se sabe que en un trabajo conjunto entre Migración Colombia y el ministerio se han sancionado a 800 personas naturales y jurídicas que contratan migrantes sin cumplir los requisitos de ley.

A pesar de que las estadísticas no estén claras, la realidad es que por tener un estado migratorio irregular, empleadores como Víctor y Erminda ofrecen a los migrantes un contrato verbal, con pago diario en efectivo y además, se valen de artimañas para amenazar a sus trabajadores con la deportación si es que llegan a presentar demandas para hacer valer sus derechos laborales.

En septiembre, el Dane entregó los resultados más recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) sobre el mercado laboral y el módulo de migración. De acuerdo con los datos suministrados a SEMANA, entre agosto de 2018 a septiembre de 2019 llegaron 777 mil nuevos migrantes procedentes de Venezuela (que pueden incluir colombianos retornados) de los cuales 569 están en edad de trabajar, pero tan solo 333 mil están ocupados, es decir cien mil más de los reportados en el periodo de referencia anterior.

Juan Daniel Oviedo, director del Dane, dijo que en Colombia “el 90% del empleo que se le está brindando a los migrantes venezolanos es de carácter informal, pero no necesariamente precario". La información de los últimos doce meses muestra que las ofertas más grandes de empleo están en el sector del comercio, la hotelería y los restaurantes.

No obstante, Oviedo señaló que cerca del 85% de la fuerza laboral venezolana no está asegurada y en esa medida, ante un accidente laboral, los trabajadores quedan a merced de que sus empleadores se responsabilicen por el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios que ocasione el accidente a la vida relación de esa persona. Obligación que, según Christian Krüger, director de Migración Colombia, es totalmente independiente del estado migratorio del trabajador: "Desde el punto de vista laboral, ser o no irregular, no exime al contratante de sus obligaciones laborales”.

Sobre el tipo de contratación que ofrecen a los venezolanos, el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela estimó -con base en los datos del Dane- que el 56,7 % de los venezolanos ocupados tiene un contrato de trabajo y de estos el 79,1 % reportó que era verbal. Cabe aclarar que este cálculo se hizo previo al último informe del Dane y sobre el total de la población de migrantes, más no sobre los resultados de los últimos doce meses.

Aunque la modalidad de contratación verbal está contemplada en el código sustantivo de trabajo y es legal, hay que decir que dificulta que los trabajadores puedan refutar cuando los jefes cambian o niegan las condiciones pactadas en un principio.

Luego del accidente, a Mayra le impidieron el ingreso a la fábrica, no le pagaron su sueldo (de 34 mil pesos diarios) ni la indemnización a la que tenía derecho. En respuesta, la mujer dejó de pagar el arriendo del apartamento donde vive -propiedad de los mismos dueños de Frito Rico- pues sin un trabajo y con un dedo menos, ella quedó relegada a realizar oficios caseros, en compañía de su perro Odín, mientras sus hijos salen a rebuscarse el sustento en Rappi o como vendedores informales.

Mayra no puede doblar el dedo índice, corazón y anular. Hacer sus típicas arepas venezolanas le sirve de terapia para recuperar la movilidad de la mano izquierda, pero de solo mojarse o acercarse al fogón de la estufa, sus dedos se hinchan y se tornan morados. "Me deprimo mucho porque me quedo sola.Todo el mundo se va a trabajar. Muchos me dicen: 'pero es que es un dedo' y sí, es un dedo, pero no estoy acostumbrada. Nadie está acostumbrado a perder una parte de su cuerpo".

Johana Ballesteros, abogada que lleva el caso, radicó una demanda ante la jurisdicción laboral para que se le reconozca a su clienta la indemnización por el accidente. Sin embargo, el expediente no se ha movido desde el 11 de junio. Así como tampoco se sabe cuál es el resultado de la visita de inspección que hizo el Ministerio de Trabajo a la fábrica. Y mientras estos procesos avanzan, Mayra debe soportar las constantes amenazas e insultos de su exjefes que intentan sacarla de su vivienda. SEMANA intentó hablar con la contraparte pero hasta la publicación de este reportaje no fue posible.

Jessica Aponte lleva un año y medio trabajando en un restaurante de comida asiática, al norte de Bogotá, donde todos los empleados son venezolanos a excepción del dueño. "No tenemos contrato, no nos pagan eps. Nos pagan diario, sin ningún tipo de recibo”. Ella hace parte del 45 % de los venezolanos que trabajaban más de 48 horas a la semana; de domingo a domingo y con un día de descanso rotativo.

Es mesera, lava los platos y cuando puede ayuda a preparar uno que otro platillo porque su pasión es la cocina. Estudió gastronomía y tiene ocho años de experiencia laboral que utiliza para guiar a sus colegas del restaurante. Entra a las 10: 30 de la mañana y por bien que le vaya sale a las nueve.

Jessica se pregunta por qué no a todo el mundo le hacen contrato y más cuando cumplen con los requisitos de ley para trabajar en Colombia. “Entiendo que hay mucha gente indocumentada, sin pasaporte, sin PEP, que acaba de llegar, pero yo ya tengo cinco años aquí. Tengo el pasaporte, el PEP y mis papeles”.

Esta mujer de 32 años solicitó el Permiso Especial de Permanencia (PEP I) cuando el gobierno nacional estableció el mecanismo para aquellos venezolanos que entraron con pasaporte, deseaban quedarse y querían trabajar legalmente; pero que no podían hacerlo por no contar con una visa de trabajo.

Al obtenerlo, Jessica solicitó empleo en la Hamburguesería El Trébol. Y de no ser porque tenía su situación migratoria resuelta y cotizaba como independiente la seguridad social, es probable que el desenlace de su historia hubiera sido peor.

"Yo perdí solo las uñas de estos tres dedos (índice, corazón, anular). A mí me remitieron el domingo para Mederi, me recibieron con Compensar porque él nunca apareció”. Ante la ausencia del empleador, el procedimiento tardó tres días en ser autorizado. “Todo se complicó y me tuvieron que cortar la siguiente falange", cuenta.

En una situación similar a la de Mayra, Jessica perdió no uno, sino tres dedos. El 27 de mayo de 2017, la masa que iba a moler se quedó pegada en su mano derecha y cuando la lanzó a la boca del molino eléctrico, la máquina jaló ambas cosas. Por suerte, Compensar EPS asumió la deuda de seis millones de pesos con la clínica porque el empleador jamás respondió y dio por terminado el contrato verbal.

Según datos entregados por el Ministerio de Trabajo, 52.502 migrantes con PEP cotizan al Sistema de Seguridad Social Integral cuyos aportes quedan registrados en Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). Y entre esas personas se encuentra Jessica. Ahora bien, el panorama se complica cuando quienes no pueden afiliarse como independientes a una EPS sufren un accidente laboral que termina costeando el Sistema de Salud colombiano.

Christian Krüger, director de Migración Colombia hasta noviembre de 2019, defiende la política de flexibilización que asumió el gobierno nacional frente a la migración porque dice que la restricción incentivaría a los migrantes a pasar la frontera por la trocha y no reduciría en número de llegadas, como algunos piensan. Pero también es claro en decir que llegó el momento “de pasar de una fase humanitaria a una fase de incorporación de la vida productiva".

Desde 2015, la Ley 1751 reguló el derecho fundamental a la salud y en las disposiciones está que no es posible negar la atención médica aun cuando el paciente no tenga los medios para pagar por los servicios prestados. Bajo ese concepto, el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (Sire) reporta que en atención en urgencias a venezolanos el sistema ha tenido que asumir 341.051 casos, entre 2015 y lo corrido de 2019. Por eso, Krüger cree que si un migrante se incorpora laboralmente bajo las mismas condiciones que un nacional y aporta a la seguridad social es posible mitigar el impacto que afecta a este sector.

Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explica que aunque lo ideal sería lograr esa incorporación a la mayor brevedad, lo cierto es que en materia de empleo los venezolanos se enfrentan "a una ausencia de políticas activas de empleabilidad y a una tendencia de ofertas de trabajo informales”. Lo que conlleva a que tengan que aceptar esas opciones laborales por más que estén calificados para otras vacantes donde se cumplan los estándares legales del reconocimiento del trabajador.

Jessica es un claro ejemplo. Es madre de Nicolle y Antonella, dos pequeñas de 5 años que dependen económicamente de ella y por eso quedarse sin trabajar no es alternativa. Aunque no está de acuerdo con las condiciones laborales que le imponen, tuvo que someterse a trabajar en otro restaurante sin prestaciones legales después del accidente.

Su motivación son las niñas, pero cuenta que ha sido muy difícil tener que aceptar que no podrá volver a ejercer como chef porque no tiene sensibilidad en las falanges.

Siempre termina cortada o quemada cuando intenta cocinar. En su vida cotidiana ha tenido que adaptarse. “No podía amarrarme los zapatos, no podía ponerme una toalla sanitaria cuando me venía el periodo y no podía peinarme el cabello porque soy derecha”, dice, pero ahí va en el proceso.

A sus hijas todavía les cuesta comprender la magnitud de lo que pasó.“Nosotras queremos ver”, le decían cuando ella se negaba a mostrarles la mano. Y aunque han pasado algunos años le siguen preguntando: “¿mami por qué no te han crecido mucho los deditos?” y Jessica no sabe cómo explicarles que eso no pasará.

David Khoudour redactó la Estrategia de generación de ingresos para la población migrante solicitada por la Gerencia de Frontera con Venezuela de la Presidencia de la República. En el documento, el asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó que existen 45 obstáculos que frenan la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos y uno de los que más llama la atención es la brecha de género que existe en materia de acceso al mercado laboral.

Según los datos de la estrategia, las mujeres representan el 48,1% de los venezolanos con PEP (286.469), pero de este porcentaje solo el 30% tiene un empleo formal, respecto a los hombres que alcanzan un 70%. De ahí en adelante, la brecha se ve en todos los indicadores. “Las mujeres benefician proporcionalmente menos del Sena, certifican sus competencias menos, están menos registradas en el Rutec (Registro único de Trabajadores Extranjeros en Colombia”, comenta Khoudour.

Si bien no es la única causa, el cuidado de los hijos es el principal factor al que se le atribuye esta desventaja en términos de empleo. El experto explica que es necesario crear una red solidaria que le permita a la mujer asistir a una entrevista de trabajo, capacitarse y por qué no, aceptar una oferta laboral de tiempo completo.

Mas esto requiere tiempo; un periodo prudencial para sensibilizar al sector público- privado sobre la importancia de contratar mujeres y por eso una de las acciones que contempla la estrategia es crear incentivos para aquellas empresas que valoren el potencial femenino por encima de sus limitaciones sociales.

Katherine Hidalgo hace parte del grupo de mujeres que debe mediar su tiempo entre cuidar a su bebé y buscar una oferta de empleo. Vive en Medellín y tuvo al pequeño Damián en febrero de este año, pero antes de terminar su licencia de maternidad recibió un preaviso de finalización de contrato. Conducta que está prohibida por el código sustantivo de trabajo en el artículo 239.

A diferencia de los dos casos anteriores, esta mamá primeriza tenía un contrato a término fijo por tres meses como asesora comercial en una empresa de comida para perros. Ganaba 805 mil pesos mensuales más comisiones y la única irregularidad en su contratación fue que no la afiliaron a una EPS, según le dijo su jefe, porque tenía que pasar un periodo de prueba.

Aunque no estaba ejerciendo su profesión de abogada, Katherine cuenta que la empresa era un buen lugar para trabajar o por lo menos, lo fue hasta que informó que estaba embarazada, un mes después de ser contratada. “Cuando les dije ellos corrieron a hacerme la afiliación a la EPS, pero me querían poner una de las peores y yo les decía que tenía el derecho de elegir”.

Esa condición cambió por completo el ambiente laboral que ella conocía. Sus jefes le ponían problema para asistir a los controles prenatales y poco a poco iban cambiando las reglas de juego que habían establecido en la contratación. “Me sacan de la oficina y me quieren poner en el área de servicio de la empresa; a limpiar baños, donde se hace la comida para los perros. Yo me niego porque no podían desmejorarme las condiciones", dice.

Como otra opción, sus jefes le propusieron que saliera a repartir volantes a la calle porque supuestamente eso entraba entre las funciones de una asesora comercial. Ella pasaría de tener una oficina a repartir volantes en los semáforos con un pendón en la espalda, sin acceso a un baño, al cual iba mínimo diez veces por día para vomitar.

Ante la negativa de Katherine, la situación se volvió insostenible. Sus empleadores exigían la hora de finalización de cada control prenatal, contabilizaban el tiempo que ella tardaba en regresar a la oficina y cuestionaban las incapacidades médicas.

En una grabación queda registrado el momento en que uno de los jefes reniega por tener que ir a “perder el tiempo” al ministerio y en retaliación asigna una absurda función a Katherine.

— De ahora en adelante, mientras yo también voy al ministerio de Trabajo -ir a perderle tiempo a eso- Katherine se va a sentar en la parte exterior, aquí en la oficina, pero en una mesita, a contar perros; grandes y pequeños — le dice el hombre.

Después le aclara que no puede manipular ningún elemento de uso personal, “ni tu computador ni tu celular en horario laboral” y prosigue explicando la tarea que debe hacer.

— O sea que no puedo tocar computador, ni desempeñar las funciones laborales normales — le pregunta Katherine.
— Es un mercadeo. Simplemente yo necesito hacer un estudio de cuántos perros pasan por Colombia y estás dentro de la parte de la oficina — contesta.
— Ok — responde ella.
— Vas a estar en el balcón mirando cuántos perros pasan; grandes, pequeños y cuántos pasan de a dos y de a tres. ¿listo?

En otro de los audios la secretaría le advierte que los jefes están molestos porque ella abandona el balcón donde la pusieron a trabajar para ir al baño. Cuando Katherine le pregunta: “¿entonces no puedo ir al baño, tampoco?”, la mujer responde “le traigo una bolsa si quiere vomitar”.

Los últimos meses del embarazo fueron los más duros. Ella sufría de hipertensión y por eso su médico la incapacitó constantemente hasta dar a luz. Damián nació el 27 de febrero y Katherine recibió el preaviso de finalización de contrato dieciocho días antes de finalizar su licencia de maternidad. Cuando el Ministerio tomó el caso, Katherine ya había sido despedida y el proceso de la demanda contra la empresa estaba en manos del consultorio jurídico de la Universidad de Medellín. Todavía le deben a la nueva mamá la indemnización por el despido y el pago atrasado de una parte de sus cesantías.

Con la Estrategia de generación de ingresos para la población migrante el gobierno tiene pensado ayudar a mujeres como Katherine que necesitan convalidar su título universitario para poder trabajar en la profesión que estudiaron. Pero frente a esto, la Gerencia de Frontera se enfrenta a dos problemas: el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no reconoce el PEP como documento válido para realizar los trámites de convalidación y además, los migrantes no logran apostillar sus estudios porque es muy difícil establecer comunicación con las universidades venezolanas.

David Khoudour explica que el MEN demora ocho meses en convalidar un título y “aunque se han comprometido a bajar este promedio a tres meses, obviamente hay un tiempo de ajuste”. A eso hay que sumarle que el precio del trámite no garantiza la convalidación. Entonces si un venezolano tiene que pagar 607 mil pesos para validar su pregrado y se arriesga a perderlos, en muchos casos prefiere no hacerlo y buscar un empleo donde no le soliciten los soportes de estudio.Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario comenta que la crisis universitaria en Venezuela es muy grande y las entidades colombianas desconocen cómo funcionan las instituciones educativas en ese país. “Las universidades públicas nunca fueron chavistas y tienen una serie de controles y dinámicas que ha hecho muy difícil que se puedan regularizar los títulos", afirma.

Mientras eso se logra, cientos de venezolanos seguirán llegando al país en los próximos meses en busca de oportunidades de trabajo y las instituciones deberán responder con acciones para vincularlos formalmente, como debería ser con cualquier ciudadano del mundo, independiente de la tierra de donde venga.