Contratos bajo la lupa
Cerro Matoso tiene tres contratos de concesión con el estado colombiano para explotar las minas de ferroníquel en Córdoba. Si bien, hoy están en el centro de debate público, ante su posible prórroga, éstos han sido materia de análisis y cuestionamientos por parte de los organismos de control desde hace varios años.
El primer contrato, el 886, fue firmado el 30 de marzo de 1963, reajustado en 1970, y ampliado en 1996, para que la concesión tuviera vigencia hasta el 1 de octubre de 2012. En este, Cerro Matoso se comprometió a construir escuelas, un conjunto de vivienda para los empleados de la mina, una pista aérea, vías, y un hospital, entre otros. Los costos de estas obligaciones, sin embargo, no son descontables del pago de impuesto de regalías.
Lo que sí quedó pactado es que Cerro Matoso no tiene que pagar por la canga o el hierro, a pesar de que la Constitución dice expresamente que por cada mineral extraído, al país le corresponde una contraprestación económica. En la producción de ferroníquel, de hecho, se utiliza más hierro, (alrededor del 60 por ciento) que níquel. También se acordó que la compañía pagaría las regalías del níquel al 8 por ciento. A pesar de que la Ley 141 de 1994 estableció precios fijos de regalías por cada mineral, sin importar quién tiene la concesión, y que el níquel quedó tasado en 12 por ciento, sólo a partir de 2007 la compañía empezó a pagar regalías con esa tarifa.
Un segundo contrato, el 1727, fue firmado el 10 de febrero de 1971 y tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2012. El ministerio de Minas autorizó en julio de 1979 que las áreas contempladas en este contrato, y las del primero de 1963, se explotaran de manera conjunta en una misma operación. De esta manera la compañía podía procesar los minerales en una única planta de producción.
Finalmente, el 13 de noviembre de 1996, Cerro Matoso firmó con el gobierno colombiano un tercer contrato, el 051-56M. Este es el que está bajo la lupa actualmente por organismos de control y analistas expertos en minería porque estipula que cuando se venza el plazo de los otros dos contratos de concesión, este mes de septiembre, esas áreas pasarán automáticamente a integrarse a este nuevo contrato. Así, la compañía las podría seguir explotando hasta el 2029.
La Contraloría y varios auditores externos, como la firma BDO Audit y el actual procurador, Alejandro Ordóñez, concluyeron que la prórroga de las concesiones a través de la fórmula que pactó la compañía con el gobierno en 1996 resultaría inconveniente para la nación. Un informe de la Contraloría lo resume así: “Se pactan situaciones al margen del tema propio del contrato 051-56M, como son el mineral a explotar, el área del contrato, su duración y demás particularidades, y se incluyen inexplicablemente condiciones que afectan los contratos 866 y 1727 al momento de culminar su etapa de explotación y en caso dado de prórroga, las cuales no son de la órbita de competencia”.
Además advierten estos auditores que no se puede prorrogar una concesión automáticamente solo porque quede pactado así en otro contrato, pues la autoridad minera debe vigilar que quien tiene la concesión esté al día con todas sus obligaciones, incluyendo no sólo el pago de impuestos y regalías, sino también sus compromisos sociales y ambientales.
La Contraloría encontró que había un desfase en los pagos de regalías por parte de Cerro Matoso en los últimos años y en 2011 la empresa fue obligada a pagarle al Estado colombiano la deuda de 35.000 millones de pesos. Más recientemente, el economista y experto en minería, Guillermo Rudas, publicó un informe en el que advierte posiblemente “un serio indicio de una sobrevaloración de costos” en 2004 y 2006 lo que representaría regalías no pagadas equivalentes a 110.000 millones de pesos. Rudas también se pregunta en su informe por qué no coinciden los valores de producción total que la compañía ha reportado ante la DIAN y ante la Superintendencia de Sociedades. Las diferencias no son menores, alcanzan una relación de uno a tres.
Adicionalmente, en el contrato quedó pactado que los bienes de la mina (instalaciones, equipos, entre otros) serían entregados de vuelta al Estado cuando se venciera el tiempo de concesión en 2012, pero que para continuar la operación si obtenían una nueva prórroga, le pagarían un arriendo al Estado por ellos a una tasa de 1,25 sobre la ganancia semestral. Según consta en un acta del Consejo Directivo de Ingeominas, fechada el 28 de marzo de 2008, al analizar la posible prórroga con Cerro Matoso y el nuevo esquema de arriendo por los bienes al estado, “se estarían vulnerando expectativas económicas del Estado a partir de ese año (2012) por un valor aproximado de 9 millones de dólares semestrales, por lo cual no resulta conveniente conceder la prórroga solicitada”. La Contraloría emitió al respecto una función de advertencia a Ingeominas sobre este tema en agosto de 2010.
Finalmente, en esa misma acta del Consejo directivo de Ingeominas, se advierte que según el plan de vida de la mina, hay reservas de níquel solo hasta el 2020. “Parece existir contradicción frente al tiempo de la prórroga solicitada por Cerro Matoso, dado que no es consistente el tiempo de vida útil del yacimiento y el tiempo de la prórroga”.
Todas las dudas sobre la forma como el gobierno colombiano ha negociado estos contratos y sus prórrogas con la empresa han sido objeto de discusión y crítica en los últimos días por parte de congresistas como Jorge Enrique Robledo, del partido de oposición, Polo Democrático Alternativo, pero también de conservadores de la coalición de gobierno como David Barguil, que han citado a un debate de control político. Académicos y analistas como Álvaro Pardo, también han solicitado claridad al gobierno sobre el proceso de negociación de la ampliación de los contratos con Cerro Matoso. Finalmente, la contralora Sandra Morelli, emitió una nueva función de advertencia, la tercera sobre los contratos de Cerro Matoso desde 2008, sobre las implicaciones que tiene para el país esta negociación.