Montelíbano, acosado por la corrupción

El municipio en donde está Cerro Matoso tiene embargadas las calles, el Palacio Municipal, las canchas y por poco le rematan uno de sus colegios.

En los últimos siete años este municipio debió recibir 243.500 millones de pesos por concepto de regalías, pero como los alcaldes los destinaban a gastos de funcionamiento, el gobierno nacional congeló el giro de 109.894 millones a partir de 2008. Desde entonces, la situación financiera de Montelíbano ha desmejorado tanto, que hoy es el municipio 26 de Córdoba (son 30), y el 965 de Colombia por desempeño fiscal.

 

Y para muchos es inconcebible que un pueblo tan rico esté pasando penurias. Es tal la riqueza del suelo en esta región del San Jorge, que en pleno verano de los meses de marzo y abril, a pesar de la sequía y las incipientes lluvias, los potreros de las fincas cercanas a Montelíbano, que están a lado y lado de la carretera Troncal de Occidente, están intensamente verdes. Este municipio de 85.000 habitantes –19.700 de ellos en situación de desplazamiento–, es una de las puertas de entrada al Parque Nacional Natural del Nudo de Paramillo, y a 22 kilómetros de la cabecera municipal está Cerro Matoso, la segunda empresa productora de níquel a nivel mundial, fuente de las regalías que reciben Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador, Ayapel, La Apartada y Planeta Rica.

 

¿Por qué ocurrió esto en un pueblo rodeado de minas y de tierras fértiles a orillas del río San Jorge?

 

Hace 30 años, cuando comenzó la operación minera de Cerro Matoso, el municipio tenía 12.000 habitantes, hoy supera los 85.000. En la urbanización Villa Clementina, concebida para albergar a los miles de desplazados que llegaron huyendo de la violencia en la zona rural, inicialmente eran 1.520 lotes con actas de localización, pero terminó teniendo el doble de habitantes, pues en las zonas verdes, calles y parques se acomodaron otros 1.200 lotes gracias a acuerdos electorales como moneda de cambio: votos por lotes.

 

La urbanización debe su nombre a Clementina Restrepo, la madre de Moisés Náder Restrepo, un político local que ha sido cinco veces alcalde, dos por nombramiento y tres por elección popular. Náder, siendo alcalde, compró hace algunos años un lote de 48 hectáreas con recursos del municipio para construir la urbanización ante la avalancha de desplazados. Pero solo destinó la mitad para autoconstrucción y la otra mitad está en manos de un particular que se llama Hogar de Paso. Debiera estar en manos del municipio, dicen funcionarios locales.

 

Las viviendas de esta urbanización son unos ranchos construidos con materiales de desecho: madera de segunda, latones, piso de barro y techo de palma, mezclado en algunos casos con hojas de Eternit y láminas de cinc. Y para que no se llueva adentro, cubren las partes más vulnerables con un plástico negro. Para rematar, no tienen servicios y gran parte de la urbanización es atravesada por torres de alta tensión. Centenares de familias viven bajo un enorme campo magnético. Náder aspiró una vez más en octubre pasado y prometió mejorar las viviendas a cambio de que votaran por él, pero fue derrotado por Gabriel Calle Demoya, un empresario que había sido derrotado en dos ocasiones anteriores, gracias al poder de Náder, que no escatimaba recursos del presupuesto para hacerse elegir. Ha sido tan reprochada la conducta de Náder, que al hotel familiar conocido como Monare (Moisés Náder Restrepo), le dicen ‘Hotel Regalías’.

 

Fue tal la utilización de recursos de las regalías para campañas electorales, que en el año 2007 llegó a haber 2.700 supernumerarios. Por esta contratación el exalcalde Náder Restrepo fue inhabilitado por 12 años, pero pagó la sanción y la Procuraduría le levantó la inhabilidad. En las escuelas un maestro llegó a tener tres asistentes para que le borraran el tablero bajo el cargo de vigilantes, aseadoras y auxiliares. Esos 2.700 exempleados hoy tienen demandado al municipio, porque como se habían contratado sin disponibilidad presupuestal y sin el lleno de los requisitos, se suspendieron los pagos, pero terminaron legalizando la contratación con tutelas y fallos judiciales que no fueron apelados.

 

Políticamente el municipio tocó fondo en el anterior periodo, cuando llego a haber seis alcaldes. Entre el titular, suspendido por meses y finalmente destituido por la adquisición irregular de 25.000 kits escolares, hubo otros cinco encargados, uno de ellos por dos días. El último duró un mes y los encargados no eran de Montelíbano, lo que terminó creando mucho malestar en la población.

 

Como si fuera poco, Montelíbano está en zona roja. Los seis municipios de la subregión del San Jorge –Ayapel, Planeta Rica, Puerto Libertador, San José de Uré y La Apartada– han vivido en guerra durante los últimos 30 años. Inicialmente bajo la presencia y violencia guerrillera del EPL y las Farc, y desde finales de los años ochenta con el ingreso de los grupos de autodefensa bajo el liderazgo de los hermanos Castaño, hasta la consolidación del paramilitarismo y su desmovilización en 2005.

 

Pero los grupos armados no se van de la zona, ahora tienen presencia miembros de varias bandas armadas ilegales, dedicados a la minería ilegal, captura de rentas locales, extorsión, tráfico de combustibles, de insumo para la producción de drogas y transporte de la misma hasta los puertos. Las bandas son aliadas a su vez de los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, que se encuentran dentro del Parque Paramillo y son los dueños de los cultivos de coca.

 

Elefantes blancos

El municipio tiene problemas con varios de los servicios públicos. Los más graves, según el alcalde Calle, son el alumbrado público, las basuras y el saneamiento básico. El alumbrado público y las basuras están concesionados. Gran parte de las calles permanecen a oscuras y las basuras se acumulan porque la empresa solo tiene tres camiones y como no hay relleno sanitario deben ir hasta Caucasia o Montería.

 

En cuanto al saneamiento básico, el municipio suscribió un convenio con la CVS para construir unas lagunas de oxidación, las cuales se construyeron pero la obra no ha funcionado porque el municipio contrató la construcción de estaciones de bombeo de las aguas servidas y la instalación de la tubería de conducción hasta las lagunas de oxidación, pero desembolsaron los anticipos al contratista y no entregó la obra. Faltaron 278 metros de tubería.

 

Otras dos obras se encuentran en la categoría de elefantes blancos: el matadero municipal, que una vez terminado no se pudo poner a funcionar y hoy está ocupado por cuatro familias desplazadas, y la Central de Abastos, construida con un crédito bancario, el municipio desembolsó el 73 por ciento pero solo se construyó el 50 por ciento de la obra. En esas tres obras inconclusas pueden estar comprometidos más de 20.000 millones de pesos a precios actuales.

 

Gabriel Calle dice que encontró el municipio en un desorden total: varias cuentas embargadas, las regalías congeladas y totalmente concesionado. Lo más grave fue los embargos que encontró del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la CVS, la Dian, el Sena, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y hasta la Diócesis. El ICBF tenía embargado el Palacio Municipal, las calles, el comando de Policía y estaban a punto de rematar un colegio. Pero Calle logró frenar y acordar con estas instituciones formas de pago.

 

Por qué tienen embargado al municipio: la CVS porque el municipio recauda la sobretasa ambiental y no se la entrega; el Sena y el ICBF por el no pago de los parafiscales, el Agustín Codazzi por un contrato de actualización catastral y la Diócesis porque el municipio cobra la estampilla proancianato y no le consignaban los recursos recaudados.

 

Hoy la mayoría de las cuentas están desembargadas y esta administración logró, tras cuatro meses de conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, que el municipio fuera admitido para promover un acuerdo de reestructuración de pasivos, pues las deudas del municipio podrían estar superando los 90.000 millones de pesos. “Habrá que depurarlas”, dice el alcalde Calle.