Los dueños de la tierra

La concentración de la tierra tiene una explicación histórica: Después de la independencia se asignaron extensiones como reconocimiento a quienes participaron en la guerra. No obstante, al finalizar el siglo XIX había grandes baldíos sin asignar. A partir de los años veinte del siglo pasado arreciaron los conflictos por las tierras con expulsión de colonos y disputas violentas. Luego, en 1936, el presidente Alfonso López Pumarejo le puso fin a la gran hacienda y se sentaron las bases de un ‘régimen de tierras’ que se concentró en los baldíos de la Nación y que no llegó a ser una reforma agraria. Después de 25 años y con una guerra civil de por medio, Carlos Lleras le apostó a redistribuir la tierra en los años sesenta. Pero apenas se logró la titulación de baldíos y ampliar la frontera agrícola con el auge colonizador en zonas donde no había Estado y que se convirtieron en el escenario de la guerra insurgente contemporánea. De 1961 a 2010 se titularon 23 millones de hectáreas, de las cuales el 92 por ciento fueron baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos 20 años 6,6 millones dehectáreas les fueron despojadas a campesinos y por lo menos tres millones al Estado. Ningún gobierno ha logrado democratizar la propiedad de la tierra porque el poder político está íntimamente ligado a las rentas que esta genera. Según investigaciones del Cede de la Universidad de los Andes, la concentración está asociada a la mayor persistencia política.

No hay información

Todo mercado requiere para funcionar bien de información confiable, pero en el sector rural sencillamente no hay información ni de precios, ni sobre cómo funciona el mercado, ni sobre la producción, ni sobre el clima. Muchos productores toman decisiones literalmente con los ojos cerrados. A eso se suma que el Estado no tiene información confiable para diseñar políticas.El último censo rural se hizo en 1970 y el próximo se ha programado para 2014, año a partir del cual se podrá saber más claramente en qué está el país rural. Ni siquiera el propio Estado sabe cuántos baldíos tiene ni dónde están ubicados, por lo que le quedará muy difícil titular tierras o cerrar la frontera agrícola. La Superintendencia de Notariado y Registro está intentando llegar a una cifra aproximada de las tierras que le han sido robadas al Estado caso por caso. Hasta ahora se ha podido establecer que en Urabá por lo menos 4.600 hectáreas de baldíos fueron robadas con el método de ‘correr la cerca’ y solo en San Martín, Meta, la cifra llega a 180.000 en una primera revisión. Al país le tomará mucho tiempo hacerse a un mapa completo de lo que ha ocurrido durante estos 40 años en el campo, porque estamos lejos de saber quién es dueño de qué en materia de tierras.

El vicio de subsidiar a los ricos

Entre 2007 y 2009 el gobierno instauró el programa Agro Ingreso Seguro con 1.435.408 millones de pesos, que equivalen al 60 por ciento del ingreso anual del Ministerio. Se trataba de corregir las distorsiones del mercado en un contexto en el que muchos países subsidian a los productores. Estaba orientado a la competitividad y más de la mitad de los recursos se fueron a programas de riego, pero una evaluación hecha por el Departamento Nacional de Planeación muestra que mientras los grandes finqueros aumentaron su productividad, incluso duplicaron sus ingresos netos, los pequeños la perdieron. El programa tenía problemas en su enfoque original: subsidiar a los empresarios, en lugar de generar bienes públicos de beneficio colectivo. Y un segundo problema fue subsidiar cultivos en los que Colombia no tiene una ventaja competitiva. Según el experto Santiago Perry, los subsidios fueron válidos cuando los precios de los alimentos estaban deprimidos, pero es absurdo mantenerlos cuando están disparados como ocurre actualmente.

Y del predial , poco

El impuesto predial en Colombia es municipal y su recaudo da grima. Según el economista Salomón Kalmanovitz, en 2005 el impuesto por hectárea en Cundinamarca era de 1.067 pesos por hectárea, en Caldas de 472 pesos y en la costa Atlántica oscilaba entre 80 y 250 pesos. Los concejos tasan el cobro del predial y, aunque la ley autoriza un rango entre 1 y 16 por mil, en la costa, por ejemplo, no pasa del 3 por mil.

La estructura especulativa y rentista se sustenta en avalúos catastrales muy bajos y  precios comerciales altos, lo que ha inmovilizado el mercado de tierras y les ha dado un golpe bajo a los municipios, y por ende a la inversión social y de bienes comunes.

La actualización catastral y la amenaza de expropiación de tierras improductivas han hecho que se mejore un poco, pero no mucho, en el recaudo. Sectores modernizantes proponen que se equipare el avalúo catastral con el precio comercial de los predios y, ello incentivaría la productividad, la venta a precios reales de la tierra o la expropiación. No obstante, al preguntarle a un alcalde si eso en su municipio sería posible, respondió: “Aquí correría sangre”.

El crédito no llega a los más pobres

A diciembre de 2011 Finagro tenía una cartera de 9,4 billones de pesos de los cuales el 27 por ciento estaba en manos de pequeños campesinos (cuyos activos no superan los 82 millones); el 37 por ciento en manos de medianos (activos hasta 2.833 millones) y el 36 por ciento en manos de grandes inversionistas, cuyos activos superan los 2.500 millones. Aunque el director de Finagro, Luis Eduardo Gómez, asegura que la prioridad de la entidad es atender a los pequeños campesinos, en la práctica ocurre lo contrario. La informalidad de la tierra, la deficiencia de información, la falta de redes bancarias en las zonas rurales y la falta de enfoques técnicos son mayores entre los propietarios pequeños y eso los excluye del crédito. En cambio, los grandes inversionistas, incluso los extranjeros, pueden acceder a los proyectos de Finagro, cuyo sistema de subsidio a las tasas de interés refuerza la desigualdad.

Sin títulos y sin registros

De todo el catastro nacional apenas el 20 por ciento corresponde a los predios rurales. La informalidad en el mundo rural es la regla, como consecuencia de la colonización desordenada. Muchos campesinos son poseedores pero carecen de títulos o tienen títulos sin el debido registro. Por ello, ante una realidad de violencia y despojo, el problema es un nudo gordiano por resolver. Se han hecho esfuerzos para actualizar el catastro y, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el 44 por ciento de los municipios lo han hecho, pero ello no es suficiente porque hay una informalidad calculada del 18 por ciento de las tierras. En el Igac hay registrados en el Catastro 14 millones de predios de los cuales el 26 por ciento son rurales. El avalúo total de estos predios es de 600 billones de pesos y solo un 14 por ciento de estos recursos provienen del campo. Uno de los problemas es que la actualización catastral es un monopolio del Igac y los municipios más pobres casi nunca pueden pagarlo.

Instituciones de papel

En el pasado existió una institucionalidad que le servía al país dentro de un modelo de sustitución de importaciones. Con la apertura económica, a principios de los años noventa, gran parte de esa institucionalidad, como el DRI, desapareció y no fue reemplazada por otra que corrigiera distorsiones del mercado. La debilidad institucional llegó a su clímax con la creación del Incoder, que para muchos expertos es un Frankenstein, pues resultó de la suma de varias instituciones especializadas. El Incoder ha estado en el centro de la controversia nacional por casos de corrupción, por el manejo clientelista de su nómina, especialmente en las regiones, y la infiltración paramilitar. Igual suerte han corrido entidades como Finagro en la que más de 20 funcionarios son investigados por entregar recursos de manera irregular, algunos de los cuales terminaron beneficiando a narcotraficantes. Las notarías en muchas regiones se prestaron para legalizar el despojo de tierras y, para completar el panorama, basta con decir que la cúpula del Ministerio de Agricultura del anterior gobierno está en la cárcel. Por eso expertos como Absalón Machado dicen que “hoy se necesita más Estado para que haya más mercado” y las instituciones son el principio de ello.