A pesar de los avances que ha conseguido el país en  autonomía regional, hay una buena cantidad de elementos que se deberían modificar para que la descentralización en los próximos 20 años ayude a hacer un país más próspero. Los expertos tienen una buena colección de propuestas en ese sentido.

 

Una de las propuestas más interesantes para la nueva fase de descentralización en Colombia es la de tratar a municipios distintos con criterios diferentes. Para el experto Héctor Riveros, no tiene mucho sentido que el gobierno nacional concentre recursos en la provisión de servicios públicos en ciudades grandes, donde las secretarías municipales tienen quizás una mayor capacidad de atención y presupuestos mayores. En cambio el apoyo del gobierno central es muy importante en lugares pequeños con menor capacidad institucional. Un esquema así ayudaría a focalizar la acción del Estado en los municipios más débiles y evitaría duplicaciones innecesarias de esfuerzos en los que entidades de la Nación y locales actúan sin coordinación en un mismo problema en un mismo lugar.

 

También se podrían usar los privilegios económicos como las zonas francas de manera diferente favoreciendo lugares donde hay impedimentos a la actividad económica. “No debería ser igual una zona franca en Mosquera que en Buenaventura o en el Putumayo”, dice el exdirector de Planeación Nacional, Esteban Piedrahita.

 

Pero quizás la propuesta más radical se ha venido fraguando en la firma de asesores financieros Metis Valor. Se trata de reducir el número de instancias de representación local. Dependiendo del lugar donde viva, un ciudadano está representado políticamente por su edil, su concejal, su diputado, su representante y su senador. “Todas estas instancias encarecen la ejecución del gobierno local. Son más peajes que controles”, afirma con una franqueza refrescante Diego Zárrate, socio de la firma. “Los acuerdos de gobernabilidad casi siempre se consiguen a cambio de un porcentaje del presupuesto”, dice. La conclusión natural entonces, es la de eliminar instancias de representación. “Entre menos haya es más barato”, señala Juan Fernando Posada, socio de Metis. “La corrupción no es necesariamente el problema de la descentralización. Es la cantidad de ‘peajes’ que se le ponen a las decisiones”, añade.

 

La razón detrás de su propuesta está también en que los modelos exitosos de manejo local son los ejecutores, los que hacen, como los de Peñalosa, Char o los de los alcaldes antioqueños. Los consejos y asambleas no hacen mucho más que acordar los presupuestos con los mandatarios locales, explican. Por ello, una nueva regulación para la descentralización debería construir sistemas eficientes de ejecución. No perder la función de vigilancia, pero tampoco exagerar en el número de vigilantes.

 

Un municipio de categoría 6 (los más pequeños) tiene un presupuesto de $5.000 millones anuales. El 99% de ese dinero llega por transferencias de la nación y se gasta en actividades definidas por ley. “Quedan libres $100 millones. Para qué tener un concejo para decidir qué hacer con $100 millones”, opina Zárrate.

 

Más novedades

Otra propuesta importante es la de premiar o castigar la gestión municipal. Que las acciones   tengan consecuencias. “¿Qué hacemos con los municipios que son persistentemente malos?”, se pregunta el investigador de Fedesarrollo, Juan Gonzalo Zapata. Propone que se les quite el rango de municipios a los peor administrados. Considera además que el esquema de transferencias de los ingresos nacionales a los entes territoriales – el Sistema General de Participaciones (SGP) como se le conoce - está mal diseñado porque debería tener algún tipo de condicionamiento para que se usen mejor.

 

En la misma línea, Piedrahita considera que los dineros que se entreguen por regalías o transferencias deben tener un incentivo para hacer las cosas bien. Le gustaría ver algo parecido a un sistema de presupuesto por resultados en la que la tarea del gobierno nacional sería la de acompañar a las regiones más pobres para que sean eficientes en la ejecución y a las de mejor desempeño para que puedan invertir más.

 

Sobre el tema de las transferencias, Héctor Riveros propone modificar el SGP para que cuando se consiga la cobertura plena en salud, educación y saneamiento básico, los dineros transferidos a los municipios se puedan usar en mejorar la calidad de esos servicios públicos.

 

Partes del nuevo esquema

Un nuevo esquema de descentralización debería tener mecanismos que les quiten presión política a los municipios pequeños que son fácilmente capturados por organizaciones ilegales, políticos tradicionales o por grupos de interés de particulares. Por ejemplo, Salomón Kalmanovitz destaca cómo el gobierno nacional diseñó un mecanismo el año pasado para aumentar la tarifa mínima obligatoria para el predial en todos los municipios del 3 al 5 por mil. Difícilmente se hubiera conseguido que los concejales de una población colombiana pequeña aprobaran aumentos en el impuesto predial porque afectaría sus propias fincas. Acciones desde el gobierno central parecen entonces la única vía para que algunas normas fiscales se apliquen en los municipios sin la intervención negativa de los grupos captores.

 

Una nueva orientación debería además ponerles un norte claro a los planes de saneamiento básico, de agua y alcantarillado. Los modelos previstos hasta ahora han fracasado, dice Juan Gonzalo Zapata. Los planes municipales que se diseñaron originalmente fueron reemplazados por otros departamentales y después por otros más en los que grupos de municipios de una sola cuenca hídrica debían trabajar juntos. Ninguno de ellos funcionó, señala el investigador y por eso hay en este momento casi 4 billones en las arcas públicas guardados esperando a ser usados en estos programas.

 

Héctor Riveros sugiere llevar a las regiones algunas entidades que hoy están en Bogotá. Por ejemplo, la Dirección General Marítima, Dimar, podría estar mejor en Cartagena o Barranquilla, que en Bogotá. Moverlas ayudaría paulatinamente a trasladar el poder a las regiones, en los temas que naturalmente les incumben. Por supuesto se trasladarían solo si se gana en eficiencia en la gestión pública.

 

Frente al desarrollo agrario, el incremento en el impuesto predial le pondría disciplina al uso de predios mal explotados. Pero además, el economista Juan José Perfetti propone que se cambie el énfasis de la acción de los gobiernos nacional y locales para privilegiar la inversión en bienes públicos, como vías, o asistencia técnica y que se ajuste la institucionalidad rural de tal forma que se fortalezca la coordinación de políticas y se le dé mayor protagonismo a los actores regionales.

 

Finalmente para Salomón Kalmanovitz, el modelo descentralizador debe facilitar la rotación de las fuerzas políticas en las localidades. “La rotación ha salvado al proceso de la corrupción. Fue el caso de Barranquilla donde hubo una fuerte reacción ciudadana”, opina. En una recomendación importante porque de hecho la elección popular de alcaldes y gobernadores ya cambió el mapa político del país. “Ahora no todos son liberales y conservadores. Aparecieron muchos movimientos independientes e iglesias”, ilustra Jaime Castro.

 

Regalías

Las regalías van a ser otro elemento crucial para los próximos dos decenios de descentralización. Su monto, cercano a los 85 billones para los siguientes ocho años, podría promover el desarrollo de las regiones si se usa bien. En julio se aprobaron los primeros 76 proyectos financiados con el Sistema General de Regalías para el departamento del Meta.

 

El nuevo esquema podría reducir la divergencia regional. Hará que las regiones más pobres del país, que son las del anillo de departamentos que tienen frontera con los países vecinos, reciban una mayor participación que las regiones más ricas del centro. Pero además, la redacción final de la Ley de Regalías previó que los municipios y los departamentos tengan más juego en la decisión de los proyectos que se presenten para ser financiados con estos fondos. Así se lo señaló a Semana el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Con el SGR participarán de la bonanza minero energética más colombianos. Antes, el 80% de esos dineros los recibían regiones que tenían apenas el 17% de la población del país.

 

Esta colección de propuestas podría guiar los próximos veinte años de descentralización colombiana, para mejorar lo malo y preservar lo bueno de un proceso que ha probado ser uno de los más serios, más profundo y más sostenibles de América Latina.

Pensiones locales: muy ricos, muy tacaños

Aunque parezca imposible, las regiones tienen un ahorro de 33 billones completamente congelado. En opinión del investigador de Fedesarrollo, Juan Gonzalo Zapata, una porción de ese monto se podría usar para proyectos de desarrollo local altamente rentables. Se trata del Fonpet, un fondo creado hace casi veinte años para resolver el problema de los faltantes en las pensiones de departamentos y municipios. Se alimenta con un porcentaje de las transferencias del Sistema General de Participaciones y es administrado por la Nación. Si se descongelara una parte de esos recursos para inversión regional, se aceleraría la generación de empleo y de ingresos que son a la vez fuente de financiación de las pensiones en el largo plazo. Los 33 billones son casi una cuarta

parte de saldo de los fondos de pensiones y cesantías, que son los mayores inversionistas institucionales del país. Otro debate abierto.