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De izquierda a derecha: Pompilio Manrique, Lizardo Murillo, Óscar Galindo, Sandra Castro Zapata, María Rojas, Daniel Parrado, Álvaro Parra y Walter Castro Morales, víctimas de las minas antipersonales en Vistahermosa, Meta.  (Foto: Daniell Pineda/SEMANA)

MINAS ANTIPERSONALES

El pueblo más minado de la tierra

Los habitantes de Vistahermosa nunca olvidarán el 22 de abril de 2010. Ese día, dos minas estallaron en la ‘ye’ del camino que conduce a las veredas de Guadualito y Caño Veinte, a una hora escasa del casco urbano.

 

Hay un día que los habitantes de Vistahermosa, Meta, nunca olvidarán.

 

El 22 de abril de 2010, dos minas estallaron en la ‘ye’ del camino que conduce a las veredas de Guadualito y Caño Veinte, a una hora escasa del casco urbano. Setenta y seis personas estaban congregadas esperando unos mercados que les daría el gobierno. Juan David Silva, de 11 años, jugaba junto a una casa derruida y un bambú tupido al lado de la vía, cuando explotó la primera, que lo mató en el acto. Un soldado, que llegó con una patrulla poco después, pisó la segunda mina y cayó herido de muerte. Muchos de los presentes recibieron esquirlas o quedaron conmocionados por los estallidos.

 

Vistahermosa está acostumbrado a las minas. Es el segundo municipio más minado de Colombia, después de Tame, y, comparativamente, por las 302 víctimas que han sufrido desde 1990 sus 21.000 habitantes y la intensidad del minado que hacen las Farc en la zona rural, es el pueblo más minado de la Tierra. “Hace unos meses el Pelotón de Desminado, adscrito al Ejército Nacional, renunció a sus faenas, tras alegar que más se demoraba en limpiar un campo que este en sembrarse de nuevo’, dice Olga Palomino, coordinadora en el Meta de la Campaña Colombiana contra la Minas (Cccm).

 

El solo trayecto desde el pueblo hasta Guadualito y Caño Veinte es revelador. Los pasajeros señalan puentes, cruces de camino y casas abandonadas que recuerdan un bombazo, una masacre, un desplazamiento masivo. Pero lo que más ha agobiado a sus habitantes son las minas.

 

Sin embargo, estas estallan en la soledad del campo, afectando a individuos, y nunca, como ese día de abril, en un acto convocado por el gobierno, con tanta gente reunida.

Varios de los afectados, reunidos en la escuela rural de Guadualito, coronada por una bandera blanca, le contaron a SEMANA, a comienzos de 2013, la desdicha que siguió a las explosiones de ese día.

 

​La mayoría de la gente que pisa una mina sobrevive y debe enfrentar la hemorragia en el punto de la explosión

 

Muchos acudieron al hospital del pueblo. “Ese día el hospital nos cerró las puertas en la cara porque no estábamos heridos de muerte”, cuenta Enrique Castaño, presidente de la junta de acción comunal. “Meses después, algunos comenzaron a perder visión, sufrir calambres y supurar por los oídos, producto de la onda explosiva y las esquirlas. En ese momento exigimos que se aceptara nuestra condición de víctimas para acceder a la atención médica y tener un diagnóstico, pero no ha habido respuesta”, agrega Hermelinda Buitrago, líder de la comunidad.

 

La Alcaldía y la Personería certificaron que las 76 personas habían sido afectadas de una u otra manera, pero los campesinos se quejan de que la Unidad de Víctimas solo ha inscrito a 18 en su registro. El alcalde de Vistahermosa, Alexánder Zárate, reconoce que, además de los afectados, otras personas habrían pretendido ser reconocidas como víctimas. Pero quienes estuvieron ese día en la ‘ye’ insisten en sus demandas de atención médica y critican las brigadas que se han enviado como paliativos para calmar los ánimos.

 

La atención médica es crítica no solo para sobrevivir al accidente sino, sobre todo, para vivir con sus secuelas. La mayoría de la gente que pisa una mina sobrevive y debe enfrentar la hemorragia en el punto de la explosión, el traslado a la cabecera municipal y a un hospital y, en muchos casos, la amputación de sus extremidades. Las complicaciones causadas por la onda explosiva y las esquirlas son otro calvario.

 

“Generalmente la gente regresa a su pueblo o vereda después de la cirugía. La rehabilitación física requiere tiempo y dinero. Los traslados, la alimentación, las drogas no son subsidiados por el gobierno. Como en el departamento no hay un centro de rehabilitación, es necesario transportarse a Bogotá y muy pocos tienen los medios para hacer este viaje”, explica Olga Palomino.

 

Así, la recuperación, con frecuencia, se dilata o no tiene lugar. El tratamiento psicológico, esencial para adaptarse a la nueva vida, ni siquiera está contemplado entre las posibilidades. Las prótesis las entrega el Comité Internacional de la Cruz Roja y su vida útil es precaria.

 

“El problema de las víctimas de minas es la invisibilidad de sus tragedias. Se trata de una pequeña porción, disgregada, difícil de asociar, que no tiene la resonancia ni recibe la asistencia que sí tienen otras”, resume Luz Estela Navas, directora de Atención a Víctimas de la Cccm.

 

“Si uno no es desplazado en este país, no es víctima”, dijeron varios de los campesinos en la escuela rural de Guadualito.