LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO

El nudo gordiano

El tema de la plata para las víctimas no está resuelto. El gobierno no sabe cuánto puede costar la ley y como está planteada sería impagable. La única solución puede ser una nueva estrategia.

 

La pelea para aprobar la Ley de Víctimas fue titánica. Y tal vez el punto que provocó más polémica fue el costo que implicaba para el Estado. Desde el gobierno anterior, el entonces presidente Álvaro Uribe insistía en que no se podía aprobar como estaba planteada, porque costaba entre “82 y 85 billones de pesos”. Cuando le tocó el turno al gobierno de Juan Manuel Santos, su ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, hizo llegar una carta al Senado en la que advertía que era imposible hacer un cálculo exacto del costo y rogaba hacerle ajustes para evitar que se abrieran cráteres irreparables al erario público. Sin embargo, desde la Casa de Nariño, se cerró la polémica y se dio vía libre para que se hiciera realidad. Ahora, cuando se van a completar dos años de su aprobación, ¿qué ha sucedido en lo que a la plata se refiere?

 

El propio gobierno todavía no sabe cuánto va a costar. El único dato que hoy se maneja es de 54,9 billones de pesos para los diez años. Pero es tan solo una cifra preliminar a la que llegaron los expertos de Planeación en un documento Conpes del año pasado, que se irá ajustando en la medida en que aparezcan más víctimas. Ese monto, además, ha sido cuestionado por la Comisión de Seguimiento a la ley, porque un buen porcentaje corresponde a dineros que, con víctimas o sin ellas, ya estaban previstos en el presupuesto del Estado.

 

Más allá de cuál es la cifra que costará reparar la deuda con las víctimas, la aplicación de la ley ha dejado en evidencia tres grandes problemas en lo que a la plata se refiere.

 

Mucha plata

El primero, y el más importante, es que los que estaban preocupados por el costo tienen algo de razón: si se llegara al punto de tener que pagar reparación en dinero a las víctimas de desplazamiento, el Estado no tendría cómo hacerlo. Y eso lo reconoce la propia Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas.

 

¿Por qué? Hoy las víctimas van en 5,5 millones. De esos,4,7millones son desplazados y cerca de 800.000 han sufrido torturas, lesiones, violencia sexual y el asesinato o el secuestro de un familiar. A esas 800.000 ya se les ha empezado a pagar la indemnización en plata contante y sonante (un máximo de 23 millones de pesos por grupo familiar). El pago de los desplazados no está resuelto.

 

Gaviria dice que “la ley no fue muy clara en la definición de cómo iban a reparar a los desplazados”. Se refiere a una parte del artículo 132 de la Ley de Víctimas que dice que la indemnización para los desplazados se entregará “en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos (…) adjudicación de tierras o de baldíos y subsidios de vivienda, entre otros”. A pesar de la supuesta falta de claridad, ya hay jueces que comenzaron a interpretarla diciendo que hay que pagarles en plata a los desplazados “hasta 17 salarios mínimos legales vigentes” (como dice también la ley), unos 10 millones de pesos de hoy.

Si llega a hacer carrera esa interpretación, el costo de la ley podría aumentar en al menos 10 billones de pesos.

 

La situación es que ya se creó una expectativa entre los desplazados de que van a recibir dinero. Consciente de la bola de nieve en que eso se puede convertir, Paula Gaviria creó una estrategia integral de reparación para desplazados. Eso quiere decir que se trata de brindarles a las víctimas del destierro una atención completa, hasta lograr que sientan que han logrado recuperar una vida normal y que cuando lo logren no habría necesidad de una indemnización.

 

“Hay un cambio de enfoque. No se trata de decirle a un desplazado ‘tome esta plata y salimos de usted’. La idea es que la persona pueda recuperar todos sus derechos. Que retorne o que se reubique o que se quede donde está, pero que esté bien. Si al final de este proceso el hogar tiene un daño que todavía falta por reparar, podríamos mirar si se da la indemnización”, dice.

 

Ese argumento, que se debe convertir en los próximos meses en un decreto, no será sin duda fácil de vender a los desplazados. “Lo vamos a sugerir. Si ellos no se suben en el bus de esta estrategia es muy complicada la financiación de la política. Se vuelve una cosa muy costosa. Muy sin sentido”, anota Gaviria.

 

Nuevas víctimas

El segundo gran problema tiene que ver con que, como la reparación se está haciendo en medio de la guerra, todos los días siguen llegando víctimas. Si bien se espera que la firma de un acuerdo de paz con las Farc conlleve a una reducción, lo cierto es que por ahora siguen llegando a borbotones. Además, la Corte Constitucional acaba de ordenar que también sean atendidas por la ley aquellas de las bandas criminales, cada vez más numerosas.

 

Es significativo que el presupuesto de la Unidad de Víctimas de este año esté dividido de la siguiente manera: 900.000 millones de pesos para la indemnización administrativa, que se da las a víctimas de años atrás que ya han seguido un proceso y que están en la lista de espera, y 700.0000 millones de pesos para ayuda humanitaria, que es para los que en este momento están sufriendo el hecho que los hace víctimas. Si se tiene en cuenta que los montos de la asistencia humanitaria son más bajos por cabeza que los de la reparación, eso significa que prácticamente se estarían atendiendo más víctimas por este rubro que por el primero.

 

Ayuda multiplicada

El tercer gran problema, desde el punto de vista fiscal, es precisamente el de la ayuda humanitaria. Esta es el apoyo que se le da a una persona o familia una vez ocurre el hecho que la convierte en víctima: de 1,2 a 1,7 millones de pesos por familia para que pague tres meses de alimentación y tres meses de arriendo. Además de un kit de cocina y uno de aseo.

 

El problema comienza cuando la misma familia, al pasar los primeros tres meses, vuelve a pedir la asistencia humanitaria. En teoría, esa segunda ayuda sería “de transición” y luego ya debería estabilizarse. Pero lo que ha ocurrido es que hay familias a las que se les ha pagado hasta 15 veces, es decir, durante casi cuatro años. Si la Unidad de Víctimas decide no continuar, entonces interponen una tutela. Hoy, Paula Gaviria enfrenta más de 100.000 tutelas, la mayoría para prorrogar la asistencia humanitaria. ¿Cómo se le pondrá tope?

 

El desafío de la Ley de Víctimas sigue siendo inmenso. En la Unidad de Víctimas entienden la magnitud del mismo y el reto que representa para la gestión de los recursos. Pero esto no  necesariamente es suficiente. Si la nueva estrategia que se planea poner en pie funciona, la ley estará al otro lado. Si no, podría comenzar un nuevo ciclo de demandas sin fin.

 

Otras formas de reparación

La Ley de Víctimas contempla medidas que van más allá del cheque y son claves para una reparación integral.

 

1. Restitución de tierras

 

2. Retorno o reubicación de desplazados

 

3. Rehabilitación: programa de acompañamiento psicosocial.

 

4. Educación: acceso gratuito a preescolar, básica y media; promover el acceso a educación superior.

 

5. Salud: cobertura gratuita que incluye hospitalización, material médico-quirúrgico, prótesis, medicamentos, honorarios médicos, laboratorios, transporte y aborto en los casos permitidos por la Corte Constitucional.

 

6. Medidas de satisfacción: publicaciones, construcción de monumentos y homenajes públicos; búsqueda de desaparecidos; investigación, juzgamiento y castigo de los victimarios; exención del servicio militar.

 

7. Reparación simbólica y deber de memoria: acciones para preservar la memoria histórica; día de las víctimas, el 9 de abril; creación de un archivo y del Centro de Memoria Histórica.

 

8. Garantías de no repetición: desmovilización de los grupos armados y desmantelamiento de su estructura política y económica; difusión pública y completa de la verdad; prevención; pedagogía hacia la reconciliación.

 

9. Reparaciones colectivas: procesos con sindicatos, defensores de derechos humanos, grupos de mujeres, Universidad de Córdoba, entre otros.