Los estafadores contactan a las víctimas cuando se reunen a recibir orientación  

LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO

En la mira de los vivos

Decenas de oportunistas se aprovechan de las víctimas o las suplantan para defraudar los programas destinados a repararlas.

 

Hace algunos meses la oficina del Banco Agrario de Chapinero en Bogotá tuvo una repentina crisis. Súbitamente unas 500 personas llegaron a reclamar subsidios de ayuda humanitaria como víctimas. Uno de los funcionarios verificó qué pasaba y encontró varios buses contratados para traer las personas de fuera de Bogotá. Los pagos se hicieron pues todas las personas figuraban como beneficiarias, pero esto alertó a los responsables del programa de reparación y, con el apoyo de las autoridades, empezaron a detectar las modalidades con las que se benefician avivatos que defraudan por igual al Estado y a las víctimas.

 

Las pesquisas permitieron identificar decenas de tramitadores que les hacían creer a las víctimas que solo a través de ellos el Estado les puede reconocer sus derechos, cuando estos trámites son gratuitos y cada vez trata de que sean más ágiles. Hoy se investigan varias fundaciones y asociaciones, que los organismos de control creen que son fachadas de tales tramitadores. Y la Unidad de Víctimas ha conformado equipos especializados para perseguir esos fraudes.

 

Los ‘servicios de gestión’, cuyo valor a veces se pacta hasta por 30 por ciento de lo que el Estado reconozca, van del diligenciamiento de un formulario hasta la presentación de una tutela. De ahí que las autoridades hacen especial seguimiento a las tutelas colectivas, en las que creen que se puede estar concentrando el mayor número de irregularidades. Identificar los fraudes exige una revisión detallada, pues este tipo de trámite solo es sancionado cuando implica engaño, cuando los costos de gestión superan unos topes normativos que surgieron precisamente para evitar abusos y cuando hay fraude. En esto último es donde cada vez se identifican más abusos.

 

Con las estafas no solo se pierde dinero sino que se socava la confianza pública en la atención de las victimas.

 

Entre el personal que atiende víctimas, es famoso el caso de un personero del suroccidente del país que orientó a decenas de personas pobres a que se inscribieran en el Registro Único de Víctimas para buscar los subsidios. La irregularidad se descubrió cuando encontraron que todas las declaraciones coincidían en mencionar un ataque guerrillero que nunca sucedió. Al indagar a las falsas víctimas, descubrieron que el personero los había involucrado a cambio de un porcentaje de lo que lograran.

 

Al terminar 2012, las autoridades habían detectado 608 casos de fraudes por falso testimonio y 91 de estafa a las víctimas. También son crecientes los casos de suplantaciones de identidad de los que se han identificado 109. Antioquia, Bogotá, Tolima y Valle del Cauca son los lugares que más concentran irregularidades.

 

No es posible establecer los montos involucrados en estos engaños. En muchos casos estos “vampiros de la miseria”, como los mencionan en un informe oficial, le cobran a la gente desde 10.000 a 85.000 pesos solo por llenar un formulario o 15.000 por asistir a una reunión de orientación. Hacen copias de las cédulas y a partir de ahí comienza una cadena de suplantación que puede llegar al cobro de millonarias reparaciones.

 

Con las estafas no solo se pierde dinero sino confianza. Que los defraudadores se cuelen entre las víctimas, socava la confianza pública en los programas. A las verdaderas víctimas, los engaños o las trabas artificiales que les imponen estos intermediarios las hace sentir revictimizadas en los vericuetos de un Estado que precisamente trabaja en todo lo contrario.