Flor Hilda Hernández, madre de uno de los muchachos de los falsos positivos de Soacha, al momento de encontrar los restos de su hijo en Ocaña, Norte de Santander, en 2008.

LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO

Esto sigue

Mientras continúen el conflicto armado y la violencia, el número de víctimas seguirá aumentando y repararlas será más difícil.

 

La Ley de Víctimas y su implementación tienen un problema crítico: el año 2012 arrojó más de 200.000 nuevas víctimas. Si la guerra sigue haciendo estragos, la ya enorme labor de la reparación se va a complicar.

 

Desde la sanción de esta ley, el 10 de junio de 2011, han transcurrido dos años. Decenas de miles de nuevas víctimas se han añadido a las cuentas de la Unidad de Víctimas. Desde que empezó, esta entidad ha añadido a los registros históricos 535.000 víctimas. Un 40 por ciento, más de 200.000 personas, reportaron hechos cometidos en 2012.

 

Aunque la victimización ha disminuido, las cifras son alarmantes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que unas 300.000 personas pudieron ser desplazadas en 2011 y 2012. El auto 052, en el que la Corte Constitucional le pidió cuentas a la Unidad de Víctimas hace poco, incluyó un listado de 155 eventos en los que fueron desplazadas masivamente casi 20.000 personas en 2012 y 2013. De enero de 2012 a abril de este año 190 personas fueron asesinadas en 41 masacres y hubo 243 secuestros extorsivos. Los indígenas sufrieron 104 homicidios en 2012; los sindicalistas 20; los defensores de derechos humanos 69 (y 15 en el primer trimestre de 2013). Al menos 20 reclamantes de tierras han sido asesinados desde que empezó la restitución y el total, desde 2008, llega a 84, según algunas fuentes.

 

Las amenazas se han generalizado. La Unidad de Protección ampara con medidas de seguridad a más de 400 reclamantes de tierras. Más de 400 sindicalistas recibieron amenazas el año pasado, según la Escuela Nacional Sindical.

 

Capítulo aparte son los grupos sucesores de los paramilitares. Aunque se les considera bandas criminales, ocasionan homicidios, desplazamientos y masacres, como cualquier actor del conflicto. El gobierno decidió dar a sus víctimas ayuda de emergencia, pero no las incluía en el registro. La Corte Constitucional ha ordenado darles el mismo tratamiento que a las demás víctimas. La Unidad dice que las víctimas de estos grupos corresponden solo al 6 por ciento de las denuncias que ha recibido, pero el número es significativo: ya registra más de 12.000 solicitudes.

 

Si sacar adelante la reparación de millones de personas es una tarea inmensamente difícil, adelantarla mientras las armas truenan contra las víctimas es tarea de Sísifo. Esto no solo impacta en los costos de la reparación sino en problemas mucho más de fondo.

 

Mientras esta violencia no cese, las víctimas están condenadas a ver repetirse las violaciones que sufrieron. El retorno de población desplazada y la entrega a sus dueños de tierras abandonadas o despojadas son una formalidad en muchas regiones asoladas por la guerra. Mientras las estructuras políticas, sociales y económicas del paramilitarismo sigan intactas, como lo están en muchas zonas, las víctimas estarán en peligro.

 

Por todo esto, una implementación exitosa de la Ley de Víctimas está inexorablemente ligada, por una parte, al cese del conflicto armado. Un acuerdo con las Farc y el ELN traería, sin duda, un gran alivio. Pero, por otra parte, que la ley salga adelante dependerá de que el Estado colombiano logre sortear un postconflicto que se anuncia lleno de peligros. Aun sin la guerrilla, Colombia se aboca a un después de la guerra minado con narcotráfico, niveles muy elevados de violencia en la sociedad y con grupos de crimen organizado y eventuales disidencias que resulten de las negociaciones entre gobierno y guerrilla. Un desafío colosal para cualquier sociedad.