LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO

Los 5 desafíos

El reconocimiento de que el conflicto armado ha dejado 5,5 millones de víctimas y el Estado debe repararlas no es sino el primer paso. Lo difícil es lo que sigue.

 

La Ley de Víctimas es, sin duda, un inmenso paso adelante. Con ella, el Estado colombiano avanza al reconocimiento pleno del conflicto armado, de las víctimas que ha dejado y de su responsabilidad, pone en pie un modelo de reparación integral que las involucra como protagonistas y se mete la mano al bolsillo para dedicar casi 55 billones de pesos en los próximos diez años para compensarlas.

 

Pero esto es apenas un primer paso. Para un país “que veía los efectos pero no quería reconocer la profundidad de lo que tenía frente a sus ojos –como dice Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica–, la Ley de Víctimas lo que hizo fue ponerle nombre a la realidad”. Hacerlo es la cuota inicial de la inmensa deuda que tiene el Estado Colombiano para construir una sociedad en paz. Lo que sigue es tratar de hacerlo realidad. Y en ese camino se yerguen obstáculos inmensos.

 

La Ley de Víctimas colombiana es una de las más ambiciosas del mundo, y su sola implementación es un desafío de colosales proporciones que va a poner en tensión a todas las fuerzas del Estado, central y local. Si el pago de indemnizaciones a 5 millones y medio de personas o la restitución de 3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la violencia armada son en sí mismas tareas para varios gobiernos, reparar a las víctimas implica coordinar a casi medio centenar de instituciones del Estado central y a cientos de alcaldes y gobernadores para poner en marcha desde planes de atención psicológica individuales, hasta garantizar la seguridad de cientos de comunidades que retornarán a los lugares de donde las desplazó la guerra.

 

Todo esto, y mucho más, hay que hacerlo en medio de un conflicto armado que no da respiro. Un cierre de la confrontación con las Farc y el ELN sería, por eso, un gran alivio. Pero aun en caso de que se logre, Colombia iniciaría un postconflicto muy complejo, con elevadas dosis de violencia social, cultivo y tráfico de drogas y grupos armados organizados que desplazan, masacran y asesinan, así se los califique como meras “bandas criminales”. Por algo la Corte Constitucional ordenó al Estado reconocer a sus víctimas en igualdad de condiciones con las de paramilitares, guerrilleros y agentes estatales.

 

​La base de datos del Cinep tiene un registro de más de 31.000 volaciones al derecho internacional humanitario, es decir actos cometidos contra civiles en el marco del conflicto armado. Encabezan la lista los paramilitares, con casi la mitad. Las Farc y los militares registran más de 6.000 cada uno y el Eln, casi 3.500.

 

Lo que se viene es, pues, lo más difícil. Estos son los principales retos para reparar a las víctimas y sentar las bases para que la sociedad logre pasar la página de medio siglo de guerra.

 

1. Coordinar 42 instituciones del Estado

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, tiene no solo el descomunal desafío administrativo de reparar a millones de víctimas y trazar sus planes de reparación individual sino el desafío político de poner a marchar al mismo ritmo a las 42 instituciones del Estado central que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv). “Hay ministerios que no paran bolas”, dice el senador Juan Fernando Cristo, autor de la ley y quien preside la comisión del Congreso que ha hecho 25 reuniones de seguimiento a la ley, con las víctimas. En los planes de rehabilitación psicoterapéuticos, por ejemplo, el gobierno está quedado y hay falencias en otras áreas, coinciden muchos. Faltan indicadores de desempeño y ‘semáforos’ para verificar el ritmo al que esas instituciones se suben al bus de la reparación.

 

2. Descentralizar

Otra gran responsabilidad de la Unidad de Víctimas es aterrizar la aplicación de la ley en regiones y localidades que, con frecuencia, no tienen el presupuesto ni, en varios casos, el interés para embarcarse en la tarea de resarcir a las víctimas. Aunque los comités de Justicia transicional y los planes de acción que ordena la ley se han conformado en casi todos los municipios, uno de los retos es que funcionen realmente y tengan financiación adecuada. La realidad es que, en varias regiones, sigue intacta la estructura social y económica que dio origen a los paramilitares y hay grandes resistencias al proceso de reparación y restitución. En muchos lugares de Colombia es patética la debilidad del Estado local para cumplir con sus deberes más elementales, no se diga para la inmensa tarea de reparar a 5,5 millones de personas.

 

3. ¿Prevenir o proteger?

Si hay algo en lo que coincide prácticamente todo el mundo es en que uno de los mayores desafíos que enfrenta el gobierno es hacer frente con contundencia a los ataques que están lloviendo sobre las víctimas que reclaman sus derechos. Desde la aprobación de la ley, 20 reclamantes de tierras han sido asesinados (84, desde 2008) y más de 700 han recibido amenazas. La Unidad de Protección invierte decenas de miles de millones en protegerlos con medidas de seguridad. Pero tanto las víctimas como sus defensores insisten en que lo que hace falta es prevenir e investigar y critican a la Fiscalía por su escasa actividad en esta área. ¿Cuántas amenazas se investigan en Colombia? ¿Cuántos procesos hay abiertos por amenazar?

 

4. Cerrar el grifo del conflicto armado

Desde la aprobación de la ley, se han reportado más de 111.000 hechos de violencia, 81.000 de ellos solo en 2012.Cortar el chorro de la violencia armada es indispensable para que el número de víctimas en Colombia no siga creciendo y para que la reparación llegue a las zonas del país que padecen los efectos de la confrontación. Masacres, desplazamiento, homicidios y desapariciones continúan ocurriendo. Librar de minas a un país que ocupa uno de los primeros lugares del mundo en estos artefactos será imposible mientras no dejen de sembrarse y haya seguridad en los territorios. Llegar a un acuerdo de fin del conflicto con las Farc y el ELN es solo una de las condiciones necesarias para avanzar hacia regiones en paz. Cómo lidiar con el narcotráfico y los grupos que a su sombra generan más victimización es apenas otro de los muchos retos. Llevar el Estado en su conjunto a regiones donde jamás ha hecho presencia, y no solo el Estado en uniforme o la nueva institucionalidad de la Ley de Víctimas, es una necesidad aplazada por décadas.

 

5. Abrir la llave de la verdad

La Ley de Víctimas contempla la necesidad de procesos de verdad y el Marco Jurídico para la Paz, la creación de una Comisión de la Verdad. Parte esencial de la reparación y una garantía fundamental de que lo ocurrido no se repita es que se abra en el país un proceso de verdad amplio, exhaustivo, que incorpore a todos los victimarios, de la guerrilla y los paramilitares a los agentes del Estado y quienes los apoyaron, y ponga a las víctimas en primer plano. El Centro de Memoria Histórica, entre otros, tiene por delante el desafío de liderar esos procesos. Se ha dicho que la Ley de Víctimas es la cuota inicial de la construcción de paz luego de medio siglo de conflicto armado. Sin verdad, será imposible la reconciliación y todos los involucrados, por duro que resulte, deberán asumir su cuota. Esa es una condición indispensable para dar vuelta a la página de la guerra y la victimización.

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