19 en BarrancaBermeja (Santander) está el primer puerto fluvial que realiza operaciones internacionales: Impala. INTRODUCCIÓN La necesidad de que las interven-ciones sobre el río se desarrollen integralmente, y consideren la cuenca en su totalidad, sus dinámicas y su población, no es nueva. La Constitución de 1991 y su reglamentación crearon a Cormagdalena como “un ente corpo-rativo especial con autonomía admi-nistrativa, presupuestal y financiera” con la responsabilidad de recuperar la navegabilidad del Magdalena, coor-dinar la actividad portuaria en su cauce y aprovechar y preservar los recursos naturales asociados. Así reconoció el Constituyente que la gestión del Magdalena requería un proceder diferente al de los demás ríos y cuencas del país. Infortunada-mente, esa integralidad parece hoy más lejana que nunca. A pesar de llamarse Corpo-ración Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormag-dalena no es una de las autoridades ambientales regionales conocidas como CAR, sino una empresa indus-trial y comercial del Estado, oficial-mente adscrita al sector del transporte. Aunque la entidad otorga permisos, autorizaciones y concesiones para usar bienes públicos ubicados en su jurisdicción, su tarea es promover las obras e intervenciones para potenciar la actividad económica en la cuenca. Legalmente tiene más en común con Indumil o RTVC que con la CAR de Cundinamarca, por ejemplo. Los temas ambientales y de sos-tenibilidad de los recursos naturales, incluido el licenciamiento, dependen, esos sí, de las 20 CAR con jurisdicción en los 18 departamentos que forman parte de la cuenca. Los municipios, gobernaciones y autoridades indígenas de la cuenca desempeñan también un papel clave al determinar e implementar las inter-venciones en sus respectivas jurisdic-ciones. La coordinación necesaria para que se considere la cuenca integral-mente requiere entonces de decenas de instituciones. Si pensar sistémica-mente es complejo para cualquier enti-dad, a lo largo de su historia moderna el Estado colombiano ha sido inefec-tivo cuando de coordinación se trata. Que el gobierno nacional, los regiona-les y locales trabajen armónicamente, con los mismos objetivos y con resulta-dos tangibles, ya es difícil. Si además se requiere que los organismos autóno-mos como Cormagdalena y las CAR participen, las intervenciones adquie-ren complejidad adicional. La ineficacia en la gestión inte-grada de la cuenca del río puede evi-denciarse de muchas maneras. Sus condiciones ambientales y la forma en que se ve afectada por fenómenos cli-máticos, son dos de ellas. En su estudio para evaluar los costos y beneficios del proyecto de navegabilidad, Fedesarrollo encon-tró poca información para calcular cuantitativamente la salud del río y monetizar sus servicios ecosistémicos. Sin embargo, como señala el Proyecto Nasca de The Nature Conservancy (TNC), sí sabemos que “se ha transfor-mado y deforestado el 77 por ciento de su cobertura vegetal original, la pesca ha caído en más de 50 por ciento en los últimos 30 años, la sedimentación se ha incrementado en 30 por ciento y la minería ilegal ha vertido toneladas de mercurio a los ríos (180 toneladas no más en Segovia, Antioquia)”. La gestión del riesgo de desastres a lo largo de la cuenca también resulta preocupante. Las inundaciones y se-quías, y sus consecuencias, con toda seguridad serán más fuertes y frecuen-tes en adelante. La experiencia mues-tra que las intervenciones en la materia no han sido efectivas. La Niña 2010-2011 fue el mayor evento climático que el país ha enfrentado. Según una valoración de daños y pérdidas realizada por el BID y Cepal, el 38 por ciento de las muer-tes y el 76 por ciento de los damnifi-cados se dieron en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Cesar, Córdoba, Norte de Santander y Santander, a lo largo de la cuenca. La llamada ‘ola invernal’ destruyó 2.707.978 viviendas, 471.118 de las cuales estaban ubicadas en los 17 departamentos aledaños. ¿Qué opciones hay sobre la mesa para lograr una visión sisté-mica y asegurar la recuperación de la cuenca? Podría fortalecerse con recursos humanos y técnicos la capaci-dad coordinadora de Cormagdalena, que legalmente es la entidad mejor posicionada para la tarea. Hasta ahora, parecería haberse potenciado únicamente su capacidad para con-tratar y asignar recursos, pero podría hacer mucho más. Dado que la enti-dad tiene nivel constitucional, no es fácil modificar sus funciones; entre las existentes, no obstante, hay espa-cio para maniobrar. Organizaciones como The Nature Conservancy, las fundaciones Alma y Humedales, Eafit, el Foro Nacional Ambiental, entre muchas otras, ofrecen excelente información y recomendacio-nes específicas para mejorar los proce-sos de toma de decisión sobre la cuenca. En un mundo ideal la solución no tendría que ser legal: las entidades y sectores productivos involucrados podrían definir, en un proceso par-ticipativo, la visión integral para los próximos 100 años. Se distribuirían tareas, de acuerdo con sus funciones, para hacer esa visión realidad. Para muchos actores, sin embargo, la cla-ridad y la coordinación resultarían inconvenientes, puesto que en medio del caos pueden hacer con la cuenca lo que más les conviene. El Constituyente reconoció que el Magdalena requería un proceder diferente al de los demás ríos y cuencas del país. Esa integralidad parece hoy más lejana que nunca. POR Carolina Urrutia Vásquez* * Directora de Semana Sostenible.
ESPECIAL RIO MAGDALENA
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