RIO Cesar es el segundo departamento del país con más solicitudes de restitución de tierras. La vida otra vez Afectado por todos los grupos ilegales, el departamento reparará a las víctimas y recuperará la memoria histórica para que no haya olvido. La región busca resurgir. El Cesar fue duramente golpeado con el proyecto de recuperación se estima un aporte de 1,8 billones de pesos al PIB entre 2015 y 2026. 74 por el conflicto armado colom-biano. Primero llegó la guerrilla, en los años ochenta, con predominante influencia del ELN en los alrededores de la Serranía del Perijá. Después, el territorio se repartió: este grupo pasó a controlar el sur y las Farc el norte, y al finalizar los noventa comenzó el dominio de las AUC. Entre el sometimiento de los paramilitares y su desmovilización (1997-2005), se presentó la mayor cantidad de actos de violencia contra la población civil del Cesar: homici-dios, secuestros, despojo de tierras, corrupción política, violencia sexual y delitos de lesa humanidad. Este fue el resultado de la cruzada de las AUC por frenar a la guerrilla en el territorio, que dejó un saldo de más de 405.000 víctimas, casi el 37 por ciento de la población cesarense. El Cesar es quinto entre los departamentos con mayor número de víctimas registradas, después de Antioquia, Bolívar, Magdalena y Nariño. Ese enfrentamiento de fuer-zas ilegales desplazó a miles de cam-pesinos de su territorio, por lo que hoy en la región hay más de 42.000 solicitudes de restitución de tierras. Para sanar las heridas, el gobierno departamental trabaja para reparar a las personas más afectadas por el conflicto, ubicadas, principalmente, en los municipios de Pailitas, Tamalameque, Agus-tín Codazzi, Aguachica, La Gloria, Gamarra, Pelaya, Curumaní y La Jagua de Ibirico. Al ser el segundo departa-mento con más solicitudes de res-titución de tierras, varios planes de acción del Cesar se orientan a repo-ner a las víctimas lo que les arrebató la violencia, y darles las garantías para vivir en paz. “A los campesi-nos que están regresando a sus tie-rras debemos asegurarles el derecho a inversión en educación, puestos de salud, infraestructura, vías terciarias, y desarrollar planes para su proceso de retorno y reparación colectiva e foto: cortesía gobernación del cesar integral”, sostiene Carlos Toro, jefe asesor de la Oficina de Paz del Cesar. Por eso crearon el ‘Plan de acción territorial’, que contempla una inversión inicial de 65.000 millo-nes de pesos, de los cuales 4.500 serán para acatar fallos de los jue-ces de restitución de tierras. Ade-más, el Cesar espera ser beneficiado con los Contratos Paz del gobierno nacional con el fin de mejorar y hacer vías terciarias y secundarias, fortalecer el campo con acueducto y alcantarillado, desarrollar proyec-tos de generación de ingresos para las víctimas y tramitar la titulación masiva de predios. La región quiere decirle a la vio-lencia ‘Nunca más’. Por eso la Gober-nación destinó 1.200 millones de pesos para programas que ayuden a construir una memoria histórica en los próximos tres años. “Pese a que hemos sido un departamento notoriamente golpeado por la violencia, las nuevas generacio-nes desconocen lo que el conflicto pro-vocó y sus secuelas”, concluye Toro.
ESPECIAL RIO MAGDALENA
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