Casi en cualquier punto del mapa de Colombia han ocurrido atroces episodios de violencia en los que perdió la vida un líder social. En Santa Marta silenciaron a una víctima de desplazamiento que recién había recuperado sus tierras. En Cauca debilitaron la lucha contra los sembrados de coca. En el Valle sacaron del camino a un defensor que hacía los esfuerzos anticorrupción, y en el Catatumbo callaron a un líder político. El país no había terminado de asimilar la arremetida y agregar las nuevas víctimas en el registro de 400 que lleva la Fiscalía desde 2016 –sumando datos de ONU, Defensoría, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria– cuando estalló otro caso: un grupo armado le arrebató la tranquilidad a los habitantes de El Salado (Bolívar). Aunque la misma escena se repite desde hace tres años, el Estado sigue sin poder evitarlo. Los líderes se sienten atados de pies y manos. Peor aún, sienten que no hay antídoto y que su situación empeorará de cara a las elecciones regionales. Los asesinatos aumentan, las denuncias no tienen eco, y la ‘institucionalitis’ tiene embolatadas las promesas de una política pública que de una vez por todas pare el desangre. Mientras ese día llega, como termómetro, siete líderes murieron asesinados en las primeras dos semanas de 2019.

Entre los grupos de víctimas identificados por las autoridades hay abogados de derechos humanos, lideres LGBTI, afrodescendientes, políticos, sindicales campesinos e indígenas. pero las juntas de acción comunal, de acuerdo con cifras de la ONU, han puesto más del 50 por ciento. Algo preocupante, pues 7 millones de colombianos actualmente están vinculados a una de ellas. Precisamente, el fiscal Néstor Humberto Martínez reconoció el pasado viernes que los crímenes responden a una sistematicidad en dos vías: una por el tipo de organizaciones criminales y otra por el perfil de quienes más mueren. Muchos en los territorios aceptaron la idea de participar en las juntas de acción comunal tras la salida de las Farc, pero no imaginaban que el Estado quedaría en deuda a la hora de recuperar el control, ofrecerles seguridad y un continuo tránsito a la legalidad.

Ante ese panorama, se agotaron los celulares, chalecos y comisiones intersectoriales de las que tanto se habla, y el Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en proteger a quienes están vivos. Es hora de que la discusión suba de nivel para que surjan soluciones de fondo más allá de las diferencias políticas y metodológicas existentes a la hora de abordar el tema. Las víctimas se cuentan de un lado y del otro, como ocurrió la semana pasada cuando el expresidente Uribe informó que alguien mató a otro dirigente del Centro Democrático en Antioquia.

“Están asesinando a los líderes que cumplen su función. Los grupos delincuenciales los ven como un obstáculo para sus acciones criminales”, le dijo a SEMANA el fiscal delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González, quien informó un avance en el esclarecimiento del 54 por ciento. Y es que hay una tendencia que en su mayoría se mantiene. Las principales víctimas han caído en los lugares donde las comunidades pelean por desterrar la cultura de la ilegalidad. Es decir, aquellos municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos, que sirven de ruta del narcotráfico y donde subsiste la minería ilegal registran las tasas más altas.

Con ese patrón, varios expertos consultados por SEMANA sostienen que aunque también mueren por causas ajenas a sus actividades, la regla general es que los líderes caen por sostener su lucha. De alguna forma las estadísticas de la Fiscalía lo confirman. La entidad presentó el viernes en la reunión preparatoria de la Comisión de Garantías un documento según el cual 44 de los 126 homicidios, cuyo esclarecimiento ha avanzado, tuvieron un móvil particular, pero en 79 de ellos está involucrada una organización criminal. Llama especialmente la atención que en la mayoría de casos los perpetraron bandas delincuenciales locales de menos de 20 personas. Con esas características los analistas piden establecer con prioridad el autor intelectual.

¿Qué está fallando?

Los líderes pierden la cuenta cuando piensan en la cantidad de entidades a las que pueden recurrir para hacer valer sus derechos. Últimamente les hablaron de la Comisión de Garantías, que el presidente no convoca desde hace más de seis meses. La llegada de Iván Duque borró el rastro de buena parte de las políticas que Juan Manuel Santos había dejado firmadas. “Estamos tratando de armonizar las acciones para dar resultados concretos en el territorio”, le dijo a esta revista la ministra del Interior.

El Gobierno ha insistido en que dará continuidad a las políticas tras el lanzamiento del Plan de Acción Oportuna (PAO), que él mismo lanzó para encarar la situación, pero las comunidades que venían esperando el aterrizaje de programas piloto como Guapi, Alto Mira y Frontera, Parra y San José de Uré no lo tienen claro. De hecho, muchos no ven con buenos ojos que precisamente un militar retirado esté al frente de la gerencia. A grandes rasgos, los seis decretos que firmó el expresidente antes de abandonar el cargo buscaban, entre otras cosas, definir las políticas de protección colectivas, definir el marco general de prevención, fortalecer las alertas tempranas y darles dientes a los gobiernos regionales y locales para que ejecuten acciones oportunas.

En este último ítem reside buena parte de lo que algunos expertos creen que podría estar fallando. Pese a la preocupación generalizada, hay quienes creen que una cosa es lo que se siente en las grandes capitales y otra a nivel local. Investigadores consultados por SEMANA contaron que usualmente las alcaldías y gobernaciones no reconocen el papel que desempeñan los líderes sociales. Muchas veces los estigmatizan, lo que entorpece más el plan de prevención.

Para resolverlo, el Gobierno expidió el Decreto 2252 de 2017 con el que establece que las gobernaciones y alcaldías deberán actuar como los “primeros respondientes” a la hora de detectar las amenazas contra líderes. Entre las primeras tareas que tienen está ajustar o crear mecanismos para “evitar la consumación de situaciones de riesgo que afecten a líderes y deberán designar a un funcionario de sus administraciones para que mantenga canales permanentes de interlocución con los inspectores de Policía”. El problema es que eso no está ocurriendo y falta ver si dará línea para que así se dé.

“En materia disciplinaria, la Procuraduría adelanta 13 investigaciones que involucran agentes del Estado en hechos que atentaron contra líderes sociales. No obstante, todos los esfuerzos resultan pocos de cara a la tragedia. Las omisiones de cualquier funcionario público en relación con sus obligaciones serán investigadas y sancionadas sin que nos tiemble el pulso si a ello hay lugar. Hemos dicho que aquí hay responsabilidades no solo de la fuerza pública, sino de alcaldes y gobernadores”, respondió a SEMANA el procurador Fernando Carrillo a una pregunta por los efectos del decreto.

¿Voltear la mirada?

Mientras los ojos del país se enfocan inevitablemente en 400 líderes asesinados en los últimos tres años, también debe mirar prioritariamente a los miles que debe proteger. De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de Protección, 4.487 líderes sociales y defensores de derechos humanos cuentan con un esquema que contempla celulares, chalecos blindados, hombres de protección, vehículos blindados y convencionales. Todo depende del nivel de riesgo identificado por la entidad. Adicionalmente, se han creado 38 esquemas de seguridad colectiva.

Pero ese apoyo tampoco significa una garantía. A muchos los han baleado a quemarropa cuando están en casa con su familia. Peor aún, como ocurrió la semana pasada, las víctimas no contaban con protección ni habían recibido amenaza alguna. Diomar Parada es el primer sobreviviente de 2019. El presidente de Asojuntas se recupera en Ocaña después de haber recibido cinco impactos de bala.

Si bien el nuevo Gobierno debe desplegar proyectos financiados para que los alcaldes no se laven las manos, llegó la hora de que a nivel local adelanten gestiones para atender el problema y, en algunos casos, dejar de desestimar las alertas. No es posible que mientras las cifras están disparadas, los mandatarios locales y regionales le manden la papa caliente a Bogotá diciendo que se trata de un problema de orden público que debe resolver el Gobierno nacional. El Estado hace presencia en los territorios justamente cuando protege a los líderes sociales, pues mediante su gestión aterrizan con más facilidad las políticas territoriales.

Tras el encuentro relámpago de la Comisión de Garantías sin la presencia del presidente Duque, el Gobierno anunció que varios miembros del gabinete se desplazarán a Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca y Norte de Santander para examinar la situación. “Esperamos, a comienzos del mes de febrero, entregarle al presidente Iván Duque un reporte de las acciones realizadas para lograr conjurar este problema que nos duele y nos atañe a todos”, concluyó la jefe de la cartera política. Pero el nuevo gobierno se enfrenta a un problema muy grave: está demostrado que es imposible obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo.

SEMANA: ¿Le preocupa la situación actual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos del país?

Alberto Brunori.: Por supuesto que nos preocupa mucho. Como lo dijo la Alta Comisionada Michelle Bachelet, el 1 de septiembre pasado en su posesión: “los defensores de derechos humanos en el continente americano afrontan riesgos cada vez más graves como resultado de sus legítimas actividades”. En esa fecha, como ahora a comienzos de 2019, instamos a los Estados a que fortalezcan las medidas de protección y prevención encaminadas a abordar rápidamente esta situación de deterioro de sus derechos.

SEMANA: ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en Colombia?

A. B.: Cómo lo hemos dicho antes persisten factores estructurales que llevan a los homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización y censura. La falta de presencia integral del Estado en todas las regiones, la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, sumado a la pobreza y a la alta tasa de desempleo, aumentan el riesgo para los y las defensoras. El vacío de poder dejado durante la desmovilización de las Farc y la llegada de nuevos grupos armados ilegales y delictivos ha dado lugar al aumento de la violencia. Sabemos también que varios defensores de DDHH en áreas rurales han sido asesinados por apoyar políticas derivadas del acuerdo de paz con las Farc como la sustitución de cultivos, otros por buscar la restitución de sus tierras y los presidentes presidentes de juntas de acción comunal están siendo amenazados, extorsionados por grupos armados.

Por otro lado, al no avanzar el proceso de paz con el ELN, muchas comunidades y defensores de DDHH en Choco, Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Arauca se ven atrapados y afectados por el fuego cruzado. Catatumbo, por ejemplo, registra los mayores niveles de desplazamiento, según la Defensoría del Pueblo 35.000 personas fueron desplazadas en 2018 de esta zona. Los combates entre esa guerrilla y EPL tienen un alto costo para las comunidades y los y las defensoras. La problemática de homicidios, amenazas y censura afecta también a periodistas y poblacion LGBTI.

SEMANA: ¿Qué cifras se manejan desde la ONU?

A. B.: Estamos pensando en articular esfuerzos aportando la metodología de la ONU y confrontarla con otros métodos como por ejemplo el de la Defensoría del Pueblo para apoyar al Estado en consolidar sus propias estadísticas. En 2018 recibimos información sobre alrededor de 139 homicidios de defensores, defensoras y líderes; y 7 más en 2019. Pero como lo hemos dicho antes un solo homicidio basta para encender las alarmas y uno solo es inadmisible e inaceptable en cualquier sociedad del mundo.

SEMANA: ¿Quiénes son las principales víctimas?

A. B.: Defensores de DDHH: indígenas, campesinos, afro colombianos, y mujeres que promueven el acuerdo de paz; en particular lideres y líderesas quienes están en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Putumayo. Además, presidentes de juntas de Acción Comunal, personas que exigen DDHH -civiles y políticos y económicos- en lugares marginados, defensoras y defensores que buscan la restitución de sus tierras o la sustitución de cultivos ilícitos. Quienes defienden el territorio, los derechos ambientales y colectivos y que se oponen en varios casos a megaproyectos. También están afectados periodistas y la población LGBTI.

SEMANA: ¿Qué fenómeno están observando ustedes en los territorios en relación a este tema?

A. B.: En Colombia el conflicto social suele intensificarse en zonas donde se llevan a cabo megaproyectos y donde resultan afectados, Indígenas, campesinos y afrocolombianos como lo señaló el Relator de la ONU sobre defensoras y defensores.

SEMANA: ¿Qué sigue ahora que la Fiscalía reconoció que hay dos tipos de sistematicidad en los homicidios?

A. B.: El tema está en la urgencia de abordar la impunidad. Debe darse prioridad a la investigación, juzgamiento y sanción no solo de los autores materiales de los homicidios sino de los intelectuales. El Relator recomendó que la Fiscalía coopere con la oficina del defensor del pueblo para complementar su registro de casos, la Procuraduría también debe dar prioridad a la vigilancia y sanción. Por otro lado, debe darse una lucha contra la corrupción en todos los niveles del país.

SEMANA: ¿Para los líderes sociales en Colombia hay un antes y un después tras la salida de las Farc de los territorios?

A. B.: Lamentablemente sí, la no llegada de políticas integrales del Estado -en materia de salud, educación, empleo,etc- y la implementación lenta del acuerdo de paz sirvió -de cierta forma a la llegada de nuevos grupos armados y de grupos de delincuencia que se disputan el territorio y las economías ilícitas. Todo esto ha agravado la situación de defensa de DD.HH.

SEMANA: ¿Cómo cambia un territorio cuando se asesina un defensor y cuál es esa cadena de efectos que se desprenden?

A. B.: Uno puede decir que se desestructura y debilita el Estado democrático y el Estado de derecho. Un defensor o una defensora trabaja por los derechos de todas las personas. Al asesinarlos, amenazarlos, hostigarlos o estigmatizarlos se busca acallar una voz, censurarlos, sembrar violencia y aterrorizar a las comunidades para limitar su libertad de expresión, de participación política, de exigencia pacífica de DDHH. Esto provoca adormecimiento, silencio y un estancamiento de la sociedad en todos los sentidos. Al mismo tiempo, una ola fuerte de violencia y las más de las veces impunidad. El efecto de los homicidios es destructor. Uno podría dar el ejemplo metafórico de un terremoto. Ese estremecimiento y daño causa el asesinato de defensores de derechos humanos para las comunidades.

SEMANA: ¿Qué caracteriza a un defensor de DDHH y a un líder social?

A. B.: Un defensor o defensora -de acuerdo con la declaración de defensores de la ONU- es quien defiende algún DDHH -no importa el periodo de defensa de ese derecho o si lo hace de forma individual o colectiva- por lo general en Colombia muchos líderes y lideresas asesinados son defensores de DDHH.

SEMANA: ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados a la hora de garantizar la vida de los defensores?

A. B.: El Estado tiene la obligación de prevenir, proteger y respetar la vida de los y las defensoras. El Estado no puede escatimar esfuerzos para protegerlos a través de políticas, medidas y acciones que les garanticen respeto a su vida digna y a su labor. Nosotros confiamos en que haya una clara voluntad política de hacer frente a la violencia extrema contra defensoras y defensores en Colombia y hemos escuchado un interés marcado del Presidente y otras autoridades en esta materia.

SEMANA: Y... ¿qué podría hacer la comunidad internacional?

A. B.: Nosotros como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acompañamos de cerca a defensoras y defensores en varias zonas del país, también asesoramos y llevamos los casos a las autoridades del Estado para que las decisiones que tomen estén de acuerdo con el marco internacional de protección; abrimos los ojos y ponemos nuestro trabajo y cooperación para ayudar a Colombia. El Relator de la ONU volverá este año al país y se de varias Embajadas que están comprometidas en su apoyo al Gobierno y a los defensores. Estamos aquí acompañando, apoyando y trabajando, pero le corresponde al Estado la mayor parte de la responsabilidad y la sociedad también debe actuar con empatía y en sintonía con el respeto a la defensa de los DDHH y el respaldo Público a los y las defensoras.

SEMANA: ¿Cree que el derecho a la paz no pasa más allá de las buenas intenciones?

A. B.: El derecho a la paz se construye con la garantía de todos los derechos humanos, para todas las personas, en todos los territorios, sin discriminación y exige que todas y todos trabajemos juntos para disfrutar tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales.