Hace casi una década Sixto Alfredo Perilla, un campesino de 68 años que vive en el cerro de La Cuchilla, en Machetá –a unos 100 kilómetros de Bogotá–, dejó de criar ganado para sobrevivir. Cuando era niño la zona estaba llena de pastizales que había que quemar para preparar el terreno como alimento de las reses, y poco a poco la región se fue haciendo más estéril y desolada, como él mismo lo reconoce.
“Por ignorancia, en el pasado, afectamos el ecosistema con la agricultura y ganadería extensiva (…) Estábamos contaminando el agua con químicos y dañando el suelo, pero gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo del perjuicio que le causábamos a la naturaleza”, agrega Sixto.
La protección de este territorio se concretó luego cuando se creó la reserva forestal El Frailejonal –con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en alianza con la Gobernación del departamento–. Hoy día Sixto Perilla se encarga no solo de vigilar que el agua no se escape entre mangueras y tubos, sino de promover entre los habitantes la educación y las buenas prácticas ambientales. “Mi orgullo es proteger la reserva –dice–. Y ahora vemos la abundancia, sin ganado, sin cultivos dañinos”.
El trabajo del campesino se lleva a cabo gracias al esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), por medio del cual se entrega un incentivo económico a las personas que prestan servicios como conservar una cuenca hídrica o un bosque.
Este esquema funciona desde 2018 gracias al decreto 1007, que creó los PSA como estímulo a quienes trabajen en la regulación y calidad hídrica, en la conservación de la biodiversidad, la reducción y captación de gases efecto invernadero, y en servicios culturales, espirituales y de recreación.
Sixto Alfredo Perilla es uno de los guardianes del agua en el cerro La Cuchilla en Machetá.
Foto: Cortesía CAR.
En Cundinamarca la estrategia se centra en áreas de importancia hídrica con el programa ‘Yo Protejo, agua para Todos’. “Surgió para hacerles frente a inundaciones, contaminación, prácticas inadecuadas y como instrumento del posconflicto, de equidad económica y social”, explica Eduardo Contreras, secretario de Ambiente del departamento.
El terreno que cuida Perilla, con tres personas más, mide 500 hectáreas escrituradas de bosque nativo y de los recursos hídricos de este terreno se alimenta el acueducto de Machetá que sirve de riego a unas 1.000 familias.
No es de extrañar, por eso, que se priorice el cuidado del líquido vital en el departamento: de las 2.600.000 hectáreas que tiene Cundinamarca, 1.500.000 corresponden a áreas estratégicas. “Algo que nos queda de experiencia –advierte sin embargo el secretario de Ambiente–, es que el sistema catastral es deplorable: la información cartográfica difiere mucho de la realidad y hemos ayudado a crear propietarios legales”.
Otra de las preocupaciones de la administración para que el esquema continúe es la financiación. El secretario, en efecto, pide no limitarse al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, mediante el cual los departamentos y municipios deben aportar el 1 por ciento de los ingresos corrientes para la conservación o para el PSA. “Los recursos del departamento son mínimos frente a las necesidades –sostiene–. Yo quisiera un presupuesto de 100.000 millones de pesos para el PSA, pero escasamente hay 3.000 millones”. Para el funcionario esa es una cifra injusta si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el agua que toma Bogotá y su sabana proviene del páramo de Chingaza (85 por ciento), de Guacheneque (10 por ciento) y de Sumapaz (5 por ciento). “El recurso hídrico de 10 millones de habitantes viene de nuestros municipios y la comunidad tiene derecho a que le contribuyan quienes se benefician”, señala.
En lo corrido del último cuatrienio PSA ha recibido una inversión de unos 11.000 millones de pesos gracias al convenio con Corpoguavio, Corporinoquia, CAR Cundinamarca y el Fondo de Patrimonio Natural, como operador. Adicionalmente, se han beneficiado 100.000 personas de 190 familias gracias a las convocatorias de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria. A la fecha el programa abarca 7.800 hectáreas en 57 de los 116 municipios del departamento, seleccionadas por sus problemas de abastecimiento durante el Fenómeno de El Niño, por tener mayor deforestación según el Ideam, por poseer mayor riesgo frente al cambio climático y ofrecer el peor Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Los incentivos para los cuidadores van de 300.000 a 500.000 pesos por hectárea año, y se calculan por la rentabilidad de las áreas si se dedicaran al agro. “Es un ingreso fijo y en 20 o 30 hectáreas es más de un salario mínimo mensual”, explica Contreras. Para el secretario, no obstante, el instrumento tiene debilidades por la falta de indicadores de resultado. Los PSA no tienen efectos en el corto plazo, pero garantizan que áreas conservadas se mantengan.
“Lo que le vamos a dejar a Cundinamarca es un manual para evitar nuestros errores”, concluye el secretario. Y agrega que la clave de los PSA es lograr que se complementen con la compra de tierras y la reforestación. “Lo importante es que se reconozca el esfuerzo de los habitantes por la conservación y que se apunte a la reconversión de áreas para garantizar los recursos a futuro”, concluye.