Hace cuatro décadas las reglas de juego de la gestión pública cambiaron. Con la aparición del New Public Management el concepto de transparencia se introdujo en la administración y se convirtió en la finalidad del quehacer de las organizaciones oficiales y privadas en el mundo.
Desde entonces el deber ser de la conducta corporativa se basa en la rendición de cuentas y en facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública. En Colombia, Cundinamarca se ha erigido en referente nacional por desempeñarse bajo estos principios, según lo reseñan varios monitores que han reconocido sus logros en facetas como la contratación pública y el cumplimiento y monitoreo de las normas anticorrupción.
Contratación pública
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, entidad rectora en los procesos de compra y contratación pública, le ponderó la mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. “En nombre del ICCU, la Gobernación de Cundinamarca obtuvo este primer puesto entre 398 entidades evaluadas del país, siendo reconocidas por sus procesos de licitación pública, concurso de méritos y subasta inversa”, afirma Germán Enrique Gómez, secretario jurídico del departamento.
Acciones como la elaboración e implementación del Manual de buenas prácticas de la gestión contractual, el diseño de la herramienta ‘Seguimiento a la ejecución contractual’ y la implementación del Secop II, un sistema que moderniza la compra y contratación del sector público, optimizaron la gestión y transparencia contractual de la entidad.
Monitorear la corrupción
Esta entidad territorial obtuvo el mayor puntaje del Índice de Gobierno Abierto (IGA), elaborado y publicado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y que cubre a 32 departamentos y 1.101 municipios del país.
Según Raúl Ávila, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, en Cundinamarca esta dinámica “ha tenido un desarrollo histórico y en los últimos años con unos procesos de transparencia y buenas prácticas organizacionales, de generación de procesos de concursos abiertos y por meritocracia. Esto ha ido muy de la mano con el gobernador Rey, pero también se ha trabajado en talleres fuertes con los municipios”.
El punto de partida de los resultados de esta gestión se encuentra en la misión del departamento. “La Gobernación, mediante la Secretaría Jurídica, se impuso reforzar el compromiso de hacer de la contratación estatal un proceso fundado en los principios de transparencia, economía y responsabilidad”, señala Gómez.
Para lograrlo, en la práctica, la dependencia llevó a cabo una serie de procedimientos. El primero y más importante fue considerar las políticas públicas como acciones de gobierno con objetivos de interés público, sustentado en diagnóstico y análisis de factibilidad. El segundo es la realización de jornadas de auditoría a los procesos contractuales; esto ha eliminado fallas recurrentes en el proceso de gestión de contratos y una administración más eficiente en la adquisición de bienes y servicios: en subastas se ahorraron más de 2.000 millones de pesos, en la Tienda Virtual más de 2.200 millones y en otras modalidades cerca de 1.000 millones.
“Optimizar el proceso de gestión contractual ha permitido que el departamento logre un manejo económico más eficiente de los recursos públicos, alcanzando ahorros significativos para lograr los propósitos del plan de desarrollo”, explica Gómez. En síntesis, en 2018 estos ascendieron a más de 12.000 millones de pesos que fueron invertidos en infraestructura y gasto social.
