Volver a ser embera después de la guerra

Veinticinco casas de tabla de madera y techo de zinc, además de dos espacios de congregación terminándose de construir, son la comunidad en donde nació y pasó su breve infancia Julio César Natura. De él se dice que le acabaron el nombre durante la construcción de esas dos estructuras: “Julio, prende el fogón. Julio, ve por el agua”. Julio, Julio, Julio.

Tenía 15 años cuando se metió a ser eleno porque quiso (no le gusta mentir). Los guerrilleros operaban en la zona y de vez en cuando se aparecían por ahí para quedarse cuatro días o una semana. Ante eso, la guardia indígena, que no tiene más que bastones de madera para ejercer autoridad, por muchos años no pudo sino agachar la cabeza.

— Como yo era nuevo, ellos me llamaron: “Bueno y usted qué. De dónde viene, nosotros no lo conocemos, a qué se dedica” – cuenta Julio.

Para los guerrilleros su cara era nueva porque hacía solo dos meses había regresado del Magdalena Medio, a donde se fue con 10 años para trabajar de peón en una finca. Cuando salió en ese primer viaje estaba tan niño, que no se acuerda bien por qué se fue.

Gitó Dokabú, el resguardo embera que Julio dejó dos veces, a los 10 y a los 15 años, es un paraíso perdido. Para llegar hay que andar cuatro horas por carretera, buena parte destapada, desde Pereira hasta Santa Cecilia, que es un corregimiento del municipio de Pueblo Rico y la urbanización más cercana a la reserva. De ahí se coge trocha media hora más en carro hasta una montaña de la Cordillera Occidental.

Subiendo a pie, el camino es tan angosto que hay que pararse contra la montaña cuando bajan niños a lomo de mula para no correr el riesgo de irse al abismo por cederles el paso. Se ve uno que otro árbol de la altura del precipicio mismo, con alguna hoja muy grande que se suelta como un clavadista de Acapulco sobre el río San Juan. También niñas y adolescentes transitan cargando en su propio lomo un bebé o, colgada de la cabeza, una canasta con frutas, leña o basura para tirar al agua que, a pesar de todo, se ve tan limpia. De fondo, montañas vestidas de selva chocoana atajan la inmensidad atravesándose unas delante de las otras.

En este recóndito resguardo viven 14 comunidades de la línea Katío de la etnia Embera. Sin acueducto ni alcantarillado pero con internet. Apenas unas cuantas casas tienen luz eléctrica.

En el año 2000 hubo una avanzada guerrillera hacia el centro de Colombia que desató una disputa por una de las vías que conducían a donde los insurgentes querían ir: la ruta nacional 50, que es la única carretera que comunica Chocó con Risaralda. Entonces las Farc, el ELN (también su disidencia el ERG) y las Autodefensas quisieron someter a la población para controlar esa vía. El reclutamiento de indígenas se volvió frecuente y en marzo de ese año, Santa Cecilia fue tomado por el frente Aurelio Rodríguez de las FARC, que en su mejor época llegó a tener 400 hombres.

El reclutamiento estigmatizó socialmente y aisló económicamente a las comunidades embera. “El señalamiento de ser guerrilleros bloqueó a estos pueblos en su relacionamiento con otras sociedades mestizas y afro-colombianas”, explica Carlos Ariel Soto, coordinador para el Eje Cafetero de la Agencia para La Reincorporación y la Normalización (ARN). “A muchos excombatientes se los culpa por el papel que jugaron como informantes y por las retaliaciones que la comunidad ha enfrentado como consecuencia de su posterior desmovilización”.

Gitó Dokabú (el resguardo de Julio Natura), por ejemplo, colinda con algunas comunidades afro-colombianas víctimas del conflicto que responsabilizan de lo que les pasó a estos grupos indígenas (por haber tenido nexos con la guerrilla). De hecho, a partir del momento en que se supo que las milicias de los grupos armados transitaban por territorio embera, los candidatos apoyados por los resguardos indígenas a las elecciones locales han sido recurrentemente desprestigiados por parte de sus contendores, que agitan el discurso de que se trata de representantes de comunidades guerrilleras.

Económicamente también ha habido impactos. El aislamiento político y social cerró para Gitó Dokabú y otros dos resguardos aledaños la salida comercial del cacao que producen y por eso sus habitantes necesitan intermediarios que les ayuden a vender sus cosechas.

A juicio de la ARN, las comunidades quedaron fracturadas por dentro. Los que nunca participaron en la guerra tienen miedo de que aquellos que sí, regresen, y los excombatientes -que en muchos casos fueron reclutados forzosamente- temen ser mal recibidos.

En 1995, cuando Julio volvió del Magdalena Medio (a los 15 años), se encontró con que su papá había muerto y su mamá no lo reconoció:

— No, mamá, yo soy tal fulano, volví – cuenta.

— Entonces –sigue contando– mi mamá lloró, y ella y mis hermanos me recibieron bien.

Dos meses después de esta escena fue que el ELN le preguntó a Julio quién era. Él les explicó que hacía parte del resguardo pero se había ido de viaje y ahora regresaba para estar con su mamá.

- Me preguntaron si quería trabajar con ellos, sin mentiras. Me dijeron “Hermano, pues si se quiere venir, con nosotros tiene libertad. Bienvenido”.

El primer año fue informante en las milicias urbanas; le seguía los pasos al ejército. A veces se iba para Pereira a mercar o a comprar botas, ropa camuflada, lo que le mandaran. Tenía permiso para ir al resguardo en sus días libres.

— En esa época a la guerrilla la respetaban mucho y les daba miedo porque esa gente pues mataba, ¿no? –explica Julio–. Yo llegaba y algunos me saludaban: mi familia.

Otras veces le decía a sus superiores que la mamá estaba mal de comida, entonces le daban 200 o 300 mil pesos.

- Yo le entregaba 200 mil a ella y me quedaba con 50 mil o algo así. Y después me tiraba al monte otra vez un año, dos años. Y no regresaba.

‘Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar,’ dice Gardel. Un día de 2015 sus comandantes le dijeron que se podía ir definitivamente si quería regresar al resguardo. Pensó que podían asesinarlo y les preguntó qué medidas tomaban ellos frente a un desertor. Le respondieron que él podía vivir tranquilo siempre y cuando no se llevara armas o dinero y no fuera sapo.

Se fue entonces, volado, sin despedirse ni anunciarle nada a nadie, y se encontró con un amigo que le llevó el mensaje al ejército de que había un guerrillero disponible para entregarse. Horas después llegaron dos militares en una moto vestidos de civil a recogerlo a él, que estaba de camuflado. Le dieron ropa de civil para que se cambiara y más tarde llegó una camioneta Toyota en la que se lo llevaron para un batallón.

La Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización (ARN) ha intentado propiciar la reconciliación dentro de estos pueblos, ponerle yeso a la fractura que dejó el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales en nueve departamentos, entre ellos los tres del Eje Cafetero. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la ha apoyado en su estrategia de poner a todo el mundo a construir lugares en donde los que se fueron y volvieron puedan encontrarse con los que siempre estuvieron, incluidas las víctimas. La Agencia calcula que 700 indígenas embera de las etnias Chamí y Katío se benefician indirectamente de la iniciativa.

Ninguno de los 40 desmovilizados que hacen parte de este programa salió de la guerra como resultado del acuerdo de paz que en 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos logró con las FARC; cada uno desertó espontáneamente entre el 2014 y el 2018, la mayor parte de las FARC o el ELN.

Como parte del proyecto, en el resguardo Unificado Chamí, también cercano al corregimiento de Santa Cecilia, montaron una emisora. Y en la comunidad de Julio Natura, se están terminando una caseta comunal y un tambo. Este último es una estructura de arquitectura ancestral para actividades colectivas culturales y religiosas.

— Los chicos que vinieron de varias zonas, los de la ARN, la comunidad… todos pusieron la mano. Cargamos las columnas de madera y las hojas de láminas de zinc montaña arriba hasta aquí. – explica Julio cuando se le pregunta cómo se hicieron el tambo y la caseta– Yo le avisaba a la gente lo que hacía falta traer y coordiné la obra con el gobernador y el cabildo mayor.

En la zona llueve mucho. Y hasta que se hizo esta nueva caseta de cemento, ladrillo y un tejado que dicen va a ser de buen material, el ágora en donde se dirimían los asuntos de esta mínima polis era una estructura de guadua sin piso y con un techo mal sostenido que dejaba entrar el agua y podía caerse sobre los indígenas en cualquier momento del debate.

Julio hoy tiene 38 años y por lo pronto vive al lado de su mamá. Su plan para el próximo año, cuando se hará bachiller, es volverse líder del resguardo para exigir más respeto por los niños, que la gente trabaje y que nadie vaya a mendigar más a la ciudad.

Pero no todos los embera del resguardo de Gitó Dokabú que participaron en la guerra hablan abiertamente del tema. Después de haber visto al equipo de SEMANA llegar en compañía de la Agencia de Reincorporación y presenciar una reunión comunitaria donde se habló del asunto, varios líderes indígenas negaron que algún miembro de la comunidad se hubiese ido con un grupo armado en el pasado.

Adentro del tambo ancestral que excombatientes y no excombatientes de otra de las comunidades ubicadas en ese resguardo levantan trabajando hombro a hombro, entrevistamos a uno de los gobernadores locales de esa reserva. Los hombres descansaban luego de una ardua jornada de construcción en la mañana.

— Acá no ha habido reclutamiento – dijo el gobernador ahí mismo – Si un grupo armado viene a llevarse a alguien, la comunidad no le permite a la persona irse.

Indagando por la situación de seguridad de los dirigentes de estas comunidades, comienza a ser claro por qué personas como el gobernador indígena negaban lo evidente. Según la Defensoría del Pueblo, 80 de los 431 líderes sociales asesinados en Colombia desde el 2016 hasta el 2018 son indígenas (el 19 por ciento). En febrero del año pasado, la misma institución publicó un documento de alerta que enumera aquellas comunidades del país cuyos líderes sociales están en alto riesgo. La población embera katío del resguardo Gitó Dokabú está allí.

Juan de Dios Restrepo, fiscal del cabildo, asegura que las autoridades embera han recibido amenazas desde hace cinco meses. En varias ocasiones cuatro hombres en moto han rondado Santa Cecilia preguntándole a los habitantes quiénes son los miembros de la junta del cabildo y al celular del secretario de esa organización han enviado mensajes por Whatsapp diciendo que quieren acabar con la junta.

- Por eso yo para andar en Santa Cecilia, yo anda con miedo. – dice Juan de Dios en su español precario – Porque yo no quiero morir.

El primer fin de semana de este año, tres personas aparecieron encapuchadas y con armas blancas en el resguardo Gitó Dokabú, preguntando por tres profesores indígenas: Humberto y Florentino Nariquiaza, y Luis Carlos Restrepo. El gobernador mayor del resguardo, Francisco Botoma, confirmó que se trata de personas afro y mestizas que luego regresaron en la noche del domingo. Estaban arrastrándose hacia la casa de uno de los maestros cuando la guardia indígena los vio.

- Hasta el momento se presenta una condición de seguridad prestada por la misma guardia indígena en el sector – le dijo Botoma a los medios de comunicación.

Aunque el ELN, las FARC y las Autodefensas ya no se disputan el lado risaraldense de la frontera, el territorio embera sigue siendo corredor para las milicias elenas, que están radicadas en el lado chocoano. La vasta mayoría de hijos pródigos, ya desmovilizados no han podido volver buscando el perdón de sus mayores. Al huir se llevaron armas e información de la guerrilla que entregaron al ejército y en esas condiciones sus ex jefes llegarían hasta sus resguardos a impartir castigo. No se sabe cuántos son los desmovilizados de esta etnia -porque el cabildo no da esa cifra- ni tampoco los que siguen siendo reclutados. Todavía el paraíso sigue perdido.