¿Quiénes asesinaron a 220.000 colombianos?

La pregunta más perturbadora que arroja el informe general del Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto armado es sobre las responsabilidades de lo ocurrido. ¿Cuáles son las fuerzas, los grupos, los individuos autores de la colosal escala de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional que han tenido lugar en Colombia en el pasado medio siglo?

 

El informe ‘Basta ya. Colombia: memorias de guerra y dignidad’ es el primero de su tipo y procedencia en intentar una respuesta sistemática a este interrogante, crucial para superar el conflicto armado.

 

El informe delinea responsabilidades, adelanta algunas cifras y esboza ciertas hipótesis, que son todavía parciales y ameritan mayor investigación, judicial e histórica. Pero que muestran que la responsabilidad ha sido de todos los actores del conflicto, no solo de los grupos armados irregulares sino también del Estado y la Fuerza Pública.

 

Por una parte, aunque ‘todos hicieron de todo’, el informe sostiene que cada actor se ‘especializó’ en ciertas formas de violencia.

 

“Los paramilitares –dice– estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual”.

 

“Las guerrillas –continúa– recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además afectaron a la población civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos, y de la siembras masiva e indiscriminada de minas antipersonal”.

 

“La violencia de los miembros de la Fuerza Pública –concluye esta caracterización el informe– se  centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos, y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza”.

 

Las cifras recolectadas por el grupo de investigadores sostienen esta hipótesis de la ‘especialización’. No son tan completas como para permitir distribuir estadísticamente de forma exhaustiva las responsabilidades por los 220.000 homicidios cometidos con ocasión del conflicto armado desde 1958 o los cerca de 5 millones de desplazados causados por este entre 1985 y 2012. Pero de ellas surgen algunos patrones.

 

Los paramilitares son responsables del 60 por ciento de las masacres y de casi 40 por ciento de los asesinatos selectivos sobre los cuales hay registro de responsabilidad. A las guerrillas se les atribuye más de 90 por ciento del total de secuestros (solo las Farc tienen más de 12.000 de los 27.000 secuestros relacionados con el conflicto), 75 por ciento de los casos de reclutamiento de menores y la casi totalidad de la siembra de minas antipersonales.

 

Según denuncias de las víctimas, el abandono y despojo de tierras es responsabilidad casi por partes iguales de los paramilitares y las Farc. Igual ocurre con las cifras de violencia sexual, en la que paras y guerrilleros serían responsables de alrededor de 350 casos cada uno, de los más de 1.700 registrados.

 

La Fuerza Pública, por su parte, registra 2.399 asesinato selectivos, 158 masacres con 870 víctimas mortales, 57 casos de sevicia y tortura y el informe señala su papel en las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzosas, en particular en los años del Estatuto de Seguridad durante el gobierno del presidente Turbay.

 

Estos datos apuntan por primera vez a un debate clave para el futuro del país: poner sobre la mesa todas las cartas de responsabilidad en el conflicto armado. Como es evidente en el informe, no se trata solo de una investigación –a la que aún le falta mucho para estar completa– sobre los crímenes cometidos por cada uno de los actores. Además, hay cuestiones de responsabilidad política, moral y material de muchos autores que no figuran en los grupos armados o entre los incriminados de la Fuerza Pública.

 

Lo que el Estado hizo o dejó de hacer ha jugado un papel muy importante. El origen y desarrollo del paramilitarismo aún ofrece mucha tela que cortar. El papel del narcotráfico y su relación con todos los armados, es otro ámbito en el que aún es mucho lo que falta por saber. Quiénes han sido los grandes beneficiarios del despojo y el desplazamiento y las lógicas y las dinámicas que han provocado la violencia son otros temas de fondo a los que el informe presta atención.

 

Como dice el informe: “Aunque muchas verdades han salido a la luz pública, una parte importante aún permanece oculta (…) Las estructuras, los poderes detrás de los armados aún siguen muchas veces pendientes de esclarecer”.

 

Estos datos y algunas de las afirmaciones de los investigadores son un valioso aporte en esa dirección. Pero son apenas el primer paso para poner sobre la mesa todas las cartas de estos 50 años de violencia degradada.