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Especiales Semana: La Revolución de la Infraestructura

Institucional Entonces esta fue la tarea primordial en el Plan de Desarrollo Nacional del DNP de 2010. Abrir la puerta a lo que se conoce como pago por disponibilidad: que el gobierno solo pague al contratista cuando este entregue tramos de la obra disponibles para el uso de los ciudadanos. Estos tramos se denominan unida-des funcionales. El cambio es considera-ble, si se tiene en cuenta que en los contratos anteriores a 2010 el Estado estaba com-prometido a girar recursos –semestral o anualmente– a una fiducia que le pagaba al constructor aun sin entregar parte de la obra. Suponía, en muchas ocasiones, que el Estado se endeudara para no incumplir su compromiso –y no ser multado–, así los avan-ces de la obra fueran insigni-ficantes o no existieran. El decreto 1467 de 2012 corrigió este pano-rama. Y aclaró que desde ese momento, el contratista privado debe entregarle al Estado unidades funcio-nales de una obra en las que haya invertido mínimo 70.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes –aproximadamente 100.000 millones de pesos–. Esto disminuye el nivel de endeu-damiento del sector privado y favorece a los usuarios que ya pueden movilizarse en ese tramo de obra. A la fecha se han pre-sentado más de 200 ini-ciativas privadas a todas las entidades, del orden territorial y nacional, de las cuales a la ANI han llegado: en corredores viales, 41; en ferrocarriles, 13 y en aero-puertos, 47 seis. Las ventajas Con este nuevo mecanismo de concesiones, el inversionista privado que se contrata para construir, reparar, equipar o mejorar una obra, deberá también encargarse de su operación y mantenimiento. En este tipo de proyectos el Gobierno solo pagará una vez que empiece la etapa de mantenimiento de la obra. El 60 por ciento saldrá de peajes y el 40 por ciento de presupuesto nacional, punto que queda respaldado con la creación de vigencias futuras. En siete años se comenzarán a ver los resultados, no solo porque muchas obras finalizarán, sino porque de su éxito dependerá que la propia ley sea referente en la construcción de infraestructura social: cárceles, colegios y hospitales. segundo, licitaciones sin estudios previos, es decir, desconocimiento del costo total o el diseño de la obra. Hoy el gobierno y los sectores finan-ciero y privado coinciden en que esta ley es la oportunidad de Colombia, porque al fin el país está listo para una inversión nunca antes vista: 47 billones de pesos para las concesio-nes de Cuarta Generación (4G), que se suma a un presupuesto histórico para el sector: 8,7 billones de pesos promedio anual, para infraestructura. Juan Carlos Mojica, subdi-rector de Transporte del DNP, asegura que “con el proyecto de 4G se están asegurando recursos por casi 30 años. Se esperaría que en los próximos cuatro años, si se mantiene la tendencia actual, estaremos hablando de 32 billones de pesos hasta 2019”. La urgencia, sin embargo, era cam-biar por completo el mapa de la contra-tación, pues sin reglas claras el Estado y el país seguían siendo los grandes perdedores. A. Procedimiento de financiación convencional de las concesiones anteriores El pago se realiza independientemente del cumplimiento con el servicio B. Procedimiento de financiación APP El pago se realiza de acuerdo con el cumplimiento del servicio Aportes Nación Construcción Operación y Mantenimiento Construcción Operación y Mantenimiento Aportes Nación Comparativos de financiación


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