Al Amazonas venezolano siempre le ha sobrado espacio y le ha faltado gente y recursos. Ese era el argumento para que siguiera siendo un territorio y no un Estado, hasta 1992, cuando, en un espíritu de descentralización nacional, se cambió su estatus. Hoy sigue siendo inmenso, comprende casi el 20 por ciento del territorio nacional, y aunque en sus selvas y ríos habitan más de 20 pueblos indígenas, en todo el Estado no hay más de 200 mil habitantes. La mayoría sigue siendo pobre.

 

Un poco más de la mitad de los amazonenses viven en su capital, Puerto Ayacucho, al borde del Río Orinoco. La ciudad fue fundada oficialmente en 1928, por orden del dictador venezolano Juan Vicente Gómez, y no es precisamente un modelo de planeación y urbanismo. A pesar de que mucho de lo que entra y sale de Puerto Ayacucho llega por el río, la ciudad no cuenta con una infraestructura portuaria ni un muelle apropiado. Su vía principal tampoco es un malecón con vista a la más grande autopista fluvial de la región, y la plaza principal, donde está la Iglesia y las sedes de gobierno, (la de la gobernación está abandonada desde hace años y por eso se despacha desde varias sedes paralelas) también le dan la espalda al río.

 

Indígenas, mestizos, venezolanos de otras partes del país, colombianos, árabes y chinos viven en esta ciudad de casas desperdigadas, malas comunicaciones y clima húmedo pegajoso. La mayoría vive de la pesca, el transporte, el comercio, la minería, la artesanía, o el Estado, que en el caso de Amazonas, son dos distintos, la gobernación de oposición, de Liborio Guarulla y el Estado central, el que rige hoy Nicolás Maduro en reemplazo de Hugo Chávez, quien en 14 años de mandato solo visitó tres veces la ciudad.

 

Su falta de presencia, no obstante, no fue obstáculo para que la gente se beneficiara de los subsidios del gobierno. La gobernación también tiene sus propios programas. Ese esquema asistencialista de la Venezuela actual ha cambiado no solo el modo de vida de los habitantes de la ciudad, sino también de los indígenas que están en otras partes más alejadas, y hasta de quienes viven del otro lado de la frontera. Hay comunidades indígenas colombianas, que aprovechando su estatuto especial, crearon consejos comunales a lo chavista. Estos son una forma de autogobierno de la comunidad y reciben recursos del Estado para ejecutar sus propios proyectos.

 

Muchos colombianos que viven en Puerto Carreño o en Casuarito, al otro lado del Río, también aprovechan el sistema de salud del gobierno venezolano. En los Centros de Diagnóstico Integral de Puerto Ayacucho, manejados por médicos cubanos, los atienden gratuitamente. Si quieren ir a la universidad en la región, también lo hacen en Puerto Ayacucho. Y si necesitan comprar comida o gasolina, lo hacen en la ciudad, que sin embargo, no es un lugar próspero y rebosante de comercio. Al contrario, cada vez está más pobre.

 

Las políticas económicas del gobierno venezolano han hecho que la inflación aumente cada vez más y que el bolívar pierda valor. La falta de acceso a divisas, en un país que las necesita para importar todo porque cada vez produce menos, ha incidido en que haya una grave escasez de alimentos, insumos médicos y materiales de construcción, entre otras necesidades.

 

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En Puerto Ayacucho no hay muchas opciones para comprar lo que la gente necesita. Uno de los grandes supermercados que había en la ciudad se quemó y la gente dice que el otro que queda va a tener que cerrar. Las dos tiendas Mercal que hay en la ciudad, y que son del gobierno, siempre están llenas. Cientos de personas hacen fila en la calle desde el día anterior para comprar lo que encuentren, a precios controlados y artificialmente bajos. Hace dos semanas no había ni leche ni pollo. El papel higiénico, al que le dicen “oro blanco” también escasea. En algunas ocasiones se han armado bochinches frente a los Mercal por el desespero de los compradores. La otra opción que tienen es comprarle la comida a los comerciantes chinos, que siempre tienen stock, pero a otros precios, o cruzar el río y comprarlo en Colombia, donde vale cuatro o cinco veces más.

 

Los dueños de almacenes de Puerto Ayacucho que venden ropa, zapatos, artículos de casa, se quejan de que el poco comercio que hay en la ciudad hoy en día no resulta atractivo, ni para los venezolanos ni para los colombianos. Porque ambos son pobres en la región. “Asesino”, le dijo un cliente a un vendedor de zapatos porque han subido dos o hasta tres veces en precio en los últimos meses. El vendedor teme que en septiembre la situación será crítica, porque un par de zapatos de colegio, que costaban 80 bolívares el año pasado, hoy están a 320 al por mayor. Muchos de los comerciantes están aguantando con la mercancía que tienen en sus tiendas y que compraron en febrero, cuando el precio del dólar paralelo respecto al bolívar estaba a 19. Ahora los mayoristas calculan que está a 45. Y así varios comerciantes no van a volver a hacer pedidos.

 

Para rematar, los comerciantes son víctimas frecuentes de robos. Cuentan que hace menos de un mes, hubo 44 en una sola semana, y cinco de ellos, fueron atracos a bancos.  El presidente Nicolás Maduro intervino por graves indicios de corrupción a la policía de Amazonas hace unas semanas, pero ésta realmente tiene pocos hombres, pocos recursos y poca fuerza.

 

La Guardia Nacional es la verdadera autoridad en la región. Ellos controlan la seguridad en el aeropuerto, el puerto sobre el río y los alcabalas que hay sobre la carretera principal que conecta a Puerto Ayacucho por tierra con el resto del país. Hay 18 horas de camino hasta Caracas y la vía, que atraviesa una llanura salpicada por enormes rocas marrones, que parecieran haber rodado hasta allí como canicas sobre una alfombra verde, está en mal estado. El gobierno acaba de decretar el estado de emergencia en las vías del país, lo que le permitirá, en teoría, hacer reparaciones urgentes en los próximos 90 días. Hasta ahora, es la misma gente, que vive en ranchos cercanos a la carretera, la que se ha encargado de ponerle parches a la vía y cobran un peaje voluntario al que pasa por allí.

 

Por la carretera circula de todo, lo legal y lo ilegal. Los militares se supone que son los guardianes de la legalidad, pero al mismo tiempo son los verdugos de la informalidad. La población se queja de las requisas de mercancía que entra y sale, pero también de la extorsión y matraqueo de algunos militares. El mejor negocio de la zona es la venta de gasolina de contrabando a los colombianos y muchos en la Guardia lo saben. Si redoblan las operaciones y los decomisos, atentarían también contra su propia fuente de ganancias,  y afectarían el principal motor económico que mueve a la frontera.

 

 

 

Puerto AYACUCHO (Venezuela)

Capital comercial de indígenas e inmigrantes

Mucho estado y cada vez menos mercado están estancando el progreso de la ciudad más diversa del Orinoco.