“La represa trajo la muerte a nuestra gente: muerte de los pescados, muerte de los miembros de la comunidad, que han sentido la pérdida de proteína, y la muerte de nuestros líderes que han protestado y desafiado este megaproyecto”. Las palabras de Kimy Pernía Domicó, líder indígena embera katío desaparecido en 2001 por los paramilitares, resumen la compleja y larga lucha que este pueblo étnico del Alto Sinú, Córdoba, tuvo que librar por la construcción de la central hidroeléctrica Urrá en parte de su territorio.

Este es un caso emblemático no sólo en la lucha indígena del país sino también en la historia de la consulta previa. Por primera vez la Corte Constitucional exigió la reparación a una comunidad, que no fue consultada antes de que se desarrollara el proyecto que los afectaría. En 1998 la Corte le ordenó a la Empresa Multipropósitos Urrá indemnizar económicamente a este pueblo, para garantizar su “supervivencia física”, y acompañarlo en los cambios “culturales, sociales y económicos” que implicara su nueva realidad.

Pero los daños ya estaban hechos: varias comunidades habían sido obligadas a reasentarse y a transformar sus tradiciones; y por lo menos nueve líderes desaparecieron o fueron asesinados, al parecer por grupos paramilitares, por rechazar abiertamente el proyecto. Hoy su situación no es menos dramática: Urrá dividió al pueblo, el dinero que recibieron cambió sus formas de vida, la población se redujo considerablemente y una gran porción no encontró otra salida que el desplazamiento.

“Antes que ver a nuestros sagrados mayores profanados (la tierra, el petróleo…) preferimos nuestra propia muerte, el suicidio colectivo del pueblo u’wa. Si en la lucha por lo nuestro hemos de dar un último paso, será ese”. Este es apenas un fragmento del manifiesto que la Asociación de Autoridades Tradicionales U’wa Werjain Shita hizo hacia 1995, cuando la multinacional Occidental de Colombia (Oxy) recibió el respaldo del gobierno para la exploración de petróleo en un terreno ancestral de este pueblo indígena.

La lucha social y jurídica de los u’wa contra la Oxy es un hito para el movimiento indígena del país y ocupó, además, un espacio en la prensa internacional como no había ocurrido antes. La comunidad logró que la multinacional renunciara a sus pretensiones de explorar un área conocida como bloque Salomé, que coincidía con sus tierras sagradas en los límites de Boyacá, Norte de Santander y Arauca. El error más grave en este caso, concluyó la Corte Constitucional, fue que el gobierno y la empresa ignoraron la consulta previa.

El 1997 el alto tribunal ordenó suspender el proyecto de exploración sísmica hasta que se realizara el proceso de consulta. La respuesta de los u’wa marcó también un precedente: rechazaron la posibilidad de una consulta previa y decidieron continuaron con su batalla social. La misma posición tomarían los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta en febrero de 2016: arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos se unieron para decirle “no” a la consulta previa en su territorio (según el Ministerio del Interior estas negativas no detienen los procesos; el estudio de los impactos queda a cargo de una comisión gubernamental).

Finalmente en mayo de 1998 la Oxy anunció su renuncia a la exploración de las 200.000 hectáreas del bloque Salomé.

En febrero de 1997 quince mil campesinos de la cuenca del río Cacarica (Riosucio, Chocó), tuvieron que desplazarse por los bombardeos y el miedo que llevó a la región la “Operación Génesis”: una arremetida de las fuerzas militares y paramilitares del país en contra del Frente 7 de las Farc. Ese mismo mes, en ese mismo escenario, los paramilitares asesinaron a Marino López, líder de la comunidad de Bijao.

Dos años más tarde la comunidad empezó a retornar, se organizó bajo la figura de Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, y se hizo dueña de un territorio titulado colectivamente. Ahí comenzó su nueva batalla. Esta vez tuvieron que enfrentarse al mismo gobierno que, a través de la autoridad ambiental Codechocó, autorizó la explotación de sus bosques: su recurso más sagrado.

Por orden de la Corte Constitucional en 2003 Codechocó tuvo que suspender las explotaciones forestales. Además se le exigió realizar el proceso de consulta previa con la comunidad y crear una reglamentación para el uso de sus tierras. “El aprovechamiento de los suelos y bosques deberá beneficiar a los pueblos indígenas y tribales”, señaló el alto tribunal. Y agregó que tanto “el desplazamiento y los hostigamientos de toda clase de que fueron y siguen siendo víctimas”, como la deforestación, estaban atentando contra la “identidad cultural” de este pueblo afro.

¿Qué comunidades afrodescendientes tienen derecho a la consulta previa? ¿Sólo aquellas que habitan en territorios colectivos? La Corte Constitucional resolvió estas dudas cuando le dio la razón a Moisés Pérez Casseres, un ciudadano que interpuso una acción de tutela en contra del Ministerio del Interior (principal responsable de la consulta) porque ignoró a su comunidad en un proceso de participación.

Pérez señaló que el Ministerio vulneró sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación y a la igualdad, al convocar sólo a los raizales y a los consejos comunitarios de propiedades colectivas, para elegir un grupo de delegados ante el Gobierno. Esta decisión “supuso la exclusión y discriminación de la población afrocolombiana que reside en zonas urbanas, que está en situación de desplazamiento y de las comunidades negras que están organizadas en consejos comunitarios y otras formas organizativas válidas, pero que no cuentan con un territorio adjudicado por razones imputables al Estado”, argumentó Moisés Pérez.

La decisión de la Corte Constitucional, de 2014, fue histórica: dejó sin efectos la determinacion del Ministerio del Interior y le ordenó convocar a todas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país a participar en la construcción de un “espacio nacional de consulta”, para estudiar los proyectos y las decisiones que los afectarán directamente. En otras palabras, le devolvió a toda la comunidad afrodescendiente del país su derecho a ser consultada.