Operación
Bastón

Bastón. Con ese nombre clave los militares llamaron a una operación que agrupa decenas de misiones de trabajo desarrolladas por la contrainteligencia del Ejército durante varios años para descubrir las redes de corrupción en el interior de este. El título hace referencia a los bastones de mando que usan los generales porque justamente por ellos, los oficiales de ese rango, comenzó uno de los trabajos más serios y documentados de la historia reciente para dar con las manzanas podridas.

El resultado de esa labor de investigación interna es sencillamente impactante, no solo por el número de uniformados de todos los grados involucrados en actividades por fuera de la ley, sino por la gravedad de hechos. Esas misiones hicieron hallazgos sorprendentes: un general le vendía información a las Farc y luego a las disidencias. Otro hacía negocios con narcos del Clan del Golfo. Varios oficiales andaban en alianzas con integrantes de la estructura sicarial conocida como la Oficina de Envigado, a quienes les daban armas y salvoconductos. Algunos más estaban comprometidos en robos a su propia institución, contrataciones a dedo a cambio de jugosas coimas y fuga de información a políticos y delincuentes.

Por el volumen de información bien se podría hablar de una especie de WikiLeaks del Ejército colombiano. Allí están consignados algunos de los secretos de unos pocos que deshonraron el uniforme y traicionaron a la inmensa mayoría de hombres y mujeres honestos que integran esa institución.

“Las actividades de contrainteligencia que desarrolla el Ejército Nacional están ceñidas al marco legal, garantizando los derechos al buen nombre, la intimidad, la integridad personal y familiar, el debido proceso y la reserva legal”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Contó que han judicializado 13 personas por cuenta de esas operaciones y han tomado otras 38 decisiones administrativas a causa de esas investigaciones.

El ministro se pronunció en un día inusual, el domingo 10 de mayo por la tarde. Pocos días antes el país oyó por primera vez hablar públicamente de Bastón por las referencias que hizo sobre el tema el periodista Julio Sánchez Cristo en W Radio. Durante meses Bastón se había convertido en una especie de tema fantasma que atormentaba y preocupaba a muchos en las filas. Cuando la emisora la mencionó y el ministro confirmó su existencia y seriedad, se les pusieron los pelos de punta a más de uno. Y no es para menos.

¿Qué encontró la operación?

Bastón abarca cerca de 20 misiones de trabajo. Cada una lleva nombres claves como Falange, Cóndor, Isidoro, Harel, Iñaki, entre otros. En total suman más de cinco gigas de información que contienen 57.538 documentos, contratos, videos, entrevistas y toda suerte de soportes que respaldan cada una de estas investigaciones. En algunas participaron la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Fiscalía General. SEMANA tuvo acceso a la totalidad de esos documentos.

Bastón fue el resultado de una profunda reforma que incluyó los sistemas de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, y que duró varios años. Esta surgió en las recomendaciones y asesorías que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) le hizo a Colombia como uno de unos requisitos para entrar a formar parte de esa organización militar como socio, no como miembro pleno. El mayor beneficio incluía tener un intercambio fluido de información con los ejércitos de la Otan, entre esta las prácticas y técnicas para prevenir y combatir la corrupción.

En un ejercicio inédito, en 2017 el Ejército puso en marcha el plan para investigar a fondo a todos los generales sin excepción, entonces 63 en total. Después de un primer barrido, que incluyó análisis financieros, los investigadores encontraron que de ese grupo, 16 generales podían tener algún nivel de riesgo de estar involucrados en temas de corrupción. Allí comenzaron las misiones, que se prolongaron durante más de un año.

En muchos de los casos investigados lograron documentar y evidenciar la existencia de estructuras –unas más grandes que otras– en cuya cabeza estaba un general y en su base, suboficiales y civiles que cometían las irregularidades. Del total de las misiones de trabajo que forman parte de Bastón aparecen relacionados, además de 16 generales, 128 oficiales entre los grados de capitán a coronel. También 122 suboficiales y cerca de 35 civiles. Todos tienen diversos niveles de responsabilidad y participación en los diferentes delitos que aparecen documentados.

Hallazgos sorprendentes

Las investigaciones encontraron algunos temas preocupantes que incluso amenazaban la seguridad nacional. Es el caso de la misión de trabajo Harel u Honor, como también fue bautizada. Allí recolectaron pruebas y testimonios que señalaban que un general, cuyo nombre SEMANA se abstiene de revelar para no obstaculizar las investigaciones, vendía información a las Farc y posteriormente a las disidencias. “De acuerdo con lo mencionado por la fuente, el grupo armado organizado por intermedio del sujeto a.Gran Noble (sic) recibió información por parte del señor general, la cual fue recompensada con dádivas, situación que se abría presentado en diferentes oportunidades... Departió y favoreció en diferentes oportunidades a personas de los GAO (grupos armados organizados)... Fugó información a grupos armados colocando en riesgo la integridad física de las tropas, saboteando el desarrollo de operaciones militares. Se reunió, planeó, entregó información y se favoreció de los grupos armados organizados”, dicen algunos de los apartes del voluminoso archivo de esa operación en referencia a ese general. En este aparece incluido el video de una guerrillera del frente 10 en el que, con lujo de detalles, cuenta cómo, dónde y cuándo le entregó 2.000 millones de pesos a ese oficial. Hace poco, antes que esa investigación llegara a su fin ese general pidió el retiro.

En la misión de trabajo con el rótulo de Falange hay documentadas más de 50 entrevistas a suboficiales y oficiales, la mayoría tenientes coroneles y coroneles. Allí confiesan y aportan pruebas de la manera en que participaron, por orden de un general, para asignar contratos a dedo y quedarse con los recursos de la unidad militar a la que pertenecían, los cuales eran repartidos con el comandante que aún permanece en servicio activo. Este tipo de prácticas está documentado en múltiples misiones de trabajo en diferentes regiones del país.

El Ejército puso muchas de estas operaciones de contrainteligencia en conocimiento de la Fiscalía General. Sin embargo, en varios casos ese esfuerzo por depurar su propia fuerza no encontró el respaldo necesario y por diferentes razones la información que los militares entregaban a los fiscales se fugaba o sencillamente terminaba engavetada.

Un ejemplo del primer caso aparece en la misión Cóndor, en la que investigaban a un general, así como a 12 oficiales, por proteger y trabajar con los grupos de minería ilegal y narcotraficantes del Clan del Golfo, que actúan en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Por estos casos existían algunos radicados en la Fiscalía, y en uno de ellos aparecen los audios en donde les advierten a los uniformados involucrados tener cuidado porque la contrainteligencia militar los está investigando.

Algo no menos extraño sucedió en la Fiscalía con la misión de trabajo Gavilán. Se trataba de una investigación contra una red que vendía armas y salvoconductos a narcotraficantes de la Oficina de Envigado. En julio del año pasado SEMANA reveló parte de esta historia en una portada titulada ‘Ovejas negras’, que comprometía al excomandante de la cuarta brigada, general Jorge Romero, con estas y otras actuaciones. Tres semanas después fue capturado y el entonces fiscal general encargado, Fabio Espitia, tuvo que reconocer que los militares habían puesto ese caso en conocimiento de la Fiscalía desde hacía más de un año, donde permaneció congelado hasta cuando esta revista lo divulgó. No fue el único caso (ver recuadros).

La cacería

La operación Bastón fue avanzando, el Ejército empezó a tomar medidas contra algunos de los involucrados. No obstante, era previsible que un sector – implicados por acción u omisión en las investigaciones– no iba a recibir bien esas actividades de depuración. Con el cambio de la cúpula en enero de 2019 la situación se transformó drásticamente, y algunos de los mencionados e investigados en las misiones de Bastón emprendieron una dura ofensiva.

Echaron para atrás muchas de las reformas hechas a los sistemas de inteligencia. Y comenzó una cacería para dar con quienes hicieron parte de esas investigaciones. El entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, nombró jefe de contrainteligencia al general Eduardo Quiroz. Como reveló SEMANA en junio del año pasado en un artículo titulado ‘Operación silencio’, como parte de esa persecución ese alto oficial realizó en un tiempo récord más de 200 traslados y despidos de personal altamente calificado. Básicamente estaban buscando a los responsables de haber participado en las misiones que integran Bastón y de denunciar lo que estaba ocurriendo.

Como resultado de esos cambios en inteligencia y contrainteligencia, gran parte de las misiones de trabajo de Bastón quedaron congeladas el año pasado. Traslados, destituciones, amenazas y guerra sucia en contra de quienes participaron o sencillamente eran sospechosos de haber participado en las misiones de Bastón se volvieron permanentes hasta el día de hoy . Desde hace semanas, la feria de anónimos y supuestos oficiales honestos dispuestos a contar ‘la verdad’ ronda los medios e inunda las redes con desinformación.

Algunos de los participantes de Bastón guardaron parte de las misiones fuera de los archivos para evitar que alguien las destruyera o manipulara. Cuando este tema empezó a salir a la luz pública hace pocos días, y ante la inminencia de un nuevo escándalo, los mandos militares mandaron a reconstruir los detalles de lo que fue Bastón y a volver a impulsar las investigaciones internas. Le presentaron el resultado de ese ejercicio al ministro de Defensa y la información recaudada pasará a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto.

“Las misiones de trabajo de inteligencia y contrainteligencia continuarán porque no solo son estratégicas, sino porque son indispensables para seguir con la política del Gobierno nacional de cero corrupción”, dijo a SEMANA el comandante del Ejército general Eduardo Zapateiro. Bastón y los oficiales y suboficiales que participaron de esta gigantesca operación anticorrupción en el Ejército han sido objeto de todo tipo de amenazas y persecuciones. Que el ministro Trujillo y los altos mandos reconozcan públicamente que se trató de actividades legítimas y serias ayuda a despejar de estas investigaciones las manipulaciones políticas, sesgos ideológicos o intereses mezquinos que han tratado de sacar tajada de este episodio. En particular, de la artillería de falsas noticias que bombardean con frecuencia las redes sociales, el terreno más fértil para la desinformación, la calumnia y la posverdad.

Lo que existe en esos archivos es muy grave y resultó de un esfuerzo de depuración interna que quedó a media marcha. Falta ver si la Fiscalía está a la altura de este desafío y permite castigar a ese puñado de militares que terminaron por mancillar a toda una institución y opacar los momentos históricos que vivió la inteligencia del Ejército en los años de la operación Jaque, que despertó la admiración del mundo entero.