Minas antipersonal:
de vuelta al horror

El perrito pisó la mina y el estallido lo mató al instante. El niño, que venía caminando detrás del animal, terminó inconsciente acostado boca arriba y tan bañado en sangre que su mamá llegó a pensar que había muerto. Al lado del pequeño de siete años quedó el hueco en la tierra y, alrededor, los restos de la mascota esparcidos por la trocha. El perrito recibió el mayor impacto de la onda explosiva.

Este accidente tuvo lugar el 14 de octubre del año pasado en la vereda San Ignacio, del municipio de San Calixto, en la región del Catatumbo. El pequeño, cuyo nombre se omite para proteger sus derechos, no había ido a la escuela ese día por haber amanecido con dolor de cabeza. Como a las 9:00 de la mañana se sintió mejor. Su mamá le pidió que fuera a la parte alta de la parcela a traerle un manojo de cimarrón para echarle a la sopa. Y así lo hizo. Cuando venía de regreso con su mascota y ya casi llegando a la casa fue que se vino el estruendo.

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Como en aquella remota vereda de San Calixto no hay hospital ni puesto de salud, al niño lo tuvieron que montar en un moto para llevarlo al municipio de El Tarra, en un trayecto que duró 30 minutos por carretera destapada. Allá le prestaron los servicios más básicos de salud y lo estabilizaron. Las esquirlas en el cuerpo lo ahogaban de dolor. El suplicio para que le dieran una atención especializada apenas comenzaba.

Este niño que ahora se levanta en las noches con pesadillas y que no quiere volver a la escuela por miedo a una explosión fue una de las 352 víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados (49 de ellos fallecieron) que dejó el año 2019, según lo documentó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Con los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc se creyó que llegaría el momento en que los accidentes con minas y artefactos explosivos irían quedando en el pasado. Sin embargo, desde 2017 la intensidad del conflicto en algunas regiones aumentó y con ello las violaciones a los derechos humanos. “La situación humanitaria se deterioró”, es la conclusión a la que llega, con cifras en mano, Christoph Harnisch, delegado del CICR en Colombia.

Este incremento de víctimas, agrega Álvaro Jiménez, director de la CCCM, está devolviendo al país veinte años atrás en cuanto a los impactos que la guerra en los campos. Varias fuentes consultadas coinciden en que todos los grupos armados ilegales hoy por hoy están sembrando minas: ahí entra el Clan del Golfo, Caparrapos, Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Epl, disidentes de las Farc, la llamada Mafia, entre otros.

La situación más compleja se está viviendo en Norte de Santander, donde se ha vuelto pan de cada día las confrontaciones entre el Ejército, el Eln y Los Pelusos. Solo allí se presentaron 110 víctimas, esto es, un aumento del 74% en 2019. El Catatumbo, que está al nororiente de este departamento, es el lugar de Colombia en el que más estallan minas y artefactos explosivos. En segundo renglón está Arauca con 54 casos (un aumento del 21%) y en tercer lugar, Antioquia con 38 casos (aumento del 64%). El núcleo rojo de este último departamento es el Bajo Cauca.

Catatumbo, minado

¿Por qué no se está desminando?

Un gran problema en medio de todo este drama es que las labores de desminado humanitario están frenadas en buena parte del país, especialmente en las zonas en las que el conflicto sigue vivo. Hay puntos incluso de la geografía colombiana en los que el Estado es débil y no tiene ni el control territorial ni los medios para establecer perímetros humanitarios para el desminado. De acuerdo con información de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, de las 156 zonas intervenidas actualmente, 13 están suspendidas en Cauca, Meta y Caquetá.

Con el número de víctimas disparado, las acciones que se adelantan en los territorios tampoco estarían siendo suficientes para contenerlas. De brazos cruzados andan los miembros de al menos siete organizaciones de desminado humanitario desde que se activó la violencia en Colombia. Esos trabajos han menguado no solo en razón a los riesgos que implica desminar en zonas de confrontación armada, sino por la falta de reacción del Estado para coordinar las labores cada vez que hay que suspender las operaciones.

“Uno de los problemas es el orden público. Revisamos con preocupación que muchas agencias de desminado tienen suspendidas las operaciones, incluso algunas de ellas están saliendo del territorio”, comenta Edwin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca. Algo parecido dice Nevardo Úsuga, director de la Asociación de Víctimas de Minas en Antioquia. “En regiones del Bajo Cauca, por ejemplo, desminar ahora es un trabajo perdido hasta que no haya una conversación con los grupos armados. No hay ninguna condición de seguridad”.

Las trabas en el desminado no solo son por el orden público. SEMANA tuvo acceso a un documento de la Procuraduría General de la Nación según el cual en el Gobierno no hay claridad en la hoja de ruta ni en el plan de operación en el tema de minas. De igual modo, dice el organismo de control, no hay definidos criterios para reasignar acciones y tareas en municipios con la rapidez que se necesita. A esa conclusión llegaron luego de revisar el Plan Estratégico 2020-2025 “Colombia libre de sospecha de minas antipersonal”, que presentó el Gobierno la semana pasada. De acuerdo con la entidad de control, el documento de 148 páginas no responde a la necesidad de los 327 municipios que tienen algún tipo de afectación por la presencia de los artefactos explosivos.

Todo este problema institucional se da en medio de una coyuntura apremiante. Y es que este 21 de marzo a Colombia se le vence el plazo para desminar todo el territorio nacional, tal como se había comprometido bajo el Convenio de Ottawa. Como esa meta no se cumplió, el país pedirá una nueva prórroga por cinco años más. Sin embargo y según lo ha venido señalando la Procuraduría, el plan estratégico carece de información detallada que permita conocer cómo se realizarán las operaciones en los municipios que requieren intervención. Esto se traduce en que, a juicio de la entidad, hay indicios de falta de planeación. La Oficina del Alto Comisionado respondió que sí tuvieron en cuenta las observaciones de la Procuraduría en la versión final del Plan Estratégico. "De hecho, este se construyó con el apoyo de todos los operadores civiles que hay en Colombia y en la última sesión de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (CINAMAP) se aprobó", le dijo a SEMANA, Miguel Ceballos.

Bojayá, bajo fuego cruzado

¿Por qué no llegan a todos los territorios?

Otras razones explicarían también por qué las organizaciones de desminado humanitario acreditadas por el gobierno no están en este momento operando en zonas que deberían estar priorizadas y donde se han reportado los últimos eventos con minas.

Sin embargo, esto no ha sucedido porque para operar estas agencias requieren del mandato de un documento que clasifica a los municipios por niveles de riesgo. El problema es que esta categorización se hizo con información de los años 2010 a 2015 y lo cierto es que hoy la realidad ha cambiado. La Oficina del Alto Comisionado insiste en que estas actualizaciones se hacen año a año.

Una mala clasificación también interfiere en que haya una adecuada priorización de los 170 municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se supone marcará en los próximos años una ambiciosa estrategia de desarrollo e inversión en las zonas más afectadas por el conflicto. Prueba de ello es que tres de los municipios que aparecen en el nivel de menor riesgo recientemente han registrado eventos con minas, estos son San Pedro de Urabá (Antioquia), María la Baja (Bolívar) y Tolú Viejo (Sucre).

En términos generales hay indicios que llevan a inferir que el tema de minas en Colombia pasó a un segundo plano, en parte porque muchos creyeron que estos efectos hacían parte de un conflicto superado. A eso se suma que hoy hay menos plata extranjera. La cooperación internacional bajó un 52%. El monto de contribuciones pasaron de USD 76 millones a 36 millones entre 2015 y 2017. El gobierno argumenta que las prioridades de los donantes se han orientado a la financiación de programas asociados al acuerdo de paz o la migración. Cosa distinta pasa con el presupuesto para minas que destinó el Gobierno Nacional. Este aumentó un 134% de 2019 a 2021. Sin embargo, ningún peso de estos será usado para desminado. La plata será para atención a víctimas y prevención.

Además de lo anterior hay otros reparos de la Procuraduría con las cifras oficiales. Del total de 391 municipios que el Gobierno anuncia como liberados de la sospecha de minas —113 de ellos entregados en el gobierno de Iván Duque, de acuerdo con la oficina del alto comisionado— en realidad apenas 212 contaron con operaciones de desminado humanitario. 179, en cambio, fueron liberados mediante reportes de consejos de seguridad, que no es lo mismo para quienes están en los territorios, a pesar que esta metodología hace parte del estándar internacional.

Adicional a ello, la Procuraduría advierte que no hay una articulación entre las actividades del Plan Estratégico con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que no es poca cosa. Para el ente disciplinario es preocupante que en el Plan Estratégico no se incluya a Humanicemos DH. Esta organización, creada por excombatientes de las Farc y acreditada en 2017, tiene asignadas tres áreas en el municipio de Montañita (Caquetá) y aún no han podido comenzar labores por trabas administrativas. La Oficina del Alto Comisionado salió al paso diciendo que su Plan Estratégico fue consultado con una organización internacional y que este cumple con los criterios más allá de lo que pide el Convenio de Ottawa.

Cazando minas, la batalla por caminar en paz

Hay un detalle en el manejo de la minucia técnica de la política anti minas que también prendió las alertas en la Procuraduría. Y es que el gobierno estaría dejando por fuera de sus registros los accidentes de algunos explosivos. La realidad muestra que en Colombia se presentan episodios con las llamadas minas antipersonal (MAP) y con artefactos explosivos improvisados (AEI). ¿Cuál es la diferencia? Una de las clasificaciones aceptadas indican que las MAP son aquellas que la víctima activa accidentalmente cuando va pasando o caminando por algún campo, quiere decir que se trata de un dispositivo que no iba dirigido hacia esa persona.

Los AEI, en cambio, son todos ellos que son activados de manera controlada por algún actor armado irregular para hacerle un daño directo a una persona o a algún combatiente. En el caótico escenario de la guerra en Colombia tanto civiles como militares y miembros de grupos armados ilegales han sido víctimas tanto de MAP como de AEI. Pues bien, según la Procuraduría, el Gobierno estaría omitiendo estos últimos en documentos tan claves como el mencionado Plan Estratégico. La Oficina del Alto Comisionado niega que esto sea así.

Esta exclusión sería grave para las víctimas porque el accidente que sufren dejaría de ser una consecuencia del conflicto armado y se convertiría en un impacto de un ataque terrorista. Y esto tiene incidencias en el tipo de atención en salud que reciben. SEMANA conoció la historia de siete personas en Tumaco que sufrieron accidentes por AEI y que, por más de que lo han intentado, no han podido ser registrados como víctimas de minas para que se abra la ruta de atención.

Casos hay muchos. Un joven de 21 años sufrió un accidente el 21 de diciembre pasado en el municipio de Hacarí, en el Catatumbo. Perdió las dos piernas. Hace una semana llamó a Alva Luz Trigos de CCCM para contarle que él mismo se estaba quitando las esquirlas del cuerpo. Las fotos que ha compartido de sus heridas son desgarradoras. Al joven le atendieron la emergencia inicialmente en el Hospital de Ocaña. Tras varios días hospitalizado debió devolverse para su vereda. El joven no cuenta con los recursos para sostenerse en otra ciudad y en la región no hay un centro adecuado para la rehabilitación ni para obtener una prótesis.

Los desamparados

A pleno mediodía los 16 alumnos de la sede San Cayetano de la vereda Maracaibito jugaban un partido amistoso. La clase de educación física estaba a punto de terminar cuando el balón se fue lejos de la portería, hacia la parte montañosa. El profesor Diomar Pérez se ofreció a recogerlo. Unos minutos más tarde los niños oyeron un golpe y dos gritos muy fuertes. “¡Se murió!”, decían. Diomar estaba mal herido, pisó una mina antipersonal, pero trató de calmarse, porque sabía que el sangrado podía empeorar. Él mismo alguna vez le había brindado los primeros auxilios a un soldado que había caído en una mina.

A Diomar todos lo conocen en esa vereda de Hacarí, allí nació y ejerció como profesor durante más de una década. La comunidad lo auxilió, tuvieron que sacarlo cargado en una cobija hasta la carretera. Diomar llegó al hospital de Ocaña a las 6:30 de la noche, tuvo que aguantar el dolor en el viaje.

Eso fue el 5 de febrero del año pasado. Diomar ahora vive en Ocaña y se mueve con ayuda de bastones. Pese a su situación personal dice que no se arrepiente de haber ido por el balón. “Si hubieran ido los niños la tragedia sería terrible, usted sabe que los niños siempre andan en grupo. Uno de adulto tiene más valor para atravesar esta situación”, dice.

Diomar está esperando la prótesis y la pensión, vive de la incapacidad, pero el sueldo no le rinde igual, en Hacarí la vida era más barata. Su familia tuvo que desplazarse a raíz de la mina y del conflicto que viven por la guerra a muerte que hay entre el ELN y el reducto del EPL. Su vocación es ser maestro, por eso quisiera seguir enseñando, pero ya no quiere volver a vivir en Maracaibito, al menos por ahora.

Conseguir una buena prótesis, otro drama para las víctimas de minas antipersonal