Los niños vuelven a la guerra

La comunidad indígena emberá katio de Juradó, en el norte de Chocó, quedó aterrorizada al ver la macabra manera como los guerrilleros del ELN celebraron haber encontrado a sus dos niñas. Gritaban como si hubieran desenterrado un tesoro. “Una tenía 12 años. Y esos hombres celebraban felices que había llegado carne fresca. Imagínese el trabajo que pasaron esas niñas la primera noche”, contó un líder del resguardo. Ocurrió a finales del año pasado, cuando en ese departamento se disparó el reclutamiento de menores, a quienes el Clan del Golfo y esa guerrilla se llevan para sostener su guerra por el control de las rutas del narcotráfico en el Pacífico.

Solo en Juradó, que limita con Panamá y constituye el último puerto antes de coronar los cargamentos en Centroamérica, se llevaron al menos nueve niñas el año pasado, según la Personería local. En todo el departamento pudieron ser más de 30. Hay un gran subregistro, dicen los funcionarios de la zona. La gente no denuncia porque convive con los criminales. Allí, las víctimas suelen ser niñas que terminan sometidas a abusos sexuales.

“La estrategia que están manejando es convencer a los jóvenes diciéndoles que ellos son la gente que viven bien, la gente que tiene plata. Los van involucrando poco a poco hasta que se los llevan. Ya después no les dan salida. Y ya ven que es otra cosa, no lo que les prometieron. A las niñas las violan, hacen todo lo que quieran hacer con ellas”, cuenta otro líder de la comunidad. “Es una realidad, estos criminales incorporan menores, y a esos menores son los primeros que ponen a pelear contra las tropas y a cometer las acciones criminales”, aseguró el general Freddy Marlon Coy, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército, que opera en Chocó.

Pero esta comunidad no se quedó de brazos cruzados. Decenas de hombres y mujeres desarmados se metieron a un campamento del ELN, selva adentro, en Santa Marta de Curiche, con la intención de obligarlos a devolver a las niñas. Los guerrilleros los recibieron agresivos. Los requisaron y los señalaron de hacer inteligencia para el Ejército. Luego comenzó una reunión en la que los elenos rodearon a los indígenas. Cuando se acabaron las palabras, empezaron a disparar para intimidarlos. “Nos tocó salir corriendo por la loma, las mujeres se caían y se golpeaban”, contó uno de los reunidos. Las niñas quedaron atrás.

El líder dijo que han recibido muchas amenazas del ELN porque ellos albergan a los niños que se fugan de las filas guerrilleras. Recordó que en los últimos años han protegido al menos a 20. Muchos, incluso, pertenecen a otras comunidades indígenas, pero los acogen como si fueran de la suya. “Con el poder del cabildo les damos refugio a los que se escapan”. Pero la guardia indígena es débil y solo tiene su temple para enfrentar a los guerrilleros. Varias comunidades indígenas del departamento se han desplazado por los choques entre elenos y Clan del Golfo, por las minas antipersonal que están sembrando en su territorio, pero sobre todo por el terror de que a sus hijos los metan a una guerra que no les pertenece.

Lo que vive este grupo emberá katio se repite por todo el país. El reclutamiento de menores empezó a disminuir desde que terminó el proceso de paz. Pero el flagelo ha recobrado fuerza en los últimos años con otros actores armados, como las disidencias de las Farc, y otros más en plan de expansión como el ELN, el Clan del Golfo o los Caparrapos.

Con la pandemia la situación ha empeorado. El colegio suele ser el primer escudo de protección y arraigo para los más jóvenes. Pero ahora, encerrados en sus comunidades, quedan más expuestos.

SEMANA conoció los reportes que mes a mes hace el Ejército de los menores rescatados en medio de enfrentamientos, o que se han fugado y entregado a las tropas. Los números van en alza. En enero fueron 22 y en febrero 32. Luego, el coronavirus llegó al país y comenzó la cuarentena nacional. Los colegios suspendieron las clases y los niños quedaron encerrados en sus casas. En marzo, el Ejército recuperó a 48 y en abril a 49, el número más alto del año. En mayo fueron 40 y solo hasta mediados de junio ya iban 28.

Hace algunos dias el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. denunció uno de los casos más recientes. Hace un mes, el ELN reclutó a una indígena de 16 años de un resguardo de Murindó, en el Urabá antioqueño. Un par de semanas después la obligaron a instalar una mina antipersonal que le explotó. La guerrilla la abandonó y la comunidad indígena la rescató. La adolescente perdió sus brazos y un ojo. Los médicos la atienden en un hospital de Medellín donde intentan salvar el otro ojo para que no quede ciega.

Antioquia es precisamente el departamento más golpeado por el reclutamiento de niños. Según el Ejército, allí han recuperado a 68 de los 219 menores que han salido de las filas delincuenciales este año. Le siguen Valle, Cauca, Nariño, Cesar y Chocó. Las autoridades han rescatado niños en la mitad de los departamentos, lo que da cuenta de que el fenómeno se mantiene en casi todo el país. Según el reporte del Ejército, 116 estaban en grupos delincuenciales no plenamente identificados, 26 en el Clan del Golfo, 24 en el ELN y 21 en las disidencias de las Farc.

La mayoría de los niños que salen de las filas delincuenciales entran a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 2018 lo hicieron 180 y en 2019, 196. Por eso es tan dramático que en menos de la mitad de 2020, el Ejército ya registre 219 recuperados. Eso sí, hay que tener en cuenta que algunos de los rescatados no llegan al ICBF porque se niegan, y el proceso en esa institución es voluntario.

Aunque muy altas, estas cifras no revelan la verdadera magnitud del reclutamiento forzado de niñas y adolescentes. En efecto, no dan cuenta de los que nunca pueden huir y se hacen mayores en las filas o incluso de los que mueren allí. El subregistro es alto.

En un análisis de los escenarios de reclutamiento forzado, la Defensoría del Pueblo entrega una visión complementaria de este flagelo. Este organismo emitió entre diciembre de 2017 y marzo de este año 102 alertas tempranas sobre el riesgo de reclutamiento de niños. Estos informes ubican el flagelo en 23 departamentos y también en Bogotá. En 70 alertas representaban el riesgo las estructuras recicladas de la desmovilización de los paramilitares, como el Clan del Golfo o los Caparrapos. Este tipo de organizaciones usan a los niños especialmente como sicarios, expendedores de droga, informantes y también para el trabajo sexual.

Al ELN lo señalan en 51 alertas de reclutamiento en 16 departamentos, y estos casos tienen que ver con un reclutamiento más directo en las filas, al irse a los campamentos. Mientras que a las disidencias de las Farc las registran en 50 documentos como fuentes de riesgo de reclutamiento, y tienen la particularidad de que además del fortalecimiento de estas estructuras criminales en expansión, usan a los niños para trabajar con la hoja de coca.

La OEA advirtió en un informe publicado la semana pasada una nueva grave situación. Se trata del reclutamiento de niños ecuatorianos y venezolanos, estos últimos en una profunda condición de vulnerabilidad por ser migrantes. “De manera particular se visibiliza el escenario de riesgo de los niños de nacionalidad venezolana quienes son percibidos por los grupos armados ilegales como un grupo poblacional que ofrece ventajas comparativas, pues son considerados como mano de obra de bajo costo en comparación con la población colombiana”. Según el organismo, los ilegales también los acechan porque son conscientes de que, como muchos no han formalizado su estadía en Colombia, se hace más difícil que sean vinculados a investigaciones judiciales, o incluso que sus familias aboguen por ellos.

Así los reclutan

Las tropas de la Séptima División del Ejército llegaron el 28 de abril a Caño Pescado, un corregimiento de Ayapel (Córdoba) a buscar a los miembros de la Uldar Cardona, una subestructura del Clan del Golfo. Les seguían la pista porque las autoridades los señalaban de cometer varios asesinatos selectivos, robar ganado y extorsionar en ese departamento y en el Bajo Cauca antioqueño.

Durante las operaciones, los soldados chocaron con un grupo al que capturaron. Lo conformaban el cabecilla, alias Ochenta, un hombre de 42 años y con más de una década de experiencia en el mundo del crimen y cuatro hombres avezados. A los soldados los sorprendió que además estaban acompañados de cuatro adolescentes entre los 13 y los 16 años. Eran tres niños y una niña que habían reclutado en Córdoba, a los que llevaban en plan de entrenamiento. Los curtidos criminales iban armados con un poderoso fusil Barret calibre .50 con varios proveedores y cuatro pistolas. Cada uno de los niños llevaba un fusil de madera.

Dos semanas después, el 17 de mayo, en El Bagre, en mismo escenario de disputa conformado entre el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, el Ejército capturó a alias Jordan, un reclutador del ELN. El hombre estaba acompañado de tres niñas y dos niños a quienes, según la información militar, estaba a punto de llevarse para un campo de entrenamiento en la Serranía de San Lucas. Allí entregarían las niñas a los jefes del frente Resistencia Guamocó, y los niños empezarían el entrenamiento subversivo.

“El entrenamiento de un menor de edad demora un mes. Eso es rápido porque los necesitan para disparar. A las mujeres les enseñan a combatir, a cocinar y, muchas veces, a complacer sexualmente al comandante, este es un delito de guerra, un horror”, le explicó a SEMANA el comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez.

En el Bajo Cauca y el sur de Córdoba ruge desde hace tres años una guerra a muerte entre el Clan del Golfo y los Caparrapos, que traicionaron al Clan y ahora le disputan el control del crimen, aliados con el ELN y las disidencias de las Farc. Y todos reclutan niños de la región. En Cáceres, por ejemplo, el colegio Gerardo Patiño perdió 850 estudiantes en cuestión de meses el año pasado. Muchos padres prefirieron retirarlos y en algunos casos toda la familia abandonó el pueblo. (Ver recuadro).

Se llevan niños hasta de once años. Les ofrecen un millón de pesos mensuales por irse a las tropas o 600 mil pesos para que trabajen como campaneros o informantes. La Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) encontró que en los últimos tres años se ha presentado un fenómeno nuevo en todo el país. Los grupos no solo buscan llevarse a los niños, sino que los contratan para que sigan en sus casas y el colegio. Así alargan su alcance sobre el microtráfico en establecimientos educativos y en los barrios.

“Hemos ido identificando una especie de reclutamiento que se viene dando particularmente en las zonas urbanas y que le sale más barato al actor armado. Entonces el niño y la niña permanecen en su casa, en la escuela, pero responden a una jerarquía militar, asciende en el mando. El que continúen en su casa y en escuela y con una vida en su comunidad permite que el actor armado controle espacios que antes no controlaba”, explicó una vocera de esa coalición que reúne a varias organizaciones que trabajan contra el reclutamiento. Y agregó: “A veces esto pasa con la autorización de la familia. Si el niño y la niña hacen parte del grupo armado, quiere decir que el grupo va a proteger a esa familia y también hay beneficios económicos y en términos de movilidad”.

Los grupos en el Bajo Cauca, además, vuelven adictos a los niños para controlarlos y obligarlos a que trabajen para ellos. El aumento del uso de drogas es alarmante. En Caucasia, el eje de la región, hace un par de años había tres plazas de vicio, y hoy hay 25, según una fuente que conoce la zona. Los usan para todo: hacer panfletos, notificar a los comerciantes extorsionados y hasta para el sicariato.

El Bajo Cauca y el sur de Córdoba no son las únicas regiones críticas. En el Pacífico, los llanos, la Amazonía, el Catatumbo y sobre la frontera con Venezuela hay reclutamiento intenso. Coalico explica que en el país hay al menos seis focos de guerra entre grupos armados y en cada uno de esos usan a los niños.

En el sur del país, por ejemplo, las disidencias de las Farc amplían su dominio al reclutarlos. A finales del año pasado quedó expuesta la gran escala de ese fenómeno cuando el senador Roy Barreras denunció que ocho niños murieron en un bombardeo del Ejército a las disidencias en Caquetá. El 5 de junio, el Ejército salvó a dos indígenas de 12 y 14 años que llevaban varios días acosadas por disidentes en Aracuara, Amazonas. Ellas les contaron a sus padres, que pidieron ayuda, y el Ejército las sacó en avión hasta Florencia.

Pero aun así no están a salvo. “Esto de sacar al niño no resuelve la situación, porque si sacamos al niño la comunidad queda expuesta. Pero si no lo sacamos se lo llevan. Por eso la capacidad de respuesta es limitada. Entonces hay que fortalecernos en evitar que las situaciones puedan suceder”, dijo la vocera de Coalico. Y eso pasa necesariamente por atender las causas de fondo del reclutamiento de niños.

El problema de fondo

A partir de las alertas emitidas en todo el país, la Defensoría del pueblo ha caracterizado el reclutamiento, sus causas, víctimas y victimarios. Los niños indígenas se han convertido en el objetivo principal de los reclutadores. Ese alto riesgo se desprende de las particularidades de estas comunidades y del desamparo en el que viven. Son el grupo poblacional más joven del país, donde el 33 por ciento (644.000) tienen menos de 14 años. “Uno de los factores que les hacen vulnerables es la deficiencia en el acceso a la educación”, dice la entidad. Solo el 42 por ciento tiene acceso a primaria y el 17 por ciento a la educación media.

Algo similar pasa con la población afrocolombiana. Al respecto, para la Defensoría, “en los contextos rurales, y bajo la presencia de contextos de disputa territorial, expansión o fortalecimiento, las niñas, los niños y adolescentes afrodescendientes se ven predominantemente expuestos al reclutamiento forzado, como se observa en departamentos como Chocó y Cauca, el cual se ejecuta mediante amenazas a ellos y sus familias, y homicidios selectivos como estrategia de intimidación”.

El análisis también advierte que en el caso de las niñas, el fenómeno la mayoría de las veces está ligado al abuso sexual. “En este sentido, el reclutamiento forzado, así como el uso y utilización de las niñas y adolescentes, está asociado principalmente con prácticas de trata de personas con finalidades sexuales como la explotación comercial, explotación y esclavitud sexual, tal como lo señalan alertas en Nariño, Meta y Valle del Cauca, entre otras” Y en esto, los investigadores de la Defensoría han notado que con frecuencia cada vez mayor las engañan para reclutarlas después de seducirlas sentimentalmente.

Uno de los factores que les hacen vulnerables es la deficiencia en el acceso a la educación. Solo el 42 por ciento tiene acceso a primaria y el 17 por ciento a la educación media.

La entidad también identificó una variedad de formas de reclutamiento, que pasan por pagarles a las familias, como una compra, el engaño con promesas falsas de trabajo y el encantamiento con armas y el estatus de combatiente. Y persiste la vieja estrategia del adoctrinamiento, descrita así por la Defensoría: “Niños y niñas deben caminar largos trayectos para llegar a escuelas e internados para asistir a clases, donde en muchos casos se encuentran con la falta de docentes y de personal idóneo para su cuidado, instalaciones deficientes para su acogida, entre otras precariedades. En estos trayectos son abordados por los grupos armados ilegales que utilizan el discurso de la inoperancia institucional para convencerlos de la opción militar como la única salida a la situación de pobreza y abandono por parte del Estado”.

La situación cambia un poco en las ciudades, donde es más común, según los reportes de la Defensoría, que induzcan a los niños a consumir drogas para forzarlos a entrar a los grupos. Pero también los atraen con regalos como celulares.

Además de la clara responsabilidad de los grupos criminales, la entidad identificó los principales factores de riesgo para que los más jóvenes caigan en manos de la delincuencia.“En los documentos de alerta temprana emitidos entre 2017 y 2020, la Defensoría del Pueblo ha identificado la ausencia o débil presencia de redes de protección estatal, la vulneración de los derechos a la educación y al bienestar económico, la existencia de contextos violentos y la presencia de entornos socioculturales adversos, como los principales factores de vulnerabilidad que inciden en el riesgo de reclutamiento”, explicó a SEMANA Carlos Negret, el defensor del Pueblo.

Para empeorar el panorama, dijo Negret, “los niños y las niñas se encuentran en un especial riesgo en este periodo de la pandemia porque las escuelas y los centros educativos están cerrados y ese es su primer entorno de protección”. Eso coincide con el incremento del reclutamiento que el Ejército advirtió desde marzo.

La Defensoría del Pueblo, a la cabeza de Carlos Negret, identificó que los niños indígenas y afro son los más vulnerables al reclutamiento forzado.

“Las recuperaciones de los menores de edad en el desarrollo de nuestras operaciones militares nos alegran porque contribuimos en cambiar la vida de estos niños y niñas, a quienes las organizaciones criminales ya los habían sentenciado en vida. Durante lo corrido del año hemos recuperado casi dos centenares de menores, uno cada día. Estamos empeñados en generar estrategias interinstitucionales para que les sean restablecidos los derechos, para que vuelvan a sus familias, a las escuelas y vivan la vida que les corresponde, la de niños”, le dijo a SEMANA el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

El evidente aumento del reclutamiento preocupa a muchos. A comienzos de junio, el procurador Fernando Carrillo advirtió la relación de la pandemia con este flagelo, y le pidió celeridad a la Fiscalía en sus investigaciones. “Mientras el país está confinado, los actores de una guerra trasnochada se empeñan ferozmente en continuar convirtiendo los niños las principales víctimas del reclutamiento. La cobardía de estas organizaciones criminales se ensaña además con menores de poblaciones campesinas y étnicas por su gran vulnerabilidad. Darle prioridad a esa investigaciones al tiempo que combatir esas estructuras criminales es la primera responsabilidad del Estado”, le dijo el jefe del Ministerio Público a SEMANA.

La Defensoría, por su parte, prepara un amplio informe sobre el reclutamiento en los últimos años para que le sirva al gobierno como base para tomar decisiones de fondo. Y la Cámara de Representantes aprobó esta semana el proyecto para duplicar las penas de cárcel contra los reclutadores. Las medidas son urgentes. Los grupos criminales ejercen una presión cada vez mayor sobre los niños y este flagelo, que algunos creían cosa del pasado, está más vivo y cruel que nunca.

Cáceres y Tarazá son el epicentro de la guerra entre el Clan del Golfo y los Caparrapos. A los dos pueblos solo los separa el río Cauca, y cada orilla permanece dominada por un bando. El Clan manda en Cáceres y recluta a los más jóvenes. El drama allí lo revela el caso del colegio Gerardo Patiño, una institución pública que, cuando esta guerra comenzó, hacia 2018, tenía 2.250 estudiantes. El año pasado le quedaban alrededor de 1.400. Al menos 850 se habían ido en medio de la oleada de violencia. Algunos reclutados y otros para evitarlo.

Un profesor, en medio de las lágrimas, contó lo que allí ocurre. “Es extremadamente doloroso llegar al aula de clase y preguntar por un alumno ausente y que digan: profe, se tuvo que ir porque a la mamá la amenazaron anoche. O que la mamá llegue al colegio a sacar los papeles del niño y diga: me lo voy a llevar porque hay orden de reclutamiento de menores y yo no quiero que mi hijo haga parte de esto”, explica.

En las esquinas de Cáceres permanecen los niños que trabajan de campaneros para los grupos ilegales. Pegados a los celulares les reportan por chat a los jefes delincuenciales los movimientos que ven. A cambio pueden recibir hasta 600 mil pesos mensules. Si se van de lleno con el grupo a empuñar las armas les ofrecen el doble. Así también se convierten en la carne de cañón de esta disputa de las rutas de la cocaína que, además, patrocinan con sus dólares los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Los profesores ven con dolor cómo los niños terminan atrapados por uno u otro grupo. “Se siente una impotencia tremenda porque si intervenimos directamente nos matan. Los muertos en su gran mayoría son estudiantes, muchachos a los que les dimos clase, muchachos del pueblo”, dijo el profesor del colegio Gerardo Patiño.