Institucional pues no contaban con el permiso del Ministerio de Transporte. Hoy, gracias a un trabajo conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio, todos los certificados de existencia y representación deben incluir esta autorización para poder operar. Recientemente detectó y empezó a cerrar 90 empresas presuntamente de papel. Las medidas de prevención también están acompañadas del diálogo constante con el gremio transportador. Según el superintendente, no se trata solamente de convertirse en una entidad que controla, sino en una que escucha las quejas del sector y trata de resolverlas. Por esta razón ha sido fundamental establecer mesas de trabajo en las diferentes regiones, donde participan todos los actores involucrados en la cadena logística y a la fecha hay una reducción del 81 por ciento de los cuellos de botella existentes. “Vigilamos que las concesiones, puertos, transportadores y demás actores sean cada vez más eficientes”, asegura Durán. Hoy el presupuesto de la Superintendencia de Puertos y Transporte es autosuficiente. En 2010, el 80 por ciento de sus recursos provenían de la Nación y tan solo un 20 por ciento de la tasa de vigilancia de los puertos, que en total son 600 de los más de 8.000 vigilados por la entidad. Gracias al Plan Nacional de Desarrollo, esta es una contribución obliga-toria para todos los vigilados. Además, ya está en marcha un proyecto de ley que busca unificar las sanciones para todos, pues a la fecha para los puertos se aplican multas de hasta 35 días de ingresos brutos; para los transportadores hasta 2.000 salarios mínimos, y en casos extremos la cancelación de la habilitación. La idea es que todos los vigilados sean supervisados con los mismos criterios y con multas similares. 41 un Plan General de Inspecciones que permitió aumentar las visitas, en 588 por ciento, y el control, en 271 por ciento, de sus vigilados. A la fecha hay 522 investiga-ciones a empresas presuntamente de papel que en condiciones totalmente eficientes pueden ser resueltas en ocho meses. El logro más significativo en este aspecto ha sido un constante diálogo con la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), para detectar el posible lavado de activos o la evasión de impuestos. Esta coordinación interinstitucional resultó ser el mejor camino para acabar con la ilegalidad. Hace cuatro años, más de 26.000 empresas de transporte de carga estaban registradas en las Cámaras de Comercio, pero inhabilitadas para prestar el servicio Más logros... Es la única entidad estatal que cuenta con un Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del sector transporte e infraestructura. Sus vigilados ya han conciliado más de 10.000 millones de pesos sin tener que llegar a instancias legales. Colombia es el primer país con un sistema de detección de lavado de activos y financiación al terrorismo para el sector de carga terrestre. Su desempeño es tan significativo que ya logró su aprobación en todos los puertos del continente En 2010 había un acumulado histórico de 280.000 comparendos, de los cuales el 86 por ciento estaba caducado, hoy hay 0 por ciento de caducidades y una disminución histórica del 58 por ciento. El 48 por ciento de las terminales de transporte terrestre del país necesitaban mejoras en infraestructura. Se realizó un seguimiento hasta lograrlo. Primer aplicativo celular para denunciar con evidencias el mal servicio en el transporte escolar. Primera intervención administrativa a un vigilado: Líneas Aéreas Suramericanas. Luego de un acompañamiento en 2013, después de dar pérdidas, registró utilidades superiores a los 4.500 millones de pesos.
Especiales Semana: La Revolución de la Infraestructura
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