Por Vivianne Tesone, periodista.
La legislación que protege los bienes y las manifestaciones culturales que han adquirido este título en el país no solo se compromete a preservar las tradiciones y espacios históricos sino también a promover su desarrollo, restauración y protección. Sin embargo, en la actualidad existen ciertos riesgos, asociados especialmente al conflicto armado que las leyes no contemplan.
La ley que rige hoy el Patrimonio Cultural es la 1185 del 2008 que es una modificación a la ley de 1997 que creó el Ministerio de Cultura. Los cambios se hicieron para darle un mayor peso a las tradiciones inmateriales que hasta entonces habían sido opacadas por las regulaciones y protecciones otorgadas solo a los bienes materiales.
La Constitución de 1991 dice que los bienes arqueológicos y otros bienes y manifestaciones culturales pertenecen a la nación y son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”. La protección se extiende a los llamados Bienes de Interés Cultural, aquellos materiales, y a las Manifestaciones Culturales, las inmateriales, que son catalogadas como expresiones de la nacionalidad colombiana.
Con la Ley de Patrimonio Cultural los bienes materiales entran a ser parte de un Régimen Especial de Protección (REP) que busca garantizar la conservación del bien y regula las intervenciones del mismo. La ley se extiende en explicar las limitaciones y sanciones que tiene el sector privado en el uso e intervención de estos bienes y penaliza la exportación de ellos sin previo permiso del Ministerio de Cultura u otras entidades autorizadas.
Las Manifestaciones Culturales catalogadas como patrimonio entran a las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial y son protegidas por un Plan Especial de Salvaguardia que impulsa programas para el fortalecimiento, rehabilitación y divulgación de la manifestación.
La responsabilidad no es toda del Estado y el sector privado está invitado a participar y contribuir. Pueden implementar programas de protección y preservación de bienes patrimoniales al igual que vincularse en la divulgación, acceso e impulso de Manifestaciones Culturales como carnavales y festivales, entre otros.
La ley se encarga de regular aspectos económicos, comerciales e incluso menciona protección ambiental en el caso de zonas arqueológicas. Sin embargo, no hace alusión directa en materia de protección ante riesgos inminentes relacionados con acciones de grupos armados, una de las mayores amenazas que las comunidades y pueblos han denunciado. Los hostigamientos o el desplazamiento forzoso afectan los bienes materiales pero sobre todo, las expresiones culturales de diferentes etnias y pueblos que al salir de sus territorios pierden gran parte de su conocimiento ancestral.
Los asesinatos selectivos de los indígenas Awá y de los médicos tradicionales del pueblo Nasa, el desplazamiento de las comunidades afrocolombianas que habitan en la costa pacífica y la extinción de los Nukak Makuk como pueblo nómada, son ejemplos de las grandes amenazas que enfrentan las tradiciones del país por cuenta de la violencia. Mientras la Ley de Patrimonio impulsa la visibilización y divulgación de las expresiones tradicionales, en los territorios ancestrales distintos grupos se enfrentan al ocaso de su conocimiento y al irrespeto de sus derechos.
Los bienes culturales pueden salir del país para se exhibidos en el exterior con permiso previo del Ministerio de Cultura.
Los bienes culturales son el cuarto producto más traficado en el mundo.
San Basilio: El Ministerio de Cultura y la Sijin promovieron iniciativas para prevenir el trafico ilegal de bienes culturales.
