Participación política

2.Apertura democrática para construir la paz

El acuerdo reconoce que para construir y consolidar la paz en los próximos años se necesita ampliar la democracia para permitir a los partidos políticos, movimientos sociales y nuevas fuerzas, en especial de oposición, participar en las elecciones y distintos espacios de contienda política sin que sean estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados. Se trata de fortalecer el pluralismo a través de una apertura basada en tres pilares fundamentales: la participación ciudadana, las garantías para la competencia electoral y el debate público, y una mayor representatividad de quienes hasta ahora han estado excluidos del ejercicio político.

El trasfondo de esta apertura democrática es proscribir para siempre la violencia de la política y sentar las bases para una reconciliación en esta materia. En ese sentido construir un clima propicio para que opciones diferentes, de izquierda o de derecha, nacionales o locales, sectoriales o amplias ingresen a la vida pública con todas las garantías.

El acuerdo busca también fortalecer los movimientos sociales y partidos políticos, así como a las nuevas fuerzas que surjan en el tránsito de los miembros de la guerrilla a la vida civil.

Se fomentarán la inclusión y el respeto al opositor político y se creará una legislación que permita mayor acceso de estos movimientos y partidos a recursos económicos y espacios de participación como los medios de comunicación.

EL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN Y LA REFORMA ELECTORAL SON LOS DOS DESAFÍOS DEL ACUERDO YA QUE AMBOS HAN SIDO UNA VIEJA PROMESA INCUMPLIDA

LAS CLAVES DEL ACUERDO

1. DERECHOS Y GARANTÍAS PLENAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA

Estatuto de la Oposición. Para garantizar que los partidos políticos y movimientos sociales opositores participen en los espacios democráticos, y para proteger la integridad y la vida de sus integrantes, los negociadores acordaron crear el Estatuto de la Oposición. Para ello se instauró una comisión con presencia de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y con voceros designados por las Farc, para que defina los lineamientos que deberá tener el Estatuto de Oposición que se presentará al Congreso.

Sistema Integral de Seguridad. Se crea este sistema para proteger a quienes están en el ejercicio de la política, dependiente directamente de la Presidencia de la República. Contará con mecanismos de alertas tempranas para detectar de manera rápida los posibles casos de estigmatización y persecución política, y con un programa de protección especializada de los miembros del nuevo movimiento político que surja de las Farc, así como líderes que se encuentren en alto riesgo de sufrir algún atentado por sus actividades.

16 SERÁN LAS CURULES EN LA CÁMARA QUE TENDRÁN LAS REGIONES MÁS GOLPEADAS POR LA GUERRA, POR DOS PERIODOS

2. MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Garantías para los movimientos sociales. Este aparte se enfoca en las garantías que el Estado colombiano otorgará a los movimientos y organizaciones sociales. Se acordó que se presentará ante el Congreso un proyecto de ley en el que se reglamente el derecho de réplica de estos grupos cuando sean difamados por las distintas instancias gubernamentales, se establezcan mecanismos de asistencia técnica y legal para el fortalecimiento de los movimientos sociales, y se incentiven mecanismos de financiación para proyectos de estas organizaciones. Además, el gobierno se compromete a facilitar el acceso de los movimientos sociales a los medios de comunicación comunitarios, regionales y nacionales.

Se acaba la estigmatización. El acuerdo contempla el diseño de campañas que prevengan la estigmatización contra estas organizaciones e incentiven la reconciliación, el pluralismo y la tolerancia. Todas estas acciones estarán coordinadas por el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia conformado por representantes del gobierno, del Ministerio Público, de los partidos y movimientos políticos, de las Iglesias, de las minorías étnicas, entre otros.

El acuerdo hace especial énfasis en garantizar el derecho a la movilización y a la protesta y en la manera como la fuerza pública resguarda y contiene estas manifestaciones, así como en el fortalecimiento de las estrategias de planeación participativa, control y veeduría ciudadana que las organizaciones sociales pueden establecer a las instituciones políticas.

PARA SENTAR LAS BASES DE UNA RECONCILIACIÓN DURADERA, EL ESTADO COLOMBIANO DEBERÁ FOMENTAR EL PLURALISMO POLÍTICO, FORTALECER LAS GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y LUCHAR CONTRA LA PERSECUCIÓN DE LÍDERES DE MOVIMIENTOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

3. MEDIDAS PARA PROMOVER EL PLURALISMO

El tercer eje de este acuerdo busca promocionar el pluralismo político y aumentar el acceso de los distintos partidos a los órganos de representación locales regionales y nacionales, con los siguientes instrumentos, entre otros:

Mantener las personerías jurídicas. Se pactó el compromiso de promover una reforma para que el umbral en las elecciones del Congreso deje de ser requisito para que los movimientos conserven su personería jurídica, y realizar una campaña de cedulación masiva en zonas marginadas del país.

Promover una reforma del régimen y la organización electoral, a través de una misión electoral especial, y conformar un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y de tribunales especiales seccionales en las circunscripciones con mayor riesgo de fraude. Esa reforma se ha tratado de hacer durante más de una década y no ha sido posible.

Nuevas curules para las regiones. Se creará una circunscripción transitoria especial de paz con 16 cupos en la Cámara de Representantes por dos periodos electorales destinados para las regiones más golpeadas por el conflicto. Podrán competir por ellas solo movimientos que no participan en la circunscripción ordinaria (ver recuadro).

LOS DESAFÍOS

1. EN COLOMBIA HA SIDO DIFÍCIL REFORMAR EL SISTEMA ELECTORAL

a pesar de que es uno de los puntos más débiles de la democracia nacional. Así mismo durante dos décadas ha sido imposible sacar adelante el Estatuto de la Oposición. Ambas reformas están en manos de los partidos políticos y el acuerdo de paz es una oportunidad para que estos logren consensos en esta materia. Sin embargo, no será fácil ya que la implementación de los acuerdos de La Habana se hará en plena campaña electoral, y en medio de una gran polarización.

2. LA ESTIGMATIZACIÓN

es una herencia cultural y política de la guerra, aunque las medidas que se señalan en el acuerdo son importantes como un principio para superarla. Sin embargo, este será un trabajo de largo plazo que requiere un gran esfuerzo de la sociedad en su conjunto, y también de las Farc, cuya herencia política está ligada al estilo vertical propio de la guerra.

3. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER.

Si bien en este punto del acuerdo los negociadores reconocen la importancia de promover la participación en la vida política de las mujeres y rechazan cualquier forma de discriminación contra ellas, no queda claro cómo se hará efectiva esta participación.

4. SIGUEN OTRAS EXPRESIONES ARMADAS ILEGALES.

En muchas zonas golpeadas por el conflicto se mantendrán vigentes otros grupos armados. Mientras no se complete el proceso de paz con otras guerrillas o de sometimiento de grupos criminales todos los objetivos en materia de apertura democrática serán de difícil implementación en las regiones.

Las circunscripciones para la Paz

Líderes campesinos y de las víctimas del conflicto podrían ser beneficiarios de las curules especiales que tendrá la Cámara de Representantes.

Para promover la participación democrática, fortalecer la débil presencia institucional y garantizar la integración política de las zonas afectadas por el conflicto, los negociadores acordaron crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) para elegir igual número de representantes a la Cámara por dos periodos electorales.

Estas circunscripciones contarán con reglas especiales para inscribir y elegir a los candidatos, que deben habitar la región, y tendrán una financiación especial. Algunas de estas reglas contemplan que quienes se inscriban, deben vivir en la región, o ser desplazados en proceso de retorno. Se busca también garantizar que sean especialmente representativas del sector rural. En la práctica esto significa que los campesinos y las víctimas de base podrían tener presencia importante en el Congreso por primera vez.

Las regiones elegidas son aquellas donde hay mayor presencia de las Farc y eso sin duda genera la sensación de que son otras curules para ellas. Sin embargo, estos cupos están sometidos a la competencia electoral, y en la mayoría de las regiones no solo hay movimientos afines a la izquierda sino grupos independientes y de otras corrientes. Adicionalmente se espera que con el acuerdo para finalizar la guerra surjan nuevas agrupaciones y liderazgos.

El espíritu de las circunscripciones es promover la participación de líderes políticos y sociales, que tradicionalmente han estado ausentes de la contienda política por motivos de persecución o porque consideran que el sistema político está capturado por grandes varones electorales. En este punto no se señala ninguna restricción para que participen excombatientes de la guerrilla.

También es necesario activar los mecanismos de verificación y de vigilancia electoral propuestos en los acuerdos para que estas curules no sean presa de las redes tradicionales de corrupción o de otros grupos armados. Por eso el reto durante su implementación debería ser que cumplan realmente la función principal de profundizar la representatividad y la democracia en zonas con poca presencia institucional y afectadas por el conflicto armado.