Desde hace cuatro décadas el narcotráfico se convirtió en uno de los motores del conflicto armado en Colombia. Todos los grupos ilegales han recurrido a él para financiarse, y es una actividad que ha permeado la economía, la política y la vida social y cultural. El país ha intentado resolverlo de muchas maneras, pero especialmente por la vía policial y judicial. Solo ahora los países, con Colombia a la cabeza, comienzan a discutir en el mundo nuevos enfoques para enfren-
tar este problema global.
La producción de drogas ilícitas es una actividad que involucra a muchas personas y segmentos de la sociedad. Colombia las sufre todas, desde los cultivos de uso ilícito, hasta su producción, comercialización y consumo. Gran parte de estas actividades tienen lugar en regiones con fuerte presencia de las Farc afectadas por el conflicto. Los negociadores reconocen que los cultivos ilícitos no son una causa de la guerra, pero también que esta actividad ilícita y la violencia social y política se retroalimentan. Por eso el acuerdo de paz reconoce que el fin del conflicto armado entre esa guerrilla y el gobierno es una oportunidad para
buscarle una solución al problema.
El acuerdo apuesta por un viraje en el tratamiento de este fenómeno, pues su columna vertebral es la sustitución de los cultivos de uso ilícito, con planes de desarrollo participativos e integrales. Busca cambiar el tratamiento a los consumidores, para priorizar la prevención del consumo y la salud pública.
También se busca desarticular toda la cadena de valor del narcotráfico al combatir más efectivamente a las organizaciones criminales dedicadas a él, incluidas las actividades como el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción.
Propende por mantener un enfoque en derechos humanos que preste especial atención a los campesinos que cultivan y a los adictos. Adicionalmente, reconoce los usos ancestrales de las plantas donde se extraen las drogas ilícitas y no niega que estos cultivos puedan ser utilizados para fines médicos y científicos.
Si bien el acuerdo reitera la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este flagelo, enfatiza que las políticas que aplique el gobierno deben regirse por los principios de igualdad soberana y no intervención.
Además concluye que el éxito de estas políticas depende de su perspectiva territorial y la participación activa de la ciudadanía.
LOS PUNTOS CLAVES
1. PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO
Con el fin de encontrar una solución sostenible y definitiva a este tipo de cultivos, y de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar, se acordó que el gobierno nacional cree y ponga en marcha el nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a cargo de la Presidencia de la República. Este programa busca que las comunidades tengan un papel activo en definir las soluciones. La decisión de los cultivadores de abandonar los cultivos y el compromiso de la sustitución voluntaria son los principios fundamentales para generar confianza y encontrar las alternativas productivas que permitan fortalecer la economía de las familias.
Las comunidades, los municipios y el gobierno deberán apoyar los planes de desarrollo alternativo, además de instalar la infraestructura básica que permita a los campesinos, recogedores y cultivadores superar la pobreza y tener condiciones de vida dignas. Esto implica que mientras que los campesinos se comprometen a sustituir los cultivos, a no resembrar y a no estar vinculados a la comercialización, el gobierno deberá, además de invertir para desarrollar estas zonas, dar asistencia alimentaria hasta por un año, crear huertas caseras, entregar animales menores y promover proyectos de ciclo corto para generar ingresos rápidos. También se plantean estos beneficios para los raspachines.
En cuanto a las comunidades o cultivadores con los que no se llegue a acuerdos para erradicar los cultivos, o quienes reincidan, el Estado procederá a la erradicación, preferiblemente manual, pero no se cierra la puerta a que se haga con fumigaciones.
96 MIL HECTÁREAS DE CULTIVOS DE COCA EXISTEN EN LA ACTUALIDAD, SEGÚN LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
2. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD
El acuerdo se basa en la idea de que la política frente al consumo también tiene que ser una prioridad y una política para el Estado. Por eso, además de atacar la siembra, los negociadores de La Habana proponen crear un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, que trate a los consumidores como un problema de salud pública, se respeten sus derechos humanos y todo con un enfoque diferencial de género. Además un Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, que se encargue de rehabilitar y resocializar a los adictos.
3. SOLUCIÓN AL FENÓMENO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS
Frente a la producción y comercialización de narcóticos, los acuerdos plantean una política más efectiva y severa contra el crimen organizado, las organizaciones criminales, el lavado de activos y la corrupción.
Aquí se contempla cualificar el personal dedicado a investigar y judicializar los delitos relacionados con el narcotráfico, así como fortalecer y ampliar la cooperación regional e internacional para identificar los sistemas y rutas de comercialización de las organizaciones criminales.
Además, el gobierno se compromete a conformar una comisión de expertos nacionales e internacionales para diseñar un Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas que reforme o fortalezca la normatividad referida a esta materia y a la extinción de dominio. También a que Colombia liderará la construcción de nuevos consensos internacionales frente a este problema.
EL CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA TIENE UNA LARGA HISTORIA QUE ANTECEDE Y TIENE CAUSAS AJENAS A LA APARICIÓN DE LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO DE GRAN ESCALA
LOS DESAFÍOS
1 El gobierno se compromete a tramitar ajustes normativos para que los pequeños cultivadores no sean sometidos a acciones penales o a la extinción de dominio. Ellos tienen dos años, a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, para expresarles a las autoridades su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos ilícitos. Este enfoque tiene el objetivo de concentrar la acción judicial en las organizaciones de narcotráfico. Establecer la diferencia entre unos y otros requerirá del instrumentos judiciales muy precisos.
2
Si bien Colombia ha gastado miles de millones de pesos en luchar contra el narcotráfico, la meta de superar la eliminación de cultivos ilícitos, que hoy llegan a 100.000 hectáreas, puede ser muy costosa. Pocos cultivos o actividades rurales pueden generarles a los campesinos ingresos como los que da la coca en el corto plazo.
3
El precio del dólar, la globalización y la presencia de otros grupos armados en el país, como las bandas criminales, le plantean muchos desafíos a este acuerdo.
El dilema de las fumigaciones
En el acuerdo hay un cambio de enfoque y se prioriza la sustitución voluntaria de cultivos. La fumigación es el último recurso.
COLOMBIA lleva más de 30 años fumigando los cultivos de coca como estrategia principal para combatirlos. Ha sido una herramienta efectiva pero controvertida por su impacto ambiental y social. El acuerdo de La Habana prioriza por primera vez otra estrategia: la sustitución y la erradicación voluntaria y concertada. No obstante, el Estado se reserva el derecho de fumigar en caso de que sea necesario. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en un informe de junio de este año, el área dedicada a cultivos de hoja de coca pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015, justo el año en el que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato por razones de salud pública. Sin embargo, este aumento desmedido llevó, en mayo de este año, a reanudar las fumigaciones con glifosato, pero desde el terreno.
Existe una controversia abierta sobre el impacto real de la fumigación aérea en la reducción de cultivos, pues durante los años que estos bajaron más también se estaba erradicando manualmente. El propio gobierno admite que sin sustitución y sin desarrollo rural todo esfuerzo de erradicación, aérea o manual, resulta inocuo.
Expertos explican que los cultivos han crecido no solo por el alto precio del dólar, sino por las conversaciones de paz, ya que la perspectiva de que programas gubernamentales ofrezcan sustituir los cultivos ilícitos ha funcionado como incentivo para tener más hectáreas.
En todo caso, el país ha entendido en estas tres décadas que el cultivador es el eslabón más débil de la cadena y que el combate al narcotráfico se debería centrar más en los eslabones donde hay mayor valor agregado como el comercio transnacional y el lavado de activos.
Ahora, hay evidencia de que gran parte de la producción de drogas ilícitas se está quedando en el país, en el llamado microtráfico, y que el consumo interno está disparado. Como se ve, este no será para nada un tema fácil de resolver sobre todo cuando no depende solo de Colombia sino de la comunidad internacional.
