En pocas palabras Colombia tomará en pocos días una decisión histórica. Aprobará o desaprobará mediante el voto popular el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible. La pregunta que cada ciudadano encontrará en el tarjetón tendrá solo dos opciones de respuesta: Sí o No. Por eso, como señaló la Corte Constitucional en su sentencia sobre el plebiscito, las personas tendrán que ponderar su decisión tomando el acuerdo como un todo, con todos los matices, críticas y beneficios.
El gobierno y las Farc reconocen en este punto que el problema agrario ha gravitado en el conflicto armado durante el último siglo y ha incidido en la persistencia de la violencia. Por ello coinciden en que resolverlo es esencial para construir una paz estable y duradera.
En el acuerdo se hace una propuesta integral de desarrollo rural, con énfasis en el territorio, dirigida a superar la brecha de pobreza y desigualdad que hoy existe en las regiones tanto en lo social como en lo económico y político. Por esta razón no se limita a dar acceso a la tierra aunque este aspecto es su columna vertebral, sino que reconoce la necesaria intervención en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología, etcétera.
Ninguno de los aspectos acordados pone en cuestión ni a la agroindustria, ni a la gran propiedad, ni mucho menos a la propiedad privada.
Por el contrario, establecen la necesidad de aclarar títulos y propiedades sobre el suelo para lograr un verdadero desarrollo económico.
No obstante, sí hace especial énfasis en la necesidad de democratizar el acceso y uso de la tierra, pues hay suficiente evidencia de que la desigualdad en el campo es un obstáculo para el desarrollo y modernización del país. También resalta la economía campesina, al reconocer que ha sido duramente golpeada por el conflicto y que es esencial para la producción de alimentos y la superación de la pobreza rural.
LOS ACUERDOS NO PONEN EN CUESTIÓN NIALA AGROINDUSTRIA NIALA PROPIEDAD PRIVADA. POR EL CONTRARIO, BUSCAN ACLARAR LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA COMO BASE DE UN VERDADERO DESARROLLO ECONÓMICO RURAL.
1. DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LA TIERRA.
El acuerdo contempla tanto la entrega gratuita de predios como los subsidios para la compra y créditos especiales, a través de los siguientes instrumentos:
Fondo de tierras. El eje de este punto son 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de ella o tienen muy poca. Estas tierras son inembargables e inalienables por siete años (ver recuadro).
Formalización de los títulos. Más del 60 por ciento de los predios rurales en Colombia tienen propiedad informal o carecen de títulos. El acuerdo busca que esa situación, que ha dado pie al despojo y a múltiples conflictos, se supere. La meta es formalizar 7 millones de hectáreas. Así mismo mantener el programa de restitución de tierras y crear una jurisdicción agraria para proteger los derechos de propiedad.
Catastro rural. Aunque este ha sido un plan del gobierno desde hace años, no se había logrado en parte justamente por el conflicto. El catastro ordena el sistema de propiedad y puede tener un gran impacto en las finanzas de los municipios, ya que a través de este se establece el impuesto predial. Actualmente, el recaudo de este gravamen en el sector rural es ínfimo. En los acuerdos se habla de que el predial debe ser progresivo y equitativo, es decir, que quien más tiene más paga. Esto contribuye a combatir el latifundio improductivo. El acuerdo se pone como meta siete años para que esté terminado el catastro rural.
7 MILLONES DE HECTÁREAS EN TÍTULOS DE PROPIEDAD FORMALIZADOS ES LA META ESTABLECIDA EN LOS ACUERDOS
Delimitar la frontera agraria y proteger las áreas de interés ambiental. El conflicto armado fue una de las causas de que se corriera la frontera agraria con la depredación del bosque que ello implica. El acuerdo busca cerrar esa frontera y que se defina un uso más racional de la tierra, a través de figuras de ordenamiento territorial como las zonas de reserva campesina que ya se encuentran o las que se creen. Estas zonas existen desde hace más de dos décadas y están contempladas por la ley.
2. PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
Se crearán 16 programas de desarrollo rural en subregiones fuertemente golpeadas por el conflicto.
Abarcan las zonas rurales de más de cien municipios con altos índices de pobreza, con menos presencia institucional y con economías ilícitas por superar. Son programas intensivos de reconstrucción material y social, con énfasis en la reconciliación y con alta participación de las comunidades en su diseño y ejecución.
3. PLANES DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y FORMALIZACIÓN LABORAL
Así como los programas anteriores están focalizados en zonas especialmente golpeadas, habrá planes sectoriales de impacto nacional para superar la pobreza y el atraso en infraestructura, salud, educación, asistencia técnica y para mejorar la calidad del empleo en el campo.
4. SEGURIDAD ALIMENTARIA
En el sector rural existe el hambre y es donde mayor impacto tienen la pobreza y la indigencia. También se hará énfasis en la economía familiar para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas que habitan el sector rural.
LA ECONOMÍA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA ES FUNDAMENTAL PARA ERRADICAR LA POBREZA Y DESIGUALDAD RURAL.
1. EL DINERO Y LOS TIEMPOS
El desafío de sacar a las familias campesinas de la pobreza es monumental y todo dependerá de dónde se comience y cuáles metas se tracen de corto, mediano y largo plazo.
2. SE NECESITA A LOS PRIVADOS
El Estado no tiene los recursos para un desarrollo rural integral dado el atraso de décadas. Por lo tanto requiere inversión privada y extranjera, lo cual genera resistencias en algunos sectores y comunidades. Se trata más de tener reglas claras que de demonizar su participación. A propósito, ya está diseñado un paquete de incentivos tributarios para que las empresas inviertan en las regiones
por recuperar en el posconflicto.
3. EL ACUERDO NO MENCIONA ACTIVIDADES RURALES DIFERENTES A LAS AGROPECUARIAS
Actividades rurales diferentes como la minería, el turismo, el petróleo, etcétera, muy a pesar de que la Misión Rural y el informe del PNUD sobre la Colombia rural demuestran que hay actividades diversas en este sector. Es decir que queda pendiente un ordenamiento territorial del país que sirva de marco a este acuerdo agrario.
¿De dónde saldrán las hectáreas para el Fondo de Tierras?
Este tema es tan complejo que va a ser necesario que el Estado tenga que comprar tierras si quiere entregarlas a los campesinos.
COLOMBIA es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo en la tenencia de la tierra. Los estudios nacionales e internacionales encuentran en la concentración de la propiedad rural un obstáculo para el desarrollo y modernización del país, y un factor asociado a la duración del conflicto.
Para democratizar la tierra el acuerdo busca crear un fondo de 3 millones de hectáreas para asignar de manera gratuita, o bien con subsidios o bien con créditos a campesinos pobres. Esas tierras tendrán varias fuentes.
La primera serán los baldíos de la Nación. En Colombia quedan pocos baldíos sin ocupar, sin embargo, el Estado deberá recuperar muchas de sus tierras usurpadas por privados. Pero eso ha sido hasta ahora un camino largo y tortuoso. Adicionalmente el gobierno no sabe cuántos baldíos hay.
Una segunda fuente serán las tierras sometidas a la extinción de dominio de actividades ilegales. Esta figura ya existe pero ha sido aplicada de manera muy precaria hasta ahora, ha habido corrupción en estos procesos y la cantidad de recursos jurídicos que se interponen han hecho muy difícil su recuperación. El reto es acelerar y darle transparencia a estos mecanismos.
Una tercera fuente serán la expropiación con indemnización por razones de interés público y la extinción del dominio por vía administrativa por razones de improductividad. Este punto ha generado malos entendidos porque algunos creen que se trata de acabar con el latifundio, lo que no está pactado aunque sí hace parte de los propósitos de las Farc. Ambos recursos existen desde hace muchas décadas en Colombia, pero tampoco han sido fáciles de aplicar, especialmente porque es difícil probar cuando hay improductividad.
Un cuarto recurso será la redefinición de reservas forestales, pues en el país muchas de ellas en la práctica ya no lo son, debido a que hay personas asentadas y produciendo. Esto más que dotar de tierras al fondo serviría para legalizar títulos hoy en el limbo.
Una última fuente serán las donaciones, pues no se descarta que algunos quieran aportar así al posconflicto. Pero este es un interrogante sin respuesta y en todo caso no sería muy significativo.
Dado que el gobierno se compromete a entregar 3 millones de hectáreas y que estos instrumentos para la creación del fondo, aunque loables, están rodeados de incertidumbre históricamente las instituciones no han podido aplicarlos con celeridad, se prevé que el Estado tenga que comprar tierras. Se cree, incluso, que uno de los rubros más altos del acuerdo será este y hay dudas sobre su financiación.
