Iván Duque y el ‘partido presidencial’

El Congreso que encontrará el presidente Iván Duque no tendrá una mayoría amplia de ningún partido. En él se encontrarán pesos pesados de la política como Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Antanas Mockus y Jorge Enrique Robledo, y por primera vez, una bancada de diez exguerrilleros de las Farc.

FOTO: Esteban Vega La-Rotta

A partir de la Constitución de 1991 (se diría que en la Constituyente hubo un partido presidencial), el bipartidismo evolucionó hacia un multipartidismo que llegó a ser inmanejable y dio lugar a una importante reforma. Y, luego, a otras para hacerlo más racional. Como en Brasil, la multiplicación de partidos, movimientos, grupos de ciudadanos en el Congreso y otras corporaciones hizo inevitable un proceso de negociación para asegurar lo que desde entonces se llamó la gobernabilidad. Y ese mecanismo, no obstante la racionalización de la caótica dispersión de fuerzas políticas, fue evolucionando para asegurarle al presidente unas mayorías cómodas en el Congreso y, también, para darles a los congresistas un poder burocrático y en materia de contratación pública que llegó al extremo de desfigurar la noción del Estado. Congresistas dueños de instituciones. Es lo que el contralor general llamó hace algunos meses “las empresas político-criminales”, que constituían el partido único de los contratistas y que, según él, tomaban decisiones en el nivel nacional, departamental y municipal. Un tema que no ha merecido la consideración y el debate que un diagnóstico tan grave implicaba.

Deberán estar en la agenda del gobierno que comienza, entre otros, los siguientes temas:
El escándalo del departamento de Córdoba puso en evidencia la tesis del contralor. Le dio cabal sustento. El Ejecutivo en el nivel nacional, departamental, el Legislativo, el Poder Judicial formaban parte de un entramado que ofrece, una y otra vez, nuevas aristas corruptas.

El partido presidencial funcionaba muy bien en el Legislativo, aun en los temas más complejos. Y el costo se contabilizaba en casos como el de Córdoba, o Cartagena, o La Guajira, o el Chocó, o Cota, o Soledad, o Ipiales, o Tumaco… El carrusel de contratación en Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno, mostraba la existencia de una “empresa político-criminal” como las que luego se destaparían. Algo mucho peor que el crimen organizado que había venido desplazando los casos de corrupción individual. El escándalo Odebrecht era otro ejemplo.

La gran pregunta es: ¿sería posible que exista un partido presidencial cuya fidelidad hacia el presidente exista si no hay una repartición de beneficios, favores, entidades, contratos que alimentan la lealtad de los congresistas o de una mayoría significativa?

Recordemos. Sergio Fajardo tuvo como tema central de su discurso que ese sistema, anteriormente mencionado, desaparecería del todo. Que él ya había gobernado así. Que la manera como se llegaba al gobierno determinaba la manera como se gobernaba. Aludía así a la influencia de los fundadores de las campañas en las decisiones que tenían una implicación monetaria. Lo propio decía –y dice– el presidente Iván Duque.

De allí la importancia del tema de la financiación de campañas en todos los niveles. Deben ser totalmente financiadas por el Estado y para ello ya existe un recetario que muestra que los costos no serían –como se dice– inalcanzables. Los costos hoy son demoledores, han destruido la credibilidad en las autoridades y en las instituciones y, en consecuencia, han debilitado la democracia. Con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hemos coincidido en reclamar la financiación estatal total de las campañas y la introducción de la lista cerrada.