En Tumaco la erradicación forzada puede ser un espejismo. Sin un programa de sustitución de cultivos que realmente genere una economía legal, la resiembra de coca es imparable.
Cada mañana dos heli-cópteros Black Hawk y tres M1 artillados esperan que baje la bruma y se abra el cielo para despegar del Centro Estratégico Operacional de Tumaco hacia el Alto Mira y Frontera, una región que limita con Ecuador y es el centro de gravedad de los cultivos de coca. El vuelo es corto e impresionante. Primero se pasa por un mar de palma de aceite. Luego una frontera nítida marca el comienzo de un mar de coca. Algunas fincas grandes, otras más pequeñas. Casas rústicas, hechas de tabla y plástico, van apareciendo en un paisaje que combina todos los verdes. Los agentes del Escuadrón Antidisturbios (Esmad), rodean una parcela en la que un escuadrón de la Policía está erradicando matas vigorosamente, con barretones y palas. Es la primera vez que el Esmad asume una tarea rural. Hace poco más de un mes, 600 cultivadores de coca, en esta misma región, rodearon a los policías y los retuvieron. También los de-sarmaron y no les han devuelto los fusiles. Algunos rumoran que se están armando para defenderse de la erradicación.
Es también la primera vez que la fuerza pública entra al Alto Mira y Frontera. En el pasado las Farc controlaban esta zona totalmente, con minas antipersonal y francotiradores para proteger los cultivos de coca. Ahora que ha terminado la guerra, la Policía puede erradicar, pero los cultivadores la han atacado con palos y otros artefactos.
Una pareja de colonos, venidos de Samaniego, Nariño, observa desde su rancho de plástico cómo acaban con las matas. En sus rostros hay rabia e impotencia. Dicen que les compraron una hectárea y media de coca a los “negros” hace por lo menos un año. Hasta ahora se enteran de que compraron solo la coca pues la tierra hace parte del título colectivo de un consejo comunitario. Dicen también que el gobierno los traicionó porque no les dejó espacio para firmar un acuerdo de sustitución y en cambio, envió todo el operativo para erradicar. “Nosotros no somos grandes. A los grandes no los están tocando”, dice la mujer.
Desde que comenzó la erradicación, en marzo pasado, ya van 1.500 hectáreas destruidas. La mala noticia es que la resiembra ya comenzó. Matas de un verde brillante se ven a ras del piso por todas partes. Aquí nadie se llama a engaños. La propia Policía calcula que el éxito de su tarea será del 15 por ciento. Es decir que por cada 1.000 hectáreas erradicadas, los campesinos volverán a sembrar 850. Saben que esta es una solución temporal. La definitiva tendrá que venir de la mano del desarrollo rural. Una promesa plasmada en el acuerdo de La Habana, por cuenta de la cual, aún no se ha arrancado la primera mata de coca. La erradicación forzada va rápido.
Tumaco es el municipio con más coca del país. Hoy día se calcula que supera las 20.000 hectáreas, muchas de ellas en pequeñas parcelas donde también hay cacao, coco o plátano. El caso de Alto Mira y Frontera es diferente. Allí, según los mapas satelitales y todas las fuentes oficiales, hay cultivos industriales pertenecientes a narcotraficantes.
Gran parte de la coca de Tumaco proviene del efecto globo producido por las fumigaciones del Plan Colombia en Putumayo y Caquetá. También se atribuye a que otros cultivos como el de la palma de aceite se vinieron al piso y a que las propias Farc han incentivado la siembra de cultivos ilícitos.
En el acuerdo de paz se definió crear un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), según el cual se llegaría a acuerdos por los cuales los cultivadores sustituirían voluntariamente la coca a cambio de una inversión social sin precedentes en estas regiones.
En Tumaco apenas se han firmado cartas de intención, cuyo efecto inmediato para quienes las suscribieron fue sustraerlos de la erradicación forzada. Las han firmado los consejos comunitarios, algunos resguardos y comunidades y organizaciones de campesinos que viven alrededor de la carretera que lleva a Pasto. Se calcula que por lo menos 20.000 familias serán cobijadas por este programa.
Durante más de 20 años de fumigación y erradicación forzada, el gobierno se ha enfocado en destruir las matas de coca, considerada una planta maldita. No obstante, la experiencia ha demostrado que lo único que funciona en el largo plazo es la sustitución. Es decir, que si no se crea una economía legal fuerte, la ilegal siempre estará al acecho y será predominante. Hasta ahora hay pequeñas experiencias positivas para mostrar. En el posconflicto se busca lograrlo en grandes zonas como Tumaco, Putumayo y Guaviare. Pero mientras allí se erradican a la fuerza 60 hectáreas al día, hasta ahora no se ha sustituido ninguna. El largo camino para crear una economía lícita apenas comienza.
A paso de tortuga
Ubaldo Obando lidera una junta de acción comunal de la vereda Caunapí, al borde de la carretera, una de las que participó en los bloqueos. Allí viven 385 familias cacaoteras, pero por lo menos 300 tienen pequeños cultivos de coca. Cada hectárea de cacao les deja a las familias unos 120.000 pesos al mes. La de coca deja cerca de medio millón de pesos.
Obando dice que desde que firmaron las cartas de intención con el gobierno no ha ocurrido nada. “No nos han cumplido”. El proceso va lento. Apenas esta semana realizarán las primeras asambleas comunitarias y crearán los primeros comités para llegar más adelante a la firma de los acuerdos definitivos. El objetivo es que empiecen a llegar los recursos del gobierno, mientras los campesinos arrancan la coca con sus propias manos.
En estas veredas los campesinos tienen dos demandas. Por un lado, la titulación de tierras. James Toro, otro líder comunal, señala que casi toda su comunidad siembra en lotes prestados o alquilados por las empresas palmeras que ahora las reclaman.
El otro asunto es que ellos no solo quieren sembrar, sino participar en la creación de agroindustrias, como reza el acuerdo de La Habana. Que se creen cadenas productivas que les permitan darles valor agregado a sus productos. Tener acceso a la actividad exportadora. No solo vender la materia prima, como hasta ahora. Eso sería el factor diferencial con el pasado.
“Tristemente el único clúster que tiene todos los eslabones de la cadena en el territorio de Tumaco es la coca”, dice, con amargura, Zaida Mosquera, directora de la Cámara de Comercio de Tumaco. En la región confluyen quienes la siembran, los raspachines, quienes procesan la pasta, la cristalizan, la empacan y la envían por el mar.
A estos últimos los llaman Niches Panda, los lancheros que van en cuadrillas de cinco embarcaciones custodiando un cargamento. Ya no se usan grandes sumergibles, sino las tradicionales lanchas con motores fuera de borda, que aunque llevan menos carga, son más veloces y reducen el riesgo de captura. Según el contraalmirante de la Armada Carlos Gustavo Serrano, ninguna organización domina toda la cadena, por lo que hay fragmentación, disputas, y en consecuencia, violencia.
Tan popular es el narcotráfico que existe una modalidad de inversión tipo pirámide. Decenas de personas del común se apuntan a un cargamento, y si lo ‘coronan’ sus inversiones, así sean modestas, se ven multiplicadas por cuatro. Pero como en un casino, lo usual es que les digan que el negocio se perdió.
En medio de este panorama comenzarán las asambleas comunitarias con los campesinos para trazar la hoja de ruta de la sustitución de cultivos. Para esto habrá que hacer consulta previa con los 15 consejos comunitarios y los 15 resguardos que existen en este municipio.
La promesa del gobierno es que cada familia recibirá a lo largo de dos años 36 millones de pesos que deberán servirles para incorporarse a la economía legal. También que les dará acompañamiento técnico, crédito, titulación de tierras y bienes públicos. Para este fin, y para cumplir las promesas hechas a 50.000 familias, el gobierno tiene destinado 1 billón de pesos. Todo el programa, solo en el apoyo a las familias, podría costar casi el doble. Pero hay gran incertidumbre sobre si habrá dinero para el resto. Es decir, para los bienes públicos que se requieren: carreteras terciarias, programas de crédito y una apuesta por la industrialización.
El gobierno espera que la empresa privada contribuya con crear cadenas productivas. El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, ya se reunió con los palmeros para explorar posibilidades de alianzas. Estas son bien vistas en la región, pero expertos como Bismark Preciado, director de la Corporación Agroempresarial de Tumaco, y Jairo Cortés, director del programa de cooperación Colombia Responde, están convencidos que debe hacerse más para apoyar a los pequeños productores para hacer industria.
“El miedo es que esto vuelva a ser lo mismo de otras intervenciones: un asunto de proyecticos”, dice bajo reserva un funcionario oficial. Hay algunos que piensan que la nueva estrategia del gobierno arrancó con el pie izquierdo: más erradicación que desarrollo rural, más centralismo que enfoque territorial, y más subsidios directos que inversiones comunitarias. Sin embargo, hay que dar tiempo a que la sustitución coja vuelo. Que demuestre si será un programa más de corto plazo, o si tendrá el músculo para acabar con la cultura de la coca, y hacer surgir una economía legal que contribuya a exorcizar la violencia y el abandono.