Radiografía de los asesinatos contra exguerrilleros de las Farc-EP: la violencia continúa

Una nueva ola de violencia política sacude al país por cuenta de decenas de asesinatos cometidos contra exguerrilleros de las Farc-EP en proceso de reincorporación. La Fundación Paz & Reconciliación ha registrado desde el 24 de noviembre de 2016 a la fecha, 102 personas asesinadas que se encontraban adelantando tareas de reincorpororación a la vida civil en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo roles de liderazgo en sus comunidades por la defensa de la paz, el medioambiente, la implementación del acuerdo final, entre otras. Asimismo, hasta el momento han sido asesinados 26 de sus familiares.

Como se observa en los mapas, los departamentos con mayor registro de asesinatos a exguerrilleros y sus familiares son Nariño (25), Cauca (23), Antioquia (19), Norte de Santander (12) y Caquetá (12); especialmente en los municipios de Tumaco, El Charco, Argelia, Miranda, Ituango, El Tarra y San Vicente del Caguán. Allí actuó la guerrilla de las Farc-EP y, tras su salida del escenario bélico, se experimentó una reconfiguración de actores ilegales por el control territorial y, a su vez, de las rentas ilícitas derivadas de las economías del narcotráfico y de la minería ilegal.

Por otra parte, el escenario preelectoral, contado a partir del 27 de octubre de 2018, acentúa la situación de riesgo de quienes pertenecen al partido Farc. Desde esta fecha se han presentado 26 homicidios a exguerrilleros, uno de los más emblemáticos fue el ocurrido en Tuluá donde sicarios movilizados en motocicleta asesinaron a Jorge Enrique Corredor, mejor conocido como Wilson Saavedra, quien fuera comandante del Frente 21 y que estuvo a cargo del proceso de reincorporación de esa estructura en el ETCR ubicado en el municipio de Planadas. En función de sus actividades como militante, Corredor contó con esquema de seguridad al cual renunció en agosto de 2018 según información de la Unidad Nacional de Protección. Este sería el primer miembro del partido Farc de alto rango asesinado desde la firma del Acuerdo Final de Paz.

Desde Pares se han propuesto tres hipótesis que podrían dar cuenta de las razones que motivan las agresiones contra los integrantes de Farc y a sus familiares:

- Saboteadores de la paz o 'spoilers': agentes legales e ilegales que se oponen al proyecto político abanderado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-Farc y también a la implementación del Acuerdo Final de Paz.

- Ajuste de cuentas: esta hipótesis se divide en dos tipos de escenarios. El primero es que al momento del repliegue de las Farc hacia las zonas veredales, muchas tensiones quedaron sin resolver con otras estructuras armadas ilegales, este es el caso del Clan del Golfo en Bajo Atrato y del ELN en Arauca y Nariño.

El segundo, se debe a 'vendettas' en el nivel territorial, las cuales se originaron tras los abusos y agresiones contra la población cometidas en su momento por miembros de la extinta guerrilla de las Farc-EP.

- Reconfiguración territorial: debido a la trayectoria y conocimiento de las estrategias de guerra, del territorio y de negocios ilícitos, múltiples estructuras armadas han querido vincular a exguerrilleros de las Farc-EP para fortalecer sus actividades criminales. Sin embargo, ante su negativa se han tomado retaliaciones que han terminado con sus vidas y hasta con las de sus familiares.

La violencia contra exguerrilleros de las Farc-EP tiene un gran impacto en la posibilidad de construir paz y reconciliación. La alta victimización es uno de los incentivos más poderosos para que exguerrilleros reincidan en actividades ilegales y acudan a estructuras criminales para la protección de su vida ante la incapacidad del Estado para garantizarla. La academia y centros de investigación especializados en procesos de desmovilización, desarme y reintegración(DDR) han establecido que la falta de seguridad física es la piedra angular que podría marcar el éxito o fracaso de la reincorporación a la vida civil y, a su vez, es un factor en la reincidencia ante la falta de garantías, dado que, como afirma Enzo Nussio, se requiere de “un ambiente seguro como precondición para el buen funcionamiento de procesos de reintegración”.

A su vez, la falta de voluntad política para la puesta en marcha y el mantenimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación, instancias creadas en el acuerdo como plan urgente para contrarrestar la violencia y la criminalidad, dificulta la creación de posibles soluciones que atiendan a la mitigación del riesgo de quienes suscribieron el acuerdo y defienden su implementación y expresa la falta de compromiso del Gobierno con la vida de exguerrilleros.

Sumado a esto, la participación del la Fuerza de Tarea Vulcano, del Ejército Nacional, en la tortura, intento de desaparición forzada y asesinato de Dimar Torres, exguerrillero que se había articulado a la vida comunitaria de la vereda Campo Alegre, en Convención, Catatumbo, el 22 de abril, constituye un agravante de primer orden pues es esta institución la encargada de garantizar la defensa de la vida y la seguridad de las comunidades rurales con presencia de Grupos Armados Organizados. Más aún, la posición frente a este acontecimiento del ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue el encubrimiento de los soldados, sin prueba alguna, a través de declaraciones desobligantes que no obedecían al debido proceso frente a posibles violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.

La violencia política contra excombatientes de las Farc-EP se ha agudizado en los últimos meses. Es responsabilidad del Estado implementar acciones urgentes para frenar esta tragedia, cumplir lo pactado y garantizar el derecho a la paz de la sociedad colombiana. Asimismo, es necesario emprender acciones de incidencia que busquen combatir la estigmatización de esta población que ha sido fomentada, en gran medida, por el partido de gobierno Centro Democrático.