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El país no cuenta con cifras claras sobre el número de personas con discapacidad que hacen parte del sistema educativo en etapa de formación superior o terciaria, fundamental para que esta población alcance la mayor autonomía posible.
Sonia Catalina, 25 años, tiene discapacidad auditiva. Juan Pablo, 22 años, padece síndrome de Down. Luis, 21 años, fue diagnosticado con osteogénesis imperfecta (OI), comúnmente llamada ‘huesos de cristal’. Estos tres jóvenes tienen en común algo más que su condición: hacen parte del reducido número de personas discapacitadas dentro del sistema educativo colombiano en etapa de formación superior.
“Hace unos meses presenté mi trabajo de grado y fue evaluado como tesis meritoria. Se llama ‘Inclusión y diversidad humana en la educación física’”, cuenta Sonia Catalina Cruz, estudiante de Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. “Uno de sus méritos fue atreverse a trabajar con población oyente. Desafió las estructuras mentales que muchos tenemos y dio clases sin intérprete, utilizando lenguaje de señas, mímica y expresión corporal”, complementa Marco Aurelio Rodríguez, un docente de esa institución que se ha dedicado a trabajar con esta población durante más de 25 años. El caso de Sonia podría catalogarse como excepcional si se analiza la generalidad de la formación terciaria para personas con algún tipo de discapacidad, pues, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el porcentaje de población colombiana en situación de discapacidad que ingresa a la educación superior es inferior al 1%.
Uno de los requisitos para entrar a una universidad y estudiar una carrera profesional es presentar las pruebas Icfes o Saber 11 y alcanzar un puntaje determinado por las instituciones educativas como rango de admisión. Esta es la primera barrera que enfrentan las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, y es el caso de Juan Pablo Vergara, que actualmente hace parte del programa ‘Crecer hacia la vida adulta’ de la Corporación Síndrome de Down.
Según Claudia Hernández, coordinadora del proyecto, este tiene dos objetivos: uno, lograr que los jóvenes alcancen la mayor autonomía posible; y dos, que se preparen para desempeñarse en una ocupación de su interés. “Me refiero a formar en competencias relacionales y emocionales; mejorar en lo posible las habilidades de lectoescritura, numéricas, en sistemas... La Corporación, además, ofrece una segunda etapa que se lleva a cabo en alianza con la Universidad del Bosque y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, adonde asisten nuestros estudiantes y hacen una especie de pasantía. Identificamos espacios en los que pueden realizar actividades de su agrado, como la biblioteca, por ejemplo.
Ilustración: Sebastían - La Casa de Carlota
Ahí prueban hasta encontrar con qué se identifican mejor, pero además comparten con alumnos regulares y tienen una aproximación a la vida universitaria”, agrega Hernández. Si bien para las personas con discapacidad auditiva, visual y motora es más “fácil” acceder a la educación superior, para quienes tienen alguna dificultad cognitiva, como retardo mental, autismo y síndrome de Down, las barreras son mayores. Ellos y sus familias no pueden pensar en un título universitario; la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se convierte en la única opción de certificarse para poder acceder al mundo laboral.
“Soy equitador y el próximo año voy a representar a Colombia en una competencia mundial en Abu Dabi. Vengo a la Corporación para aprender más y porque quiero ir a la Universidad y luego trabajar”, dice Juan Pablo, emocionado de imaginar su futuro. “No se puede negar que hemos avanzado; no hemos llegado al punto deseado, pero hace 30 años ni siquiera se hablaba del tema”, afirma Hernández. Y es que el Sena, por ejemplo, ha tratado de dar algunos pasos y minimizar los obstáculos.
Para las personas con discapacidad cognitiva, esta institución ha adaptado la metodología de los cursos; ha ajustado el diseño curricular de cinco programas de formación titulada en el área de logística, y ha desarrollado programas para capacitar a los instructores, con el fin de que adquieran competencias técnico pedagógicas para la adecuada atención de estos estudiantes. Según la entidad, en 2017 se atendieron 4.636 personas con discapacidad cognitiva en todo el país; para junio de 2018 iban 3.089.
Siete tratados y convenios internacionales vinculantes; 17 recomendaciones, resoluciones y recomendaciones no vinculantes; 26 normas sobre inclusión social y discapacidad; 18 normas sobre educación entre otros decretos y leyes que el Ministerio de Salud y Protección Social compiló en un documento en 2017. Esto deja claro que no es por falta de leyes que los procesos de inclusión en educación, a nivel general y de forma particular, no se dan en el país.
Rocío Molina es profesora de la Universidad del Rosario y miembro fundador de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad (RCUD), sin embargo, afirma que “Colombia aún no cuenta con una política educativa específica que propenda por la reivindicación del derecho a la educación de las personas con discapacidad en la etapa de formación superior”.
Sonia Catalina tiene discapacidad auditiva. Hizo su práctica de licenciatura en Educación Física dando clases a estudiantes oyentes
Si hay licenciados en Matemáticas, Biología, Educación Física, técnicos en Logística o Grandes Superficies y químicos con discapacidad visual, auditiva,física, motora y cognitiva no es precisamente porque las leyes se hayan cumplido y el país cuente con un sistema flexible y adaptado a esta población. Ha sido gracias al esfuerzo de los jóvenes, las familias y las propias instituciones que, como la Universidad Icesi de Cali, adecuaron sus instalaciones para que Luis Álvarez y otros diez estudiantes pudieran acceder a ellas y asistir a sus clases regulares.
Eso hizo desde hace diez años la Universidad Pedagógica, la única que cuenta con una Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SCAA) que ayuda a la población invidente para que tenga condiciones equitativas. “Ellos tienen acceso a impresoras en braille, grabadoras, magnetófonos que les ayudan a hacer la lectura, audiolibros…
Hay suficiente tecnología e intérpretes que contribuyen a disminuir las barreras”, cuenta Marco Aurelio, quien además está de acuerdo con que los procesos de inclusión continúen en la educación superior. “Aunque la palabra ‘inclusión’ ni siquiera debería existir, porque las personas en cualquier condición siempre han estado ahí, pero da miedo enfrentarnos a una condición distinta”, asegura el profesor.