Aunque en las prisiones no debería haber un solo recluso con trastorno mental, hoy 2.340 viven con su enfermedad tras las rejas. Y esos son apenas los diagnosticados. Como la atención en salud es tan precaria, muchos síntomas pasan desapercibidos y es difícil identificar las patologías que desencadena la prisión, con sus muros, carencias y arbitrariedades.

Los reclusos son víctimas de un modelo fallido de atención, en manos de Caprecom. Esta EPS pública tenía la responsabilidad de atender a la población carcelaria y penitenciaria de Colombia, la tercera más grande de América Latina. La entidad no solo estaba endeudada, sino que no daba abasto.

 

Nada puede funcionar de esa manera, sobre todo porque las personas detrás de las rejas necesitan una atención distinta a la de la población general. Los costos también son más altos, pero ese modelo de aseguramiento no lo contemplaba y por eso al final el servicio de salud era pésimo.

 

A finales de 2015 un decreto del gobierno se propuso ponerle punto final a esa situación. Empezó por la falta de recursos y, con el objetivo de garantizar una atención digna, integral y diferenciada a los internos, echó mano del presupuesto general de la Nación.

 

Así creó el Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad y le dio la potestad de contratar directamente a las empresas prestadoras de salud en cada región. Una buena intención, sin embargo, el día a día detrás de las rejas muestra que esos cambios aún están lejos de suceder.

 

Según le dijo a SEMANA José Manuel Díaz, defensor delegado para la política criminal y penitenciaria, “si antes la atención en salud era precaria, hoy en algunas zonas del país es nula. En los establecimientos carcelarios de Santander, Chocó, Antioquia, Meta y Amazonas ni siquiera hay un médico general”.

 

Si los recursos existen, ¿por qué la situación de los reclusos ha empeorado? La respuesta está en que este Fondo, que administran conjuntamente la Fiduciaria Previsora y Fiduagraria, tiene un plazo de ocho meses para tomar las riendas de los servicios de salud de los internos.

 

El problema es que mientras esto ocurre el Fondo volvió a contratar a Caprecom, una entidad que se está liquidando precisamente por su ineficiencia y corrupción.

 

“¿Por qué otra vez Caprecom? Lo mejor sería que el Fondo contratara a otra EPS, si además es nuevo y tiene la plata”, agrega Díaz. En cambio, le dieron un contrato trimestral por 40.000 millones de pesos a esta entidad, a la que a nadie se le ocurriría acudir por su mala reputación y problemas de infraestructura.

Así, la salud de los presos volvió a quedar en un limbo. Y si los centros de reclusión ni siquiera pueden garantizar unas condiciones mínimas de vida a los internos, mucho menos la atención especializada a quienes padecen un trastorno mental.

 

Por si fuera poco, en los centros de reclusión del país no tendría por qué haber un solo enfermo mental. Según el Código Penitenciario y Carcelario, esta población debería recibir tratamiento en establecimientos de carácter asistencial y terapéutico situados fuera de las cárceles.

 

Aun así, con un hacinamiento que bordea el 50%, las prisiones siguen recibiendo personas que padecen trastornos mentales.

 

Algo debe andar mal cada vez que una persona con esquizofrenia termina ante un juez. La sociedad colombiana ha entendido que la salud mental es un tema fundamental e inaplazable, no en vano se aprobó la Ley Esperanza en 2013 y se ajustó la Política Nacional en esa materia.

 

Falta, sin embargo, dimensionar los costos sociales, políticos y económicos de relegar el bienestar psicológico de los ciudadanos y de creer que la cárcel es la única respuesta para los delitos.

 

“En lugar de seguir construyendo prisiones sería mucho más útil gastar ese dinero en tratamientos para evitar que los pacientes ingresen al sistema penitenciario”, explica el juez Steven Leifman, presidente del equipo encargado de legislar sobre cárceles y salud mental en la Corte Suprema de la Florida en Estados Unidos, el país con más presos en el mundo.

 

La clave siempre estará en prevenir. Y eso tan aparentemente sencillo aplica en todos los sentidos, pues un diagnóstico temprano evita el círculo vicioso de la prisión.