LOS QUE LUCHAN

Con las víctimas

Cientos de organizaciones y personas, desde el gobierno y las ONG, locales y extranjeras, hasta la academia y las víctimas mismas, luchan por las víctimas.

Las luchadoras

Clara Rojas,  de País Libre.

Marleny Orjuela, de Asfamipaz.

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Dos mujeres se convirtieron en símbolos de la lucha contra el secuestro, un crimen que ocupa uno de los lugares más destacados en el imaginario colombiano de los horrores. Una de ellas estuvo secuestrada por las Farc durante casi seis años y medio. La otra es familiar de Alexander Zambrano, un militar que cayó en manos de esa guerrilla después de la toma de Miraflores y fue luego liberado. País Libre lleva más de 20 años luchando por los secuestrados civiles; Asfamipaz fue fundada en enero de 1999, cuando las Farc tenían en su poder a cientos de militares y policías. Desde que las Farc anunciaron el fin del secuestro extorsivo y liberaron a los últimos miembros de la fuerza pública, ambas organizaciones continúan exigiendo que se esclarezca la suerte de cientos de secuestrados, uniformados y civiles, que nunca volvieron del cautiverio.

Las Madres [Las Madres de la Candelaria]

Se cansaron de la violencia, los secuestros y la desaparición forzosa de sus familiares. Por eso estas madres, abuelas y familiares empezaron a protestar frente a la iglesia de La Candelaria en Medellín. El primer plantón lo hicieron el 19 de marzo de 1999 y desde entonces se reúnen todos los viernes en el atrio del templo para pedir justicia y respuestas. Por su persistencia, las ‘Madres de La Candelaria’ se ganaron el Premio Nacional de Paz de 2006 y hoy siguen buscando esclarecer cómo fueron desaparecidos sus familiares.

Los Abogados

Gustavo Gallón (Comisión Colombiana De Juristas), Alirio Restrepo (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo)

Unos los critican como radicales y otros los estigmatizan como amigos de la guerrilla o interesados en lucrarse con las víctimas. Pero sus defendidos les agradecen que, gracias a su labor, sus casos hayan cobrado visibilidad y que el Estado se haya visto obligado a responder. Muchas otras organizaciones se dedican a labores similares, pero, más allá de las reticencias que despiertan en algunos círculos, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se han ganado un lugar indiscutible en la defensa de las víctimas y en lograr que el Estado colombiano reconozca, en casos prominentes en las cortes internacionales, las culpas de acción u omisión de sus agentes en el conflicto armado.

Gonzalo Sánchez (Memoria Histórica), Ricardo Sabogal (Unidad de Restitución de Tierras), Paula Gaviria (Unidad de Víctimas), Juan Camilo Restrepo (exministro de Agricultura), Jorge Armando Otálora (Defensor del Pueblo) y Andrés Villamizar (Unidad de Protección).

Más de medio centenar de instituciones de gobierno y miles de funcionarios de todos los niveles son los encargados de reparar a millones de víctimas del conflicto armado, en el marco de la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Estas son las seis figuras clave que encarnan ese compromiso del Estado y, con excepción del ministro de Agricultura, que renunció, enfrentan el desafío de sacarlo adelante. Uno de los grandes retos que tiene la Unidad de Víctimas –quizás el principal– es poner a marchar al mismo ritmo todas las instituciones del pesado aparato del Estado central para que cumplan con su papel. Al mismo tiempo, debe lograr una plena sintonía con 1.031 alcaldes y 32 gobernadores, muchos de ellos en regiones donde el conflicto armado arroja víctimas todos los días o la estructura sociopolítica de los paramilitares sigue intacta.

EL FAMOSO [Juanes y Catalina Cock,Fundación Mi Sangre]

Más que nombres retóricos, Pazalobien,  Soñar es un derecho y Teje la vida, son proyectos que le han merecido a la Fundación Mi Sangre reconocimientos como el del influyente Atlantic Council por su compromiso humanitario. Si bien el artista global colombiano es su cara visible, la socióloga y politóloga Catalina Cock (izquierda) es el alma del trabajo de la fundación del cantante, que trabaja con 62.000 víctimas del conflicto armado que, como dice Juanes, “poco a poco sanan las heridas que la guerra deja en el cuerpo pero también en el alma y se convierten en los constructores del país en paz que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos”.

 

LOS PIONEROS [Marco Romero, Codhes]

Una de las primeras voces que se alzó en Colombia para poner en la agenda pública el que se volvió el principal crimen de guerra en el país, el desplazamiento, fue el de la Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Desde 1985, cuando para nadie existían los desplazados, esta ONG empezó a registrarlos y a tratar de hacer valer sus derechos. Una década después, el gobierno empezó a registrarlos y la Ley 387 de 1997 reconoció la magnitud del fenómeno. En 2004, la sentencia T-025 de la Corte Constitucional reforzó la obligación de prevenir el fenómeno y de atender a sus víctimas.

 

María Teresa Uribe (Universidad de Antioquia), Fernán González (Cinep), Iván Orozco (Universidad de los Andes) y Rodrigo Uprimny (Dejusticia de La Universidad Nacional).

Colombia es uno de los países que más ha estudiado su conflicto armado, sin resolverlo. Desde los ‘violentólogos’ hasta las investigaciones de hoy sobre reconciliación, Justicia transicional, víctimas y conflicto armado, la academia ha mantenido viva la conciencia crítica sobre lo que ha ocurrido en estos 50 años. Maria Teresa Uribe, Fernán González, Iván Orozco, Rodrigo Uprimny pertenecen a esa intelectualidad que desafía ideas convencionales. Distan de ser los únicos: figuras como María Victoria Uribe, María Emma Wills,   María Victoria Llorente, Víctor Negrete y muchos otros académicos han hecho contribuciones claves.

EL FISCAL [Luis González, fiscal.]

Hoy está al frente de la lucha contra las llamadas bandas criminales en la Fiscalía, pero Luis González fue el arquitecto de la Unidad de Justicia y Paz. Pese a las falencias de la Ley 975 y de que debía investigar y procesar desde una masacre hasta el robo de una gallina, fue pionero en la aplicación de la Justicia transicional en Colombia. Todo un cambio de chip para los fiscales entrenados en las categorías del Derecho Penal, que debieron pasar a los de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Algo que llevó, entre otros, a la exhumación de miles de fosas y a la identificación y entrega de restos de desaparecidos a sus familias.

 

 

LOS DE LAS MINAS

Álvaro Jiménez (Campaña Colombiana Contra Minas) y Daniel Ávila Camacho

(Director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal)

Hace 13 años, cuando el problema de las minas antipersonales y los artefactos sin explotar no era una preocupación para nadie, el capítulo colombiano de esta organización internacional se dio a la tarea de denunciarlas y buscar su erradicación. En 1997, el Estado colombiano promovió y suscribió la Convención de Ottawa, que las prohíbe, y se comprometió a erradicarlas para 2020. Sin embargo, la guerrilla las sigue sembrando, y la Campaña, además de su labor de denuncia, lleva a las regiones más afectadas programas de prevención y de ayuda a sus víctimas.

 

Los constitucionalistas

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Manuel José Cepeda, Eduardo Cifuentes y Carlos Gaviria.

Un actor protagónico en la defensa de los derechos de las víctimas ha sido la Corte Constitucional y muchos de los magistrados que han vestido su toga. Estos tres simbolizan el papel de la máxima instancia de Justicia del país en la aprobación de sentencias de profundo alcance, como la T025, que ha obligado a varios gobiernos a rendir cuentas sobre la atención a las víctimas de desplazamiento forzoso, el auto 004 que declara a 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción por el conflicto armado y muchas otras decisiones aprobadas por sus colegas.

LOS PASTORES

Luis Carlos Hinojosa (Director de Pastoral Social en Quibdó) y Luis Enrique Amado  (Pastoral Social del Guaviare)

Aunque algunas de las posiciones de la Iglesia católica en Colombia despiertan polémica, si hay algo en lo que no hay lugar a discusión es en el papel que ha jugado al lado de las víctimas, en especial la Pastoral Social de las diócesis de las zonas más golpeadas por la guerra. De Tumaco o Guaviare a Quibdó, los directores de Pastoral Social han sido las voces activas de denuncia de la victimización y de la asistencia a quienes la padecen, a menudo con riesgo para su propia vida. La de Quibdó fue, por eso, Premio Nacional de Paz en 2005, cuando la encabezaba Albeiro Parra. Muchos pueblos del país exhiben con orgullo ‘curitas’ que han estado en primera fila de la lucha por las víctimas.

LAS MUJERES

Marina Gallego (Ruta Pacífica de Mujeres), Linda Cabrera (Sisma Mujer) y Olga Sánchez (Casa de la Mujer)

La Ruta agrupa a 288 organizaciones y grupos de mujeres. Ha jugado un papel clave en demostrar que la violencia sexual ha sido usada sistemáticamente como un arma de guerra por todos los actores armados. Casa de la Mujer, liderada por Olga Amparo Sánchez, Sisma Mujer, encabezada por Linda Cabrera, y muchas otras organizaciones han jugado también un papel clave en sacar a la luz el crimen menos denunciado del conflicto armado.

Juan Fernando Cristo (Senador) y Guillermo Rivera (Representante)

Estos dos congresistas pueden considerarse con justo título los padres de la Ley de Víctimas, que impulsaron desde su primera versión, durante el gobierno de Álvaro Uribe, aunque en ese momento no contó con el apoyo de la mayoría oficial y se hundió. Hoy, están al frente de la Comisión de Seguimiento que, desde el Congreso y junto con las víctimas, está pendiente de la aplicación de la Ley de Víctimas.

Es muy difícil calcular cuánto dinero ha invertido la cooperación internacional en las víctimas del conflicto armado colombiano, pero pueden ser varios miles de millones de dólares desde 1985. Por años, Naciones Unidas, con 22 agencias, tuvo una de las operaciones más grandes del mundo en el país, y es todavía una de las principales. Docenas de otras agencias y organismos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o la OIM, y gobiernos como el sueco, el británico, el francés o el estadounidense han invertido millonarias sumas en la defensa de las víctimas y la promoción de sus derechos. También han ejercido frente al Estado colombiano una diplomacia clave que combina la ayuda, la vigilancia y la crítica.

Jordi Raich (CICR), Gerard Gómez (OCHA), María Camila Moreno (ICTJ), Todd Howland (Derechos Humanos - ONU), Peter Natiello (USAID) y Marie Andersson de Frutos (Embajadora de Suecia).

Los internacionales

Thèrese Morel (Acnur), Miguel González (Aeci), Marcelo Pisani (OIM)

y  Bruno Moro (PNUD).

Otras organizaciones

Ana Teresa Bernal

Desde 2012 es alta consejera distrital para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en Bogotá.

Andrés Morales

Fundación para la Libertad de Prensa

Yolanda Becerra

Organización Femenina Popular (OFP)

María Victoria Llorente Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Marcelo Álvarez 

MAPP-OEA

 

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, creada durante el gobierno Uribe para acompañar la desmovilización de los paramilitares, trabaja en las regiones con las víctimas desde 2004 en proyectos de memoria, atención sicosocial, reconciliación y construcción de paz, entre otros. Álvarez fue jefe de misión hasta abril pasado y desde entonces lo reemplaza, como interino, su segundo, Rikard Norgren.

Óscar Rojas

Fundación AlvarAlice

Alfredo Carvajal y Roberto Pizarro

Fundación Carvajal

Marco Cruz y Mario Gómez

Fundación Restrepo Barco

Andrés Santamaría

Federación Nacional de Personeros – FENALPER-

 

Pese a que la aplastante mayoría tiene inmensas limitaciones presupuestales, son los personero de los 1.102 municipios son los primeros en hablar con las víctimas. De las casi 250.000 declaraciones que se presentaron entre enero de 2012 y febrero de 2013, los personeros recibieron cerca de 200.000. Un reciente informe de la Federación Nacional de Personeros prendió las alarmas sobre las víctimas de las llamadas ‘bandas criminales, al señalar que en lugares como Buenaventura estos grupos son responsables del 90 por ciento de los casos de desplazamiento masivo.