Parece ficción, pero es la realidad: en Colombia tener un accidente de tránsito se convirtió, para algunos, en la oportunidad perfecta para ganar un ‘dinerito’ extra.

Una parte importante de los recursos que los conductores de vehículos invierten anualmente para garantizar sus gastos médicos o funerarios en un eventual siniestro, se están perdiendo en manos ajenas: IPS, personas naturales, médicos y ambulancias, entre otros.

Mientras para las aseguradoras la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) dejó de ser rentable. Para otros se abrió un nuevo negocio, sobre todo para muchas Instituciones Prestadoras de Servicios.

¿La razón? Mientras las EPS se pueden tardar hasta 180 días en pagar a las IPS por los servicios prestados, las aseguradoras tienen la obligación de cancelar los gastos médicos de las víctimas de accidentes de tránsito máximo en los 30 días siguientes.

No es lo único. Los costos por servicios médicos no son los mismos para las EPS y para las aseguradoras. Estas últimas son regidas por el decreto 2423 de 1996, que estableció un manual tarifario que se renueva cada año con el aumento del salario mínimo.

Allí se establecen valores máximos para los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) ha descubierto que una larga lista de IPS cobran, casi siempre, el valor máximo. Es como si se tratara de un cheque en blanco que deben aprovechar.

Cometer este tipo de acciones pareciera volverse más sencillo desde que la Ley 1438 de 2011 estableció que ya no sería la Policía la que certificara un accidente de tránsito, sino los médicos de urgencias. No en vano Fasecolda y la Superintendencia de Salud han encontrado que accidentes caseros -por ejemplo- son cobrados como de tránsito.

Pero más allá de la situación que viven las aseguradoras, también están los fraudes a la Subcuenta ECAT del Fosyga (que administra parte de los recursos del Sistema General de Salud). Este fondo cubre los gastos médicos de los siniestros de tránsito cuando el vehículo involucrado en el accidente no tiene SOAT o cuando no se logra identificar.

Tanto la entidad estatal como las aseguradoras están afectadas por las personas que vieron en los accidentes de tránsito un verdadero negocio.

Semana.com le presenta las cifras que muestran la realidad financiera que vive el sector, las más de 15 modalidades de fraude al sistema, la lista de departamentos bajo la lupa por acciones fraudulentas, los nombres de algunas de las entidades cuestionadas y le cuenta qué están haciendo las autoridades para detener este preocupante asunto.