Ipiales:
donde las montañas son el único camino

“Nosotros vamos a pasar por la trocha, vamos a buscar la manera de seguir para Perú. Porque si nos devolvemos... ahí atrás no queda nada”, dice Robert Murillo, aún aturdido por el cansancio del recorrido a pie que hizo entre Tumaco e Ipiales, mientras toma el desayuno que le ofrecen en un albergue. Como él, otros mil venezolanos están varados desde el 25 de agosto, cuando entró en vigencia la exigencia de visa para entrar a Ecuador.

La alcaldía de Ipiales calcula que 700 migrantes están en los seis albergues de la ciudad. Robert tuvo la fortuna de encontrar un lugar en la casa de paso El Buen Samaritano, un refugio de la misión Scalabriniana. Aunque se encuentra más lejos del puente que los demás y tiene la menor capacidad, los 40 cupos disponibles hacen que los venezolanos lleguen para recibir comida, atención médica y descansar durante 72 horas.

A pesar de los esfuerzos para brindar un techo a esta población, 300 personas ocuparon la zona aledaña al puente internacional de Rumichaca, con la esperanza de que el gobierno ecuatoriano abra un corredor humanitario para quienes no tienen visa. En el puente, las condiciones empeoran cada día.

La mayoría de las familias allí tienen niños, que sufren con las bajas temperaturas de la madrugada. Solo disponen de algunos baños portátiles en horas específicas y comen gracias a la generosidad de fundaciones y agencias internacionales. Rodeados de carpas de la Cruz Roja, Acnur y otras agencias de la ONU, algunos conservan la esperanza de entrar con regularidad a Ecuador.

Otros migrantes, principalmente los que están solos, deciden arriesgarse a cruzar por las trochas. Los coyotes aprovechan los 586 kilómetros que separan a los dos países y cobran entre 20 y 35 dólares por persona para llevarlos al lado ecuatoriano. Ante el costo del paso, muchos prefieren probar suerte y emprender solos el camino por los pasos ilegales.

En los albergues, en las trochas y en el puente, a los venezolanos los une la convicción de que a su país no regresan. Quienes asumen con resignación que no entrarán a Ecuador ya hacen planes para quedarse en Ipiales. Masleidy Lizir, su esposo y sus dos hijos de 6 y 3 años decidieron no arriesgarse a pasar por una trocha. “Ya me comuniqué con mi familia que está en Perú, pero ellos nos dicen que mejor nos quedemos aquí. Esos pasos son peligrosos, y no vamos a arriesgar a los niños”, cuenta. Tanto ella como su pareja cuentan con el Permiso Especial de Permanencia y, aprovechando las ayudas que han recibido en varios albergues, ahora su prioridad es alquilar una habitación y buscar un colegio para sus hijos. “La familia que queda en Venezuela me dice que para allá todavía no coja de regreso. Es mejor estabilizarnos aquí”, dice, mientras recibe unos suplementos nutricionales para sus hijos.

Visas que cierran fronteras

Según Migración Colombia, hasta el 31 de agosto había 1.488.373 venezolanos. Esa cifra confirma al país como el principal receptor de la migración venezolana. Perú es el segundo destino de los venezolanos, con más de 860.000 migrantes, seguido de Ecuador, con 330.000. En total, 10 países les exigen visas a los venezolanos. Además de Perú y Ecuador, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Aruba y El Salvador tienen ese requisito.

Desde 2017, y por casi dos años, el gobierno peruano entregó un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para los venezolanos, pero el 15 de junio de este año entró en vigencia una visa humanitaria para quienes quieran entrar al país. Los migrantes deben tramitarla en los consulados generales de Perú en Venezuela y en algunas de sus sedes diplomáticas en Colombia y Ecuador. La visa tiene una duración de 183 días y les permite trabajar y acceder a servicios en Perú. Para obtenerla, necesitan pasaporte o cédula de identidad y, para los menores, partida de nacimiento otorgada por el Registro Civil venezolano apostillado.

Un mes después, el gobierno ecuatoriano también anunció una visa. Así, eliminó la flexibilidad que les permitía a los migrantes ingresar a Ecuador con su cédula de ciudadanía venezolana. Este nuevo requisito empezó a regir el 26 de agosto y el puente internacional de Rumichaca fue el escenario de la llegada masiva de venezolanos que buscaban cruzar sin documentos antes de la medianoche.

Exigir visa a los migrantes, más allá de empeorar la crisis humanitaria en la frontera, también incentiva las economías ilícitas. En los días siguientes a la entrada en vigencia de ese documento, las autoridades identificaron 12 pasos irregulares. Poco después, la cifra ascendió a 100 trochas. “En condiciones normales, entre 1.800 o 2.000 venezolanos pasaban diariamente hacia Ecuador, intentando llegar a otros países del sur del continente. Ahora, un buen número de esa población pasa irregularmente por la frontera de Colombia con el Ecuador”, dijo el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero. Además, aumenta el riesgo de trata, tráfico y otros riesgos para los venezolanos.

El remedio, peor que la enfermedad

Las medidas que toman los gobiernos de la región contradicen el discurso político de instancias como el Grupo de Lima o el Proceso de Quito. Aunque en estos escenarios los representantes diplomáticos reiteran las puertas abiertas de sus países para los migrantes, las decisiones de sus gobiernos parecen alejarse de ese mensaje. La falta de coordinación queda clara en el aumento de medidas restrictivas tomadas a discreción por cada país que, si bien hacen parte de la soberanía, no contemplan la posibilidad de medidas multilaterales. El aumento de requisitos, a su vez, parece alejarse cada vez más de la posibilidad de reconocer el estatus de refugiados a los venezolanos que huyen de la destrucción social, económica y política de su país.

Para Sergio Bueno, director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz, “Colombia, que recibe el mayor impacto de la migración desde Venezuela, se está quedando sola frente a un tono diplomático que señala un camino de regularización e integración, pero que en la práctica termina por restringir el ingreso a otros países”.

El aumento de restricciones migratorias no solucionará la crisis venezolana sino que, al intentar reducir la migración, termina aumentando la irregularidad y exponiendo a los migrantes a la vulneración de sus derechos; a la vez que dificulta la caracterización. Para Colombia, “la política de imposición de barreras de los países de la región nos puede dejar en el peor escenario: con el mayor número de migrantes y sin los recursos para poder atenderlos oportunamente”, dice Bueno.

Además, estas políticas dificultan el reencuentro de las familias venezolanas. Según la encuesta Diáspora, realizada por la firma Consultores 21 en Venezuela, 49 por ciento de las familias venezolanas tienen mínimo un miembro que ha emigrado del país. La medición también reveló que 56 por ciento de los venezolanos que quieren emigrar tiene planes para hacerlo antes de que finalice este año. Chile, Colombia y Perú son sus principales destinos.

La caracterización que hicieron las autoridades de Ipiales confirma esas cifras, pues 80 por ciento de los censados no quiere quedarse en Ecuador, sino llegar a Perú para reencontrarse con sus familiares en ese país.

“Estos requisitos tienen un innegable impacto en el derecho de las personas -que se han visto forzadas a abandonar Venezuela- en acceder a los territorios, buscar y recibir asilo o alguna forma complementaria de protección internacional”, explica Jessica Ramírez, investigadora para asuntos jurídicos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. La atención a la migración venezolana requiere esfuerzos colectivos y coordinados de los países de la región que garanticen el bienestar de los migrantes y la seguridad de los países receptores.