Por eso, los conflictos por el agua cada vez más pone en jaque la estabilidad del planeta. El Banco Mundial acaba de alertar que su escasez es la mayor amenaza al crecimiento económico mundial y puede además empujar una crisis de migrantes sin precedentes. El Pentágono aseguró en un informe que la falta de recursos hídricos pone en peligro la seguridad de Estados Unidos. No es una exageración. El agua explica en parte la tragedia que vive Siria, un país en el que antes de la guerra, la sequía ya había desplazado a 250 mil personas. También la de Darfur, que el mismo secretario de la ONU, Ban Ki Moon, catalogó como una “catástrofe ecológica”. Y ha sido uno de los principales ejes del conflicto irresuelto entre Israel y Palestina. Por eso, John F. Kennedy decía que “quien fuera capaz de resolver los problemas del agua, merecería de dos premios Nóbel: uno por la Paz y otro por la Ciencia”.

Resolver esos problemas no es una tarea ambiental, sino una apuesta política y económica del más alto nivel. Según explica el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, el agua hoy es el principal elemento determinador de las finanzas nacionales. La explicación es sencilla: la oferta y la demanda. Cuando la demanda supera la oferta, como sucedió en el primer semestre con el fenómeno El Niño, el agua se convierte en un bien escaso. Y el valor de los bienes y servicios que dependen de esta –que son todos- aumentan de precio. Esto explica por qué durante el último año la inflación aumentó a 8.97 cuando la meta era no superar el 4 por ciento.

Cano sostiene que en el Banco de la República, por ejemplo, los instrumentos de política monetaria pueden intentar medidas de choque para otras externalidades, pero nunca para una sequía. Por eso cree que Colombia está en mora de crear una política ambiental fiscal que, por ejemplo, grave las conductas contaminantes y obligue a devolver a la naturaleza lo que se le ha quitado. “Ahora que se habla tanto de una reforma tributaria estructural, esta sería imposible sin incluir el componente ambiental”, concluye. Si a eso se suma que el agua no tiene valor económico, pues lo que cobran los acueductos es su distribución y no el valor que tiene en el medio ambiente, la situación se agudiza.

Esas teorías económicas se traducen en el hecho de que con el agua que tiene, Colombia podría ser una potencia alimentaria, pero está lejos de serlo. Según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, hace 15 años el país exportaba más de lo que importaba (5 millones de toneladas contra 4,2 millones anuales); hoy esa cifra es opuesta (4,2 millones contra 11 millones de toneladas).

Todos los problemas del país se reflejan en el agua. La falta de ordenamiento territorial, por ejemplo, es un factor decisivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), de los 114 millones de hectáreas que tiene el país, 26 millones tienen vocación agrícola, pero solo se produce en 6,3 millones de hectáreas. En cambio, solo 8 millones de hectáreas tienen vocación ganadera, pero se usa para ese fin 38 millones de hectáreas.

El conflicto con la naturaleza es aún mayor. En más de un millón de hectáreas de páramos, lugares sagrados para la producción de agua, existen títulos mineros u otras actividades económicas. La cifra se duplica a dos millones en otros ecosistemas como humedales, ciénagas y pantanos. Mientras usted se leyó este artículo, se han perdido cerca de 16 hectáreas por hora de bosque. “Entre más bosques, más páramos, más glaciares, más agua va a haber. Es una lástima que Colombia no entienda eso”, explica el ex director del Ideam, Ricardo Lozano.

La razón tiene que ver con la falta de Estado y con un problema político estructural. En otros países, la distribución del agua es uno de los asuntos públicos más importantes. En Colombia, el sistema nacional ambiental no solo es muy débil sino que le entregó ese manejo a las CAR, unos organismos manejados por el clientelismo y en el que ha reinado por años la impunidad.

Esas entidades deberían asegurarse de que todos los colombianos en las regiones tengan acceso a los recursos hídricos, pero como en muchas ocasiones están coptadas por los caciques regionales, entonces quienes tienen el poder político, tienen también el poder del agua. Por eso, en departamentos como los de la costa Caribe es muy normal ver que el pueblo no tenga el líquido, pero la finca del gamonal sí.

El agua es una de las principales fuentes de corrupción en las regiones del país. Como señala el fiscal, Néstor Humberto Martínez, “en lugares como la Guajira no hay agua, no porque no haya plata para construir acueductos sino porque se la robaron”. Esas investigaciones se volvieron una prioridad en el ente investigador y se cree que existan resultados rápidos pues según Martínez la forma en que se ha desfalcado al Estado ha sido “burda y evidente”. El ex ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, padeció en carne propia ese fenómeno. “La infraestructura del agua es muy atractiva para los políticos para hacer corrupción”, sostiene.

A todo eso se suma que Colombia está lejos de tener reglas claras en materia de quién, cómo, y en dónde se pueden aprovechar esos recursos hídricos. La mayoría de macroproyectos económicos y de inversión están hoy frenados o generan enormes conflictos sociales por el temor que existe en las comunidades de que se acaben los recursos hídricos.