Caquetá

Con la plata que prometían por cada tronco, Oswaldo entendió lo pobre y lo rico que era. Lo dice acostado boca arriba sobre una enorme roca milenaria de Puerto Arango, muy cerca de Florencia, pocas horas antes de emprender un viaje de dos días río abajo hasta el resguardo de Puerto Zábalo y Los Monos, donde vive.

Pobre porque justo en el momento en el que las Farc se fueron y dejaron de imponer su ley, los paisanos de Oswaldo de pronto se encontraron sin con qué comer. La hoja de coca era el combustible que hacía circular el dinero por la región.

Oswaldo también fue consciente de lo rico que era ese bosque que él y su ancestros habían cuidado por cientos de años, aquel que terminó convirtiéndose durante más de 40 años en santuario de los grupos armados.

El tema pasa por una gravedad de la que tal vez aún no es consciente el país. Sobre todo porque Colombia es una nación forestal, como dice Ederson Cabrera, jefe del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam. Esto quiere decir que más de la mitad del territorio del país es bosque, esto es, unas 60 millones de hectáreas. Y de esas, 40 millones están en la región de la Amazonia, es decir, entre Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés y, por su puesto, el Amazonas.

A ese ritmo, en 2017 en el país se perdieron 220.000 hectáreas de bosque y de ellas unas 144.000 se esfumaron en la Amazonia. El gran problema, además de la aceleración evidente durante las negociaciones de paz, es que se trata de un proceso silencioso que no tuvo freno durante 30 años, bien por falta de consciencia o bien por ausencia de políticas del propio Estado para contenerlo. Eso lo ha dicho en varias ocasiones José Yunis Mebarak, coordinador de Visión Amazonia, un programa del Ministerio de Ambiente.

Aunque sea difícil de creer la realidad es perturbadora: en los últimos 25 años se perdieron 6,4 millones de hectáreas de bosque natural en todo Colombia. Y esos suelos no se han recuperado ni se recuperarán. Cabrera dice que si juntáramos todo ese bosque perdido en un cuarto de siglo la mancha sería tan grande como Antioquia, el sexto departamento más grande del país.

Y aunque el aumento de la deforestación tiene una relación directa con la ganadería extensiva, no quiere decir que todo el negocio sea ilegal o dañino. Lo que está sucediendo es que desde hace dos años han venido llegando mafias que empujan a campesinos para que ocupen miles de hectáreas de baldíos –con bosques todos ellos y en un departamento donde el 90 por ciento de las tierras no está titulada– para que las pongan a producir con ganado. Para ello les entregan motosierras y lo básico que necesitan para subsistir.

Entre los labriegos del Caquetá cuentan que lo mínimo de tierra que se está acaparando por familia son 100 hectáreas. “Hay gente que ha cercado 800, otras hasta 1.000 hectáreas”, dice uno de ellos. La pregunta es, ¿de dónde salen esos capitales con los que se financia la mano de obra? ¿Quiénes están detrás de esta fiebre del ganado?

Hace varios meses, el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, denunció que en un paraje cerca al parque Tinigua (que colinda con el Meta) un supuesto disidente de las Farc estaba presionando a campesinos para que ocuparan de a 100 hectáreas por familia. Y eso implicaba arrasar con los árboles.

Ahora, la ecuación no será fácil de resolver. La región está inundada de problemáticas. El testimonio de Rafael Orjuela Huertas, un líder que vive en la cabecera de Remolinos del Caguán, en Cartagena del Chairá, deja un poco al descubierto lo que ha sucedido en los últimos años con ese bosque en peligro de desaparecer. En tiempos de la guerra, las Farc redactaron un manual de convivencia en el que, dice Rafael, existían 19 normas ambientales de obligatorio cumplimiento. Y eso regía para todo Cartagena del Chairá por encima de la Constitución de Colombia.

Los campesinos podían talar como máximo cinco hectáreas para cultivos de pancoger, más otras cinco para pastos y un poco más para el sostenimiento de las fincas. Sin embargo, la supuesta conciencia ambiental de la guerrilla se diluía cuando de cultivos de coca se trataba. La hoja que sirvió de gasolina para la guerra siempre fue la prioridad, sin importar cuántos árboles se tuviera que llevar por delante.

También desde el Estado –y eso lo repiten varios campesinos– se promovía la deforestación. “Uno iba al Banco Agrario y para que le aprobaran un préstamo había que demostrar que se tenían hectáreas en pasto para la producción de leche”, continúa Rafael.

Pero más allá incluso del conflicto armado, nadie era consciente de que el bosque era fundamental para la vida del planeta. Nelly Buitrago Torres tiene 73 años y lleva más de 40 años viviendo en la vereda El Guamo, en el Bajo Caguán. Esta mujer de caminar lento y canas tinturadas de fucsia sobrevivió a todas las guerras. Fue acusada muchas veces de auxiliar a las Farc; otras, de ayudar al Ejército; así como sucedió con miles de campesinos del país que quedaron en la mitad del fuego cruzado.

Eran tantas las tensiones, las balas, los muertos, la sangre y las lágrimas, que los árboles no eran más que un mero paisaje. En las épocas más cruentas, la Unidad de Víctimas llegó a contabilizar en San Vicente del Caguán 313 asesinatos de civiles. Hay organizaciones que hablan de 120 ataques al pueblo y 35.000 desplazados en la década del 2000. Toda una crisis humanitaria difícil de olvidar. Nelly dice que la deforestación es incluso una palabra nueva en los campos. Y vaticina, además, que no será fácil convencer a sus paisanos de las repercusiones que tiene tumbar la selva, esa que no va a durar toda la vida. “Si es que apenas hace dos años nos dimos cuenta que estábamos en el pulmón del mundo”, concluye.